Armando Esteban Quito

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió en Madrid con el opositor Edmundo González Urrutia, reconocido como el vencedor de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, para presionarle con el fin de que respaldara públicamente a un general chavista como sucesor de Nicolás Maduro. El Debate publica hoy en exclusiva los detalles del encuentro, que hasta el momento se desconocía, en el que Zapatero condicionó su mediación a que González avalara al militar del régimen a cambio de hacer gestiones para lograr la liberación de su yerno, que en ese momento permanecía en prisión como preso político tras más de un año encarcelado.

Por: Alejandro Entrambasaguas – El Debate

Tal y como ha podido saber este periódico, la cita entre ambos se produjo la noche del 24 de septiembre de 2025, cuando Zapatero se presentó sin previo aviso en el domicilio de González, situado en el barrio de Salamanca de Madrid, pasadas las diez de la noche. El expresidente acudió únicamente acompañado por los agentes de la Policía Nacional que ejercen como su escolta y permaneció en la vivienda durante más de una hora. En aquel contexto, marcado por el aumento de la presión de Estados Unidos para forzar una salida negociada de Maduro, Zapatero planteó a González la necesidad de rebajar la tensión política y pidió expresamente que saliera en público a respaldar al general chavista Miguel Rodríguez Torres como posible relevo en el poder. Según las fuentes consultadas, le trasladó que su apoyo era «fundamental» por su peso dentro de la oposición y que debía contribuir a legitimar esa opción «por el bien de Venezuela».

A cambio de ese respaldo, el expresidente utilizó como principal elemento de presión la delicada situación personal que atravesaba entonces el entorno familiar de González. Su yerno, Rafael Tudares, llevaba más de un año encarcelado en una prisión venezolana, acusado por el régimen de delitos de terrorismo y conspiración en el marco de una causa ampliamente cuestionada por organizaciones internacionales de derechos humanos. Durante la reunión, Zapatero vinculó de forma directa el futuro del joven a la decisión política de González, sugiriendo que solo un gesto público en favor del militar chavista permitiría activar gestiones para su excarcelación. Una estrategia que situó al dirigente opositor ante un dilema personal y político sin precedentes.El general Miguel Rodríguez Torres es una de las figuras más controvertidas del chavismo. Exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y uno de sus principales impulsores, estuvo al frente de un aparato represivo cuya sede, el Helicoide de Caracas, ha sido señalada reiteradamente por organismos internacionales como centro de detención, torturas y tratos inhumanos. También fue ministro del Interior durante la oleada de protestas de 2014, reprimidas con dureza y con un saldo de decenas de muertos. Detenido en 2018 por orden de Maduro tras enfrentarse al régimen, pasó casi cinco años en prisión hasta que en 2023 fue excarcelado gracias a gestiones directas de Zapatero, quien lo acompañó personalmente en el vuelo que lo trasladó de Caracas a Madrid. Desde entonces reside en la capital y es una pieza clave de los movimientos para una transición controlada en Venezuela, pese a su historial vinculado a la represión y a las denuncias por violaciones de derechos humanos.

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Cuando el hemiciclo se llena de votos afirmativos, cuando todos los cuerpos se mueven al unísono, cuando no hay ni una sola mano levantada en objeción, algo no está bien. 277 legisladores votaron a favor de la ley de amnistía el jueves pasado. La perfección de esa unanimidad tiene un sabor amargo, como si alguien hubiera coreografiado cada gesto. En una cámara donde la disidencia es peligrosa, la armonía total no debería sorprender.

Por: Jorge Benezra / ABC

Pero lo que sí resulta perturbador es el cinismo de lo que acaban de aprobar: una ley que promete perdón en un país donde decenas de miles han huido desesperados, donde los centros de detención rebosan de presos políticos, donde la represión ha dejado de ser un instrumento ocasional para convertirse en el mecanismo mismo del poder.

La prisa es visible. Nicolás Maduro está detenido desde principios de enero, enfrentándose a acusaciones graves en tribunales estadounidenses. El Gobierno oficialista insiste en que la amnistía es un paso hacia la paz. Jorge Arreaza, diputado del PSUV y presidente de la Comisión para el Proyecto de Ley de Amnistía, destacó que «esta iniciativa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no puede ser confundida con impunidad y responde a la conciencia del momento político».

Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, fue más allá. Intentó legitimar la amnistía apelando a la historia: «No es la primera vez que se hace una ley de amnistía en Venezuela, desde Bolívar para acá». Pero cualquiera que observe con atención ve algo diferente: la necesidad de actuar rápido, de aprobar antes de que las estructuras del poder colapsen.

Después de que el hemiciclo votara, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, decidió que el recinto no era suficiente escenario. Se presentó en la Zona 7, la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, ese lugar donde los detenidos han pasado por el trance más deshonroso de su vida. Se quitó la chaqueta, se expuso, prometió que «todos» los detenidos serían liberados el mismo día en que se aprobara la ley en segunda discusión.

Pero en el hemiciclo, momentos antes, Rodríguez había dicho algo revelador: «A mí no me gustan los presos». La frase salta en el aire como una confesión. Un hombre que aborrece el encarcelamiento mientras preside un sistema que lo ha convertido en política de Estado. Los familiares de los presos calificaron su visita como un «show». Y tenían razón. Porque, mientras Rodríguez hacía sus promesas, dentro del Parlamento se sabía exactamente qué ley iba a aprobar.

«Esa ley está hecha para resguardar al chavismo en la nueva etapa. El chavismo tiene que blindarse para lo que viene», dijo una exdiputada del chavismo bajo condición de anonimato. No es reconciliación. Es supervivencia política.

La realidad en las calles

En las calles de la Universidad Central de Venezuela sucede algo diferente. Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Derecho, marcha con estudiantes y familiares de presos. Ha abandonado las aulas para hacer valer el derecho donde realmente importa: en la calle, donde el dolor es tangible.

Entre los manifestantes está Mayra Morales. Su hermano, Ricardo Fonseca, es militar. Fue encarcelado en 2020, implicado en la Operación Gedeón. 31 militares fueron recluidos en El Helicoide. Pero hace meses, sin previo aviso, desaparecieron. Traslados arbitrarios. El 31 de julio, el 5 de agosto, el 10 de agosto de 2025. Presuntamente llevados al Fuerte Guaicaipuro. «No sé si está vivo», dice Mayra con su voz quebrándose. «Eso es lo más importante. Que nos permitan verlo». Y teme que los militares queden fuera de la amnistía.

Cuando Apitz habla de la ley, no lo hace desde la frialdad del análisis académico: «Se trata de una aparente contradicción». «En el artículo primero se habla de una amnistía… pero luego se especifica cuáles son esos hechos. No es una amnistía general».

El mayor peligro, según Apitz, reside en lo que la ley no dice. Es muy genérica y no excluye explícitamente a los torturadores, ni a los jueces y fiscales que actuaron como brazo ejecutor de la represión. Tampoco excluye a los funcionarios policiales y militares que «actuaron por acción o por omisión o bajo órdenes para herir o matar a manifestantes».

«Aquí hay funcionarios públicos, policiales o militares que cometieron delitos, que cometieron torturas, que dispensaron tratos crueles e inhumanos. Ellos no están excluidos expresamente en esta ley», señala el jurista. «Debería haber una exclusión directa de estas personas que utilizaron el sistema de justicia como un dispositivo de represión y persecución política».

Aunque la ley excluye los crímenes de lesa humanidad, la falta de un poder judicial independiente hace que esa cláusula sea papel mojado. «Pudiera darse una interpretación amplia de los jueces, tomando en cuenta que el poder judicial venezolano está gobernado directamente por el chavismo», dice.

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Si los sobornos, los sobreprecios en los presupuestos, las componendas entre funcionarios y privados para apropiarse de fondos públicos y otras prácticas corruptas fueran un deporte olímpico, Venezuela habría subido al podio por segundo año consecutivo para recibir la medalla de bronce. En 2025, nuestro país terminó en el tercer lugar entre los Estados percibidos como los más corruptos del planeta, de acuerdo con el último Índice de Percepción de la Corrupción (CPI 2025, por sus siglas en inglés) que anualmente elabora Transparencia Internacional.

Transparencia Venezuela

En el estudio publicado este 10 de febrero, Venezuela obtuvo nuevamente 10/100 puntos y terminó en el puesto 180 de entre 182 evaluados. La calificación es igual a la que Venezuela consiguió en 2024 para ubicarse apenas por encima de Sudán del Sur y Somalia, que ocupan el segundo y primer lugar, respectivamente, como los países percibidos como los más corruptos del globo.

¿Deberían sorprender estos resultados?

Nuestra organización ha documentado cómo en Venezuela se configurado factores que determinan la captura sistémica del Estado venezolano, donde la preservación del poder por parte de la estructura cleptócrata es el único fin, por encima de las necesidades de la población. Entre estos factores están el control de las rentas para sostener a la élite política y militar; la consolidación de redes de corrupción y las economías ilícitas; las empresas estatales utilizadas como extensión del partido de Gobierno y el desmantelamiento de los organismos del control.

Sobre la consolidación de las economías ilícitas en Venezuela, nuestra organización ha rastreado en los últimos años el avance de las estructuras corruptas en Venezuela, que es un país considerado un nodo criminal trasnacional donde se ha establecido una relación simbiótica entre funcionarios públicos y el crimen organizado, impulsando las economías ilícitas como el narcotráfico; la producción irregular y desvío del oro y otros minerales, la trata de personas y la extorsión en la que participan, además de las organizaciones criminales, funcionarios del Estado de distintos niveles.

También hemos sistematizados datos sobre personas de la élite o vinculadas a la élite y sobre representantes de sectores particulares que configuran redes cleptócratas. Hasta 2025 hemos identificado 787 empresas en 36 sectores, 1087 personas relacionadas—como directivos, accionistas, exdirectivos, comisarios, empleados, agentes de las empresas— y 31 personas políticamente expuestas presuntamente vinculadas con algunas de estas personas.  Así hemos revelado conexiones del poder con algunos privados, como Raúl Gorrín y Alejandro Betancourt, y con aliados en sectores como el deporte.

Una investigación de Transparencia Venezuela sobre bienes decomisados en procesos judiciales, relacionados con distintas tramas corruptas que tienen su origen en Venezuela, reveló que los corruptos que se han beneficiado con el patrimonio del país tienen bloqueados casi 4.000 millones de dólares. Es un cálculo que no es definitivo, porque corresponde solo a una fracción de lo que se sabe que ha sido desfalcado.

Transparencia Venezuela   además denunció cómo  las autoridades recurrieron al uso de las criptomonedas para evadir sanciones internacionales y también para sus actividades ilícitas.

Pero más allá de estos hechos, en el reporte del IPC 2025 se advierte que “países con democracias plenas tienden a obtener mejores resultados, mientras que aquellos no democráticos se desempeñan peor”.

“Autocracias plenas como Venezuela o Azerbaiyán la corrupción es sistémica y se manifiesta en todos los niveles”, se lee en la investigación de Transparencia Internacional.

Desde 2018, justo cuando organismos internacionales comenzaron a calificar a Venezuela como una dictadura, la evaluación en el Índice no ha hecho más que retroceder. De hecho, desde 2016, nuestro país ha descendido 7 puntos.

Señales preocupantes

Pero Venezuela no es la única que repite puesto. Dinamarca, Finlandia y Singapur también vuelven a ocupar en ese mismo orden los primeros lugares como los países percibidos como menos corruptos del planeta con 89/100; 88/100 y 84/100, respectivamente.

Y aunque hasta aquí todo pareciera revelar que no se han producido cambios, una lectura más detallada del reporte advierte retrocesos importantes, que revelan que la corrupción está avanzando incluso en democracias consolidadas. Prueba de ello es que el número de países con una puntuación superior a 80 se redujo de 12 hace una década a tan solo cinco este año.

La mayoría de los países, 122 de 182, obtuvieron calificaciones por debajo de 50.

Países como Estados Unidos (64/100), Nueva Zelanda (81/100), Reino Unido (70/100), Francia (66/100) y Suecia (80/100) registraron retrocesos en comparación con el Índice anterior. En el caso de Estados Unidos su puntuación es la más baja hasta la fecha.

¿Por qué estos resultados? “Ha habido un preocupante patrón de restricciones a las libertades de expresión, asociación y asamblea. En la última década, se han producido interferencias políticas a las operaciones de organizaciones no gubernamentales en países como Georgia, Indonesia Perú y Túnez (…) En estos contextos es más difícil que periodistas independientes, organizaciones civiles y denunciantes puedan hablar libremente hechos de corrupción”, se explica en el Índice.

En el informe se recuerda que Transparencia Venezuela debió cerrar sus operaciones en el país y comenzar a operar desde el exilio, como consecuencia de la serie de regulaciones aprobadas por la Asamblea Nacional a finales de 2025 que hacen casi imposible que las organizaciones de la sociedad civil puedan llevar adelante sus actividades.

El remedio a la enfermedad

“En un momento de crisis climática, inestabilidad y polarización, el mundo necesita de líderes que se sometan a los controles y de instituciones independientes para proteger los intereses del público más que nunca”, afirmó Maira Martini, directora ejecutiva de Transparencia Internacional.

En el reporte además de señalar cómo están son vistos los distintos países en materia de corrupción, también se presentan seis recomendaciones para mejorar:

  • 1. Asegurar que los poderes judiciales sean independientes, transparentes y accesibles.
  • 2. Combatir las influencias en las tomas de decisiones políticas.
  • 3. Garantizar a las víctimas de corrupción acceso a la justicia.
  • 4. Proteger el espacio cívico, en particular libertades fundamentales como la expresión y acceso a la información pública.
  • 5. Fortalecer la contraloría sobre los servicios públicos.
  • 6. Castigar los casos de corrupción a gran escala.

El Índice clasifica a los 182 países y territorios en función de sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, en una escala de cero (altamente corrupto) a 100 (muy muy limpio). Y para ello utiliza datos de 13 fuentes externas, incluidos el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgo, grupos de expertos y otros. Las puntuaciones reflejan las perspectivas de expertos y empresarios, se explica en el documento.

Vuelve Jaime BaylyJaime Bayly el mordaz, Jaime Bayly el provocador, Jaime Bayly el escritor. Todo junto. Vuelve con Los golpistas una novela que se lanza este miércoles 11 por Galaxia Gutenberg y donde reconstruye con su estilo los tres días de abril de 2002 en que Hugo Chávez perdió —y recuperó— el poder en Venezuela tras un golpe militar fallido. A partir de una investigación periodística y literaria, Bayly narra el desconcierto de los golpistas, la confusión en los cuarteles y el papel de Fidel Castro en la supervivencia del presidente.

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La novela, de 240 páginas, retrata la lógica interna de un golpe descrito por el propio autor como “esperpéntico, chapucero, de aficionados, un golpe del que los propios conspiradores se arrepintieron al tercer día”. El relato alterna la reconstrucción de los hechos con episodios de la vida de Chávez, su ascenso militar, su pasión por el espectáculo.

El autor peruano explora la personalidad contradictoria de Chávez, un militar fascinado por la televisión: “Chávez fue un militar, pero también un animador de televisión. Era un militar atípico: le encantaban las cámaras, le gustaba hablar en público, era un comediante ocasional, vivía para salir en la televisión. Por eso tuvo tanto éxito en sus primeros años en el poder. Los pobres lo querían, no se perdían sus apariciones en la televisión, se reían con él. Para bien o para mal, era el gran animador del país y vivía obsesionado con los ratings de audiencia”, dijo a la prensa.

El libro recurre al humor y al realismo irónico. Bayly apunta: “El golpe fallido pudo cambiar la historia de Venezuela, de haber triunfado. Pero los jefes golpistas eran todos bastante cortos de miras”.

En la novela, los diálogos y las escenas cargadas de ironía permiten ver las motivaciones y contradicciones de los personajes: “—Tienes mi palabra. Serás mi embajador en Madrid. —Y si no te molesta, Efraín, a mi hermano lo nombrás embajador en Lisboa. —¿Y eso, por qué? —Porque me estoy cepillando a mi cuñada”.

Bayly, que entrevistó a Chávez en 1998, utiliza su experiencia como periodista para trazar el retrato de un líder que, según afirma, “era un dictador popular”: “El año mismo en que Chávez tomó posesión como presidente, el golpista fallido de 1992 reveló que seguía siendo un espadón camuflado en 1999, solo que ahora podía dinamitar la democracia desde las entrañas mismas del poder”.

Aquí, el comienzo de la novela:

Los golpistas (Fragmento)

Abril, 2002

–¡Firme su renuncia ahora mismo! –le gritó el general Efraín Velásquez, comandante general del Ejército, al presidente venezolano Hugo Chávez.

Sentado en el despacho presidencial del palacio de Miraflores, vestido con uniforme militar a pesar de que ya había pasado al retiro, Chávez, quien llevaba poco más de tres años ejerciendo la presidencia de la nación, desafió al general insubordinado mirándolo a los ojos, se arrepintió de haber confiado en él, desenfundó la pistola calibre nueve milímetros que llevaba en la cintura, la puso sobre la mesa, apuntando a Velásquez, y respondió, levantando la voz:

–¡No firmo nada, carajo! ¡No renuncio ni renunciaré! ¡Soy el presidente constitucional de este país!

Luego bebió agua, encendió un cigarrillo y buscó consuelo en la añosa mirada de José Vicente Rangel, su ministro de Defensa, quien, sentado a su lado, le dijo, alisándose un bigote crecio en canas:

No firmes nada, Hugo. Si no firmas, es un golpe de Estado.

–¡No es un golpe de Estado! –rugió el general Velásquez, poniéndose de pie. Era gordo, sorprendentemente obeso para ser un general de división en actividad. Tenía la cara rechoncha, el hocico prominente, el morro abultado y un adefesio de pelusa sobre el labio superior. Miraba como miraría un jabalí ante el peligro.

A su lado, se apandillaban dos altos jefes militares: el general Manuel Rosado, todavía más gordo que el amotinado Velásquez, tan gordo que su rostro parecía un globo y su cuerpo embutido en el uniforme daba la impresión de estar a punto de reventar, y el general Lucas Rondón, de pelo negro y anteojos de intelectual, quienes, comandados por Velásquez, el jefe de la conspiración, habían llegado al palacio de Miraflores en un corto vuelo en helicóptero desde Fuerte Tiuna.

–¡No es una traición! –prosiguió, todavía de pie, golpeando la mesa, agitando sus mofletes, el general Velásquez–. ¡Es una posición de solidaridad con el pueblo venezolano! –bramó, y los generales sentados a su lado asintieron, moviendo dócilmente la cabeza.

El general Velásquez estaba indignado con el presidente Chávez. Se sentía humillado, desairado por el jefe del Estado.

Chávez le había pedido que sacara los tanques a la calle para reprimir una marcha pacífica de los opositores, quienes deseaban llegar al palacio de Miraflores, hartos de sus exabruptos autoritarios, para forzar su renuncia. Pero Velásquez se había negado a obedecerlo y dispuso que la marcha no se detuviera.

Acorralado, temeroso de que la multitud llegase hasta su despacho y lo linchase o quemase vivo, como él sabía que a veces morían los déspotas, Chávez había dado instrucciones para que sus brigadas paramilitares se apostaran en los techos de los edificios vecinos al recorrido y, desde allí, los francotiradores más avezados disparasen contra la multitud, en particular contra la vanguardia de aquella algarada. Al ver por televisión que el presidente Chávez había ordenado a sus francotiradores que disparasen a los opositores que se dirigían a la casa de gobierno, el general Velásquez y los jefes de la Armada, la Guardia Nacional y la Aviación decidieron, ardiendo en furia, sintiéndose traicionados, que Chávez, el felón, debía caer, que Chávez, el pérfido, debía ser desalojado del poder, que Chávez, el golpista, debía ser depuesto mediante un golpe de las fuerzas armadas.

–¡Le fui leal hasta hoy, señor presidente! –gritó el general

Velásquez, temeroso de que Chávez cogiese la pistola y se disparase un tiro en la cabeza–. ¡Le he perdido el respeto, señor!

¡Ni mis compañeros de armas ni yo toleramos las violaciones a los derechos humanos ni los crímenes que su gobierno ha cometido hoy, atacando a una marcha pacífica y matando a personas inocentes!

De pronto se puso de pie el general Lucas Rondón, miró fríamente al presidente y le dijo, las palabras ardiendo en las llamas del odio y la venganza:

–Si no firma su renuncia, señor presidente, yo anunciaré en la televisión que usted ha renunciado y la gente me creerá y habrá júbilo en las calles. Le ruego que firme. Porque si usted entra en razón y firma su renuncia, no irá a la cárcel y lo dejaremos salir al extranjero.

–Al país que usted elija –añadió el general Velásquez.

–¡No firmo nada, carajo! –rugió Chávez, y arrojó al piso el papel que Velásquez y Rondón habían redactado en Fuerte Tiuna, el acta de renuncia del jefe de Estado–. ¡A mí me eligió el pueblo, y solo el pueblo puede sacarme del poder! ¡Ustedes, miserables, no han sido elegidos por el pueblo! ¡Yo los he nombrado en los cargos que ocupan! ¡Me deben lealtad a mí, partida de escuálidos traidores!

El general Velásquez se acercó al presidente Chávez, lo cogió del pescuezo, como si quisiera estrangularlo, y le dijo, transfigurado en el hombre más poderoso del país:

–No es un golpe. Es un pronunciamiento institucional apegado a la Constitución.

Asustado, Chávez se resignó, bajando la voz:

–Estoy en sus manos, señores generales. Hagan conmigo lo que ustedes crean conveniente. Pero yo no voy a renunciar ni a firmar esos papeles apócrifos que me han traído.

La organización no gubernamental venezolana Acceso a la Justicia denunció este lunes graves deficiencias técnicas y jurídicas en el proyecto de ley de amnistía para presos políticos que el Parlamento controlado por el chavismo prevé aprobar esta semana. El texto, presentado como parte de un supuesto “nuevo momento político” tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos el pasado 3 de enero, contiene lo que la ONG califica como “contradicciones fundamentales” que podrían vaciar de contenido real el alcance de la medida.

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Entre las principales objeciones, Acceso a la Justicia señala que el borrador utiliza el término “extremismo” para referirse a quienes podrían beneficiarse de la amnistía, lo que implica descalificar de entrada a los potenciales beneficiarios y presuponer su responsabilidad penal antes de cualquier evaluación. Además, el proyecto introduce el concepto de “clemencia soberana”, una expresión que, según la organización, “implica la existencia previa de responsabilidad o culpa”, desnaturalizando así la figura de la amnistía, que por definición no debe prejuzgar sobre la culpabilidad de las personas a las que se aplica.

Uno de los aspectos más graves identificados por la ONG es lo que denomina un “claro conflicto de intereses”. El proyecto atribuye la ejecución de la amnistía a los mismos tribunales y a la Fiscalía que, según denuncias de organismos internacionales como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, han participado activamente en la “represión masiva e indiscriminada” contra opositores políticos en Venezuela. Esta circunstancia genera serias dudas sobre la imparcialidad con la que se aplicará la ley, dado que los órganos judiciales señalados por violaciones de derechos humanos serían los encargados de determinar quién queda cubierto por la amnistía y quién no.

El texto tampoco habilita a familiares, abogados u organizaciones no gubernamentales para actuar en representación de los potenciales beneficiarios, lo que limita las posibilidades de defensa y acompañamiento legal de los presos políticos. Además, el borrador no especifica qué debe ocurrir si un juez determina que un caso sometido a su consideración no es susceptible de amnistía, dejando en la incertidumbre el futuro procesal de quienes sean excluidos.

La ley establece una serie de exclusiones que podrían afectar a una parte significativa de los detenidos por motivos políticos. Quedarían fuera quienes hayan cometido violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de drogas con pena mínima superior a nueve años de prisión y delitos contra el patrimonio público. Acceso a la Justicia advierte que dentro del delito de homicidio se ubica el magnicidio como forma calificada, imputado a numerosos militares activos y retirados, aunque la organización subraya que “no puede hablarse de magnicidio cuando no se ha producido la muerte de la presunta víctima”, aludiendo así a las acusaciones fabricadas contra opositores por supuestos planes de atentar contra el dictador.

La ONG exhortó a que la aplicación de la ley sea “justa, garantista y transparente”, de modo que permita alcanzar “la tan anhelada libertad” de todas las personas víctimas de persecución política desde 1999 hasta el 30 de enero de 2026, así como de sus familias. El llamado surge en un contexto de profunda desconfianza hacia las instituciones del régimen chavista, que históricamente han sido utilizadas como herramientas de represión política.

La propuesta de amnistía se enmarca en lo que Delcy Rodríguez denomina un “nuevo momento político” para Venezuela, tras la captura de Maduro. Desde entonces, el régimen ha anunciado un proceso de excarcelaciones selectivas, aunque organizaciones de derechos humanos han advertido que estas liberaciones responden más a una estrategia de legitimación internacional que a un cambio real en la política represiva del chavismo.

Una reforma petrolera que busca inversión se enfrenta a un marco sancionatorio que puede paralizarla.

Por Dr. Simon P. Deffendini S., Ph.D.

Venezuela intenta relanzar su industria petrolera con una reforma legal que concede a los operadores privados más herramientas para gestionar proyectos, resolver disputas y comercializar crudo, pero al mismo tiempo mantiene un andamiaje de control estatal que habilita congelamientos de activos, prohibiciones de contratar y restricciones societarias. La yuxtaposición de normas aprobadas con catorce meses de diferencia envía señales contrapuestas a los potenciales socios del país. La Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, promulgada el 29 de enero de 2026, permite arbitraje y otros ADR en los contratos, incorpora un mecanismo de equilibrio económico‑financiero para reponer la rentabilidad cuando cambie el marco fiscal o regulatorio, y autoriza a socios minoritarios a operar técnicamente, abrir cuentas en el exterior y comercializar directamente bajo planes aprobados por el regulador. Es la pieza más explícita de reapertura en años.

La otra cara del mensaje es la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista, publicada el 29 de noviembre de 2024, que crea un Registro Nacional desde el cual la administración puede imponer congelamientos preventivos de activos, prohibir contratar con el Estado, suspender la inscripción en el Registro Nacional de Contratistas, restringir importaciones y exportaciones e incluso impedir la constitución o participación en sociedades; además, vincula ciertas conductas con extinción de dominio, prevé multas y contempla inhabilitaciones. El texto está concebido como un escudo de seguridad nacional, pero su aplicación práctica puede interferir en los mismos flujos corporativos y financieros que la reforma petrolera intenta habilitar.

Leído en conjunto, el paquete normativo plantea choques operativos concretos. Los contratos amparados por la reforma de 2026 dependen de movilidad de capital, compras de equipos y acceso a contratación pública; sin embargo, la ley de 2024 faculta a bloquear exactamente esos canales cuando un operador sea incluido en su registro, con medidas que impedirían ejecutar obras, movilizar caja o importar repuestos. En un terreno donde los cronogramas y la continuidad del servicio son críticos, una orden preventiva podría interrumpir cadenas logísticas esenciales y detener el bombeo.

También hay fricción en la arquitectura societaria. El modelo petrolero pivota sobre empresas mixtas y contratos con privadas domiciliadas en el país, lo que exige constituir, modificar y gestionar vehículos corporativos. La norma de 2024 permite prohibir la constitución o participación societaria a quienes estén bajo sus medidas, un candado que impactaría de forma directa la creación o adecuación de las estructuras previstas por la reforma. Para un operador, el riesgo no es teórico: un movimiento administrativo bastaría para invalidar la base jurídica de su presencia en el campo.

La tensión alcanza incluso a la resolución de controversias. La ley de hidrocarburos autoriza el arbitraje y encarga lineamientos al ministerio y a la Procuraduría para estandarizar cláusulas; la ley contra el bloqueo, en cambio, endurece el tratamiento de actuaciones que el gobierno interprete como favorables a decisiones extranjeras “contra la República”. En la práctica, activar una cláusula arbitral internacional —mecanismo que la reforma presenta como garantía— podría leerse bajo el prisma de seguridad nacional, añadiendo un nivel de incertidumbre que pocos financiadores están dispuestos a suscribir.

Hay, además, un solapamiento delicado entre reversión contractual y extinción de dominio. La reforma define cómo retornan los bienes afectos a la actividad al final del contrato; el marco de 2024 prevé forfeiture de activos durante la vida del proyecto si se configuran ciertas conductas. La primera apuesta por una salida ordenada y previsible; la segunda puede intervenir en caliente, alterando la ecuación económica y los compromisos logísticos que sostienen la operación. Para un proyecto intensivo en capital, esa diferencia es la frontera entre bancabilidad y parálisis.

El gobierno ha defendido la reforma de 2026 como un punto de inflexión para una industria crucial para las cuentas fiscales, pero la credibilidad de ese giro dependerá de un hecho simple: coherencia entre lo que se ofrece en contratos y lo que puede activarse por otra ventanilla. Abogados de energía y compliance apuntan una salida pragmática: un reglamento vinculante de la ley de 2024 que establezca salvaguardas operativas para proyectos estratégicos, con medidas narrow‑tailored, plazos, notificación, oportunidad de defensa y criterios de salida; un protocolo interministerial para realizar evaluaciones de riesgo antes de restringir a entidades con contratos en curso; y plantillas contractuales bajo la reforma de 2026 que operacionalicen el reequilibrio con métricas y tiempos definidos. Son ajustes de técnica legislativa, no de teoría política, pero su ausencia deja que el perfil sancionatorio domine el relato inversor.

Por ahora, Venezuela convive con dos mensajes. El primero invita a capital y promete previsibilidad; el segundo equipa al Estado con controles de emergencia que pueden detener los mismos proyectos que intenta atraer. En un sector donde la señal institucional se mide en capacidad de ejecutar, financiar y sostener operaciones, la falta de una capa de coordinación convierte ese binomio en un riesgo sistémico. Sin un puente normativo claro, el “overlay” duro de control terminará imponiéndose sobre el pitch de inversión y el país seguirá atrapado en el terreno más costoso: el de las expectativas incumplidas.

El abogado defensor de derechos humanos Omar Mora Tosta expresó que las restricciones impuestas a los dirigentes Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha resultan “incomprensibles” después de sus procesos de excarcelación.

Efecto Cocuyo

Mora Tosta insistió en que Guanipa no violó ninguna de las medidas cautelares establecidas por el tribunal.

“Guanipa no incumplió las medidas cautelares que le impusieron”, afirmó con claridad. En el caso de Perkins Rocha, criticó el arresto domiciliario combinado con tobillera electrónica, prohibición de declarar y otras limitaciones adicionales, a pesar de que el dirigente permanece en su residencia.

El jurista rechazó la idea de perdonar delitos a personas que nunca cometieron hechos punibles. “Perdonar los delitos de personas que no han cometido ningún hecho punible no me parece una solución. Queremos avanzar como sociedad”, explicó.

Para lograr paz y concordia en Venezuela, Mora Tosta exigió la derogación de leyes que atentan contra los derechos humanos. “Si realmente hay la voluntad de cambiar, bienvenida sea. Esto es un tema político”, señaló.

El abogado destacó, a su salide de una reunión en la sede del PNUD en Caracas, que «hay mecanismos procesales que pueden resolver esta situación inmediatamente. Sin justicia y con impunidad, nunca avanzaremos como sociedad”, precisó.

Agregó que su equipo permanece dispuesto a entregar información que proteja la vida de detenidos sin delitos comprobados.

Mora Tosta subrayó que la verdadera transición requiere separación de poderes como pilar fundamental.

“Si realmente estamos buscando un clima de concordia en el país, y queremos avanzar a una transición, el pilar debe ser la separación de poderes. Eso vinimos a pedir”, concluyó.

Respecto a la ley de amnistía en discusión, el defensor de derechos humanos sostuvo que no resulta necesaria para decidir liberaciones de presos políticos. El avance real depende de justicia independiente y respeto pleno a los derechos humanos.

Las autoridades estadounidenses han emitido este lunes un aviso en el que emplazan a todos los barcos con bandera de este país a evitar las aguas territoriales iraníes cuando crucen el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más transitados del comercio marítimo mundial.

La Gaceta de la Iberosfera

Los buques deben «permanecer lo más lejos posible de las aguas territoriales de Irán sin poner en peligro la seguridad de la navegación», según el mensaje publicado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Recuerda además los precedentes de buques comerciales «contactos, preguntas, abordajes, detenciones y capturas por parte de fuerzas iraníes».

En caso de que se produzca un contacto por sistemas de comunicación, los buques deben responder que están transitando conforme al derecho internacional, explica el Departamento de Transporte, que pide rechazar el permiso de abordaje, aunque siempre sin ejercer ninguna resistencia a un abordaje.

El mensaje de este lunes reemplaza al anterior, que indicaba que no había «ninguna amenaza específica para los buques de bandera estadounidense en esta ubicación».

El partido Vente Venezuela (VV), liderado por la nobel de la paz de 2025, María Corina Machado, confirmó este lunes que el exdiputado Juan Pablo Guanipa se encuentra recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez, Caracas. Su arresto ocurrió horas después de ser excarcelado el domingo y, según la organización, fue detenido de nuevo por «hombres no identificados».

El Nacional

«Tenemos la confirmación de que aún se encuentra en Maripérez. Por eso exigimos la libertad inmediata no solo de Juan Pablo Guanipa, sino de todos los presos políticos», declaró Orlando Moreno, coordinador nacional de VV, en rueda de prensa tras reunirse con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Caracas.

Moreno desmintió al fiscal general, Tarek William Saab, quien afirmó en un comunicado que había solicitado a un tribunal revocar «la medida cautelar (excarcelación) acordada a Guanipa» por, supuestamente, «haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas» por las autoridades judiciales.

Hijo de Juan Pablo Guanipa exige fe de vida de su padre

Guanipa había estado detenido en la misma sede policial de Maripérez, desde mayo del año pasado, cuando fue acusado por las autoridades de un presunto plan para boicotear los comicios legislativos y regionales de ese mes.

Tras ser liberado el domingo, encabezó una caravana por la libertad de los presos políticos, pero cerca de la medianoche fue arrestado nuevamente.

Su hijo Ramón Guanipa dijo en rueda de prensa este lunes que alrededor de las 11:45 pm del domingo, hombres no identificados, sin uniforme y portando armas largas, interceptaron y golpearon el vehículo en el que viajaba su padre junto con otras personas, para luego llevárselo.

Manifestó que desconocía el paradero de su padre, por lo que exigió prueba de vida.

«Mi padre no cometió ningún delito ni violó sus medidas cautelares. Tengo la boleta de excarcelación que indica claramente que sus únicas condiciones eran presentarse cada 30 días ante el tribunal y la prohibición de salir del país», añadió.

La Fiscalía informó este lunes, mediante comunicado, que solicitó ante un tribunal revocar «la medida cautelar (excarcelación) acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa» debido al supuesto incumplimiento de las condiciones judiciales impuestas. El organismo también pidió que el exdiputado pase «a un régimen de detención domiciliaria».

La excarcelación y posterior detención de Guanipa ocurren en medio del proceso de consultas que efectúa el Parlamento con sectores de la sociedad civil para aprobar un proyecto de amnistía propuesto por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, así como de las excarcelaciones de cientos de presos políticos desde el 8 de enero.

«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política». Este es el objetivo que persigue la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, con el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática que anunció el pasado 30 de enero.

Acceso a la Justicia

Aunque la decisión supone una buena noticia para los miles de venezolanos que están tras las rejas o excarcelados con severas limitaciones para ejercer sus derechos constitucionales, la manera como la iniciativa ha transitado por la Asamblea Nacional ha generado preocupación. ¿La razón? El texto no fue publicado oficialmente por el Parlamento hasta la noche del 6 de febrero, es decir, casi 2 días después de que fuera aprobado en primera discusión por los diputados.

La publicación del texto confirmó algunas inquietudes. Tras revisar los 13 artículos que contiene el borrador, en Acceso a la Justicia hemos encontrado cinco debilidades que consideramos deberían ser subsanadas para asegurar el cumplimiento del objetivo planteado por la presidenta encargada.

1. Contradicciones en cuanto a su concepción e interpretación

El proyecto, en su exposición de motivos, incurre en contradicciones fundamentales al hablar de «extremismo», con lo cual se descalifica de entrada a quienes podrían beneficiarse de la amnistía y presupone su responsabilidad penal.

A lo anterior hay que agregarle que en el penúltimo párrafo introduce el concepto de «clemencia soberana», el cual también implica la existencia previa de responsabilidad o culpa, lo que desnaturaliza a la amnistía, que por definición no prejuzga.

Asimismo, el artículo 5 incorpora una cláusula general según la cual, en caso de duda, se aplicará la interpretación que más favorezca la protección de los derechos humanos. Sin embargo, no consagra expresamente el principio penal básico de interpretación más favorable al imputado (in dubio pro reo), lo cual es especialmente grave dada la naturaleza del proyecto de ley y podría perjudicar a los potenciales beneficiarios de la medida.

Un ejemplo claro serían aquellas personas señaladas de estar involucradas en alguno de los supuestos magnicidios que las autoridades aseguran haber neutralizado en los últimos años. Aunque el borrador ciertamente excluye el delito de homicidio, no excluye el de intento de homicidio.

A la luz de la interpretación in dubio pro reo, las personas imputadas por presunto magnicidio, que en realidad es presunta tentativa de magnicidio, ya que el presidente de la República al momento de dichos hechos no fue asesinado, conforme a dicho principio deberían estar incluidas en la amnistía.

2. Sin recursos ni medios

«Este proyecto de Ley no requiere aportes presupuestarios adicionales, pues su ejecución forma parte de las competencias ordinarias de los órganos del Poder Público existentes», se lee en el último párrafo del proyecto. La afirmación es llamativa, por cuanto la aplicación de la ley generará miles de solicitudes de sobreseimiento, así como la revisión de también miles de causas penales y la consiguiente corrección y actualización de igual número de antecedentes penales.

A nuestro criterio, esto debería llevar a la creación de órganos ad hoc, tanto en los tribunales penales como en el Ministerio Público (MP), los cuales se encarguen exclusivamente de la ejecución de la amnistía. Pretender que estas tareas sean realizadas por los mismos funcionarios y con el mismo presupuesto que no da abasto para las miles de causas ordinarias pendientes en los tribunales solo contribuirá a agravar el retardo procesal existente.

3. Alcance de la ley

El artículo 6 del proyecto establece que

«se concede amnistía general a favor de todas aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas, por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, desde el 1 de enero de 1999 al 30 de enero de 2026».

Aunque la norma es amplia, luego se listan los hechos, y ello puede indicar que quedan por fuera algunos sucesos. Así, por ejemplo, el artículo 6 en sus 10 numerales menciona, entre otros, las sucesivas olas de protestas que han sacudido al país desde 2007 (cierre de Radio Caracas Televisión), tales como las ocurridas tras las elecciones presidenciales sobrevenidas de abril de 2013 («La Salida», de 2014), pero no se refiere a los sucesos y hechos registrados entre mayo de 2019 y junio de 2024.

La omisión pareciera destinada a excluir hechos como el presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro registrado en agosto de 2018, así como las llamadas operaciones Aurora (2019) y Gedeón (2020), por las cuales están detenidos numerosos militares activos y retirados.

Por otra parte, se incluyen hechos que ya fueron objeto de una ley similar dictada por el fallecido Hugo Chávez el 31 de diciembre de 2007, tales como los sucesos del 11 de abril de 2002 o el paro petrolero de 2003.

4. No para delitos comunes

«La persona que cometió homicidio, o que esté involucrada en narcotráfico o en corrupción, no puede esperar ser beneficiada con la ley de amnistía», anunció la diputada Iris Varela.

El proyecto de ley se ajusta a lo expresado por la legisladora, pues no solo excluye los delitos contra el patrimonio, sino que no menciona las sanciones administrativas impuestas por la Contraloría General de la República, como las inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos. Estas medidas han limitado los derechos civiles y políticos de miles de venezolanos sin que se les garantizara el debido proceso ni se cumpliera el mandato constitucional que indica que esta medida solamente puede ser impuesta por un juez.

Asimismo, la ley excluye el delito de homicidio, dentro del cual se ubica el magnicidio como una forma calificada. Este tipo penal ha sido imputado a numerosos militares, tanto activos como retirados. Sin embargo, no puede hablarse de magnicidio cuando no se ha producido la muerte de la presunta víctima. El solo hecho de que la persona objeto del supuesto atentado —en este caso, el presidente de la República— se encuentre con vida implica que no se configura el delito consumado, sino, en todo caso, una presunta tentativa de magnicidio.

En consecuencia, así como el Código Penal distingue claramente entre el homicidio consumado y su tentativa, asignándoles una configuración jurídica y un régimen sancionatorio distintos, esa misma diferenciación debe aplicarse al momento de interpretar el alcance de la ley de amnistía.

En este sentido, y atendiendo al principio in dubio pro reo, las personas imputadas por presunto magnicidio —cuando los hechos descritos corresponden en realidad a una presunta tentativa— deberían quedar comprendidas dentro de los supuestos amnistiables.

A esto se añade que el magnicidio es un delito político que debería ser objeto de amnistía conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del proyecto de ley.

5. Debilidades en los procedimientos

El proyecto de ley atribuye la ejecución de la amnistía tanto a los tribunales como al MP, es decir los mismos órganos que participaron en lo que organismos como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas han calificado como «represión masiva e indiscriminada». Esto constituye un claro conflicto de intereses.

El artículo 9 del borrador establece que los tribunales de control o de juicio, a petición del fiscal o de la persona interesada, verificarán si se cumplen los supuestos para sobreseer cada caso. Lo anterior deja dudas respecto a lo que ocurre si la persona falleció o está en el extranjero.

El proyecto no habilita a familiares, abogados u organizaciones no gubernamentales para actuar en representación de los potenciales beneficiarios de la amnistía.

A lo anterior hay que sumarle el hecho de que el borrador no establece qué debe ocurrir en el supuesto de que un juez determine que el caso sometido a su consideración no es susceptible de amnistía. Aunque debería aplicarse el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en su condición de ley general en la materia y, por tanto, supletoria, sería pertinente que este aspecto se regule de manera expresa, dada la celeridad que debería caracterizar la tramitación de estos asuntos.

Otro punto que tampoco está del todo claro es el relacionado con los antecedentes penales. El artículo 11 señala lo siguiente:

«los organismos administrativos, policiales o militares en los cuales reposen registros o antecedentes sobre personas beneficiadas por la amnistía objeto de esta Ley, deberán eliminar de sus archivos los registros y antecedentes relacionados con ellas, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o de la persona interesada».

Sin embargo, la norma no aclara si las personas que están en el exterior pueden solicitar su eliminación, así como los familiares de aquellos que fallecieron.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La decisión de las autoridades de impulsar una Ley de Amnistía es una buena noticia para los miles de venezolanos que han sido judicializados por motivos políticos, que han tenido que salir del país para evitar terminar en un calabozo o que hoy tienen su libertad restringida de alguna manera por ejercer sus derechos fundamentales. Este es un paso indispensable para iniciar el camino de la reconciliación y poner fin a la crispación reinante desde hace más de dos décadas.

Sin embargo, la no publicación del borrador antes de que fuera aprobado en primera discusión por los diputados es una irregularidad que nos recuerda que todavía falta mucho para que el Estado venezolano abandone su política de opacidad y discrecionalidad. Aun así, la consulta pública abre las puertas para que se subsane no solamente esta deficiencia, sino también otras fallas detectadas por nosotros y otras organizaciones civiles al texto.

Una buena señal en ese sentido fue la invitación que recibimos el pasado sábado 7 de febrero por parte de la comisión parlamentaria que tiene a su cargo llevar adelante, entre otros, la consulta del proyecto de ley, donde junto con otras organizaciones de la sociedad civil, como Foro Penal, Provea; Justicia Venezolana y el Comité por la Liberación de Presos Políticos pudimos expresar libremente nuestras inquietudes.

Abogamos en ese sentido por que la comisión parlamentaria tome en cuenta las inquietudes de la sociedad civil, así como de víctimas y ciudadanos en el proceso de consulta.

Asimismo, se espera que los próximos pasos para la aprobación definitiva del proyecto se desarrollen con plena transparencia y con estricto respeto a lo previsto en el ordenamiento jurídico venezolano.

Finalmente, se exhorta a que la aplicación de la ley sea célere, justa, garantista y transparente, de modo que permita alcanzar a la brevedad la tan anhelada libertad y tranquilidad de todas las personas que han sido víctimas de persecución política desde 1999 hasta el 30 de enero de 2026, así como de sus familias.

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