La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el sábado en una operación militar sin precedentes cierra abruptamente 12 años de gobierno que transformaron a Venezuela de una de las democracias más estables de América Latina en un Estado fallido. Los números, fríos e implacables, documentan una de las mayores catástrofes humanitarias, económicas y políticas que ha vivido la región en tiempos de paz. Organismos internacionales como la ONU, el Fondo Monetario Internacional y decenas de organizaciones de derechos humanos han construido durante más de una década un registro exhaustivo de lo que significó la era Maduro para los 28 millones de venezolanos.
Por: Andrea Bonzo – Infobae
Cuando Maduro heredó el poder tras la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, Venezuela ya mostraba señales de deterioro. Pero lo que vino después superó las peores proyecciones. Este es el balance, contado en cifras verificadas por organismos internacionales y organizaciones independientes, de cómo un país colapsó. El esfuerzo de documentación independiente ha sido imprescindible: el Instituto Nacional de Estadística (INE), organismo oficial, dejó de publicar indicadores clave durante años —entre 2014 y 2018 no difundió cifras de pobreza— y cuando finalmente lo hizo en 2018, afirmó que la pobreza había disminuido en medio de una hiperinflación del 130.060%. La opacidad estadística obligó a la ONU, el FMI, ACNUR y a ONG como Foro Penal y Provea a documentar con sus propios métodos la realidad venezolana.
La violencia como herramienta: más de 300 muertos en protestas
Las calles venezolanas se tiñeron de sangre de forma recurrente durante el gobierno de Maduro. Entre 2013 y 2018, al menos 215 personas murieron en el contexto de manifestaciones antigubernamentales, según documentó Provea, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos. En 2019, otras 67 personas fueron asesinadas durante y después de las manifestaciones, según documentaron conjuntamente Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Y en 2024, 25 personas más perdieron la vida en apenas cuatro días de protestas postelectorales.
El total supera las 300 víctimas mortales en manifestaciones durante los 12 años de Maduro, según los diversos registros de organizaciones de derechos humanos.
El año más sangriento fue 2017. Entre abril y julio, mientras Venezuela ardía en protestas diarias, murieron entre 127 y 157 personas según distintos registros. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue contundente en su evaluación: responsabilizó directamente a las fuerzas de seguridad del Estado de al menos 73 de esas muertes por uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva. Las imágenes de jóvenes enfrentando a tanquetas con piedras, de manifestantes heridos siendo arrastrados por compañeros, de madres llorando sobre cuerpos sin vida, definieron ese período.
Un panel de expertos independientes designado por la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó en 2018 que existían fundamentos razonables para determinar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El informe responsabilizó tanto a las fuerzas de seguridad como a grupos civiles armados —los llamados colectivos— de 131 muertes durante las protestas de 2014 y 2017.
Porque 2017 no fue el único episodio. En 2014, las protestas estudiantiles dejaron 43 personas fallecidas entre febrero y mayo. En 2019, cuando Juan Guaidó emergió como líder opositor y una parte de la comunidad internacional lo reconoció como presidente interino, otras 61 personas perdieron la vida en circunstancias vinculadas a las manifestaciones, según registró Provea.
El ciclo se repitió en 2024. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, consideradas fraudulentas por la oposición y la comunidad internacional, Provea documentó 25 personas asesinadas en apenas cuatro días de protestas. La letalidad fue inédita: casi la mitad de las muertes registradas durante más de 150 días de protestas en 2019, concentradas en solo 96 horas. La represión había alcanzado una nueva dimensión de violencia.
Para poner estas cifras en perspectiva: durante los 21 años que comprenden los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera y Hugo Chávez, murieron en protestas 77 personas, según el mismo registro de Provea. En solo los primeros seis años de Maduro, la cifra se triplicó.
Las cárceles del régimen: 18.612 detenciones políticas
Si las calles fueron el escenario de la represión visible, las cárceles se convirtieron en el instrumento de control invisible. Los números que maneja el Foro Penal, la organización no gubernamental venezolana especializada en documentar presos políticos, son abrumadores. Al 29 de diciembre de 2024, había 863 presos políticos en Venezuela. De ellos, 755 son hombres, 106 Mujeres y 1 adolescente; 687 son civiles y 176 Militares.
Pero esta cifra de un momento específico no captura la magnitud total de la represión. Desde 2014, el Foro Penal ha documentado 18.612 detenciones por motivos políticos. Miles de venezolanos han pasado por las cárceles del régimen acusados de delitos como “traición a la patria”, “instigación al odio”, “terrorismo” o simplemente por expresar críticas en redes sociales.
La mayoría de los presos políticos actuales fueron detenidos tras las elecciones de julio de 2024. Según cifras del propio gobierno venezolano, más de 2.400 personas fueron arrestadas entre el 29 de julio y el 13 de agosto de ese año. Esta cifra representa el 94% del total de detenidos registrados durante los cuatro meses completos del ciclo de protestas de 2017. La represión postelectoral de 2024 superó en intensidad y rapidez cualquier oleada anterior.
Además de los presos, más de 9.000 personas viven con medidas restrictivas de libertad impuestas de manera arbitraria: prohibición de salida del país, presentaciones periódicas en tribunales, arraigo domiciliario. Sus vidas están suspendidas en un limbo legal, sin poder trabajar normalmente, viajar o ejercer sus derechos básicos.
El Foro Penal también documenta algo aún más grave: 17 presos políticos han muerto bajo custodia estatal desde 2014. Algunos por falta de atención médica, otros en circunstancias nunca esclarecidas. El régimen siempre negó la existencia de presos políticos, insistiendo en que todos son “terroristas”, “golpistas” o “mercenarios al servicio del imperio”.
El gran éxodo: 7.9 millones de venezolanos huyeron
Si hay una cifra que resume la magnitud de la crisis venezolana es esta: 7.9 millones de personas han abandonado el país, según datos oficiales de ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es casi el 30% de la población que tenía Venezuela cuando Maduro llegó al poder. Para ponerlo en perspectiva: es como si Argentina viera emigrar a 12 millones de ciudadanos oEspaña perdiera 14 millones de habitantes en una década.
Este éxodo es la segunda mayor crisis migratoria del mundo contemporáneo, solo superada por Siria. Pero hay una diferencia crucial: Siria está en guerra civil desde 2011. Venezuela no tuvo guerra —al menos no oficialmente— y sin embargo expulsó a casi un tercio de su población.
La mayoría de los venezolanos desplazados, aproximadamente 6.7 millones, permanece en América Latina y el Caribe. Colombia absorbió más de 2.8 millones. Perú acogió a más de 1.5 millones. Chile, Ecuador, Brasil, Argentina, cada uno recibió cientos de miles. Según reportó ACNUR en junio de 2024, Venezuela lidera el ranking mundial de refugiados reconocidos y personas que necesitan protección internacional: 370.200 tienen estatus formal de refugiados y otros 5.9 millones requieren protección internacional.
La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), coordinada por ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, proyectó en diciembre de 2024 que el número de migrantes y refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe alcanzará 7.03 millones en 2025 y 7.32 millones en 2026. Otros 730,000 venezolanos más abandonarán el país en estos dos años, según estas estimaciones. La hemorragia migratoria no se detiene.
Este éxodo tiene rostros concretos: familias enteras que caminaron miles de kilómetros desde Caracas hasta Lima o Santiago de Chile, cargando niños pequeños y lo poco que pudieron llevar. Médicos venezolanos manejando Uber en Buenos Aires. Ingenieros petroleros trabajando en restaurantes de Miami. Abogadas limpiando casas en Madrid. Una generación completa de profesionales dispersa por el mundo, con títulos universitarios que muchas veces no son reconocidos en los países de acogida. Es la mayor diáspora en la historia de América Latina.
Censura, cierre de medios y periodistas detenidos
La represión de Maduro no se limitó a las calles y las cárceles. La libertad de prensa, ese termómetro esencial de cualquier democracia, fue sistemáticamente desmantelada. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025 elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), Venezuela ocupó el puesto 160 de 180 países. Solo 20 países en el mundo tienen peor libertad de prensa que Venezuela. En América Latina, únicamente Cuba (165) y Nicaragua (172) están por debajo.
RSF documenta que tras el acceso de Maduro al poder, las medidas gubernamentales contra la pluralidad de los medios se acentuaron dramáticamente. La organización registró la desaparición de las ediciones impresas de más de 100 periódicos, víctimas de una política estatal de control de papel prensa y de un marco legal restrictivo que la organización califica como un “estrangulamiento” sistemático de la prensa independiente.
Las emisoras de radio corrieron peor suerte. Según los registros históricos de la organización Espacio Público, al cierre de 2024 se contabilizan al menos 300 emisoras de radio clausuradas desde el año 2003. El grueso de esta ofensiva ocurrió durante la gestión de Nicolás Maduro: solo entre 2003 y 2022 se documentaron 285 cierres, lo que representó el 71% del total de medios de comunicación extintos en ese periodo.
El control sobre los medios radiofónicos se complementó con la reconfiguración del mapa televisivo nacional. Casos emblemáticos como el cese de concesión de RCTV en 2007 —objeto de una sentencia condenatoria contra el Estado por parte de la Corte IDH— sentaron el precedente para la posterior “asfixia económica” y cambio forzado de línea editorial de plantas como Globovisión en 2013, eliminando los últimos espacios de crítica con alcance nacional en señal abierta.
En la era digital, la censura adoptó nuevas formas. Según el informe «Redes de Control» de la organización VE sin Filtro, entre julio de 2024 y enero de 2025 se ejecutaron 79 bloqueos contra sitios web de medios de comunicación, servicios de VPN y plataformas de derechos humanos. Esta estrategia, validada por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, limitó el acceso a información independiente en momentos críticos, afectando incluso el uso de aplicaciones de mensajería y redes sociales mediante restricciones aplicadas por proveedores de internet estatales y privados.
Para los periodistas, ejercer su profesión se volvió un acto de valentía que podía costar la libertad. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) documentó en mayo de 2025 que 15 periodistas permanecían detenidos arbitrariamente. La organización, respaldada por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), destaca que 12 de estos comunicadores fueron arrestados en el contexto de las protestas tras las elecciones de julio de 2024, enfrentando cargos graves como ‘terrorismo’, ‘incitación al odio’ y ‘conspiración’, delitos que las organizaciones internacionales califican como un uso instrumental del sistema judicial para silenciar la cobertura independiente.
Muchos periodistas optaron por el exilio. Según estimaciones de organizaciones gremiales, más de 300 periodistas venezolanos están trabajando desde el extranjero, informando sobre su país desde Colombia, Estados Unidos, España o Argentina. Informar desde dentro de Venezuela se convirtió en sinónimo de autocensura o riesgo permanente.
El colapso económico: una economía reducida al 28%
Pero si hay un área donde el desastre alcanzó proporciones históricas fue la economía. Según la base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, la economía venezolana de 2024 representa apenas el 28% de lo que era en 2013. Dicho de otra forma: casi tres cuartas partes de la economía se evaporaron en poco más de una década. Es uno de los colapsos económicos más severos jamás registrados en un país en tiempos de paz.
El propio Banco Central de Venezuela reconoció en 2019 que la economía había perdido más de la mitad de su tamaño en solo cinco años. Entre el tercer trimestre de 2013 y el tercero de 2018, el PIB cayó un 52.3%. Otros análisis económicos independientes calculan caídas de entre 80% y 83% en el período completo 2013-2021.
Para entender la magnitud: durante la Gran Depresión de los años treinta, considerada la peor crisis económica del siglo XX, la economía estadounidense cayó aproximadamente un 30%. Venezuela perdió casi tres veces más que eso. Solo países devastados por guerras —como Irak, Líbano o la antigua Yugoslavia— han experimentado colapsos económicos de esta magnitud.
La hiperinflación que pulverizó el dinero
La palabra que define este período es hiperinflación. Entre 2017 y 2021, Venezuela vivió cuatro años consecutivos de hiperinflación, un fenómeno económico extremadamente raro en la historia moderna. En 2018, la inflación anual alcanzó el 130,060%, según cifras del propio Banco Central de Venezuela. Para poner esto en perspectiva: un producto que costaba 100 bolívares en enero, costaba 130.000 bolívares en diciembre del mismo año.
Los billetes se convirtieron en papel sin valor. Los venezolanos comenzaron a pesar el dinero en vez de contarlo porque era más rápido. Se hicieron virales las imágenes de personas fabricando carteras y bolsos con billetes de bolívares porque el material valía más que el dinero en sí. La inflación acumulada entre 2013 y 2019 superó los 5,395 millones por ciento, según datos oficiales. Los ahorros de toda una vida se evaporaron en semanas. Las pensiones quedaron reducidas a centavos de dólar.
Para 2026, aunque técnicamente Venezuela salió de la hiperinflación, el FMI proyectó una inflación del 682 %.
Mientras tanto, la economía venezolana se dolarizó de facto: las transacciones se realizan mayoritariamente en dólares estadounidenses, con el bolívar relegado a un papel marginal.
El petróleo que dejó de fluir
Venezuela posee las reservas probadas de petróleo más grandes del planeta. Durante décadas, el petróleo financió los programas sociales del chavismo y mantuvo a flote al país. Pero bajo Maduro, incluso esta ventaja natural se convirtió en una maldición. Los ingresos por exportaciones petroleras cayeron de 85,603 millones de dólares en 2013 a 29,810 millones en 2018, según datos de la OPEP. Una caída del 65% en solo cinco años.
Según los datos más recientes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)y registros de Trading Economics, la producción de crudo cerró el año 2025 con un promedio de 1,14 millones de barriles diarios (mb/d) según cifras oficiales, aunque fuentes secundarias sitúan la cifra real cerca de los 934.000 bpd.
Si bien estos números representan una mejora frente al mínimo histórico de 392.000 bpd registrado en julio de 2020, la cifra sigue estando a una fracción de los 3,5 millones de barriles diarios que el país producía a finales de la década de los noventa. Aunque Venezuela logró recuperar el puesto como tercer productor de la región —rebasando nuevamente a Colombia—, la brecha frente a potencias como Brasil (3,2 mb/d) o Guyana (600.000+ bpd y en ascenso) es ahora estructural.
PDVSA, la empresa petrolera estatal que fue orgullo nacional, quedó desmantelada por una combinación letal de corrupción rampante, incompetencia técnica y falta de inversión. Las sanciones estadounidenses, impuestas desde 2017 y endurecidas progresivamente, complicaron aún más el panorama.
Las plataformas petroleras en el lago de Maracaibo se oxidaron. Los campos petroleros del oriente del país operan con equipos obsoletos. Los oleoductos tienen fugas. Venezuela, el país con más petróleo del mundo, importa gasolina porque sus refinerías no funcionan. Las colas de automóviles esperando combustible durante horas o días se convirtieron en una imagen habitual durante años.
El panorama se ha visto agravado por el endurecimiento de las tensiones diplomáticas a finales de 2025; tras un breve alivio mediante licencias especiales (como la de Chevron), el inicio de 2026 está marcado por una nueva fase de restricciones y vigilancia naval sobre los buques sancionados, lo que dificulta el objetivo gubernamental de alcanzar la meta de los 2 millones de barriles.
El impacto social: 87% en la pobreza
Las consecuencias humanas de este colapso son devastadoras. Según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), el 86.9% de la población venezolana vive en situación de pobreza. Casi nueve de cada diez venezolanos no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. El desabastecimiento de alimentos y medicinas se convirtió en una crisis humanitaria que aún persiste.
En el sector salud, la Encuesta Nacional de Hospitales reportó que el desabastecimiento de insumos básicos en salas de emergencia alcanzó un promedio del 70%, según los últimos datos disponibles para 2024. No hay guantes, jeringas, anestesia. Los quirófanos están cerrados por falta de equipos. Los pacientes deben llevar sus propios medicamentos, vendas, suero. La mortalidad infantil y materna aumentó dramáticamente. Enfermedades que se creían erradicadas —como el sarampión, la difteria, la malaria— reaparecieron.
La crisis social en Venezuela ha golpeado con especial dureza a los extremos de la población y al sector académico. Según el último reporte de Cáritas Venezuela, la desnutrición aguda infantil en zonas vulnerables se mantiene en niveles de crisis, mientras que las personas mayores enfrentan una situación de “indigencia institucionalizada”.
La organización Convite AC reporta que las pensiones estatales apenas cubren el 2% de las necesidades nutricionales básicas de un adulto mayor. En el ámbito educativo, el Observatorio de Universidades advierte que el sistema público de educación superior,otrora gratuito y de calidad, está en riesgo de parálisis técnica: con salarios que para finales de 2025 no superaban los 15 dólares mensuales en el escalafón inicial, miles de catedráticos han abandonado las aulas, dejando a las universidades históricas del país con menos de la mitad de su planta docente original.
El legado de Maduro: un país destrozado
Estos números —resultado de años de trabajo meticuloso de investigadores, economistas, activistas de derechos humanos y periodistas— cuentan la historia de una nación destrozada.
La captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el sábado cierra este capítulo de forma abrupta y genera infinitas preguntas sobre el futuro. Pero independientemente de lo que venga, el legado de sus 12 años en el poder es indiscutible: un país en ruinas que tardará décadas en recuperarse, si es que lo hace algún día.
