El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha respaldado en Caracas la ley de amnistía promovida por el régimen chavista, en un acto en la Asamblea Nacional junto a Jorge Rodríguez, mientras organizaciones de derechos humanos denuncian que más de 500 presos políticos siguen en prisión en Venezuela.

La Gaceta de la Iberosfera

Zapatero defendió el proceso como un paso hacia la reconciliación. «La amnistía hace que vivamos y sintamos un país compartido. Es el perdón, la reconciliación y el reconocimiento del otro», afirmó durante su intervención pública. También aseguró que apoya «la paz, el progreso y el futuro de Venezuela».

El dirigente socialista acudió a la capital venezolana para escenificar su respaldo político al nuevo proceso impulsado por el chavismo, en un momento en el que la comunidad internacional cuestiona la falta de transparencia y las limitaciones de la medida.

Una amnistía cuestionada y con exclusiones

La ley, aprobada en febrero de 2026, se presenta como una vía de liberación de presos políticos y de reconciliación nacional. Sin embargo, organizaciones como Foro Penal alertan de que su aplicación es parcial y discrecional.

Según esta ONG, todavía permanecen encarceladas al menos 508 personas por motivos políticos, entre ellas civiles y militares, pese a las excarcelaciones anunciadas por el régimen. Además, denuncian que muchos casos quedan fuera de la amnistía por exclusiones legales amplias, lo que impide la liberación de opositores clave o militares procesados.

Incluso en los últimos días, tribunales venezolanos han rechazado aplicar la amnistía a dirigentes vinculados a la oposición, como el asesor jurídico Perkins Rocha, cercano a María Corina Machado, lo que refuerza las acusaciones de arbitrariedad en su ejecución .

La presencia de Zapatero en Caracas consolida una relación de más de una década con el régimen venezolano. Lo que comenzó como una labor de mediación ha derivado en un apoyo político continuado a las autoridades chavistas.

El propio Jorge Rodríguez lo calificó como «amigo, maestro y mentor«, subrayando su papel como respaldo internacional del proceso político venezolano.

En paralelo, distintos informes internacionales advierten de que las estructuras represivas del régimen siguen operativas y que continúan produciéndose detenciones por motivos políticos, incluso tras la aprobación de la amnistía .

La aprobación de la ley se ha producido en un contexto de presión internacional, especialmente de Estados Unidos, que ha exigido avances en la liberación de presos y en la apertura política.

Pese a ello, las cifras ofrecidas por el régimen —que habla de miles de beneficiados— contrastan con los datos verificados por organizaciones independientes, que insisten en que la liberación es selectiva y no supone un cambio estructural.

En este escenario, el respaldo explícito de Zapatero refuerza su papel como principal valedor europeo del chavismo, en un momento en el que la oposición denuncia que la amnistía no garantiza ni justicia ni libertad real para cientos de venezolanos.

13 oficiales y tropa profesionales fueron judicializados nuevamente a pesar de haber cumplido todos las penas impuestas por otra causa penal. El general de división José Daniel Monsalve Maldonado presidente de la corte marcial dio esa orden al tribunal tercero de control militar a cargo del Mayor Jonathan Guanchez Soto. Los trasladaron bajo engaño al Fuerte Guaicaipuro donde permanecen sin comunicación.

En esta nueva entrega de Con Gladys Rodríguez, se abordan temas clave con el dirigente político Enrique Márquez (@enriquemarquezp) , abordando uno de los puntos más sensibles del escenario venezolano: el reconocimiento del liderazgo surgido tras las elecciones de 2024 y el papel de la oposición en una eventual transición democrática.

TVV

Márquez aclara su posición frente a María Corina Machado, reconociendo su liderazgo y su rol determinante en el futuro político del país, al tiempo que insiste en que la prioridad actual no es una candidatura individual, sino la restitución de la Constitución y las condiciones democráticas que permitan elecciones reales. En su análisis, advierte sobre el riesgo de anticipar escenarios electorales sin que existan garantías institucionales.

El ex vicepresidente del CNE también plantea la necesidad de evitar divisiones dentro de la oposición, defendiendo la coexistencia de distintas estrategias políticas orientadas a un mismo objetivo: reconstruir la democracia. En ese sentido, sostiene que el reto inmediato es crear condiciones para el regreso de liderazgos, la participación política plena y la recuperación de la institucionalidad.

Finalmente, Márquez aborda el polémico papel del ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, destacando su actuación en procesos de mediación y liberación de presos políticos. Aunque reconoce las críticas en su contra, defiende su rol desde la experiencia personal, subrayando la importancia de cualquier gestión que contribuya a la liberación y protección de quienes aún permanecen detenidos en Venezuela.

Henry Alviárez, coordinador nacional de organización del partido Vente Venezuela (VV), que lidera la premio nobel de la paz María Corina Machado, denunció este martes que le fue negado el beneficio de amnistía, tres semanas después de la promulgación de esta ley.

EFE

«Como era previsible, de este régimen que reprime, persigue y apresa sin fundamento alguno, me han negado la AMNISTÍA», publicó el activista político en su cuenta de X.

También criticó la decisión de los tribunales y acusó al régimen de perseguir «al que piensa diferente» y de convertir al Tribunal Supremo de Justicia «en un ente subordinado para apresar injustamente a sus adversarios».

«Hablan de convivencia democrática, pero es delito ser ciudadano y ejercer nuestros derechos políticos», añadió.

Alviárez fue detenido junto a la exdiputada Dignora Hernández en marzo de 2024 por su supuesta vinculación con planes violentos relacionados con las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio de ese año.

Posteriormente, el activista político fue excarcelado con medidas cautelares el pasado 8 de febrero, en medio de un proceso de liberaciones anunciado por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

A finales de ese mes, se promulgó una Ley de Amnistía y se inició un proceso de recepción de solicitudes para la revisión de casos.

En los últimos días, organizaciones han denunciado el rechazo a diversas solicitudes de amnistía, incluyendo las de dos periodistas y un grupo de sindicalistas.

Consultado por las negativas, este martes el presidente del Parlamento afirmó que todos «tienen derecho a apelar» ante los tribunales, y reiteró que la comisión parlamentaria para el seguimiento de la legislación seguirá analizando casos.

La Ley de Amnistía, promulgada en febrero, contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos.

Hasta el jueves pasado, el Parlamento cifraba en 7.727 las libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares -como la prohibición de salida del país y presentación periódica en tribunales-, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabilizaba 508 detenidos en Venezuela hasta el pasado miércoles, aunque el Gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos, sino que afirma que cometieron varios delitos.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que las fuerzas israelíes mataron al ministro de Inteligencia del régimen de Irán, Esmaeil Khatib, en un ataque aéreo nocturno en Teherán. Katz añadió que se esperan “sorpresas importantes” durante la jornada, adelantando una intensificación de la confrontación directa contra Irán y Hezbollah en el Líbano.

Infobae

El funcionario precisó que la intensidad de los ataques israelíes en Irán está aumentando y que tanto él como el primer ministro Benjamin Netanyahu han autorizado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a eliminar a cualquier alto cargo iraní sin requerir aprobaciones adicionales. Durante una reunión con altos mandos militares, Katz reiteró: “La intensidad de los ataques en Irán está aumentando. El ministro de Inteligencia iraní, Khatib, también fue eliminado de la noche a la mañana.”

En un comunicado publicado en X, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que la Fuerza Aérea llevó a cabo un ataque a gran escala en Teherán, dirigido contra infraestructuras consideradas estratégicas para el régimen iraní. Entre los objetivos alcanzados se encuentran cuarteles generales militares, emplazamientos de misiles balísticos y otras instalaciones asociadas con las fuerzas de seguridad internas de Irán.

La operación incluyó el ataque al cuartel general del comandante de la unidad de seguridad de la Guardia Revolucionaria —responsable de la gestión de protestas y disturbios—, el centro de mantenimiento de la División General de Abastecimiento y Asistencia de las fuerzas de seguridad interna, y un cuartel general vinculado al sistema de misiles balísticos.

Simultáneamente, se atacaron varios sistemas de defensa aérea con el propósito de consolidar la superioridad aérea israelí sobre el espacio aéreo iraní. Las FDI informaron que estos ataques forman parte de una fase destinada a profundizar los daños sobre las estructuras centrales y los cimientos del régimen iraní.

De acuerdo con las autoridades israelíes, la eliminación del ministro Khatib y la ofensiva contra infraestructuras clave en Teherán suponen un paso en la escalada de las hostilidades, con la expectativa de nuevas acciones durante el día. Katz subrayó que se trata de una estrategia para intensificar la presión militar sobre Irán y Hezbollah en distintos frentes.

El dirigente sindical y ex preso político Emilio Negrín denunció este martes que el Poder Judicial venezolano rechazó la solicitud de amnistía presentada por varios líderes sindicales y activistas sociales, a pesar de la vigencia de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática promulgada en febrero de este año.

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A través de su cuenta en X (@emilionegrin), Negrín expresó tristeza y firmeza al informar la decisión: “Con tristeza les informo que el Poder Judicial el día de hoy NEGÓ la solicitud de amnistía a los dirigentes sindicales y luchadores sociales!!! Seguiremos trabajando y denunciando la arbitrariedad de estos delincuentes”.

La negativa se suma a una serie de rechazos judiciales similares reportados en las últimas semanas. Organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) han denunciado que tribunales han negado la amnistía a periodistas y productores audiovisuales, entre ellos Nakary Mena Ramos —acusada de instigación al odio y difusión de noticias falsas— y Gianni González, productor audiovisual y esposo de una comunicadora afectada por procesos penales.

Según el Foro Penal, a pesar de que el gobierno ha anunciado más de 6.000 libertades plenas y cientos de excarcelaciones bajo la ley, la organización independiente ha verificado cifras mucho menores (alrededor de 600-700 casos efectivos hasta mediados de marzo) y mantiene que persisten al menos 500-568 presos políticos.

Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, ha calificado estas denegaciones como “complicidad” de jueces y fiscales, argumentando que no pueden justificarse por órdenes superiores cuando violan derechos humanos.

La decisión judicial ocurre en un contexto de presión internacional creciente. El informe reciente del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, confirmó que la crisis de derechos humanos en Venezuela es estructural, con persistencia de detenciones arbitrarias, denuncias de tortura y restricciones al espacio cívico, pese a algunas liberaciones condicionadas.

La junta directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA) ratificó esta semana a Asdrúbal Chávez como presidente de sus tres filiales en Estados Unidos —PDV Holding, Citgo Holding y Citgo Petroleum—, según un documento al que tuvo acceso Reuters. El nombramiento llega días después de que la administración de Donald Trump reconociera formalmente al régimen encabezado por Delcy Rodríguez, y abre un nuevo frente de incertidumbre sobre el futuro de la séptima refinadora más grande del país norteamericano por volumen procesado.

Infobae

El movimiento de Caracas tiene un obstáculo inmediato: Chávez y su equipo necesitan una autorización expresa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro para asumir el control efectivo de la refinadora. Sin esa licencia, las sanciones vigentes sobre Venezuela bloquean cualquier transferencia real de mando. El abogado José Ignacio Hernández, experto en derecho constitucional y administrativo, advirtió este martes que el reconocimiento diplomático a Rodríguez “deja a salvo los controles derivados de la regulación de sanciones económicas”, según publicó en la red X. El reconocimiento político y la autorización regulatoria son, en ese sentido, dos procesos separados.

No es la primera vez que Chávez choca con ese muro. El directivo fue presidente interino de Citgo entre noviembre de 2017 y enero de 2019, hasta que Washington le revocó la visa por su presunta vinculación con actos de corrupción y violaciones de derechos humanos en Venezuela, según la OFAC. Primo del fallecido presidente Hugo Chávez, Asdrúbal acumula cuatro décadas en la industria petrolera estatal: fue viceministro de Petroquímica, ministro de Petróleo y Minería entre 2014 y 2015, y presidente de PDVSA entre 2020 y 2023. Su carrera ascendió bajo la sombra de su primo y sobrevivió a los sucesivos cambios de guardia en la cúpula chavista.

La ratificación de Chávez se enmarca en un proceso de reconfiguración más amplio del aparato petrolero venezolano. La junta directiva de PDVSA, encabezada por Héctor Obregón, también fue ratificada en el mismo movimiento. Nelson Ferrer, Alejandro Escarrá y Ricardo Gómez fueron incorporados como directores en las tres filiales estadounidenses. No quedó claro si el gobierno de Rodríguez ya solicitó ante el Tesoro una nueva licencia para habilitar a Chávez y a estos directivos.

El contexto diplomático que rodea la designación es inédito. El 7 de marzo, Trump reconoció públicamente al régimen venezolano en una cumbre celebrada en Miami con líderes de la derecha latinoamericana. Días después, el Departamento de Estado notificó formalmente a la Justicia estadounidense —a través de una carta del encargado para América Latina, Michael Kozak, al fiscal Jay Clayton— que reconoce a Rodríguez como “la única jefa de Estado capaz de actuar en nombre de Venezuela”. La carta también mencionó el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares, suspendidas desde 2019, y un acuerdo sobre oro venezolano valorado en 165 millones de dólares. Rodríguez agradeció el gesto y lo calificó como “el reconocimiento a un país”.

El problema de fondo, sin embargo, trasciende la cuestión de las sanciones. Citgo enfrenta un proceso judicial que amenaza con quitarle la propiedad a Venezuela de manera definitiva. Un tribunal federal de Delaware, supervisado por el juez Leonard Stark, aprobó en noviembre de 2025 la venta de PDV Holding —la matriz estadounidense de Citgo— a Amber Energy, filial del fondo de inversión Elliott Investment Management, por 5.900 millones de dólares. La operación surgió de una subasta organizada para saldar deudas venezolanas con hasta 15 acreedores internacionales, entre ellos las mineras Crystallex y Rusoro, y la petrolera ConocoPhillips, que litigan desde 2017 por expropiaciones e impagos. Evercore, firma asesora del tribunal, valoró Citgo en unos 13.000 millones de dólares; Venezuela argumentó que supera los 18.000 millones.

La venta aún no se ha materializado. La transacción requiere aprobación de la OFAC y de otros reguladores financieros, y Amber Energy prevé cerrarla a lo largo de 2026. Si el Tesoro aprueba el traspaso, la propiedad de Citgo cambiaría de manos y el nombramiento de Chávez quedaría sin efecto práctico. Es esa doble espera —la autorización para dirigir la empresa y la decisión sobre su venta— la que convierte el movimiento de Caracas en una apuesta de resultado incierto.