Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Según funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto, el gobierno de Trump ha identificado objetivos en Venezuela, entre ellos instalaciones militares utilizadas para el contrabando de drogas. Si el presidente Trump decide proceder con los ataques aéreos, señalaron, estos objetivos enviarían un mensaje claro al líder venezolano Nicolás Maduro : es hora de que renuncie.

Por: Shelby Holliday, Lara Seligman y Vera Bergengruen – The Wall Street Journal

Aunque el presidente no ha tomado una decisión definitiva sobre ordenar ataques terrestres, las autoridades indicaron que una posible campaña aérea se centraría en objetivos que se encuentran en la intersección de los cárteles de la droga y el régimen de Maduro. Trump y sus principales asesores se han enfocado especialmente en desestabilizar a Maduro, mientras que el ejército estadounidense ha atacado embarcaciones que supuestamente transportaban drogas en el Caribe y el Pacífico oriental.

Entre los posibles objetivos que se están considerando figuran puertos y aeropuertos controlados por los militares que supuestamente se utilizan para el tráfico de drogas, incluidas instalaciones navales y pistas de aterrizaje, según uno de los funcionarios.

Trump llegó al cargo prometiendo tomar medidas enérgicas contra el flujo de narcóticos ilegales, responsables de decenas de miles de muertes estadounidenses cada año, desde América Latina hacia Estados Unidos. Desde la toma de posesión de Trump, Estados Unidos ha desplegado una cantidad sin precedentes de poderío militar en el Caribe, al tiempo que intensifica una campaña letal contra los presuntos narcotraficantes en la región.

Los ataques aéreos contra objetivos dentro de Venezuela supondrían una escalada significativa de la campaña, que hasta ahora se ha limitado a ataques aéreos contra supuestos barcos narcotraficantes.

La administración se ha centrado especialmente en combatir la crisis del fentanilo, ya que las muertes relacionadas con esta droga en Estados Unidos se han disparado en los últimos años. Sin embargo, este opioide sintético se produce en México con precursores chinos. Según los expertos, no hay pruebas de que Venezuela produzca o trafique fentanilo. El país ha sido durante mucho tiempo una ruta de tránsito para la cocaína colombiana, y algunos altos funcionarios del gobierno y del ejército venezolanos han sido acusados ​​por fiscales estadounidenses de traficar con esta droga.

Aproximadamente 80.000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en 2024, un 27% menos que el año pico de 2023. Los opioides sintéticos, principalmente fentanilo, mataron a más de 48.000 personas el año pasado, mientras que la cocaína mató a 22.000, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

«El presidente Trump ha sido claro en su mensaje a Maduro: deje de enviar drogas y delincuentes a nuestro país», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly. «El presidente está preparado para utilizar todos los recursos del poder estadounidense para impedir que las drogas inunden nuestra patria».

Ante posibles ataques terrestres, el gobierno de Trump ha emprendido una campaña mediática para presentar a Maduro como el líder de una organización de narcotráfico que busca inundar Estados Unidos con drogas, acusación que Maduro ha negado. Sin presentar pruebas, funcionarios también han calificado a Venezuela como un centro neurálgico de la actividad terrorista y han afirmado que el régimen de Maduro controla los cárteles.

“En Venezuela existe un narcoestado controlado por un cartel”, declaró la semana pasada a la prensa el secretario de Estado Marco Rubio, figura clave en la campaña de presión del gobierno de Trump sobre el país, al ser preguntado sobre la creciente campaña militar. “Esta es una operación contra narcoterroristas, la Al Qaeda del hemisferio occidental… Y hay que acabar con ellos”.

Atacar objetivos terrestres aumentaría la presión sobre el dictador, y los aliados de Trump han comenzado a sugerirle que huya del país. «Si yo fuera Maduro, me iría a Rusia o China ahora mismo», declaró el senador Rick Scott (republicano por Florida) en una entrevista con el programa «60 Minutes» de la CBS.

Funcionarios estadounidenses, tanto ahora como durante el primer mandato de Trump, han ejercido presión con la esperanza de provocar una rebelión en los cuarteles o un levantamiento, si bien las fuerzas armadas han apoyado a Maduro y no se han registrado protestas en Venezuela. Sin embargo, la demostración de fuerza estadounidense actual es distinta.

“Estados Unidos está poniendo a prueba la afirmación de que Maduro es débil y que los militares se rebelarán con solo un pequeño empujón”, dijo Geoff Ramsey, analista de Venezuela en el Atlantic Council. “Hasta ahora no hemos visto indicios de deserciones importantes en el país, pero creo que si Estados Unidos lleva a cabo los ataques militares contra las fuerzas armadas venezolanas, la situación podría cambiar. Sin embargo… existe la posibilidad de que esto genere un efecto de unidad nacional”, añadió Ramsey.

Trump ha declarado públicamente que podría ordenar ataques aéreos en Venezuela, y el Pentágono está enviando el portaaviones más avanzado de Estados Unidos y sus buques de guerra de escolta al Caribe. Estados Unidos ya cuenta con más de media docena de buques de guerra en la región, además de miles de efectivos de élite y aeronaves avanzadas.

En las últimas dos semanas, Estados Unidos también ha llevado a cabo varias misiones de bombarderos cerca de la costa venezolana, enviando B-52 y B-1 para sondear las defensas del país y poner a prueba la reacción militar ante esta demostración de fuerza. El lunes, dos B-1 sobrevolaron Venezuela durante aproximadamente media hora entre el territorio continental venezolano y sus islas, según datos de seguimiento de vuelo.

Trump también tomó la inusual medida de confirmar que había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en el país. Al preguntársele si la CIA tenía la autoridad para derrocar a Maduro, Trump se negó a responder, pero afirmó que Venezuela “siente la presión”.

El presidente Trump observó una demostración naval frente a la costa de Norfolk, Virginia, este mes.

Las fuerzas armadas venezolanas cuentan con sofisticados sistemas de defensa antiaérea, incluyendo una cantidad considerable de equipo de fabricación rusa. Se cree que operan entre cuatro y seis sistemas de defensa antiaérea S-300 de fabricación rusa, además de sistemas portátiles, que podrían detectar y derribar aeronaves militares estadounidenses, según expertos. Si bien se desconoce públicamente la eficacia de los S-300 y el nivel de entrenamiento de las fuerzas de defensa antiaérea venezolanas, aeronaves estadounidenses han intensificado recientemente los vuelos cerca del país con el objetivo de mapear sus defensas antiaéreas.

La semana pasada, Maduro afirmó que Venezuela contaba con unos 5.000 misiles tierra-aire portátiles Igla-S de fabricación rusa. “Cualquier fuerza militar del mundo conoce el poder del Igla-S, y Venezuela tiene no menos de 5.000 de ellos desplegados en puntos estratégicos de defensa antiaérea, para garantizar la paz, la estabilidad y la tranquilidad de nuestro pueblo”, declaró.

El pasado fin de semana, un avión sancionado por Estados Unidos por sus vínculos con actividades militares rusas ilícitas llegó a Caracas, según datos de seguimiento de vuelos, lo que aumenta la posibilidad de que Rusia incremente su apoyo a las fuerzas venezolanas en caso de un ataque estadounidense.

La llegada del portaaviones, con sus destructores adicionales equipados con misiles de ataque terrestre Tomahawk de largo alcance, cazas F/A-18 Super Hornet y aviones EA-18 Growler diseñados para interferencia electrónica, le dará al presidente una gama de opciones adicionales para atacar Venezuela, dijeron los expertos.

Si los ataques aéreos no logran forzar la salida de Maduro del poder, podrían presionar a su círculo íntimo para que se vuelva en su contra, según analistas. Sin embargo, esta estrategia conlleva enormes riesgos y podría resultar contraproducente si las tropas se unen en torno a la bandera y presentan resistencia. Muchos analistas que han seguido de cerca la situación en Venezuela también afirman que las acusaciones contra Maduro y sus principales colaboradores le dejan claro lo costoso que sería abandonar el poder, ya que podrían terminar enfrentando un proceso judicial.

«Creo que Maduro resistirá, al menos por un tiempo», dijo el almirante retirado James Stavridis, quien comandó tropas estadounidenses en la región durante su carrera. Si los ataques contra objetivos navales y aéreos en tierra no logran forzar la renuncia de Maduro, la siguiente ronda de ataques podría tener como objetivo a la cúpula militar, añadió.

“Creo que llegado ese punto, es posible que Maduro se retire. Ese sería el mejor escenario para la administración Trump”, dijo Stavridis.

Las autoridades brasileñas encontraron al menos dos fusiles pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela durante la operación policial realizada esta semana en los complejos de favelas de Penha y Alemão, en Río de Janeiro. Las armas estaban en poder del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más violentas y antiguas del país.

El Nacional

El delegado Vinícius Domingos, coordinador de la División de Fiscalización de Armas y Explosivos (CEFAI) de la Policía Civil, detalló el hallazgo y explicó que entre los 93 fusiles confiscados se identificaron armas de distintos países sudamericanos.

“Dos fusiles FAL pertenecen a la Fuerza Armada Venezolana, otros dos a las Fuerzas Armadas de Brasil, uno a la de Argentina y un G3 a la del Perú”, precisó.

Domingos agregó que la mayoría de los fusiles incautados corresponden a modelos G3 (alemán), FAL (belga), AK-47 (ruso) y AR (estadounidense), aunque más de 90% de estas últimas resultaron ser copias de fabricación irregular, con una potencia de fuego elevada pero sin cumplir los estándares técnicos de los originales.

A su vez, anunció que los peritos analizarán cada arma de manera minuciosa para incluir los resultados en una base de datos que permita rastrear las rutas del tráfico transfronterizo.
“La mayoría de estas armas no provienen de coleccionistas brasileños, sino de rutas terrestres desde la Amazonía, especialmente desde Paraguay”, afirmó.

Operación letal expone violencia del Comando Vermelho y sus redes

El Comando Vermelho, surgido a fines de los años setenta en el Instituto Penal Cândido Mendes —una prisión de máxima seguridad en la Isla Grande de Río de Janeiro—, evolucionó desde sus orígenes carcelarios hasta convertirse en un grupo dedicado al narcotráfico, el contrabando de armas y el control de territorios en las favelas. También se le atribuyen operaciones de lavado de dinero y redes de corrupción vinculadas a actividades ilícitas.

La megaoperación policial, considerada por las autoridades como la más letal en la historia de Río, dejó al menos 132 muertos, según datos de la Defensoría Pública regional. El gobierno local reportó 81 detenciones, la incautación de media tonelada de drogas y el decomiso de 14 artefactos explosivos.

El operativo reavivó el debate nacional sobre el uso de la fuerza en las favelas y la efectividad de las estrategias de seguridad aplicadas en estas zonas de alto riesgo.

España, Canadá, Republica Dominicana, Alemania… En estos días, preguntarle a un estudiante universitario venezolano dónde se ve en cinco años significa darle, en sentido figurado, la vuelta al mundo. Muchos son los posibles destinos con los que sueñan. Y rara vez la respuesta es Venezuela.

CNN

El sueño de la migración y de un mejor futuro lejos de casa se mantiene vivo en la Generación Z venezolana, lo que ayuda a explicar también por qué el movimiento estudiantil ya no se enfrenta al Gobierno de Nicolás Maduro dentro y fuera de las aulas, como en años anteriores.

Otras razones pueden ser mucho más crudas.

Miedo a la represión

“Hay frustración, hay miedo y hay rabia. Nosotros quizás no estamos apagados. Pero, si llegamos a sacar un poco la cabeza, eso es automáticamente una orden de decapitación”, le cuenta a CNN un líder estudiantil en Caracas, quien, como otros estudiantes contactados para este artículo, pidió resguardar su identidad por miedo a represalias.

En momentos claves de tensión política en años pasados, como en el referéndum constitucional de 2007 o las protestas callejeras de 2014, 2017 y 2019, el movimiento estudiantil siempre estuvo al frente de la oposición al Gobierno. Pero este año la política se ha quedado afuera de los campus universitarios.

Una excepción ocurrió a comienzos de octubre cuando se otorgó el Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado, quien sigue en condición de clandestinidad

Frente a un silencio casi absoluto en los medios radiales y televisivos dentro de Venezuela, donde el Gobierno de Maduro impone una estricta censura, un grupo de estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), alma mater de Machado, logró colgar una pancarta que decía: “El Nobel de la Paz 2025 tiene sello Ucabista”. El cartel fue removido pocas horas después.

CNN conversó con algunos de los estudiantes responsables de ese hecho, que contaron que una acción como esa era lo máximo que pudieron emprender en medio de la represión.

“En Venezuela no es secreto para nadie que todo está vigilado, todo está regulado y no puedes expresarte tan libremente como podrías hacerlo en otros países”, cuenta uno.

Mientras que este año ha registrado protestas juveniles alrededor del mundo, desde Nepal a Marruecos y Perú, en Venezuela los que manifiestan en contra del Gobierno logran más fácilmente un interrogatorio policial que el respaldo popular.

Según la organización de derechos humanos Foro Penal en este momento hay más de 800 personas detenidas por razones políticas en el país, muchas de ellos sin haber sido presentados a tribunales.

El Gobierno de Nicolás Maduro niega que haya presos políticos en el país y, en los últimos doce meses, ha otorgado amnistías a los manifestantes detenidos en el marco de las protestas que siguieron a las elecciones del 28 de Julio de 2024.

“Todos conocemos gente que estuvo presa, sí”, cuenta uno de los estudiantes. “Muchos han sido liberados, pero las perspectivas de pasar unas semanas en una cárcel de seguridad, como puede ser el temido Helicoide, ya son razón suficiente para no llevar la protesta públicamente”.

Si nada cambia, cuentan los estudiantes de la UCAB, es difícil imaginar que para 2030 sigan viviendo en Venezuela.

Vuelve el fantasma de la migración

La crisis económica y el fenómeno migratorio son las dos cruces que caracterizan la historia reciente de Venezuela.

Entre 2022 y 2024, políticas monetarias más pragmáticas por parte de Maduro y las dificultades que millones de migrantes venezolanos encontraron alrededor de América del Sur neutralizaron estos fenómenos. Pero datos preliminares sugieren que están volviendo a presentarse en 2025.

En los últimos doce meses, el valor del bolívar ha colapsado un 400% frente al dólar, según cifras del Banco Central, y el espectro de la inflación ha vuelto a caminar en las calles de Caracas.

Aún es demasiado temprano para registrar si la escalada geopolítica en el mar Caribe ha empujado a más venezolanos a dejar a su país, pero Alba Pereira, de la fundación Entre Dos Tierras, que proporciona atención a migrantes en el departamento colombiano de Santander, dijo a CNN que el número de asistidos ha crecido entre el 20 o 30 % en los últimos tres meses.

“Hoy fueron sesenta personas, caminantes. El sábado 132 personas. Y son familias, familias enteras que se van”, dice Pereira.

Si bien esos números están lejos del récord migratorio de 2021, cuando la fundación atendía hasta a 700 personas diarias, Pereira teme que los recortes a la cooperación internacional causadas por el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), insignia de la ayuda humanitaria, puedan incrementar el riesgo de emergencias humanitarias. “De una manera o de la otra, el 100% de las donaciones eran plata de USAID. Nosotros tenemos las capacitaciones para atender, pero no hay recurso y nadie ha hecho el llamado. Nosotros podemos seguir hasta el 31 de octubre. De ahí en adelante, no sabemos qué va a pasar”, dijo Pereira.

Miguel, uno de los estudiantes que conversaron con CNN y que pidió no ser identificado, dijo que también conoce a personas detenidas de las que tuvo que despedirse. Pero eso, cuenta, no fue lo peor. “Una despedida que sí me dolió hace tiempo fue la despedida de mi primo. Y no tanto porque él estaba corriendo de una posible represión, sino porque la situación país, como a todos, nos ha empujado a tener que buscar un futuro en otras fronteras. Y eso es muy duro”.

El ex mandatario Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002) solicitó al presidente electo de BoliviaRodrigo Paz, que convoque a su investidura del 8 de noviembre al presidente electo venezolano Edmundo González Urrutia. Considera que esta invitación representaría el fin de “20 años de autoritarismo” bajo el Movimiento al Socialismo (MAS) y del alineamiento del país con Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Infobae

Quiroga afirmó: “Pedirle al presidente electo (Paz) que invite al presidente electo de Venezuela, Edmundo González, él tiene que estar acá”, antes de ingresar a una reunión con los parlamentarios de su partido.

El ex mandatario reconoce a González como el ganador de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el 28 de julio del año pasado. También destacó que la presencia de la opositora María Corina Machado, galardonada recientemente con el Premio Nobel de la Paz, sería relevante en la ceremonia, “si la dejan salir” de su país.

Quiroga señaló la importancia de que González y Machado estén presentes porque significaría “el mejor homenaje y la mejor demostración de que 20 años de autoritarismo se terminaron, que ahora vamos a ser un país libre y democrático. Y la señal va a ser que en el balcón (del Palacio de Gobierno) estén demócratas y ningún dictador, pirata caribeño”.

El ex presidente, quien compitió contra Paz en la segunda vuelta presidencial del 19 de octubre, valoró la decisión del presidente electo de no invitar a los dictadores de CubaNicaragua y Venezuela a la toma de posesión.

El viernes, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) calificó de “inaceptables” las declaraciones del nuevo Gobierno boliviano contra CubaVenezuela y Nicaragua, y suspendió a Bolivia del bloque.

Quiroga declaró: “Que no vengan (…) y si el señor Maduro nos quiere tentar, que venga (a Bolivia) lo agarramos y cobramos la recompensa”.

El ex mandatario manifestó que en Bolivia se vive “una fiesta democrática” y destacó que la población optó por un partido opositor al hasta ahora gobernante MAS, una situación poco frecuente en los países que mencionó.

En las últimas dos décadas, durante las gestiones de Luis Arce y Evo Morales (2006-2019), Bolivia mantuvo fuertes vínculos con Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Este miércoles, el tribunal electoral entregó las credenciales a los legisladores que integrarán el nuevo Parlamento boliviano, donde el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y otras fuerzas conservadoras como Libre, Unidad y APB-Súmate tendrán la mayoría. La izquierda conformada por Alianza Popular y el MAS contará solamente con 10 representantes de un total de 175.

Por último, Quiroga afirmó que “el presidente electo necesita gobernar” e instó a sus parlamentarios a facilitar la gobernabilidad para enfrentar la falta de combustible y la escasez de divisas en el país.

La directora regional adjunta para las Américas de Amnistía InternacionalValentina Ballesta, calificó la reciente detención y posterior liberación del activista venezolano Manuel Finol como una señal de “la última frontera de la represión” en el país. En conversación con Infobae, Ballesta advirtió que el régimen de Nicolás Maduro “ya no solo persigue a figuras políticas, sino también a organizaciones de la sociedad civil con décadas de trabajo”.

Infobae

Finol, artista y gerente de Amnistía Internacional Venezuela, fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) bajo el pretexto de revisar su pasaporte. Permaneció varias horas bajo custodia antes de ser liberado sin cargos ni explicación oficial.

“La pertenencia de Manuel al movimiento de derechos humanos puede ser percibida por las autoridades como una amenaza”, afirmó Ballesta. “Aunque su retención fue momentánea, constituye una privación arbitraria de libertad”.

La DGCIM ha sido objeto de sanciones internacionales por su participación en abusos de derechos humanos, mientras que Amnistía Internacional ha denunciado la criminalización sistemática de activistas, periodistas y organizaciones civiles en Venezuela.

Menos de 24 horas antes de la retención de Finol, la organización publicó en X un mensaje exigiendo la liberación de cinco presos políticos —Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres, Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Kennedy Tejeda—, todos detenidos por su labor en defensa de los derechos humanos.

A continuación, los fragmentos más relevantes de la entrevista con Valentina Ballesta:

—¿Qué información tienen sobre la retención y liberación de Manuel Finol?

—Esta mañana nos despertamos con la noticia de su retención por parte de los agentes migratorios bajo el pretexto de revisar su pasaporte. Luego fue retenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en el aeropuerto de Maiquetía. Estuvo privado de libertad durante algunas horas. Recientemente supimos que fue liberado, pero desconocemos los motivos o las alegaciones en su contra. Aunque fue momentánea, sigue siendo una privación de libertad. Amnistía Internacional condena este tipo de arbitrariedades contra defensores de derechos humanos.

—¿Consideran que esto fue un acto de intimidación hacia Amnistía Internacional o hacia el movimiento de derechos humanos?

—El patrón de represión en Venezuela hace difícil determinar qué motivó esta actuación, pero la pertenencia de Manuel a Amnistía y al movimiento de derechos humanos puede ser percibida por las autoridades como una amenaza o una forma de disidencia. Esto encaja en un patrón represivo más amplio. No es la primera vez que un defensor es detenido por motivos políticos.

—Ayer publicaron en X un mensaje pidiendo la liberación de varios presos políticos. ¿Podría haber relación entre esa publicación y la detención de Finol?

—Desde julio hemos lanzado una campaña por la liberación y localización de personas detenidas o desaparecidas por motivos políticos. Publicamos con frecuencia sobre estos casos, incluida la publicación de ayer. Podría estar relacionado, pero también puede deberse a nuestra labor constante de denuncia y solidaridad con las víctimas.

—¿Qué medidas toma Amnistía Internacional para proteger a su personal y a otras organizaciones?

—Trabajamos con decenas de personas en Venezuela y cientos a nivel global. Contamos con medidas de seguridad y mitigación de riesgos, pero enfrentamos un entorno donde las autoridades actúan con altos niveles de arbitrariedad. Nuestro trabajo también se enfoca en la protección de defensores fuera de Amnistía, a través de redes y acompañamiento mutuo.

—¿Cómo se enfrenta el activismo a un contexto tan restrictivo como el venezolano?

—Nuestra principal herramienta es la solidaridad y la resiliencia. En Venezuela se ha construido un andamiaje represivo, no solo con detenciones arbitrarias, sino con leyes que buscan restringir el trabajo de las organizaciones, como la llamada ley contra las ONG. A pesar de ello, seguimos acompañando a las víctimas y defendiendo el derecho a existir del movimiento de derechos humanos.

—¿Esperan algún tipo de respuesta del gobierno venezolano o de la comunidad internacional?

—Dudamos que haya un reconocimiento de arbitrariedad por parte de las autoridades, pero seguiremos documentando y denunciando para que eventualmente se rindan cuentas. La movilización colectiva y solidaria demostró hoy que el eco de las exigencias de liberación tiene impacto.

—¿Qué lectura hacen de este caso en el contexto general de Venezuela?

—El caso de Manuel Finol muestra una escalada represiva. Ya no se trata solo de perseguir a figuras políticas, sino también a organizaciones de la sociedad civil con décadas de trabajo. Defender derechos humanos se ha convertido, para el gobierno, en una forma de oposición. En Venezuela se ha cruzado la última frontera: cualquiera que defienda derechos frente a un Estado arbitrario y voraz puede ser considerado una amenaza.

En la comuna de Petit-Goâve, en el sur de Haití, las calles están inundadas tras el desbordamiento del río La Digue, a causa de las lluvias provocadas por el huracán Melissa a su paso por el Caribe, una riada que dejó al menos veinte personas muertas, la mitad de ellas niños, y diez desaparecidos.

EFE

“Un árbol cayó sobre mí“, explicó a EFE Willyo Bontang, de 64 años, quien se permanece con un pie fracturado en un hospital de la zona.

Es uno de los al menos diez heridos que dejó el desbordamiento del río que atraviesa esta localidad.

Bontang está en una de las camillas con un pie vendado, y a su lado se encuentran otros heridos.

En el exterior, la gente camina en medio de la oscuridad entre las calles anegadas de Petit-Goâve, según presenció EFE.

Esta tarde, el director general de Protección Civil del país, Emmanuel Pierre, anunció que las tareas de búsqueda de los desaparecidos continuarán.

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, expresó su pésame a las familias de las víctimas y garantizó la movilización “total” del Gobierno para atender la situación desencadenada por las lluvias, que “han causado daños particularmente en el Gran Sur y la comuna de Petit-Goâve”.

Según las primeras informaciones de la Dirección General de Protección Civil, el balance provisional sobre lo ocurrido “sigue siendo preocupante”.

También, el presidente del Consejo de Transición de Haití, Laurent-Saint Cyr, expresó su pésame por los fallecidos.

“Es un momento triste para el país. El huracán Melissa ha azotado nuestro país. A los fallecidos (…) se suman importantes daños materiales: casas destruidas, campos inundados, ganado perdido, carreteras cortadas, especialmente en el Gran Sur y en la ciudad de Petit-Goâve”, señaló el mandatario en X.

“Mientras seguimos de cerca la evolución de la situación, quiero expresar mi más sincero pésame a todas las familias que han perdido a un ser querido. Tengo un recuerdo especial para los que han fallecido. El huracán Melissa ha traído más lágrimas a una familia que ya estaba sufriendo”, lamentó el dirigente haitiano.

Además, Saint-Cyr anunció que hizo un llamado al Gobierno para que movilice a todos los servicios públicos pertinentes y proporcione recursos a las autoridades locales para hacer frente a esta catástrofe natural.

“Ahora todos los esfuerzos deben centrarse en las operaciones de búsqueda de personas, socorro y ayuda de emergencia a todos nuestros hermanos y hermanas”, indicó.

Y concluyó: “Que Dios proteja a Haití y reconforte a todos sus hijos”.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) predijo para este año una temporada de huracanes más intensa de lo habitual, con entre 13 y 18 tormentas con nombre, de las cuales hasta cinco podrían alcanzar categoría de gran magnitud. Tras un inicio tranquilo, la realidad confirmó el pronóstico. Melissa y otras tormentas similares reflejan que los modelos climáticos ya no son proyecciones hipotéticas, sino descripciones de un presente cada vez más extremo.

Todos los abogados de Venezuela, —decentes y aun los que no lo son— estamos contestes en que ningún compatriota por nacimiento puede ser privado de su ciudadanía originaria en contra de su voluntad (art. 35 de nuestra Constitución Nacional).

En general, los poseedores de cualquier nacionalidad por ius sanguini, ius solis y aún los naturalizados, tienen la facultad  de hacer dejación de sus ciudadanías siempre que se cumplan las estrictas formalidades  —los formalismos en estos asuntos, son imperativos o ad substantiam– ante el funcionario público respectivo, incluido el requisito, que la renuncia sea expresa, positiva y precisa, porque  en esta materia no caben los sobreentendidos. Tampoco será válida cualquier manifestación en ese sentido, si el supuesto renunciante, no demuestra ante el respectivo funcionario, onus probandi, que con motivo de la hipotética dimisión no adquiere la condición de apátrida (arts. 13 y 14 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía).

Los aludidos principios del derecho interno venezolano, por igual, están consagrados en numerosos Tratados Internacionales. Entre otros, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 15); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 24); la  Convención para Reducir los Casos de Apatridia (art. 7.1.a); la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 7); la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (art. 20); el Protocolo Sobre el derecho a la Nacionalidad y Erradicación de la Apatridia, adoptado por la Unión Africana el  18 de febrero de 2024.

Con excepción del referido en último término, los instrumentos internacionales antes mencionados, rigen en todo el ámbito interamericano. Hecha una salvedad: Que la única ley es que no hay ley, en la mal llamada Revolución Bolivariana.

He aquí la explicación de la demanda interpuesta por el “Señor (¿?) al que le dieron una pela en las elecciones del 28 de julio de 2024”,  —el SALDUPELA28J2024 para resumir y como mejor se le conoce alrededor del Mundo—  ante el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ,  con el objeto que el opositor Leopoldo López Mendoza, fuese privado de su gentilicio so capa de haber exaltado, supuestamente, la posible invasión a Venezuela, por los marines de míster Trump. Pero en estas cosas no hay peros. A falta de su manifestación expresa, a un nacional por nacimiento, como López, no se le puede revocar, anular, rescindir, dejar sin efecto o disminuir su ciudadanía venezolana por nacimiento. Menos aún con base en esa butifarra legislativa —por no utilizar una expresión más gruesa— que, para afrenta a nuestro Padre Libertador, lleva el remoquete de  “Ley Orgánica Simón Bolívar”.

Cuando estaba por terminar las presente reflexiones, recibí copia de un alegato mediante el cual un colega venezolano, pretendió “adherirse” —derecho que hasta ahora le ha sido obstaculizado— a la referida demanda judicial del señor (¿?) SALDUPELA28J2024.

“Respetuosamente, les pido a los honorables magistrados del TSJ que me respondan —leo en uno de los párrafos del mencionado escrito adhesivo— ¿Qué es peor? ¿Alabar una hasta ahora potencial invasión de EE. UU., o habérsele colocado y seguírseles colocando, no en potencia sino en acto y en decúbito ventral —forma elegante de decir bajarse los pantalones— a las FARC, el ELN, a Putin, Xi Jinping, a los castrocubanos, al “gordito” de Norcorea, a Al Qaeda, al Hamas, al Hezbollah, sin contar, a gigolós como Zapatero y cuanto bicho de uña extranjero viene saquear nuestro petróleo o a depredar el Arco Minero mity-mity con el señor (¿?) SALDUPELA28J2024.

Finaliza,  el referido letrado con el siguiente petitum:

“Si despojan de su nacionalidad a López Mendoza, pido que los honorables magistrados aprovechen y despojen de su nacionalidad colombiana, al señor (¿?) SALDUPELA28J2024, sin que sea óbice que el artículo 96 de la Constitución de ese fraterno y vecino país, al igual que la de Venezuela, prohíba tales despojos a sus ciudadanos de origen. Lo que es igual, no es trampa: Que el susodicho señor (¿?) SALDUPELA28J2024 quede al desnudo como lo que es: un apátrida moral desde chiquito».

Advertencia: El suscrito cronista no se hace responsable por los conceptos emitidos por un colega tan irreverente, quisquilloso, respondón, tan de malas pulgas, como el referido adherente.

@omarestacio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que desconocía que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, tenía prohibido pisar España y que impidió su entrada nada más enterarse que iba a llegar, en enero de 2020. En todo caso, ha querido dejar claro que no es raro que el jefe del Ejecutivo no estuviera al tanto de todas las visitas de ministros extranjeros.

Press Digital

En su comparecencia ante la ‘comisión Koldo’ del Senado y a preguntas de la senadora de Más Madrid Carla Delgado, el presidenta ha explicado que su entonces ministro José Luis Ábalos le informó de la visita de la vicepresidenta de Venezuela, una llegada que vincula con la celebración en Madrid de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en esas fechas.

Según ha explicado, no sabía que la vicepresidenta venezolana, en el marco de las sanciones al régimen de Nicolás Maduro, tuviera prohibido pisar suelo europeo, pero al enterarse comunicó a Ábalos que no podía recibirla: «Le transmito al entonces ministro José Luis Ábalos que no puede estar en suelo europeo –ha explicado–. Cuando se conoce por parte del Gobierno, y en este caso mío como presidente, pues efectivamente eso se impide».

Además ha indicado, «el hecho de que visiten España ministros y ministras o primeros ministros sin conocimiento del presidente del Gobierno es bastante habitual, bastante habitual». «Por tanto, tampoco se puede hacer un supuesto escándalo de algo ordinario», ha apostillado.

En cambio, desde el PP sostienen que ese testimonio de Sánchez es falso, pues las sanciones que pesaban sobre Delcy Rodríguez datan de dos años antes, y el Ministerio de Asuntos exteriores lo sabía.

Los ‘populares’ recuerdan un informe que el Gobierno remitió al Senado en mayo de 2024, en el que Exteriores asegura que «la prohibición de estar en espacio Schengen para la Vicepresidenta de Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez nace de la Decisión (PESC) 2018/901 del Consejo, de 25 de junio de 2018, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2017/2074 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela».

Compañías que operan en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, negaron abastecer de combustible el avión en el que viajó a Arabia Saudita el presidente colombiano, Gustavo Petro, porque el mandatario fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, conocida como Lista Clinton.

EFE

Así lo informaron este miércoles medios locales como el periódico bogotano El Tiempo, que señaló que algunas de las empresas que prestan este servicio tienen capital de origen estadounidense y desistieron de suministrar el combustible al avión presidencial colombiano por temor a «incurrir en graves violaciones de las regulaciones de la OFAC».

«Fuentes cercanas de la Casa de Nariño le confirmaron a este medio que tal suceso, el cual sigue colocando en el ojo del huracán al jefe de Estado, es verdad», señaló el diario.

Petro, por su parte, agradeció el martes, antes de que se conociera lo ocurrido con el combustible, «la ayuda del Reino de España para poder llegar» a donde fue invitado, sin dar más detalles del suceso.

En ese sentido, El Tiempo señaló que el avión presidencial colombiano fue traslado a una base militar donde reabasteció combustible y siguió su camino hacia Arabia Saudita.

EFE consultó esa versión con la Presidencia y otras autoridades, pero no hubo respuesta.

Estados Unidos sanciona a Gustavo Petro

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes pasado la inclusión de Gustavo Petro; su esposa, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, en la lista de la OFAC por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Esto implica el bloqueo de sus activos en EE UU y la prohibición de transacciones con ellos.

Sin embargo, Petro aseguró la semana pasada que no posee bienes ni cuentas en Estados Unidos y que, por tanto, las sanciones financieras impuestas por la administración de Donald Trump no lo afectan.

Las tensiones entre Bogotá y Washington se agudizaron en septiembre, cuando Washington retiró a Colombia —considerado el mayor productor mundial de cocaína— de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.

También en septiembre, Estados Unidos revocó el visado al presidente colombiano tras su participación en una convocatoria propalestina en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Policía Nacional ha detenido a un individuo de origen marroquí, en situación ilegal en España, como autor de un delito de agresión sexual por tocamientos en una discoteca. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado sábado en un local de ocio nocturno situado en el corazón de Palma.

La Gaceta de la Iberosfera

Según fuentes de la Policía Nacional, el agresor actuó con total impunidad en un primer momento. Se acercó sin mediar palabra a un grupo de amigas que disfrutaban de la noche y tocó las nalgas a una de ellas. La víctima, visiblemente molesta, le recriminó su comportamiento, lo que provocó que el individuo se alejara temporalmente hacia otra zona del establecimiento.

Sin embargo, lejos de desistir, regresó minutos después al lugar donde se encontraban las jóvenes. En esta segunda ocasión, su conducta escaló y lamió la mejilla de la misma chica a la que había tocado previamente y, acto seguido, manoseó las nalgas de una amiga de esta. Los hechos, descritos por testigos como «repugnantes» y «degradantes», se produjeron en un ambiente donde la música alta y la aglomeración dificultaron una reacción inmediata.

Las víctimas, en estado de shock, alertaron de inmediato al personal de seguridad del local. Los vigilantes actuaron con rapidez, expulsaron al hombre de la discoteca y le retuvieron en la calle hasta la llegada de una patrulla de la Policía Nacional. Los agentes procedieron a su detención in situ por un delito de agresión sexual, tipificado en el Código Penal como un ataque a la libertad sexual mediante tocamientos no consentidos.

El detenido permanece a disposición judicial a la espera de que se celebre el correspondiente juicio rápido. Las víctimas, por su parte, han formalizado la denuncia, un paso fundamental para que hechos como este no queden impunes.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Scroll to Top