El dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados esta madrugada en el marco de una operación militar estadounidense en Venezuela. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde serán juzgados por conspiración para cometer narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína y posesión de armas de guerra. En el proceso judicial iniciado en el Distrito Sur de Nueva York, Maduro es acusado de liderar una red criminal transnacional identificada por Estados Unidos como el Cártel de los Soles.

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Sin embargo, el régimen de Maduro lleva años siendo investigado por otros brutales delitos: las escalofriantes violaciones a los derechos humanos.

Desde 2018, la Corte Penal Internacional (CPI) mantiene abierta una investigación formal, denominada “Situación Venezuela I”, por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos desde 2014. La CPI inició su examen preliminar en febrero de 2018 tras recibir remisiones de seis países latinoamericanos. En marzo de 2024, la Sala de Apelaciones confirmó la vigencia de la investigación y rechazó todos los argumentos del régimen venezolano.

El caso internacional se apoya en informes, indicios y testimonios que señalan un patrón de represión sistemática contra opositores y críticos del régimen chavista. Esa conclusión fue explicitada por la Fiscalía de la CPI. El entonces fiscal jefe, Karim Khan, sostuvo: “Existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, son graves y exigen investigación y enjuiciamiento”, y rechazó que el sistema judicial venezolano tenga capacidad real para juzgarlos.

Las investigaciones reportan persecuciones políticas, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual cometidas, principalmente, por miembros de las fuerzas del Estado y grupos progubernamentales, con indicios de participación y aprobación de altas autoridades, de acuerdo con la Fiscalía de la CPI. Según la Fiscalía de la CPI, “desde al menos abril de 2017 en adelante, miles de opositores fueron perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada; cientos fueron torturados; y fueron sometidos a formas de violencia sexual, incluida la violación”. 

Khan detalló que las víctimas sufrieron “palizas, asfixia, casi ahogamientos y descargas eléctricas”, durante períodos prolongados de detención. Para la Fiscalía, no se trató de hechos aislados. La investigación concluyó que estos crímenes formaron parte de “un ataque contra la población civil de conformidad con una política de Estado”, que fue “como mínimo alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela” y ejecutada principalmente por fuerzas de seguridad, con apoyo de grupos progubernamentales.

La cronología judicial evidencia intentos fallidos del régimen venezolano para bloquear el proceso. En marzo de 2024, la Sala de Apelaciones de la CPI rechazó definitivamente los seis motivos de apelación presentados por Caracas, autorizando que la investigación avance y continúe recabando evidencias y testimonios. En su escrito ante la CPI, Khan también subrayó que el régimen “no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte”, desarmando el principal argumento de Caracas para frenar el proceso. Además, la política de “complementariedad positiva” impulsada por la Fiscalía para mejorar el sistema judicial local, mediante asistencia técnica y diálogo, fue declarada agotada a finales de 2025 por falta de cooperación del Estado venezolano.

En diciembre de 2025, la Asamblea Nacional del régimen intentó evadir a la Justicia internacional y derogó la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma, una maniobra que buscaba retirar al país de la jurisdicción de la CPI. Sin embargo, expertos jurídicos explicaron que los crímenes cometidos hasta el momento bajo investigación seguirán siendo competencia de la Corte, independientemente del retiro formal.

De hecho, el el patrón de crímenes documentados es amplio y está avalado por informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU. Entre las principales conclusiones destaca la existencia de más de 2.000 detenciones arbitrarias tras las elecciones de julio de 2024.

También se documenta el uso de tortura por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que incluyó violencia sexual, palizas, descargas eléctricas y desapariciones forzadas durante periodos prolongados de incomunicación, según el Instituto CASLA y la CPI.

El lapidario informe de Bachelet

La causa en la CPI no fue la única pesadilla para el régimen en los últimos años. Hasta los otrora aliados tuvieron la capacidad de señalar las violaciones sistemáticas del chavismo. La ex presidenta chilena y también ex Alta Comisionada Michelle Bachelet denunció en sus informes para la ONU, publicados desde 2019 y actualizados anualmente, la persistencia de torturas, abusos y ejecuciones extrajudiciales, responsabilizando a fuerzas estatales y colectivos armados asociados al chavismo de la mayoría de las muertes violentas. “Documentamos numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y colectivos armados, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención”, afirmó Bachelet en su último informe ante la ONU.

El trabajo documentaba las graves condiciones de detención, la impunidad predominante ante delitos cometidos contra opositores, el control informativo y la falta de respuesta judicial frente a denuncias de tortura, violencia sexual y malos tratos. Además, el OHCHR reportó casos de violencia sexual de género contra mujeres y niñas, con responsabilidad atribuida a miembros del SEBIN, la DGCIM y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y alertó sobre la carencia de instalaciones y personal adecuados para la vigilancia de mujeres detenidas.

En 2022, la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas sobre Venezuela documentó 122 casos de víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de la dictadura chavista desde 2014. Los métodos empleados, la creación de centros clandestinos de detención y el desarrollo de un plan de persecución sistemática contra la oposición del régimen de Nicolás Maduro evocan prácticas de las dictaduras latinoamericanas de los años 70.Marta Valiñas presentó el informe que acusa a las agencias del régimen chavista

Entre las técnicas identificadas se encuentran posiciones de tensión, como la denominada “crucifixión”, en la que las víctimas eran esposadas con los brazos extendidos a tubos o rejillas, y “el pulpo”, que consistía en un cinturón metálico con cadenas para inmovilizar muñecas y tobillos. También se registraron casos de asfixia mediante bolsas de plástico, sustancias químicas o cubos de agua, así como golpes con palos u objetos contundentes.

Las descargas eléctricas aplicadas en los genitales u otras zonas del cuerpo formaban parte del repertorio de torturas, junto con amenazas de muerte o de violencia adicional y amenazas de violación dirigidas a la víctima o a sus familiares. Además, se forzaba a las personas a permanecer desnudas en habitaciones a temperaturas extremadamente bajas y se reportaron casos de encadenamiento prolongado. “La recurrencia de estas prácticas revela la existencia de un patrón de represión sistemática”, denunció entonces la Misión de la ONU.

“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, explicó Marta Valiñas, entonces presidenta de la Misión.

Un caso emblemático es el reporte de Provea y el Centro Gumilla de 2023, que documentó 824 muertes en ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad estatales solo en 2022, reflejando la “institucionalización de la acción deliberada de producir muerte” y la impunidad sistemática. El ex director de Provea, Rafael Uzcátegui, advirtió entonces: “Las cifras de ejecuciones extrajudiciales muestran claramente que la violencia estatal es una herramienta sistemática de control social”.

Actualmente, la investigación de la CPI sigue activa. Maduro fue capturado hoy por los EEUU en un operativo sin intervención de los organismos internacionales cuyo desenlace es aún incierto, pero durante años la sociedad venezolana ha exigido justicia ante la comunidad internacional, utilizando los canales legales previstos y reconocidos por el derecho internacional para proteger a las víctimas de los crímenes documentados. Las denuncias, presentadas ante organismos multilaterales y cortes internacionales, reflejan la búsqueda persistente de justicia a través de vías institucionales, enfrentando la represión y, muchas veces, el silencio de la comunidad internacional.

La líder venezolana María Corina Machado difundió este sábado un comunicado en el que celebra la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, declarando que ha llegado «la hora de la libertad» para Venezuela y llamando a una transición democrática inmediata.

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En el mensaje, publicado en sus redes sociales y acompañado de una imagen con su firma, Machado afirma: «Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones». Atribuye la acción a la decisión del gobierno estadounidense de «hacer valer la ley» ante la negativa de Maduro a una salida negociada.

La opositora enfatiza que es momento de restaurar la «soberanía popular y nacional», liberar a los presos políticos, reconstruir el país y facilitar el retorno de los emigrantes. Reitera que Edmundo González Urrutia, candidato opositor en las elecciones de 2024, es el «legítimo Presidente de Venezuela» y debe asumir de inmediato su mandato, siendo reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada.

«Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática», señala Machado.

Dirigiéndose directamente a los venezolanos, insta a los que están en el país a estar «listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar» a través de canales oficiales, mientras que a los de la diáspora les pide movilizarse para comprometer a gobiernos y ciudadanos internacionales en la «gran operación de construcción de la nueva Venezuela».

El comunicado concluye con un tono de optimismo y fe: «Venezuela será libre! Vamos de la mano de Dios, hasta el final».

El dirigente del partido gobernante venezolano, Nahum Fernández, dijo a The Associated Press que Nicolás Maduro y su esposa se encontraban en su residencia dentro de la instalación militar de Fuerte Tiuna cuando fueron capturados.

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“Ahí fue donde bombardearon”, afirmó. “Y ahí llevaron a cabo lo que podríamos llamar un secuestro del presidente y de la primera dama del país”, agregó.

Por su parte, en entrevista con Fox News, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran a bordo del buque de guerra estadounidense Iwo Jima y se dirigía a Nueva York, donde enfrentará un proceso judicial.

El mandatario estadounidense dijo que el Ejército estaba preparado para realizar hoy una “segunda oleada” de ataques sobre Venezuela, pero afirmó que la primera acometida “fue tan letal” que no hicieron falta acciones adicionales.

Miembros de la Guardia Nacional vigilan Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, en Caracas, el 3 de enero de 2026, después de que fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro tras lanzar un ataque a gran escala contra el país sudamericano.

Trump además afirmó que Estados Unidos tomará decisiones sobre lo que sigue para Venezuela tras capturar al presidente del país sudamericano y sacarlo del territorio.

En tempranas horas del sábado, Trump anunció que Estados Unidos lanzó un “ataque a gran escala” contra Venezuela y afirmó que su presidente, Maduro, fue capturado y trasladado fuera del país.

De acuerdo con informes de la prensa, se trataron de múltiples explosiones que retumbaron, mientras el gobierno de Maduro acusaba de inmediato a Estados Unidos.

Según la ley venezolana, ante este escenario, la vicepresidenta Delcy Rodríguez debería asumir el poder. Sin embargo, al momento, no ha habido confirmación de si eso ocurrió.

“El presidente Nicolás Maduro ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado del país. Esta operación se llevó a cabo en conjunto con las fuerzas del orden de Estados Unidos. Más detalles próximamente”, escribió Trump en la publicación divulgada a través de Truth Social.

Maduro fue acusado en marzo de 2020 de conspiración por “narco-terrorismo” en el Distrito Sur de Nueva York.

La madrugada del sábado 3 de enero de 2026 marcó un quiebre definitivo en la inercia política venezolana. Lo que comenzó como una serie de reportes sobre incidentes coordinados en puntos estratégicos de Caracas, rápidamente se transformó en un desafío a la comprensión de los mecanismos de poder en la región. La normalidad de la capital se vio interrumpida por una secuencia de eventos que sugerían una planificación meticulosa, pero fue el anuncio de Donald Trump sobre una “extracción” de Nicolás Maduro lo que terminó por reconfigurar el tablero.

Por: Andrei Serbin Pont – Infobae

Más allá de la agitación inicial, lo que enfrentamos es un escenario donde la narrativa oficial y los hechos tácticos compiten por definir la realidad. En estas primeras horas, la incertidumbre no proviene solo de los eventos en sí, sino de la velocidad con la que el panorama político ha sido forzado hacia un desenlace que pocos anticipaban de esta manera. Entender lo que ocurrió requiere separar el ruido del análisis operativo y observar cómo el silencio del mando central puede ser tan revelador como los eventos mismos.

La lógica táctica: supresión y precisión

Desde una perspectiva militar, la secuencia de eventos en Caracas sigue un patrón doctrinario claro: para habilitar cualquier operación en tierra —especialmente una de extracción de objetivos de alto valor (HVT)— es imperativo obtener la superioridad aérea local. Los reportes de detonaciones sincronizadas sugieren una fase inicial de supresión de defensas aéreas (SEAD/DEAD) y el ataque a nodos críticos de Mando y Control (C2).

En este contexto, la identificación por parte de analistas y observadores de aeronaves MH-47G Chinook es un dato fundamental. La presencia de este modelo no es casual: el MH-47G es la variante de operaciones especiales por excelencia, utilizada casi exclusivamente por unidades de élite como el 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (SOAR) de EEUU. Su empleo confirma que no se trató de una incursión convencional, sino de una misión de alta complejidad técnica, diseñada para inserciones profundas en territorio hostil, reabastecimiento en vuelo y extracciones en entornos urbanos densos.

Si se confirma el uso de estos activos, la prioridad habría sido neutralizar la respuesta del sistema de defensa aeroespacial integral para generar “ventanas” de inserción seguras. Lo relevante no es solo el vector, sino lo que su uso implica: la capacidad de degradar la infraestructura de defensa venezolana en los primeros minutos del ataque para permitir que fuerzas de operaciones especiales operaran quirúrgicamente en el corazón del poder.

El vacío comunicacional como dato de inteligencia

El discurso de Padrino López tras el operativo de EEUU

En el análisis de crisis, el silencio es un dato tan valioso como el ruido. La ausencia de una respuesta coordinada por parte del aparato comunicacional del chavismo tras el anuncio de Donald Trump es un indicador de disrupción en la cadena de mando. Cuando un sistema verticalista pierde la capacidad de reacción inmediata, la hipótesis de una parálisis por daño físico o aislamiento de sus cuadros directivos cobra peso.

Podemos considerar tres escenarios para este silencio:

1. Degradación del C2: Pérdida real de comunicaciones y coordinación central.

2. Fragmentación interna: Actores clave esperando a identificar el centro de gravedad del poder antes de comprometerse.

3. Repliegue táctico: Un intento de verificar lealtades internas ante la sospecha de una filtración.

El factor de la cooperación interna

Una operación de extracción exitosa en un entorno urbano densamente defendido como Caracas es extremadamente compleja sin el componente de inteligencia humana (HUMINT) o la complicidad de elementos internos. La viabilidad de “sacar” a una figura del nivel de Maduro depende de la ruptura de los anillos de seguridad concéntricos. Si los reportes de enfrentamientos dentro de unidades militares son precisos, estaríamos ante la confirmación de fracturas en la cohesión de las FANB, un elemento que los planificadores de la operación habrían explotado sistemáticamente.

Conclusión: el amanecer como auditoría

A medida que la luz del día permite una evaluación más clara de los movimientos en el terreno, entramos en la fase de auditoría de la realidad. Las operaciones de esta magnitud no buscan solo un impacto físico, sino un colapso psicológico del adversario. La gran incógnita ahora no es solo la veracidad de la captura, sino la capacidad de supervivencia de una estructura de poder que ha sido golpeada en sus centros de mando y control.

La ventana de las próximas 72 horas definirá si estamos ante un cambio de régimen consolidado o ante el inicio de una fase de fragmentación interna. En cualquier caso, el precedente sentado esta madrugada altera las reglas del juego diplomático y militar en el hemisferio. La prudencia analítica sigue siendo la mejor herramienta: en este momento, lo que se escribe primero rara vez es la historia completa, pero sí es lo que determina el curso de las decisiones que se tomarán a continuación.

Nicolás Maduro declaró el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una «agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos» la madrugada de este sábado en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira.

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En un comunicado, el Ejecutivo informó de que el jefe de Estado «ha firmado y ordenando la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior», con el fin de «proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada».

Del mismo modo, ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país.

A continuación, el texto íntegro:

La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas.

El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación. No lo lograrán. Tras más de doscientos años de independencia, el pueblo y su Gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía y del derecho inalienable de decidir su destino. El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un «cambio de régimen», en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores.

Desde 1811, Venezuela ha enfrentado y vencido imperios. Cuando en 1902 potencias extranjeras bombardearon nuestras costas, el Presidente Cipriano Castro proclamó: «La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la Patria.» Hoy, con la moral de Bolívar, Miranda y nuestros libertadores, el pueblo venezolano se alza nuevamente para defender su independencia ante la agresión imperial.
Pueblo a la calle

El Gobierno Bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista. El pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular-militar-policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz. Simultáneamente, la Diplomacia Bolivariana de Paz elevará las correspondientes denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General de dicha organización, la CELAC y el MNOAL, exigiendo la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense.

El Presidente Nicolás Maduro ha dispuesto todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas, en estricto apego a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.

En este sentido, el Presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenando la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada. Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista

Del mismo modo ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país.

En estricto apego al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Venezuela se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia. Convocamos a los pueblos y gobiernos de América Latina, el Caribe y el mundo a movilizarse en solidaridad activa frente a esta agresión imperial.

Como señaló el Comandante Supremo Hugo Chávez Frías “ante cualquier circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas…es unidad, lucha, batalla y victoria”.

Caracas, 3 de enero de 2025

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares a los de aviones sobrevolando la zona, se registraron alrededor de las 02:00 hora local (06:00 GMT) de este sábado en Caracas, según constató un periodista de la AFP en la capital venezolana.

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A través de las redes sociales, los usuarios postearon videos de explosiones y sobrevuelos en la capital venezolana. En ese sentido, también reportaron ataques aéreos en las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes de la capital afirman escuchar el ruido de aviones sobrevolando la zona.

Las grabaciones de los usuarios en las plataformas sociales muestran los efectos de las explosiones reportadas en Caracas: las imágenes exhiben columnas de humo denso elevándose desde distintos puntos de la ciudad.

Los estallidos ocurrieron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una flota naval en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela y advirtiera que los días del dictador Nicolás Maduro en el poder “están contados”.

Trump afirmó el lunes que Estados Unidos destruyó una zona de atraque utilizada por embarcaciones vinculadas con el narcotráfico en Venezuela, lo que representaría el primer ataque terrestre estadounidense en territorio venezolano.

Por su parte, el líder del régimen respondió una entrevista difundida el jueves que “el sistema defensivo nacional garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios”.

Trump acusa a Maduro de liderar una amplia red de narcotráfico, mientras que Caracas rechaza las acusaciones y sostiene que Washington busca derrocar al dictador para apropiarse de las reservas de petróleo venezolanas.