Para casi todos los venezolanos, enero de 2026 trajo expectativas de rescatar al país de la debacle de veintisiete años, que destruyó la democracia y degradó las instituciones, empobreció a la mayoría y limitó derechos de todos. La ciudadanía espera el pronto desmontaje del aparato que causó esos males.
Dentro del país, ese aparato era un sistema de dominación que avasallaba a empresarios y emprendedores condicionándoles políticamente la provisión de divisas e insumos; secuestraba los medios de comunicación; y perseguía a los opositores negándoles todo tratamiento humano, incluyendo su derecho al debido proceso. En el ámbito internacional, el régimen actuaba con otros estados a quienes cedió soberanía, y con redes delictivas y de violencia política, bajo la consigna de una “guerra asimétrica contra el imperialismo”, que hizo del país un peón de la geopolítica mundial, riesgoso a otras naciones.
Desmontar el aparato de destrucción es prerrequisito de la Transición a la Democracia y exige realismo para mitigar riesgos de caos que la amenacen.
¿Qué medidas exigir para el desmontaje del aparato de destrucción?
Hoy tenemos un gobierno provisional bajo tutela externa, compuesto por personas que integraron el mencionado aparato de destrucción, incluyendo a quien lo encabeza, vicepresidenta del gobierno que usurpó el poder desconociendo el resultado de las elecciones de julio de 2024.
Dada esa tutela, se hace difícil, para los agentes del gobierno provisional que así lo quisieran, cooperar con organizaciones de la violencia geopolítica o del delito organizado internacional. Pero dentro del país, funcionarios de ese gobierno impiden detener la máquina de represión, como evidencian las incesantes amenazas a opositores, la lentitud en la excarcelación de presos políticos y la actuación de “colectivos” contra ciudadanos que exigen la liberación de aquellos.
Desde el Grupo Orinoco exhortamos a la nación a exigir un Plan para desmantelar el aparato destructor del régimen, con objetivos y cronogramas definidos, a ser implementado por el gobierno provisional, que debe informar al país de sus avances. Y la incitamos a demandar de la Asamblea Nacional que contribuya al Plan con las acciones que constitucionalmente le corresponden.
El Plan debe detener prontamente la máquina de represión mediante tres grupos de acciones: liberar todos los presos políticos, clausurar los centros de detención y tortura y desarmar los “colectivos”; restituir las libertades de opinión y asociación para garantizar el libre ejercicio de los medios de comunicación; y suspender la persecución política, tanto de organismos civiles como militares.
Así mismo, el Plan debe contemplar la desactivación de otros mecanismos y agentes de la destrucción, incluyendo renovar los cargos de fiscal general, defensor del pueblo, contralor general de la república, rectores del CNE y jueces del Tribunal Supremo de Justicia, sustituyéndolos con personas de solvencia moral y talante democrático reconocidos. Además, debe reorganizar el Alto Mando Militar y cesar la militarización de la Administración Pública y el ejercicio de actividades económicas empresariales por cuerpos de la Fuerza Armada.
Finalmente, la efectiva ejecución del Plan, amerita encomendar su supervisión a independientes efectivamente motivados a implementarlo.
Hecho el desmontaje podrá iniciarse la Transición que los venezolanos quieren protagonizar, la cual no será breve y debe alcanzar prontamente un Acuerdo de Gobernabilidad que comprometa a todo el liderazgo político, sin exclusiones, con la construcción de una democracia plena. Un pacto que debe conducir a elecciones generales, abiertas a todas las parcialidades y al voto de todos los ciudadanos, residentes en Venezuela e integrantes de la diáspora.
El Grupo Orinoco ratifica la urgencia de que toda la sociedad participe activamente en la construcción de una democracia plena para Venezuela, y su disposición permanente a sumar esfuerzos con todas las personas y las organizaciones de la sociedad civil que decidan compartir esa exigente tarea.
