Armando Esteban Quito

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del dictador Nicolás Maduro, se reunió con las disidencias de las Farc en Medellín, Colombia, según un escrito de acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

NTN24

De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso NTN24, el hijo de la cabeza del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro en 2020 con este grupo criminal colombiano para coordinar el traslado de cargamentos de armas y cocaína.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma en el escrito que dicha reunión sirvió para establecer rutas para transportar cocaína y armas a través de Colombia y que tenían como destino la unión americana.

Además, detalla que el hijo de Maduro tiene un papel fundamental dentro de la estructura criminal del Cartel de los Soles, del que su padre es acusado por Estados Unidos de ser el líder.

«Alrededor de 2020, Maduro Guerra asistió a una reunión en Medellín, Colombia, con dos representantes de las Farc. Durante la reunión, Maduro Guerra discutió los arreglos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia y hacia los Estados Unidos», dice el documento.

Y también señala que el acuerdo de transportar drogas y armas era «durante los siguientes seis años, hasta aproximadamente 2026».

«Maduro Guerra también discutió el pago a las Farc con armas en relación con los cargamentos de cocaína», puntualiza el texto.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, por medio de información proporcionada por la inteligencia norteamericana, también explica los viajes que el hijo del dictador realizaba a Isla Margarita.

A estos viajes, Maduro Guerra llegaba en aviones propiedad de Pdvsa, cargados en esa isla con grandes cantidades de droga, lo que demostraría el uso de la empresa petrolera venezolana para el tráfico de drogas del Cartel de los Soles.

«El acusado visitaba la Isla Margarita aproximadamente dos veces al mes. Maduro Guerra llegaba en avión Falcón 900 propiedad de Pdvsa», detalla el documento.

Además, hace énfasis en que: «El avión se cargaba con grandes paquetes que, según entendía el capitán, eran drogas. Maduro Guerra en una ocasión afirmó que el avión podía ir a donde quisiera, incluso a Estados Unidos».

En entrevista con NTN24, el abogado Miguel Ávila comentó que es difícil que el entonces alcalde de Medellín (Daniel Quintero) no recibiera informes sobre el encuentro entre «Nicolasito» y las disidencias de las FARC.

El invitado afirmó que podría ser una especulación, pero de conocerse la reunión y no informar al Gobierno indicaría que «tanto la Policía como la alcaldía para esa época estuviesen encubriendo alguna información de importancia nacional con grupos al margen de la ley, narcoterroristas».

Por dichos delitos, el hijo de Nicolás Maduro podría enfrentar una pena de cadena perpetua en Estados Unidos, según la justicia norteamericana.

Por su parte, Paciano Padrón, abogado, escritor y analista político venezolano, conversó con el canal de las Américas sobre este tema.

El analista señaló en la entrevista que esto solo demuestra a qué nivel llegó el «avance no solo de Nicolás Maduro, sino también de Nicolasito y de la señora».

«El uso de los aviones de Pdvsa ha sido una constante por parte de estos narcotraficantes que han hecho del Estado un instrumento. ¿Por qué era tan difícil ir contra el Cartel de los Soles? Porque tiene la estructura del Estado a sus servicios», agregó.

El sector eléctrico constituye un cuello de botella para la economía venezolana, pues su pleno funcionamiento es imprescindible para abastecer de energía tanto a las instalaciones petroleras como a empresas de otros sectores.

El Nacional

Así lo reconoce Estados Unidos que, luego de la captura de Nicolás Maduro, se declaró dispuesto a facilitar inversiones para rehabilitar el sistema eléctrico venezolano.

No se trata solo de encender bombillos, sino de reactivar un coloso que lleva años en agonía. Actualmente, en distintas regiones del país, familias y empresas pueden pasar hasta cuatro horas al día sin electricidad.

El Departamento de Energía de Estados Unidos destacó que la recuperación del sistema eléctrico venezolano busca “fortalecer la seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio occidental y ayudar a restaurar a Venezuela como un aliado responsable y próspero de Estados Unidos”.

Incrementar la producción petrolera: prioridad para EE UU

Para la Casa Blanca, es prioritario incrementar la producción petrolera -Trump afirmó que Venezuela le enviaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo- por lo que reactivar el sistema eléctrico es fundamental.

Estados Unidos ha descrito este sistema como un “cuello de botella” y una red “deteriorada y frágil”.

El sistema eléctrico venezolano está altamente centralizado y depende, en su mayoría, de la energía hidroeléctrica (cerca de 78%).

El Departamento de Energía estadounidense señala que ha habido desinversión y falta de mantenimiento, además de elevadas pérdidas en transmisión y distribución que ocasionan los apagones.

Según la misma fuente, la red eléctrica venezolana ha perdido más de 30% de su capacidad de generación, afectando tanto los servicios básicos como la producción industrial y la actividad petrolera.

Así las cosas, Estados Unidos estima la ejecución de inversiones en la adquisición de equipos, repuestos y servicios técnicos, con respaldo financiero de los ingresos petroleros.

Según reveló la Casa Blanca, la semana pasada completó las primeras transacciones por 500 millones de dólares dinero que, bajo intermediación de Catar, será administrado por Washington en beneficio de Venezuela y de EE UU.

Sin embargo, la administración estadounidense sostiene que sin una red eléctrica totalmente operativa no será posible recuperar y aumentar la producción petrolera venezolana, convirtiendo esta cuestión en un punto clave del acuerdo energético.

¿Cuánta generación de energía es capaz de producir Venezuela?

La realidad numérica es cruda: la generación actual de energía en Venezuela apenas alcanza el 70% de su máximo registrado en 2014, cifra que ya era precaria dado que la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el mayor consumidor industrial del país, operaba a niveles mínimos en aquel entonces.

“Al sector se le dejó de invertir desde la crisis de los 90. Y aún con la emergencia eléctrica no se logró mejorar ni la generación ni la transmisión. Además, el 50% de la energía que se genera no se puede cobrar ya que se piratea”, explicó a EL TIEMPO Oswaldo Felizzola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente de Venezuela.

Gas y electricidad: un ciclo roto

La estrategia histórica de Venezuela era una simbiosis simple pero efectiva: Pdvsa suministraba el gas y Corpoelec devolvía la electricidad. Este ciclo se rompió. Hoy, el deterioro eléctrico es uno de los responsables de la caída en la producción petrolera; sin energía constante, los pozos y las estaciones de bombeo simplemente se detienen.

Una fuente con conocimiento del tema agregó que la recuperación del sistema requiere tiempo, una arquitectura financiera monumental y “voluntad política”.

Según Washington, Delcy Rodríguez, ahora encargada de liderar Venezuela, “ha cooperado” y cumplido las exigencias de Estados Unidos, país que ha sostenido reuniones con gigantes petroleros para incorporarlos a la inversión en Venezuela.

Parte de la propuesta de Donald Trump para el tema energético es establecer prioridades como la atención de las líneas de transmisión y la recuperación de la capacidad de generación, impactando directamente la vida cotidiana, ya que los venezolanos sobreviven diariamente a largas horas sin electricidad.

También se ha autorizado la entrada a Venezuela de equipos de repuestos y servicios especializados.

El mapa del rescate: tiempos y costos

A diferencia de otros sectores, la recuperación eléctrica no será inmediata. Se estima una hoja de ruta dividida en dos etapas críticas:

  • Fase 1: Estabilización operativa. Con una inversión de entre 30 y 50 millardos de dólares en un plazo de cinco años, se busca estabilizar el sistema actual. El objetivo inmediato es detener los apagones y garantizar energía para reactivar la producción petrolera.  
  • Fase 2: Reactivación industrial. Para que Venezuela recupere su músculo económico total, la cifra podría escalar fácilmente hasta los 100 millardos de dólares.  

“Reactivar el sector eléctrico, al menos en la primera fase, garantizaría la recuperación de la producción petrolera, así como la mejora en los apagones. En la segunda fase, reactivar la CVG produciría una mejora en la calidad de vida al diversificar la economía petrolera, incluso haciendo atractiva la inversión para más empresas en Venezuela”, detalla Felizzola.

¿Venezuela se encamina hacia un nuevo siglo de oro?

La apuesta de esta inversión internacional no solo busca aliviar la crisis humanitaria derivada de las fallas en los servicios públicos. Su objetivo es estratégico: al recuperar la electricidad, se diversifica la economía más allá del crudo, haciendo a Venezuela atractiva para nuevas empresas globales.

Algunos optimistas incluso sugieren que, de ejecutarse estos planes con transparencia, Venezuela podría emular el esquema de crecimiento sostenido que experimentó durante el segundo cuarto del siglo XX cuando se transformó en una potencia emergente.

Por ahora, el anuncio de Estados Unidos representa el primer paso de un camino largo y costoso. El sistema eléctrico ya no es solo un problema de ingeniería; es el tablero donde se juega el futuro de la viabilidad económica de la nación.

Mariana González de Tudares, esposa de Rafael Tudares Bracho, e hija del dirigente político opositor Edmundo González Urrutia, denunció este lunes haber sido víctima de tres episodios de extorsión vinculados al proceso judicial que mantiene a su esposo privado de libertad desde hace meses.

El Nacional

A través de un comunicado, González de Tudares reveló que las extorsiones, —que involucran a actores del Estado, la iglesia y organizaciones de derechos humanos—, ocurrieron en espacios que deberían ser garantes de la legalidad y la protección de los derechos fundamentales.

“Estas tres extorsiones se llevaron a cabo en sedes diplomáticas (Embajadas), en espacios donde opera el Arzobispado, y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos”, denunció.

Según su testimonio, en cada uno de estos encuentros hubo testigos presenciales que escucharon íntegramente las exigencias que se le hicieron. “En esos tres episodios, se me indicó directamente que, para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa”, afirmó.

González de Tudares calificó estos hechos como parte de un “patrón de coacción y persecución indirecta contra una familia civil, utilizando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal”. A su juicio, se trata de una instrumentalización de la justicia con fines políticos, que además se vale de “espacios institucionales y diplomáticos que deberían ser neutrales y protectores de derechos”.

Denuncia de un proceso judicial sin garantías

Más allá de los episodios de extorsión, en el comunicado González de Tudares expone lo que considera un proceso judicial viciado y sin fundamentos.

“El expediente judicial contra mi esposo Rafael Tudares Bracho, es un fraude a la justicia y a sus derechos humanos”, afirma. Asegura que “no existen testigos, no existen evidencias contra Rafael, no existen hechos demostrables contra Rafael que constituyan delito”. A pesar de ello, fue condenado a 30 años de prisión.

A su vez, denunció que se le impidió participar en la defensa de su esposo: “A mí nunca se me permitió acceder al expediente. Nunca se me entregó copia. Nunca se me permitió realizar el nombramiento de una defensa privada. En consecuencia, mi abogado jamás tuvo acceso al expediente”.

Rafael Tudares, quien es abogado, solo pudo revisar su expediente el día de su única audiencia de juicio. “Pudo constatar que no había pruebas en su contra y eso es lo que más indignado lo tiene”, relató su esposa.

Por último, subrayó que “ser el yerno de Edmundo González Urrutia no es un delito”.

Y añadió: “Queremos pasar esta página y duro vía crucis que hemos vivido y padecido, para seguir con nuestras vidas, en familia y en paz. De nuestra parte no tenemos ni albergamos sentimientos de venganza. No somos así. Solo queremos que se haga justicia y se libere a Rafael”.

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, volvió a agradecer hoy el apoyo del gobierno de Javier Milei al operativo militar para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela, y destacó que ambos países defienden un “Hemisferio Occidental seguro, libre y respetuoso de la soberanía de las naciones”.

Infobae

El diplomático, además, ratificó en una publicación en X que EEUU apoya “la liberación de rehenes y presos políticos detenidos injustamente” en el país caribeño, y agregó que “la libertad y la justicia deben guiar nuestros esfuerzos en toda la región”.

Con relación a la situación de los detenidos argentinos en Caracas, el propio Milei volvió a reclamar este fin de semana que el régimen chavista los libere: “Valoramos la decisión y la determinación demostradas por Donald Trump, y por todo su gobierno, en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del narcoterrorista, dictador, Nicolás Maduro”.

“A su vez, seguimos reclamando por la liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, así como la libertad de la totalidad de los presos políticos argentinos y de todos los presos políticos detenidos, arbitraria e ilegalmente por el régimen, en abierta violación a los Derechos Humanos. La libertad no es una consigna vacía ni un concepto abstracto, es una alternativa política y económica concreta frente a una realidad que ya no admite dilaciones”, afirmó el jefe de Estado al exponer en Paraguay, antes de la firma oficial del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

La líder venezolana, María Corina Machado, envió este domingo un mensaje de respaldo a los familiares de los presos políticos que cumplen 11 días de protesta continua a las puertas de los centros de reclusión. A través de su cuenta en la red social X, la dirigente aseguró que la dinámica política del país se transformó irreversiblemente tras los sucesos de principios de mes.

La Patilla

Machado destacó la resistencia de los ciudadanos que permanecen en las calles exigiendo la liberación de sus seres queridos. «Los familiares de los presos políticos llevan 11 días (…) pernoctando en grupos, aguantando sol y lluvia, sin moverse, sin rendirse», describió la coordinadora de Vente Venezuela, expresando su «profundo cariño» hacia las madres, esposas y estudiantes que enfrentan al sistema represor.

En su pronunciamiento, la Premio Nobel de la Paz 2025 vinculó esta movilización ciudadana con el nuevo escenario nacional surgido tras la operación militar del pasado 3 de enero que acabó con la captura de Nicolás Maduro. «Algo ha cambiado desde el 3 de enero (…) Todos lo sabemos, todos lo sentimos», afirmó Machado, sugiriendo que el miedo y el control del régimen se han fracturado.

Así mismo, hizo referencia al respaldo internacional y a la coordinación interna como factores claves en esta etapa. Machado sostuvo que, con el apoyo de «genuinos aliados» y la organización de los venezolanos dentro y fuera del país, el proceso de cambio «se acelera cada día».

La dirigente concluyó su mensaje reafirmando que la libertad de cada detenido —a quienes calificó de «héroes» y «secuestrados»— es la prioridad absoluta de su estrategia, sentenciando con optimismo que «Venezuela será libre».

La abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju, directora ejecutiva del Casla Institute, envió este 19 de enero de 2026 al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, una lista actualizada y detallada de presos políticos que permanecen detenidos en Venezuela de manera arbitraria.

MFM

Según la publicación realizada por Suju en su cuenta de X (anteriormente Twitter), la compilación se elaboró en los últimos cinco días con el respaldo de documentación del Casla Institute y la colaboración activa de familiares, abogados, activistas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. El listado, presentado en seis láminas o planillas, incluye más de 290 personas, entre ellas:


– Más de 290 mujeres (algunas con edades avanzadas, como 69 a 72 años).
– 2 menores de edad.
– 29 abogados.
– Periodistas.
– Hombres civiles.
– Personal militar.
– Dos ciudadanos de nacionalidad argentina.


Suju precisó que la lista es incompleta y se espera ampliarla en los próximos días con información adicional que siga llegando de diversas fuentes. En una corrección posterior, aclaró que el término “militantes” en una de las categorías se refería en realidad a “militares”.


Este envío ocurre en un contexto de transición política en Venezuela, donde desde inicios de enero de 2026 se han anunciado y verificado excarcelaciones de presos políticos. Organizaciones como el Foro Penal han confirmado alrededor de 139 liberaciones desde el 8 de enero, aunque el proceso avanza de forma gradual y con discrepancias entre las cifras oficiales del gobierno interino y las verificaciones independientes. Muchas excarcelaciones incluyen condiciones restrictivas o procesos judiciales pendientes, y persisten denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y falta de atención médica en algunos casos.


Tamara Suju y el Casla Institute han enfatizado la necesidad de visibilizar y exigir la liberación plena de todos los presos políticos, criticando la lentitud y selectividad del proceso. La acción busca llamar la atención internacional, particularmente de Estados Unidos bajo la administración que incluye a Marco Rubio como secretario de Estado, para presionar por la liberación inmediata y sin condiciones de estas personas.


Familiares y activistas continúan publicando nombres específicos y clamando por justicia, mientras se reportan situaciones críticas de salud en algunos detenidos. Organizaciones independientes como Foro Penal y Casla Institute mantienen monitoreo constante para actualizar cifras y condiciones de los privados de libertad por motivos políticos.


La comunidad internacional y defensores de derechos humanos insisten en que la liberación total y verificable de estos presos es un paso esencial para cualquier avance creíble en la recuperación democrática del país.

Un grupo de acreedores privados que poseen bonos de Venezuela ha iniciado el proceso para contratar a un asesor financiero mientras intensifica los esfuerzos para iniciar una reestructuración de deuda de US$60.000 millones, según personas familiarizadas con el asunto.

Por: Edward Clark, Giovanna Belotti Azevedo y Jorgelina Do Rosario – Bloomberg

El Comité de Acreedores de Venezuela comenzó a escuchar propuestas esta semana de varios asesores, entre ellos Houlihan Lokey y Ankura Consulting Group LLC, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al discutir conversaciones privadas. El grupo podría tomar una decisión tan pronto como la próxima semana, según una de las personas.

Los miembros del comité y los representantes de Houlihan y Ankura declinaron hacer comentarios.

El comité, un grupo de tenedores de bonos que incluye a Fidelity Management & Research Company LLC, Morgan Stanley Investment Management y Greylock Capital Management, dijo la semana pasada que está listo para iniciar conversaciones de reestructuración de la deuda, una vez que reciba autorización.

Los precios de los bonos del Gobierno y de las petroleras estatales -en mora desde 2017- subieron este mes a medida que las perspectivas de una reestructuración de la deuda cobraban fuerza después de que EE.UU. capturara a Nicolás Maduro. La líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha señalado su disposición a cooperar con Trump en un plan para aumentar la producción de petróleo y estabilizar la economía.

Los pagarés soberanos con vencimiento en 2027 han subido a unos 41 centavos de dólar desde alrededor de 33 centavos antes de la destitución de Maduro, según los datos indicativos de precios recopilados por Bloomberg.

Aunque los tenedores de bonos se han mostrado optimistas de que las negociaciones puedan llevarse a cabo tan pronto como este año, el calendario de cualquier proceso depende en gran medida de la política. Venezuela sigue bajo sanciones económicas estadounidenses que le prohíben acceder a los mercados de capitales, un paso crítico en cualquier reestructuración. Y el plan de Trump de impulsar la inversión petrolera en el país fue recibido con cautela por los principales ejecutivos del sector energético.

Si se tienen en cuenta los intereses vencidos de la nación sobre los bonos, préstamos y otras obligaciones, su deuda total se estima en unos US$170.000 millones, lo que significa que sería una de las mayores reestructuraciones en décadas.

El comité se formó hace unos ocho años, después de que Venezuela empezara a incumplir su deuda financiera tras una primera ronda de sanciones estadounidenses. Su representante legal es Thomas Laryea, de Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP. El grupo también incluye a Grantham Mayo Van Otterloo & Co, LLC, Fidera, HBK Capital Management, Mangart Capital, T. Rowe Price Associates, Inc, y VR Advisory Services Ltd.

Tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y su posterior traslado a Nueva York, Nicaragua movió ficha.

BBC

El régimen de los copresidentes Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo anunció el pasado domingo la liberación de unas 30 personas encarceladas consideradas presos políticos.

Aunque el gobierno atribuyó esta medida al 19º aniversario de la llegada de Ortega al poder, expertos y activistas la vinculan al cambio de contexto regional tras los sucesos del 3 de enero en Caracas.

En la otra cara de la moneda, organizaciones de derechos humanos denunciaron decenas de arrestos a personas en toda Nicaragua por celebrar en redes sociales la operación de Estados Unidos.

A nivel geopolítico, la detención de Maduro sacudió el equilibrio del llamado bloque bolivariano, que aglutina a los tres países con gobiernos autocráticos de izquierda en América Latina: Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Además de un aliado ideológico y político, la petrolera Venezuela ha sido durante años un importante sostén económico y energético para Cuba, mientras Nicaragua se ha mantenido en un segundo plano, con menor exposición internacional.

Ahora el presidente estadounidense, Donald Trump, asegura controlar los movimientos del gobierno venezolano, liderado por la que fue vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez.

El nuevo contexto ha puesto el foco no solo en el futuro de Cuba sino también en el de Nicaragua, cuyo gobierno ha respondido con dos tipos de medidas: las visibles, como la antes mencionada liberación de presos, y otras más subrepticias y reveladoras.

Respuesta y represión interna

El gobierno de Nicaragua condenó la acción militar estadounidense en Venezuela, pero en un principio lo hizo de una forma discreta y comedida.

En un comunicado bajo el título «‘Nicaragua por la verdad, la paz, la justicia y la vida», exigió el «respeto a la soberanía del pueblo de Venezuela» y acompañó a Delcy Rodríguez a la hora de «exigir la liberación inmediata del Compañero Nicolás Maduro y de la Compañera Cilia Flores».

Este jueves, Ortega subió el tono y se mostró más contundente ante la captura de Maduro, asegurando que se trató de «un acto de terrorismo» y acusando a Washington de tener una «actitud imperialista».

«Se creen los dioses, los dueños de la tierra», afirmó el mandatario durante una ceremonia de graduación de cadetes de la Policía Nacional.

A estos posicionamientos públicos se suman una serie de acciones que evidencian la seriedad con la que el régimen de Ortega y Murillo están abordando el asunto.

De ellas, la más visible fue la campaña de arrestos de nicaragüenses que celebraron en redes sociales la captura de Maduro.

«Doce horas después de la captura de Maduro, Rosario Murillo convocó en secreto a una encerrona en el búnker de El Carmen y, junto con el jefe de la Policía y los principales operadores políticos, ordenó un estado de alerta», indica a BBC Mundo el periodista nicaragüense Carlos Chamorro, director de la publicación Confidencial.

Ese estado de alerta «pretendía incluso impedir que la gente se manifestara y se expresara celebrando la caída de Maduro o que hiciera algún comentario sobre el régimen», señaló Chamorro.

Esto desembocó en la captura de al menos a 60 personas, «todos civiles: personas mayores, jóvenes… no hay discriminación», afirma por su parte Claudia Pineda, directora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) de Nicaragua y portavoz de Monitoreo Azul y Blanco.

Aunque algunas de estas personas fueron liberadas, al menos 49 permanecían recluidas en las cárceles del país la semana pasada sin que se hayan conocido nuevos datos desde entonces.

Pero esto no es todo.

La «paranoia» de Ortega y Murillo

«El régimen sandinista ha entrado en una fase de paranoia», asegura el expolítico y académico nicaragüense exiliado Félix Maradiaga, presidente de la Red Liberal de América Latina (RELIAL).

En primer lugar, explica Maradiaga a BBC Mundo, se ha disparado «la desconfianza hacia su círculo íntimo, que es un patrón que se venía observando de manera clara desde hace ya algunos años, pero nunca con tanta fuerza como en este momento».

«Se ha obligado a los altos oficiales de la Policía y el Ejército, altos funcionarios públicos, jueces, magistrados y alcaldes de las principales ciudades a entregar sus pasaportes en la Secretaría del Frente Sandinista», revela Madariaga, citando fuentes de alto nivel dentro del Estado nicaragüense.

También afirma que «se han enviado brigadas del Partido Sandinista casa por casa» de líderes comunitarios regionales y locales para «hacer lo que ellos llaman un diagnóstico de la disposición combativa», que sirve para verificar la lealtad y cohesión dentro del aparato de poder.

«Ha entrado en una fase de paranoia»: cuál está siendo la reacción del gobierno de Ortega y Murillo en Nicaragua a la captura de Maduro
La represión se ha intensificado incluso dentro del propio movimiento sandinista, aseguran expertos. Getty Images
Pero, ¿qué llevaría a Ortega y Murillo a fiscalizar con tanto celo a los propios cuadros sandinistas?

Según Maradiaga, los dirigentes nicaragüenses creen que la captura de Maduro se gestó con traiciones internas dentro del esquema de poder venezolano, y temen que les ocurra lo mismo.

«El régimen, observando lo que ha pasado en Venezuela, ha llegado a la conclusión de que los círculos o los anillos de lealtad que tenían no son tan sólidos como pensaban», interpreta el académico.

El periodista Carlos Chamorro, por su parte, cree que Ortega y Murillo «se están viendo en el espejo de Maduro».

«Se están viendo en el espejo de que las dictaduras no son invulnerables y no tienen ningún socio ni aliado que las pueda apoyar y proteger cuando enfrentan acciones de Estados Unidos».

Chamorro asegura que «Nicaragua es un país muy aislado, que ha fabricado una narrativa para su propia base de que tiene una gran alianza con China y con Rusia pero, al ver el espejo de Venezuela, esas alianzas no sirven para nada en esta circunstancia».

Dependencia de EE.UU.

Es cierto que en los últimos años, Nicaragua ha reforzado sus alianzas con China y Rusia.

En 2021 rompió con Taiwán y restableció relaciones con el gobierno de Pekín, con el que firmó un Tratado de Libre Comercio, recibiendo préstamos de más de US$1.400 millones, además de inversiones en minería e infraestructuras.

Con Moscú la relación es más política y militar: cooperación en defensa, presencia técnica rusa en el país y alineamiento diplomático, incluida la aprobación de posiciones clave del Kremlin en foros internacionales.

Estas alianzas, sin embargo, no compensan el peso de EE.UU. en Nicaragua, en específico, en su economía.

Casi la mitad de las exportaciones nicaragüenses en 2025 tuvieron como destino el mercado estadounidense, amparadas por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, vigente desde 2006.

Además, las remesas, equivalentes a casi un tercio del PIB de Nicaragua, proceden aproximadamente en un 80% del país norteamericano.

Debido a esa dependencia, las autoridades nicaragüenses son conscientes de que cualquier medida unilateral en su contra por parte de Estados Unidos puede tener serias consecuencias económicas y políticas.

Esto explica, según los expertos, la tibieza en la respuesta pública del régimen a la captura de su aliado Maduro, así como el reciente gesto de liberar a unas 30 personas consideradas presos políticos.

«Al liberar a presos políticos, el régimen de Nicaragua intenta congraciarse con el de Trump. Quiere ganar puntos con él, mostrando que responde a sus demandas», interpreta Claudia Pineda, directora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).

Por su parte, Chamorro lo considera «una especie de gesto cosmético del régimen para tratar de oxigenar un poco su imagen, pero sin relevancia».

«La mayoría de los presos políticos que llevan más tiempo detenidos o desaparecidos -que son como 30- no fueron excarcelados. Y, en segundo lugar, los principales presos políticos -opositores, exmilitares o sandinistas disidentes encarcelados por Rosario Murillo- siguen en la cárcel», apunta.

Se desconoce el número exacto de presos políticos en Nicaragua, pero organizaciones estiman la cifra en al menos 50.

«Tenemos datos de detenciones arbitrarias de más de 150 personas, pero no todos se arriesgan a dar su nombre para aparecer en una lista de presos políticos», puntualiza Claudia Pineda.

El régimen de Ortega y Murillo ha seguido en los últimos años la estrategia de sacar de sus cárceles a presos opositores, acusarlos de traición a la patria, quitarles la nacionalidad y enviarlos al exilio en el extranjero (o impedirles regresar si ya se encontraban fuera).

Centenares de nicaragüenses -entre ellos reconocidos políticos, académicos, religiosos, activistas y periodistas- permanecen en el exilio como consecuencia de esta política, que prácticamente ha desarticulado a la oposición interna en el país.

Sin impacto de Venezuela

Desde el punto de vista económico, la caída del régimen de Maduro no parece poner en peligro las finanzas o la estabilidad de Nicaragua.

El país centroamericano se diferencia de Cuba en que, a día de hoy, carece de un fuerte vínculo económico con Venezuela.

Aunque no siempre fue así.

«Nicaragua tuvo una altísima dependencia de Venezuela entre 2009 y 2017, en la época de las vacas gordas del petróleo venezolano, y recibió unos US$5.000 millones fuera del presupuesto de la República», recuerda Chamorro.

Explica que «ese presupuesto paralelo fortaleció mucho la capacidad de la dictadura de Ortega entre 2007 y 2017, pero se acabó».

«Ya no hay mercado ni flujo de recursos desde Venezuela, de manera que la economía nicaragüense ya no tiene prácticamente ninguna relación con la venezolana, ni tampoco con la cubana. Nuestra dependencia es con Estados Unidos, con el mercado estadounidense», afirma.

Y este es precisamente el motivo por el que el régimen de Ortega y Murillo «ha pasado a una narrativa en la que intenta no provocar», en palabras de Félix Maradiaga.

«Es diferente al estilo bravucón, profundamente antinorteamericano y provocador que ha caracterizado a Rosario Murillo y al Frente Sandinista», sentencia

Mercaderes del odio, ustedes, vendedores ambulantes de calumnias, disfrazados de «periodistas independientes», «analistas imparciales» o «críticos radicales», y a la Venezuela decente que repele su veneno pestilente:

En estos días decisivos de transición, con el chavismo derrumbándose tras la captura de Maduro, redoblan su negocio asqueroso: campañas de difamación orquestadas contra líderes genuinos de la resistencia y otros venezolanos honorables. No es azar que, tras visitas clave a la Casa Blanca y avances diplomáticos, liberen su torrente de mentiras recicladas, rumores infundados y matrices tóxicas. Ustedes, nutridos por narcodinero del Cartel de los Soles o lobbies sombríos, actúan como prolongaciones de un sistema moribundo, esparciendo división para extender su propia decadencia.

Desarmemos su hipocresía con precisión quirúrgica. Ustedes, resentidos por el fulgor ajeno, manipulados ingenuos o mercenarios a sueldo, sincronizan timelines con narrativas clónicas, sacadas de manuales de la KGB soviética y la Stasi cubana: ridiculizar, desacreditar, aislar. Arrojan acusaciones de traición, revisionismo ideológico absurdo y semillas de duda existencial, todo sin rastro de prueba, puro tóxico. ¿De dónde mana su financiamiento? De los mismos bolsillos que desangraron PDVSA, auspiciando guerrillas comunicacionales que retratan a Maduro como «víctima» y a Trump como «agresor». Es la estratagema cubana por antonomasia: romper la unidad opositora para que el régimen jadee un rato más. Pero Venezuela no caerá en esa trampa. La mayoría decente aborrece su mercancía putrefacta, identificando que, en la arena pública, ustedes son los auténticos traidores: oportunistas, corruptos y regateadores en sombras mientras el pueblo se desangra.

Estos embates no son diálogo legítimo; son guerra sucia metódica, expuesta en posts y videos que regurgitan el mismo lodo: descalificaciones morales, operaciones psicológicas y propaganda camuflada de «crítica». Ustedes, lacayos de un genocidio sistemático, con miles de ejecuciones extrajudiciales y torturas en su haber colectivo, se hacen pasar por custodios de la verdad, pero su «intelectualismo» de baratija colapsa ante hechos incontrovertibles. Sumergirse en el cieno no los exaltará; los enterrará bajo el peso demoledor de su hipocresía. Su cobardía moral, escondida tras pantallas anónimas o seudónimos falsos, los condena a ser recordados no como pensadores, sino como parásitos que se alimentan del dolor ajeno, traicionando a su propia patria por un puñado de likes o dólares sucios. En naciones con estado de derecho donde se refugian muchos de ustedes, la difamación cobra caro: demandas, sanciones y la revelación pública de su miseria ética les acechan como un fallo inapelable. ¿Ansían debate real? Confronten hechos, no injurias. Pero sepan: el vertedero de la historia los reclama como a colaboracionistas, sentenciados al olvido perpetuo.

Venezuela decente: ignórenlos, bloquéenlos, expónganlos sin misericordia. Su división es su arma pusilánime; la verdad es nuestra espada invicta. Unidos, custodiemos a nuestros guías; ellos iluminan la ruta hacia una patria libre y soberana.

Recuerden: María Corina Machado, nuestra Premio Nobel de la Paz y líder inquebrantable que ha resistido persecuciones por la libertad, Nitu Pérez Osuna, periodista valiente que expone corrupciones sin plegarse al poder, Vladimir Petit, educador exiliado que forma ciudadanos libres y enfrenta difamaciones con hechos, y otros venezolanos honorables merecen nuestra estima y respeto inquebrantable. Ninguno de nosotros es inmaculado, pero su guerra sucia no los mancha; solo revela su abismo vil. Esos cobardes que se esconden tras teclados y agendas ocultas, fingiendo virtud mientras venden su alma por migajas, acabarán solos en el olvido, rechazados por una nación que ya los ve como los traidores que son; su patético legado será el eco de su propia amargura.

¡Comparte este mensaje por todas partes, que el mundo entero lo vea y exponga su vileza, para que sientan el peso de la verdad colectiva aplastándolos!

Elizabeth Sánchez Vegas

El dirigente nacional de La Causa R y exgobernador del estado Bolívar, Andrés Velásquez, reapareció públicamente este lunes tras más de un año en la clandestinidad, en medio del complejo escenario político que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero y el establecimiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina con respaldo estadounidense.

MFM

En una declaración grabada y difundida a través de medios independientes, Velásquez expresó su apoyo al proceso de transición delineado por el gobierno de Estados Unidos, pero insistió en la necesidad urgente de definir un cronograma concreto para evitar que el país permanezca indefinidamente bajo control del aparato chavista.

“Nosotros acompañamos el proceso de transición anunciado por Estados Unidos, pero hay que establecer un cronograma”, afirmó el líder opositor. Subrayó que la situación actual, con una “dictadura encabezada por Delcy Rodríguez”, no puede calificarse como una verdadera transición, ya que persisten elementos del régimen anterior en el poder y no se han producido cambios estructurales suficientes en el control represivo ni en la institucionalidad.

Velásquez reiteró su compromiso de continuar la lucha por la libertad y el restablecimiento de la democracia junto a figuras clave de la oposición como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. “Vamos hacia la libertad y la democracia”, enfatizó, destacando la importancia de que la comunidad internacional no deje sola a la oposición en este momento crítico.

El contexto de su reaparición se enmarca en las tres fases anunciadas por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio: estabilización (con presencia militar y control de activos como el petróleo), recuperación (incluyendo liberación de presos políticos y retorno de exiliados) y transición hacia la democracia. Aunque ya se han registrado más de 160 liberaciones de presos políticos —según conteos de la Plataforma Unitaria y el propio Velásquez en sus redes—, el opositor advierte que sin un plazo definido, el proceso podría dilatarse y beneficiar a sectores del chavismo que buscan perpetuarse.

Este pronunciamiento se suma a otras salidas recientes de la clandestinidad por parte de líderes opositores, como Alfredo Ramos la semana pasada, en un momento donde se reportan avances en liberaciones pero persisten dudas sobre la profundidad y velocidad del cambio político en el país.

La oposición democrática insiste en que la transición debe ser corta, ordenada y conducir a elecciones libres, mientras observa con cautela el rol de Washington en la administración temporal del país y la explotación petrolera. Velásquez, conocido por su trayectoria sindical en Sidor y su defensa de los derechos laborales, representa una voz que busca equilibrar el respaldo internacional con exigencias firmes para evitar retrocesos.

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