Una investigación iniciada por el diputado Rupert Lowe ha desvelado nuevos testimonios sobre las redes de explotación sexual que, según los participantes, llevan años operando en distintos puntos del Reino Unido. El proceso, impulsado al margen de las instituciones y financiado mediante aportaciones ciudadanas, se prolongará durante dos semanas con el objetivo de escuchar a víctimas que consideran que los mecanismos oficiales no han abordado plenamente el problema.

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El proyecto, respaldado con más de 600.000 libras reunidas entre unas 20.000 personas, busca analizar tanto el funcionamiento de estas bandas como el contexto social que, a juicio de algunos comparecientes, habría sido ignorado en investigaciones anteriores. Lowe, parlamentario independiente por Great Yarmouth, presentó la iniciativa como una vía alternativa para arrojar luz sobre lo que describió como uno de los mayores escándalos del país.

Entre los testimonios más duros se encuentra el de Fiona Goddard, superviviente de una red de abusos, quien relató ante el panel que los grupos que la explotaron estaban integrados principalmente por hombres de origen pakistaní de segunda generación y por inmigrantes sin documentación. La compareciente aseguró además que, en ciertos casos, las agresiones se vinculaban simbólicamente con celebraciones religiosas como la Fiesta del Cordero, una afirmación que ha generado polémica y debate público.

Durante las sesiones también se expusieron datos estremecedores sobre la magnitud del fenómeno. Según lo explicado en la audiencia, algunas víctimas habrían sufrido abusos reiterados por centenares de agresores, una cifra que los participantes calificaron de alarmante y que ha vuelto a poner el foco en la respuesta de las autoridades.

Las declaraciones de Marilyn Hawes, directora ejecutiva de Freedom from Abuse, elevaron el tono político de la discusión. En entrevistas televisivas criticó con dureza al gobierno encabezado por Keir Starmer y acusó a figuras destacadas del Partido Laborista de evitar abordar determinados aspectos de la crisis. Hawes afirmó que lleva años denunciando la situación y que, pese a las críticas recibidas, considera necesario hablar abiertamente del perfil de algunos implicados.

Según explicó, el problema seguiría vigente hoy en día y sería «endémico», citando supuestos episodios recientes en diferentes localidades británicas. Describió casos de jóvenes trasladadas de un lugar a otro y agredidas en entornos precarios como vehículos, hoteles o zonas apartadas, insistiendo en que la magnitud del fenómeno se extiende por todo el país.

Desde el Ministerio del Interior, sin embargo, un portavoz subrayó que el abuso infantil en redes organizadas constituye uno de los delitos más graves posibles y aseguró que las autoridades trabajarán para impedir que hechos similares vuelvan a repetirse. Mientras continúan las audiencias, el debate público se centra ahora en el alcance real de las conclusiones y en el impacto político que puedan tener las revelaciones surgidas de esta investigación independiente.

Ángel Piña, de 12 años de edad, relató los horrores de como presuntos funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo amedrentaron a él y su familia el día que se llevaron detenido a su padre y tío en una redada en su casa en Barinas. 

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“Yo abría la puerta cuando le estaban dando golpes, y después veo a unos encapuchados que me están apuntando con un fusil en la cabeza”, dijo.

Piña, quien tenía ocho años, pidió junto a su abuela Gladys Acevedo, de 61 años de edad, la libertad de Winder Piña (padre) y Freddy Salazar (tío). 

“Fueron acusados de terrorismo y de manejar explosivos”, dijo. Acevedo. 

Ambos forman parte de los familiares de los presos políticos que exigen al chavismo la libertad de sus allegados.

Familiares de presos políticos venezolanos denunciaron nuevas irregularidades en torno a la situación de sus parientes detenidos, luego de recibir llamadas telefónicas desde supuestos centros penitenciarios, sin información clara sobre su estado de salud ni garantías de comunicación directa.

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El testimonio fue ofrecido por Mayra Morales, hermana del preso político Ricardo Fonseca, al periodista venezolano Seir Contreras, a las afueras de la Asamblea Nacional.

Morales relató que durante una reunión con diputados del régimen chavista, en la que se discutían distintos casos de detenciones políticas, decidió interrumpir para exponer la situación de los llamados “32 gedeones”, un grupo de presos que —según denunció— permanece en condición de desaparición forzada, sin información oficial sobre su estado físico ni lugar exacto de reclusión.

De acuerdo con Morales, los familiares han recibido al menos dos llamadas en la misma semana, presuntamente provenientes del Fuerte Guaicaipuro, en las que se les solicita llevar paquetería, alimentos preparados y medicamentos como antibióticos y azufre.

“Nos piden comida específica, pasta con pollo, carne con arroz, todo sin hueso y llevado en su taza. Pero nuestros familiares no nos llaman directamente. No tenemos fe de vida”, denunció.

El momento más alarmante ocurrió cuando, en plena reunión, Morales recibió una nueva llamada. Al informar que se trataba supuestamente de la penitenciaría, el teléfono fue respondido por la diputada chavista Iris Varela, exministra del Servicio Penitenciario, quien se identificó con su nombre. La llamada fue colgada de inmediato.

“Si a ella le cuelgan la llamada siendo Iris Varela, imagínate cómo quedamos nosotros. No sabemos si esto es una extorsión”, expresó Morales visiblemente afectada.

Tras el hecho, Morales explicó que la diputada anotó el número desde el cual se realizaron las llamadas, registrado como “Penitenciaría Fuerte Guaicaipuro”, aunque —según insistió— no existe confirmación oficial del origen real de las comunicaciones.

“Ella también se sorprendió. Nosotros no sabemos realmente de dónde sale esa llamada ni quién está detrás”, afirmó.

Los familiares señalaron que, ante la falta de respuestas claras, se han visto obligados a acudir por su cuenta a las paqueterías penitenciarias, sin saber si los insumos llegan realmente a manos de los detenidos.

Durante el encuentro, el diputado Jorge Arreaza habría prometido la liberación de todos los presos políticos, una afirmación que los familiares reciben con cautela, recordando promesas incumplidas en el pasado.

“Esperamos que sea verdad y no una burla más. Ya nos dijeron una vez que los liberarían el 8 de diciembre y no pasó nada”, concluyó Morales.

La Academia Nacional de la Historia de Venezuela emitió un comunicado en el que alertó sobre la importancia de mantener y defender los principios republicanos en el país, en un momento que describió como “crucial para la sociedad venezolana”.

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La institución recordó que los valores fundamentales heredados de los padres fundadores desde el siglo XIX, como el respeto a la vida, la libre expresión, la igualdad ante la ley y la inviolabilidad del hogar, «son pilares esenciales para la convivencia y la paz social!.

Para sustentar su llamado, la Academia invocó el Decreto de Garantías de 1863, expedido tras la Guerra Federal, como un precedente histórico que estableció bases de humanidad y justicia que ningún movimiento político posterior se ha atrevido a derogar.

“Acudimos al espíritu de 1863 para afrontar el desafío histórico de justicia, concordia y autonomía que nos exige el presente”, señaló la institución, enfatizando la necesidad de rescatar los valores que posibilitaron la libertad y la soberanía del país.

Este es el comunicado de la Academina Nacional de la Historia

La Academia Nacional de la Historia en defensa de los principios republicanos

En un momento crucial para la sociedad venezolana, la Academia Nacional de la Historia cumple con su deber institucional de pronunciarse ante la compleja crisis que atraviesa nuestra República. Hoy están en juego los principios fundamentales que nos legaron los padres fundadores desde el siglo XIX; una convivencia que debe ser defendida y rescatada sin vacilaciones.

Un precedente histórico necesario Para iluminar una salida constructiva a la crisis actual, la Academia invoca un documento esencial de nuestro pasado: el Decreto de Garantías de 1863. Este decreto, expedido tras la devastadora Guerra Federal, estableció bases de humanidad que ningún movimiento político posterior se atrevió a derogar.

Los pilares de la convivencia Hoy, en horas de incertidumbre, recordamos que el respeto a estos derechos es obligatorio para alcanzar la paz:

– El derecho inalienable a la vida.

– La inviolabilidad del hogar y de la correspondencia privada.

– La libre expresión del pensamiento y el derecho al sufragio.

– El derecho de asociación pacífica y la igualdad ante la ley.

– La clausura definitiva de los lugares de martirio para rivales políticos.

Fanal luminoso para el presente Las necesidades de la sociedad cambian, pero el pensamiento que la ennoblece permanece. Acudimos al espíritu de 1863 para acometer el desafío histórico de justicia, concordia y autonomía que nos conmina el presente.

Como ciudadanos e institución, nuestra tarea es rescatar los valores que posibilitaron la libertad y la soberanía. Hoy más que nunca, la defensa de las prácticas republicanas es la única garantía de paz para todos los venezolanos.

Caracas, 3 de febrero de 2026.