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Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

La líder y Premio Nobel de la Paz venezolana, María Corina Machado, reaccionó este miércoles en su cuenta en X ante el multitudinario recibimiento que tuvo la dirigente de Vente Venezuela, María Oropeza, en el estado Portuguesa.

Noti Ahora VE

“Así reciben los venezolanos a sus héroes… Este es el reconocimiento de su pueblo a una joven líder excepcional, quien con valentía e infinito amor por su tierra, ha dado todo por la libertad. ¡Bravo, María! ¡Bravo, Portuguesa!”, escribió Machado en la red social, acompañando el mensaje con imágenes del acto.

Oropeza fue recibida entre aplausos, consignas y caravanas motorizadas, en lo que simpatizantes calificaron como un emotivo reencuentro con su tierra, tras su reciente excarcelación.

En un coloquio organizado por la Fundación Orinoco, los expertos petroleros Humberto Calderón Berti (exministro de Energía y Minas, expresidente de PDVSA y excanciller) y Luis Xavier Grisanti (economista, ex presidente ejecutivo de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos – AVHI, especialista en geopolítica energética y profesor universitario) realizaron un detallado repaso histórico de la industria petrolera venezolana, analizando su auge, su profunda caída durante el período chavista y los desafíos críticos que enfrenta en la coyuntura actual de transición política post-Maduro.

MFM

El evento, titulado “¿Qué esperar del petróleo en la coyuntura actual?” y transmitido recientemente por el canal Grupo Orinoco en YouTube, se centró en la necesidad imperiosa de reformas estructurales para rescatar a la principal fuente de ingresos del país.

Calderón Berti, uno de los voces más autorizadas en la materia, recordó el esplendor de Venezuela como potencia petrolera mundial: producción superior a los 3 millones de barriles diarios (bpd), PDVSA como empresa eficiente y tecnológicamente avanzada, y atracción masiva de inversión extranjera en las décadas previas al chavismo. Sin embargo, enfatizó que la politización extrema de la estatal, las expropiaciones masivas, la migración de miles de técnicos calificados, la corrupción y las sanciones internacionales llevaron al colapso productivo, con mínimos históricos por debajo de los 400.000 bpd en años recientes.

“La industria está destruida y saqueada”, señaló Calderón Berti en intervenciones recientes alineadas con el coloquio. Insistió en que Venezuela posee las mayores reservas probadas del mundo (principalmente crudo pesado y extrapesado en la Faja Petrolífera del Orinoco), pero advirtió que sin un cambio profundo —seguridad jurídica plena, apertura total al capital privado nacional e internacional, estabilidad política y despolitización de PDVSA— no habrá inversión significativa. “El petróleo es el único elemento que tiene Venezuela para recuperar su bienestar, no hay otro”, afirmó.

Por su parte, Grisanti complementó el análisis con una perspectiva económica, destacando el rol del sector como motor de divisas, empleo y reconstrucción nacional. Ambos coincidieron en que la recuperación actual (producción cercana al millón de bpd, impulsada por la Faja del Orinoco y algunos proyectos con socios como Chevron) es parcial y frágil. Subrayaron que las inversiones petroleras requieren horizontes de 10 a 20 años, por lo que la incertidumbre política y la falta de certeza jurídica ahuyentan el capital necesario para una reactivación sostenible.

En el contexto de 2026 —con cambios políticos tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de año, negociaciones con Estados Unidos y posible alivio gradual de sanciones—, los ponentes pidieron una transformación estructural: nueva Ley de Hidrocarburos que incentive alianzas mixtas o privadas, modernización tecnológica y salida del modelo rentista que ha empobrecido al país pese a su riqueza energética.

El coloquio de la Fundación Orinoco (un centro de reflexión independiente enfocado en desarrollo sostenible y políticas públicas) contribuye al debate nacional sobre la transición democrática y la reconstrucción económica. Expertos como Calderón Berti han reiterado en foros recientes que, sin estas condiciones, Venezuela no podrá volver a ser un actor relevante en el mercado global, incluso con precios del Brent alrededor de 69 USD y una OPEP+ ajustando cuotas.

La Fundación Orinoco exhorta a la reflexión colectiva para lograr una transición plena hacia la democracia y el desarrollo, donde el petróleo deje de ser fuente de corrupción y se convierta en palanca de prosperidad compartida.

Hace unos días, en este mismo espacio, planteaba las tres variables que tiene la administración estadounidense para cumplir el objetivo ampliamente reconocido de hacer caer el régimen cubano: intervención militar, negociación a lo Delcy, o colapso. Son tres opciones viables, pero todas ellas de alto riesgo, y ninguna permite augurar una caída rápida del castrismo. La intervención militar plantearía la amenaza de una guerra compleja, larga y estancada, a 145 kilómetros de la costa estadounidense. La negociación parece inviable sin una Delcy cubana que garantice la doble jugada de facilitar la transición y mantener controlado al sector duro. Y el colapso puede tener un resultado incierto en un país acostumbrado a resistir en las situaciones más duras. Estrategia militar, diplomática o económica, las tres opciones que se debaten en la Situation Room de Trump para acabar con la dictadura más antigua y longeva del continente.

Por: Pilar Rahola – Infobae

Finalmente, todos lo indicios permiten considerar que la opción colapso es la escogida, aunque con Trump nunca se sabe: puede estar negociando y al mismo tiempo preparando la guerra, como es el caso de Irán, donde todas las opciones están abiertas. Pero Cuba es cuestión aparte y, a día de hoy, parece que la estrategia prioritaria es la de ahogar al régimen hasta la extenuación y, vía proceso autodestructivo, precipitar la caída. Probablemente por ello, Trump ha tomado algunas iniciativas que claramente van en esa dirección. Por un lado, ha rebajado la tensión militar, y han desaparecido los buques militares apostados frente a La Habana o cerca de Santiago de Cuba. Entre ellos, el destructor Stockdale, apostado a menos de 8 millas náuticas de Cayo Romana. Es cierto que pueden volver en cualquier momento, y que Trump gusta de mover su poderío militar cuando tiene un país en la agenda, pero el movimiento es significativo.

Y si el ruido militar se rebaja, el ruido político arrecia en la dirección de cerrar las vías económicas de la isla. A ello responde la orden ejecutiva que Trump firmó el jueves pasado, con la amenaza de imponer aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a la isla. El texto de la orden convierte al régimen en una “amenaza a la seguridad nacional” porque considera que Cuba desestabiliza la región con sus alianzas con Rusia, China e Irán y, especifica, con grupos terroristas como Hamas y Hezbollah. Pero más allá de los adversarios clásicos de EEUU, la orden ejecutiva está dedicada especialmente a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, para impedir que México sustituya a Venezuela como proveedor energético. Es un dardo a los 22.000 barriles diarios de crudo que México ha enviado durante 2025. La presidenta ha reaccionado alertando del riesgo de una “crisis humanitaria de gran alcance”, pero las amenazas parecen surtir efecto: México no ha suministrado petróleo a la isla desde principios de enero, días después de la captura de Maduro (84.000 barriles en todo 2026, según el Financial Times), y ha enviado a su influyente secretario de relaciones exteriores, Juan Ramón de la Fuente, a comunicarse con la Casa Blanca para conocer los “límites” de la orden. En el trasfondo, la amenaza de Trump de retirarse del acuerdo de libre comercio con México -que es vital para el país-, y las tensiones por el fentanilo en la frontera, que también han derivado en amenazas de acción militar unilateral estadounidense.

Además de cerrar las vías de entrada del petróleo para provocar una grave crisis energética, Trump ha conseguido ir obturando otras vías económicas. Por ejemplo, Guatemala acaba de firmar un acuerdo comercial con EEUU y, al tiempo, ha cerrado el programa de médicos cubanos que, desde 1998, significaban un ingreso importante para la isla. O el caso de Nicaragua, que acaba de prohibir la entrada sin visa a los cubanos, acabando con la ruta más popular y rentable de Cuba hacia Estados Unidos. En este sentido, parece que Daniel Ortega ha hecho como Petro: intentar sobrevivir rebajando la tensión.

De Venezuela a Guatemala, de Nicaragua a México, pasando por Colombia, se van cerrando todas las vías que, desde la región, nutrían al régimen cubano, cumpliéndose la promesa que Trump hizo el pasado enero: “No habrá más petróleo ni dinero para Cuba”. Y los resultados empiezan a ser catastróficos. Según el Financial Times, a Cuba solo le queda petróleo para unos 15 días. De los 110.000 barriles que necesita al día para mantener en funcionamiento al país, la isla solo produce 40.000, de manera que cada día es deficitaria en el 60% de sus necesidades. Ni tan solo el petróleo mexicano alcanzaba, y parece que ahora tampoco llegará, lo cual implicará la paralización de los sistemas eléctricos, el transporte, las fábricas, las granjas y la economía en general. Ello sumado a una economía al límite, sin financiación externa e incapaz de pagar las deudas. Además, la agricultura necesita fertilizantes, la producción industrial está en recesión, el turismo internacional bajó a mínimos y se registra una reducción al extremo de los alimentos subsidiados y los medicamentos. Ergo, el inicio del colapso.

¿Surtirá efecto? Sin duda la “operación colapso” es la estrategia más contundente de asfixia del régimen por parte de Estados Unidos desde la llegada de Castro. El corte energético ha sido drástico y deja a la dictadura en una posición al límite que puede forzar el objetivo buscado: la salida negociada del régimen. Trump lo ha advertido en su red social: Cuba debe negociar “antes de que sea demasiado tarde”, a la vez que ha asegurado que Estados Unidos ya está en conversaciones con líderes cubanos. Por su parte, Sheinbaum ha ofrecido a su país como mediador entre Washington y La Habana y el mismo dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, ha dicho que estaría abierto a hablar con Estados Unidos.

Todo es aún muy prematuro y, además, Cuba nunca ratifica los pronósticos, pero podría ser cierto lo que ya es vox populi en los círculos cubanos de Florida: que los días de la dictadura están contados. Después de décadas de vampirizar Venezuela y de nutrirse del eje bolivariano, Cuba se ha quedado sin oxígeno. Por supuesto quedan China, Irán y Rusia del otro lado del Atlántico, pero en el Caribe la soledad de la dictadura nunca había sido tan abrupta. Y Trump tutela toda la región. Marco Rubio dijo este miércoles que “nos encantaría ver un cambio de régimen, pero eso no significa que vayamos a provocarlo”. Puede que no lo signifique, pero ponen mucho empeño en parecerlo. En todo caso, el final de la dictadura cubana nunca había sido tan posible, ni nunca había estado tan cerca de ser probable.

La ley de amnistía para presos políticos en Venezuela está demorada. El chavismo pretendía un debate exprés, pero la suspensión de la sesión parlamentaria prevista para el martes puso en evidencia que no será tan sencillo. La norma tendrá una nueva oportunidad en la sesión de la Asamblea Nacional prevista para este jueves. Las dilaciones son producto de las visiones encontradas que existen dentro del Gobierno de Delcy Rodríguez sobre los alcances del fin de años de persecución política en Venezuela.

Por: Florantonia Singer – El País

La promesa de aprobarla el martes que pasó, hecha por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ante la desesperación de los familiares de los detenidos, se ha estrellado con la complejidad que supone una legislación como esta en una Venezuela que se supone está iniciando una transición política.

Mientras el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y los cuadros más radicales del chavismo dicen que la ley tendrá límites, porque se está concediendo un perdón a quienes han cometido delitos, y ha fustigado contra las ONG que han acompañado a las familias; Rodríguez ha prometido, en cambio, que “todos van salir”. El diputado Jorge Arreaza, a cargo del grupo parlamentario que inició las consultas, se ha reunido con esas mismas ONG criticadas por Cabello para escuchar sus opiniones.

Los gremios también han presentado propuestas. El de los periodistas, por ejemplo, pide una amnistía amplia para los perseguidos por ejercer su libertad de expresión y ha denunciado que todavía hay al menos 59 reporteros judicializados, cuatro en prisión, dos en arresto domiciliario, al menos 20 en exilio por persecución y otros con pasaportes anulados y alertas policiales.

El fin de semana pasado, en una sesión de más de cuatro horas, diversas organizaciones expusieron las serias limitaciones que tiene el proyecto en la primera versión aprobada por unanimidad. La norma plantea la revisión de un período que va desde 1999 hasta 2026, pero está acotada a los meses y años en los que hubo protestas. Quedan excluidos los encarcelados injustamente, unas 500 personas, según los cálculos del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, en su mayoría militares. Además, no plantea medidas de reparación ni garantías de repetición. Por el contrario, establece la eliminación de los expedientes de las causas que, han advertido las ONG, pueden conducir a la impunidad de responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Más allá de las consideraciones jurídicas, la naturaleza de la ley de amnistía, una herramienta jurídica común en los procesos de transición, está en entredicho. No solo por lo que dice, sino por las acciones del propio Gobierno que la promueve. Las excarcelaciones de las últimas semanas tienen restricciones a la libertad. La nueva detención del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, castigado por celebrar su libertad en público, puso en entredicho la reconciliación invocada por el chavismo desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

“La amnistía no es un acto de perdón ni una concesión moral. Es una herramienta jurídica para resolver conflictos. Pero aún, sugerir que la víctima debe pedir perdón es una aberración que revictimiza y desvirtúa la justicia transicional”, escribió en sus redes sociales el abogado Joel García, uno de los principales defensores de los presos políticos.

El cuestionamiento que hacen activistas y juristas es que una ley de este tipo no puede considerarse una concesión moral. Esto pasa por el reconocimiento de encarcelados y perseguidos durante dos décadas como víctimas del Estado y que la responsabilidad en la “violencia política” no es equivalente entre los sectores involucrados. El Gobierno ha dividido a quienes deberían ser beneficiados de la amnistía entre detenidos, sin considerarlos presos políticos, y víctimas de la “violencia política extremista”.

Esta semana, los familiares de los presos políticos protestaron frente a la Asamblea nacional y lograron ser escuchados por un grupo de diputados a cargo de la redacción de la ley. Defensoras como Martha Tineo, de la ONG Justicia Encuentro y Perdón, señalaron que “la única vía legítima es el restablecimiento efectivo del Estado de derecho” en Venezuela. “La situación de las personas detenidas por razones políticas responde al colapso e instrumentalización del sistema de justicia para perseguir y condenar sin garantías, en abierta violación de la Constitución y el debido proceso”, dijo la activista. Su lectura es que con una simple decisión política podía liberarse a todos los detenidos.

Militares presos

Los familiares destacaron los casos de militares con condena cumplida que siguen en prisión años después. Uno de ellos es el militar retirado William Paredes, acusado por instigación a la rebelión. Hace tres meses, Paredes fue trasladado desde la cárcel de Ramo Verde sin que su familia sepa dónde se encuentra. “A mi esposo lo detuvieron en 2021 conmigo en Maracay, nos llevaron a una quinta en Caracas, donde yo estuve detenida seis días. Nos hicieron a ambos pruebas de polígrafo, que pasamos, porque ni mi esposo ni yo estamos involucrados en nada y ahí nos dijeron que igual él no podía salir. Cumplió su condena hace un año y no lo sueltan”, cuenta Thais Aparicio.

Otro caso es el de Alberto Bracho, condenado a 30 años acusado de participar del atentado con drones que Nicolás Maduro sufrió en 2018. “El fiscal acusador está preso por corrupción, la jueza también y la supuesta víctima ya sabemos dónde está siendo juzgada”, contó su madre, Bárbara Bracho, de 50 años.

El jueves 12 de febrero, Día de la Juventud en Venezuela, está previsto que el movimiento estudiantil se movilice para exigir la libertad plena de todos los presos políticos. El chavismo también sacará a sus seguidores a la calle para “defender” la industria petrolera mientras el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, recorre campos de producción en el país. La ley de amnistía, entre tanto, sigue esperando.

James Van Der Beek , el querido actor de «Dawson’s Creek», falleció tras luchar contra el cáncer colorrectal. Tenía 48 años.

Page Six

“Nuestro amado James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana”, compartió su esposa, Kimberly Van Der Beek , a través de una declaración conjunta en Instagram el miércoles.

Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán.

Varias celebridades lamentaron su muerte, entre ellas Hilaria Baldwin, quien comentó: «Les envío mucho cariño. Lo siento mucho».

“Estoy muy triste por su hermosa familia”, escribió Sarah Michelle Gellar. “Aunque el legado de James siempre vivirá, esta es una gran pérdida no solo para su familia, sino para el mundo. ¡Al diablo con el cáncer!”.

“Les envío mucho amor y luz a su hermosa familia”, declaró Chad Michael Murray. “James era un gigante. Sentimos muchísimo lo que están pasando. Sus palabras, su arte y su humanidad nos inspiraron a todos; nos inspiró a ser mejores en todos los sentidos. Que Dios los bendiga”.

El actor y padre de seis hijos había estado luchando contra el cáncer en etapa 3 desde agosto de 2023.

En noviembre de 2024, le dijo a la revista People que se vio obligado a revelar su diagnóstico después de enterarse de que «un tabloide iba a publicar la noticia».

«Hasta ahora he estado lidiando con esto de manera privada, recibiendo tratamiento y mejorando mi salud general con mayor concentración que nunca», agregó Van Der Beek.

Estoy en un buen momento y me siento fuerte. Ha sido toda una iniciación, y les contaré más cuando esté listo.

El cáncer colorrectal, también conocido como cáncer de colon o cáncer rectal, según dónde comience, tiene una tasa de supervivencia general a cinco años del 64%, pero varía según la etapa, según los expertos médicos .

Poco después de hablar sobre sus problemas de salud, Van Der Beek puso cara de valiente al asistir al estreno en la alfombra roja de «Sidelined: The QB and Me» de Tubi.

Sin embargo, confesó que el tratamiento contra el cáncer había supuesto una presión financiera para su familia y comenzó a vender productos autografiados de “Varsity Blues” para ayudar a financiar su atención.

Van Der Beek subastó los botines y la gorra de su personaje Jonathon “Mox” Moxon.

También vendió recuerdos de “Dawson’s Creek” , incluida la ropa y la decoración del dormitorio de su personaje Dawson Leery.

A lo largo de su lucha contra el cáncer, Van Der Beek se apoyó en su esposa , Kimberly, y en sus hijos: Olivia, de 14 años; Joshua, de 13 años; Annabel, de 11 años; Emilia, de 8 años; Gwendolyn, de 6 años, y Jeremiah, de 3 años, para recibir apoyo.

En marzo, en su 48 cumpleaños, admitió que “ya no podía ser el marido que ayudaba a [su] esposa” y “ya no podía ser un padre que pudiera recoger a sus hijos, dejarlos y estar ahí para ellos”.

Unos meses más tarde, Van Der Beek generó preocupación cuando abandonó una reunión de “Dawson’s Creek” previamente programada debido a que sufrió dos virus estomacales en medio de su batalla contra el cáncer.

Sin embargo, sorprendió a la audiencia al aparecer virtualmente en el evento .

«No puedo creer que no esté allí», dijo a los asistentes en la ciudad de Nueva York. «No puedo creer que no pueda ver a mi… hermoso elenco en persona».

Van Der Beek saltó a la fama a finales de los 90 como Dawson Leery en “Dawson’s Creek” junto a sus coprotagonistas Katie Holmes, Joshua Jackson, Michelle Williams, Busy Philipps y más.

Van Der Beek también protagonizó la película dirigida por Sam Bateman de 2002, «The Rules of Attraction», la serie de 2015 «CSI: Cyber», la serie de televisión animada de 2017 «Vampirina» y apareció en más de 60 películas y proyectos de televisión a lo largo de su carrera.

Hizo varias apariciones como invitado en programas como «Overcompensating», «How I Met Your Mother», «Modern Family» y «Law & Order: Criminal Intent».

Sus últimos proyectos fueron “Sidelined: Rewind with Noah and Siena” y “Sidelined 2: Interception”, estrenada en 2025.

Luis Almagro, quien fuera secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y actualmente dirige el instituto Casla, se encuentra en el sur de Florida, donde ofreció una rueda de prensa sobre la investigación que lleva a cabo la Corte Penal Internacional por la represión y los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen chavista en Venezuela.

NTN24

Almagro aseguró que sin justicia no puede haber una transición democrática real en el país y advirtió que la convocatoria de elecciones debe producirse próximamente.

“Esa transición no puede ser democrática con estos componentes, es una transición de dictadura interina y esperamos que acabe pronto, además que se necesita más intervención de la oposición en este proceso porque si esperan que los hermanos Rodríguez y Cabello entreguen un proceso de transición limpio, todo el mundo está pecando de iluso”, aseveró el exsecretario de la OEA.

Además, se refirió a la participación de María Corina Machado en este proceso de transición y añadió que no puede darse tantas largas: “María Corina Machado tendrá la participación que ella quiere si existen las libertades fundamentales, pero el proceso tiene que ser breve, no puede ser de 18 a 24 meses, esto debería estar terminado en el tercer semestre del año a más tardar o se va a complicar”.

Venezolanos en el exilio presentaron en Estados Unidos una denuncia penal formal en la que piden al Departamento de Justicia la apertura de una investigación criminal federal contra el dictador venezolano Nicolás Maduro por tortura y crímenes de lesa humanidad.

NTN24

La denuncia, que podría marcar un precedente para otras víctimas del chavismo, se basa en leyes federales y tratados internacionales, con el objetivo de que la justicia de Estados Unidos investigue hechos ocurridos en Venezuela.

“Nicolás Maduro debe ser juzgado por tortura también (…) No solo somos nosotros, sino que estamos recolectando y estamos consiguiendo la mayor cantidad de víctimas que se puedan adherir a este documento para sumar y que tenga mayor fuerza (…) y que no solo sean solo los cargos por los que lo están juzgado, sino que además la Fiscalía en los Estados Unidos tenga un nuevo cargo que es el cargo por tortura”, señaló.

Entre los puntos más relevantes del escrito destaca que Estados Unidos sí tiene jurisdicción legal para investigar estos crímenes, incluso si ocurrieron fuera del país.

Y es que la denuncia tiene como base la Ley Federal contra la Tortura, que permite juzgar este delito aunque haya ocurrido en otro país, si el acusado está bajo jurisdicción de EE. UU. Además, se apoya en la Convención contra la Tortura de la ONU, que obliga a los Estados a juzgar o extraditar a acusados de tortura.

Otro punto importante es que la acusación no se limita a abusos aislados, pues el documento sostiene que la tortura fue una política de Estado, ejecutada por organismos como: el SEBIN, la DGCIM, fuerzas policiales y militares y colectivos armados.

La denuncia se sustenta en informes del Departamento de Estado de EE. UU., reportes de la ONU, el Informe Bachelet, documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y registros de organizaciones como CASLA, Foro Penal y Provea.

El secretario general del partido Movimiento Por Venezuela (MPV), Simón Calzadilla, advirtió este miércoles que un eventual proceso electoral en el país debe estar precedido por la recuperación de las garantías democráticas y la institucionalidad.

EFE

“Para llegar a un proceso electoral venezolano necesitamos restablecer los derechos, restablecer la institucionalidad que está establecida en nuestra Constitución”, afirmó el dirigente en entrevista con la agencia EFE, al presentar los lineamientos de la plataforma “Una mejor Venezuela es posible”, propuesta de su partido que integra la coalición opositora mayoritaria.

Entre los cambios necesarios, Calzadilla destacó la necesidad de reestructurar el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría y el propio Poder Ejecutivo, actualmente liderado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

Según su visión, la transformación de estos órganos debe incluir la participación de todas las fuerzas políticas y sociales, y no puede ser impuesta de manera unilateral.

El dirigente subrayó que el restablecimiento de derechos y la reorganización institucional deben acompañarse de la liberación de todos los presos políticos y de la restitución de los derechos políticos de los ciudadanos. Además, planteó la urgencia de implementar nuevas medidas económicas para favorecer la estabilización y el desarrollo del país.

“Es lo que va a permitir la estabilidad para que la gente espere la conclusión de todas estas etapas y logremos terminar construyendo un cronograma electoral que en su fase final restituya en el pueblo su soberanía, expresada mediante el sufragio”, explicó.

Calzadilla reconoció que el régimen de Delcy Rodríguez no podrá realizar estos cambios por sí solo. Propuso la creación de una instancia plural, integrada por representantes del chavismo, de la sociedad civil y de los partidos de la oposición, para debatir sobre la composición de un nuevo CNE y la renovación de otras instituciones.

“Se necesita de la participación de la oposición con la mediación de otros países, como Estados Unidos”, aseveró. Recordó que la administración de Donald Trump ha tenido un papel determinante en los acontecimientos recientes del país y consideró que existe una coincidencia de intereses en favor de una transición democrática.

El dirigente señaló que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, atraviesa un momento de debilidad por la falta de reuniones y de una estrategia unificada. Advirtió que la fragmentación dentro del antichavismo podría poner en riesgo la oportunidad histórica de cambio político.

“Si aquí volvemos a la época donde la competencia para ver quién llega primero a la Presidencia es la que impone la agenda y no la necesidad de que este sea un proceso que se lleve con éxito a favor del pueblo venezolano, podemos fracasar”, advirtió.

Calzadilla calificó las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 como una “gran gesta de la democracia venezolana”, pese al fraude electoral que dio la victoria a Maduro, mientras la oposición demostró que el ganador real fue Edmundo González Urrutia.

El dirigente enfatizó que ese episodio marca el punto de partida para el proceso de cambio y que solo tendrá sentido si culmina en la recuperación plena de la soberanía popular y la celebración de nuevos comicios libres y justos.

“No estamos pasando la página, es que tenemos que hacer que el 28 de julio valga la pena y solo va a valer la pena si logramos tener éxito en este proceso de cambio que se nos presenta”, apuntó.

La propuesta de Calzadilla plantea que el proceso de transición debe garantizar justicia, estabilidad y el respeto a los derechos fundamentales, y que cualquier solución debe surgir de la participación de todos los sectores, bajo la observación y acompañamiento de actores internacionales.

La coordinadora nacional de Formación de Súmate Nélida Sánchez fue excarcelada tras casi un año y medio detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), conocida como El Helicoide. Según informó la organización, Sánchez ya se encuentra en su domicilio acompañada de sus familiares, en buen estado de salud.

Infobae

La ONG agradeció el respaldo recibido por parte de individuos y colectivos que solicitaron la liberación de la activista. Además, exhortó al Estado venezolano a liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos, señalando la importancia de esta medida en el contexto actual del país.

Sánchez fue arrestada el 26 de agosto de 2024 y acusada de instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo. De acuerdo con Súmate, tales cargos no corresponden a acciones cometidas por la activista, quien, según la organización, fue detenida sin orden judicial y mediante engaño. La ONG denunció que la acusación se sustentó en dos mensajes supuestamente publicados en la red social X, con fechas posteriores a la detención, los cuales no aparecen en la cuenta personal de Sánchez ni fueron emitidos por ella.

La detención de la activista ocurrió en medio de la crisis política que siguió a la reelección fraudulenta de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Este proceso fue calificado como controvertido por la principal coalición opositora, que denunció fraude y reportó un aumento de acciones represivas y persecuciones por parte de las autoridades.

En septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Sánchez, argumentando que enfrentaba una situación de gravedad y urgencia por riesgo de daño irreparable a sus derechos.

Por su parte, la ONG Foro Penal informó que ha verificado 431 excarcelaciones desde el 8 de enero hasta el 10 de febrero, tras el anuncio gubernamental sobre un proceso de liberaciones. Este registro, según la organización, se construye mediante la verificación individual de cada caso. Foro Penal aclaró que no se consideran excarcelaciones aquellas situaciones en que la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario. Además, la organización expresó que la existencia de medidas restrictivas posteriores a la salida de prisión implica que no hay libertad plena, y llamó a poner fin a estos mecanismos de control.

El seguimiento de las excarcelaciones se mantiene desde el inicio del proceso anunciado por el Gobierno encargado, con especial atención a las condiciones bajo las cuales las personas recuperan la libertad.

Donald Trump convocó a una cumbre presidencial en el hotel Doral de Miami para articular un bloque regional que pueda desarmar la ofensiva de China en América Latina.

Por: Román Lejtman – Infobae

La cita multilateral será el 7 de marzo, y por distintos canales diplomáticos ya fueron invitados Javier Milei -Argentina-, Santiago Peña -Paraguay-, Rodrigo Paz -Bolivia-, Nayib Bukele -El Salvador-, Daniel Noboa-Ecuador- y Tito Asfura -Honduras-.

Los presidentes invitados exhiben una manifiesta sintonía ideológica con Trump, y aparecen como sus socios estratégicos en la región.

La cumbre de Miami tiene un sólo objetivo geopolítico: quebrar el plan diseñado por Xi Jinping para controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en América Latina.

Hacia fines de 2025, la administración republicana publicó su Estrategia de Seguridad Nacional, que estableció el concepto de Corolario Trump a la Doctrina Monroe.

A este concepto geopolítico, donde se propone restringir la actuación de jugadores extraterritoriales en América Latina, se sumó la nueva Doctrina de Defensa de Estados Unidos, que privilegia a la región y establece mecanismos de disuasión frente a China.

Y hace pocos días, en Washington, Estados Unidos lideró un encuentro global sobre minerales críticos que apunta a contener la influencia de Beijing sobre estos insumos que condicionan la seguridad internacional y la economía mundial.

Al concluir esta cumbre de minerales críticos, Argentina, Bolivia y Paraguay firmaron acuerdos con el Departamento de Estado para marcar distancia con las ambiciones chinas de manejar estos recursos, y a cambio, recibirán un trato diferencial al momento de invertir en los tres países del cono sur.

A comienzos de 2026, Trump también emitió una orden ejecutiva titulada “Ajuste de las importaciones de minerales críticos procesados ​​y sus productos derivados a Estados Unidos“.

La orden del líder republicano reivindica la cooperación internacional para reforzar la seguridad minera de Estados Unidos, ya que la industria local depende en su totalidad de las importaciones de 12 minerales críticos que Beijing detenta en forma monopólica.

En este contexto, y para cerrar el círculo frente a la ofensiva de China, Trump anunció la creación de una reserva estratégica de minerales críticos que denominó Project Vault.

Esta iniciativa de la Casa Blanca combinará casi 1.700 millones de dólares de financiación privada con un préstamo de 10.000 millones de dólares que aportará el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM Bank),

Los aliados de América Latina de Trump serán privilegiados al momento de distribuir los recursos vinculados al Project Vault.

El caso testigo para los socios regionales puede ser la agenda de Estados Unidos respecto a los minerales críticos, pero la estrategia de Trump frente a China es Urbi et orbi.

Eso significa que el líder republicano está dispuesto a colaborar, respaldar y defender in totumaMilei, Peña, Paz, Bukele, Noboa y Asfura, si asumen en sus actos de Gobierno que el enemigo global de Estados Unidos es China.

Desde esta perspectiva, la Casa Blanca intentará con sus aliados de América Latina bloquear todos los contratos a favor de China que impliquen aumentar sus reservas de minerales críticos, fortalecer su seguridad alimentaria, facilitar sus dispositivos de inteligencia militar y desarrollar infraestructura que facilite su comercio internacional.

La Cumbre de Miami exhibirá la fractura ideológica en América Latina.

De un lado estarán Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Honduras y Ecuador, que se sienten cómodos con la perspectiva internacional de Trump.

Y del otro aparecen Brasil, Colombia y México, que tienen fluidas relaciones comerciales con China y no cuestionan su matriz autoritaria en el ejercicio del poder.

Faltan menos de cuatro semanas para el cónclave regional en Miami, y no se descarta que la Casa Blanca curse otras invitaciones a mandatarios de América Latina que tienen buena relación con Washington.

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