Tras más de un cuarto de siglo en el poder, la autocracia chavista atraviesa uno de sus momentos de mayor erosión. El fraude electoral cometido tras perder las elecciones presidenciales de 2024 dejó a Nicolás Maduro carente de legitimidad política.
Por: Ramón Cardozo – DW
El rechazo mayoritario de la población al régimen es incontestable, mientras se profundiza la persistente crisis humanitaria en medio de una economía marcada por el estancamiento, una inflación de tres dígitos y el colapso del bolívar.
A la ilegitimidad política, que ha aislado internacionalmente al régimen, se suma una creciente presión desde el ámbito de la seguridad internacional, luego de que las autoridades norteamericanas designaran al Cártel de los Soles como una organización terrorista transnacional, identificando a Nicolás Maduro y a connotados miembros de su régimen como sus principales cabecillas. Paralelamente, Washington ha desplegado un amplio operativo militar en el Caribe dirigido contra los cárteles del narcotráfico de la región. Recientemente, el presidente Donald Trump confirmó, además, haber autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, lo que sugiere la posibilidad de acciones en tierra en contra de las actividades del Cártel.
Transición del autoritarismo a la democracia
Múltiples analistas y think tanks han planteado que el actual contexto de alta presión y erosión del régimen chavista podría conducir, en el corto o mediano plazo, a una eventual salida de Nicolás Maduro del poder. Si bien es cierto que la esperanza de la inmensa mayoría de los venezolanos —y de la comunidad democrática internacional— apunta a que la caída de la dictadura madurista abra las puertas a una transición democrática, tanto la experiencia histórica (Libia post-Gadafi, Haití post-Duvalier y Sudán post-Bashir) como la literatura especializada advierten que estos procesos de liberalización en modo alguno aseguran, por sí solos, la instauración de una democracia estable.
Destacados investigadores, como el hispano-alemán Juan Linz (1926-2013), han señalado que la transición de un autoritarismo a la democracia es un proceso muy complejo, dinámico y cargado de incertidumbre, incluso con riesgos de retroceso o profundización de la dictadura. Por ello la fase de transición (periodo intermedio entre el colapso del régimen autocrático y el establecimiento y estabilización del sistema democrático) es sumamente crítica y exige de la dirigencia política mucho realismo, anticipación y prudencia política.
La herencia chavista
Ciertamente, la forma en que se produzca una eventual salida del régimen condiciona las posibilidades de establecer una democracia estable. Según el modo en que ocurra: ya sea a consecuencia de una fractura interna; de un colapso del régimen provocado por presiones de la sociedad; de una negociación con garantías; o incluso de una intervención externa, se podrían generar escenarios que multipliquen o reduzcan las complejidades del proceso de transición. No en vano, Maduro y Diosdado Cabello han amenazado respecto a que, si ellos fueran desalojados del poder, las fuerzas chavistas harían ingobernable el país.
Estrechamente ligado a la forma en que ocurra un colapso del régimen y a la vía de transición que se emprenda —un asunto que requiere su propio análisis y sobre el cual persiste aún mucha incertidumbre— existen obstáculos estructurales y desafíos políticos, heredados de 25 años de autoritarismo, que las fuerzas opositoras deberán afrontar inevitablemente en su camino hacia la democracia.
El entramado institucional autocrático
Desde un punto de vista político-institucional, el restablecimiento de un sistema democrático enfrentaría un entramado institucional diseñado e instrumentalizado por el chavismo para garantizar su permanencia en el poder. El Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional, las fuerzas armadas y múltiples organismos de inteligencia están totalmente cooptados y controlados por agentes leales al régimen chavista, lo que implicaría adelantar una profunda reestructuración para lograr restablecer el equilibrio de poderes en el país.
En este sentido, uno de los desafíos más complejos que enfrentará cualquier nuevo gobierno será la reinserción del aparato militar y de seguridad dentro del marco democrático. Durante las últimas dos décadas las fuerzas armadas venezolanas han sido sometidas a intensos procesos de adoctrinamiento ideológico y a un cambio radical de su doctrina militar, alineándola con el proyecto político de la Revolución Bolivariana y con intereses de potencias autocráticas como Cuba, Rusia, Irán y China.
Paralelamente, su estructura y unidad de mando ha sido deliberadamente fragmentada (en especial con la creación de las milicias bolivarianas) y se ha instaurado un amplio sistema de vigilancia interna que impide la cohesión institucional. Igualmente, para garantizarse lealtades, el régimen ha instaurado un sistema de privilegios que le otorga a miembros del estamento militar, acceso directo a fuentes de poder económico, lo cual ha corrompido a parte de los mandos medios y superiores.
El entramado institucional chavista ha ocasionado además la pérdida del monopolio de la fuerza por parte del Estado venezolano. Para garantizar su permanencia en el poder, el régimen ha llegado a arreglos con fuerzas paramilitares ilegales, en especial con la guerrilla binacional, que hoy en día ejercen control territorial y político en especial en zonas fronterizas. La recuperación del control territorial y el desmantelamiento de estas estructuras paralelas será condición indispensable para restaurar la autoridad del Estado democrático.
Inflación, devaluación, deuda y aislamiento financiero
Desde una perspectiva económico-fiscal, el país se encuentra en una situación muy comprometida, agravada por el secretismo y la falta de transparencia estadística del régimen, lo cual impide determinar con certeza la profundidad del colapso económico.
Algunos economistas, como José Guerra, estiman que la inflación interanual a septiembre de 2025 se situó en torno al 370 por ciento, y advierten del riesgo de una nueva hiperinflación. Simultáneamente, el bolívar sufre de una brutal depreciación: solo en los primeros nueve meses del año cayó un 71,9 por ciento.
Por otra parte, pesa sobre el país una deuda externa impagable. El economista Gustavo García calcula que asciende aproximadamente a US$ 180.000 millones, equivalente a entre 170 y 180 por ciento del PIB, un monto imposible de atender con los ingresos actuales. La situación se agrava por el aislamiento del régimen, que le impide acceder a fuentes financiamiento como el FMI o los mercados internacionales.
Destrucción del aparato productivo, informalidad y pérdida de la fuerza laboral
Otra herencia de la revolución bolivariana ha sido la destrucción del aparato productivo. Reportes de organizaciones empresariales y consultoras estiman que, en los últimos 25 años, han desaparecido cerca de tres cuartas partes del sector empresarial formal.
A ello se suma la debacle de las empresas estatales, en especial de PDVSA, que, sin capacidad financiera ni técnica, es incapaz de recuperar por sí sola los niveles de producción alcanzados durante la democracia. Hoy, más del 50 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentra en la informalidad. A toda esta tragedia, se suma la dramática merma de la fuerza laboral tras la migración forzada de más de siete millones de venezolanos.
Colapso de la infraestructura de servicios, pobreza e inseguridad alimentaria
El panorama económico se agrava debido al colapso de la infraestructura de servicios del país. La falta de inversión, mantenimiento, corrupción y migración forzada han provocado un deterioro crítico de los servicios de electricidad, agua, transporte y vialidad, así como de los sistemas públicos de salud y educación, con consecuencias dramáticas sobre la productividad, el empleo y la calidad de vida de los venezolanos.
Según datos de ENCOVI 2024, más de la mitad de los hogares venezolanos se encuentran en pobreza multidimensional (56,5 por ciento). Por su parte, el reporte del Panorama humanitario mundial (OCHA/GHO-2025) estima entre 7,6 y 7,9 millones el número de venezolanos que requieren asistencia humanitaria. Al mismo tiempo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que 40 % de la población venezolana padece inseguridad alimentaria moderada o severa y que 15 % necesita ayuda urgente.
Motivos de esperanza
Esta dramática situación social, aunada al entramado institucional chavista y al colapso económico, es solo la punta del iceberg, pero dimensiona la magnitud del desafío. Sin embargo, también hay razones para la esperanza.
Como argumenta la dirigente de Primero Justicia Paola Bautista de Alemán en su artículo «¿Por qué Venezuela no es Haití?”, el país cuenta con un conjunto de condiciones que favorecen la reinstauración de la democracia. Cuarenta años de vida republicana han dejado una fuerte impronta en la memoria colectiva. Además, Venezuela cuenta con una sociedad relativamente homogénea; organizaciones políticas y civiles que, pese a la represión, mantienen capacidad operativa y de coordinación; y un liderazgo opositor ampliamente reconocido tanto a nivel nacional como internacional.
Por otro lado, la oposición venezolana no está improvisando: diversos equipos técnicos y políticos han desarrollado durante años estudios rigurosos y propuestas para la recuperación del país. El más reciente de estos esfuerzos lo constituye «Venezuela, tierra de gracia», el plan de reconstrucción nacional presentado por María Corina Machado y Edmundo González.
Es claro que un proceso de este tipo no será fácil ni rápido, y requerirá del apoyo sostenido de la comunidad internacional, pero lo importante es tener presente que Venezuela no está condenada a optar entre la dictadura chavista, una confrontación interna o la anarquía.
