En esto de la vida pública venezolana hemos dicho hasta el cansancio, como quien siembra una verdad en tierra seca, que no habrá sosiego para el hambre ni remedio para el llanto mientras no se destrabe el nudo político que nos asfixia: sin solución política no hay solución social. No falta, claro está, el terciario de oficio que nos salga al paso con el sonsonete de siempre: que la afirmación es muy general, que carece de piso, que habría que aterrizarla con nombres y apellidos. Pues bien, aterricémosla, y con la Constitución en la mano, que es el único machete que nos queda para abrirnos paso en este berenjenal.

La cosa es tan sencilla como clara: la Asamblea Nacional tiene el deber inexcusable de aplicar el derecho y declarar lo que es evidente: la AUSENCIA ABSOLUTA. El dos de abril se cumplen los primeros noventa días de falta absoluta que señala el artículo 234. Y si la misma Asamblea, en uso de sus facultades, otorgara una prórroga, el dos de julio se cumplirían esos nuevos noventa días. A partir de allí, corren los treinta días perentorios que manda el artículo 233 para convocar a elecciones. Así de simple, así de escrito, así de escupido en la cara del que quiera hacerse el loco.

Pero no seamos ingenuos, que la ingenuidad en este país cuesta más cara que la traición. Los hermanos Rodríguez no están moviendo sus piezas en el tablero para devolvernos la democracia, sino para comprar tiempo, con los dedos bien cruzados y la mirada puesta en noviembre, a ver si el viento del norte se lleva en los cachos a mister Trump durante las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Ahí los tiene usted, braceando desesperados en el chapoteadero, nadando contra la corriente para llegar a la orilla del mes once con el salvavidas que les lanza la falsa oposición, esos perros de presa que hoy ladran que no hay falta absoluta mientras les soba el lomo la mano que les da de comer. Y no faltan los moderados de pega, esos bien peinados y mejor pagados, que repiten como loritos que no habrá elecciones en el corto plazo. Ni tampoco los que se frotan las manos afirmando que no hay nada tan bueno como el pragmatismo de los Rodríguez y que cualquier otro camino es el abismo. Todo para arrimarle la brasa a su sardina y mantener el chicharrón caliente.

El riesgo de dejar pasar la oportunidad que se nos abrió al clarear el 3 de enero es mayúsculo. La calle no puede dormirse, no puede contentarse con el mero grito. La presión social tiene que seguir, tiene que crecer, tiene que trepar por las paredes del palacio hasta convertirse en presión política. Porque si no, mis amigos, si no escalamos de lo social a lo político, si no le metemos el hombro a la solución que manda la Constitución , nos quedaremos eternamente en el mero lamento, y el cambio verdadero, ese que trae el progreso y el bienestar, ese que huele a libertad y sabe a democracia, se nos va a ir de las manos como el agua entre los dedos. Exijamos a la AN la declaratoria de ausencia absoluta.

En Pedro Páramo, la novela de Juan Rulfo, el narrador llega a un pueblo donde las voces parecen venir de otra parte. Los habitantes hablan de deudas, agravios y leyes, pero todo suena como un murmullo lejano. Las palabras siguen circulando, pero han perdido su fuerza. En Comala las normas existen, pero ya no gobiernan la vida: se repiten como ecos en un lugar donde la autoridad se ha vuelto fantasmal. Algo parecido ocurre cuando el derecho deja de cumplir su función esencial: poner límites.

Por: Ramón Escovar León – El Nacional

Toda sociedad necesita un equilibrio entre la energía de la política y la forma de las instituciones. La política moviliza pasiones, crea bandos y empuja los acontecimientos históricos. Las instituciones —en cambio— transforman ese conflicto en reglas, procedimientos y garantías. Cuando ese equilibrio se rompe, la fuerza comienza a desbordar la forma. El derecho deja entonces de ser un límite a los abusos y pasa a convertirse en un instrumento del poder. Y eso lo conocemos muy bien los venezolanos.

La Venezuela contemporánea ofrece un ejemplo dramático de ese desequilibrio. Durante años la política se ha organizado alrededor de la lógica del conflicto schmittiano amigo-enemigo, mientras las instituciones que deberían contener ese enfrentamiento han sido progresivamente absorbidas por el fanatismo ideológico y el sectarismo político.

El caso del abogado y profesor universitario Perkins Rocha ilustra con claridad esta fractura. Su situación judicial muestra hasta qué punto el derecho puede dejar de ser un instrumento para ordenar el conflicto político y convertirse, por el contrario, en uno de sus motores. Así se obstaculiza la evolución democrática.

La boleta judicial que se le notificó señala que el juez le negó la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática aprobada por la Asamblea Nacional, mientras se le imputan delitos de extrema gravedad: terrorismo, conspiración con gobierno extranjero, asociación para delinquir, incitación al odio y traición a la patria. Todo ello sin motivación alguna. Surgen entonces las preguntas elementales: ¿cuáles fueron los actos de terrorismo?, ¿con qué gobierno extranjero habría conspirado?, ¿con quiénes se habría asociado para delinquir?, ¿qué mensajes suyos constituyen incitación al odio?, ¿cuándo y cómo habría ocurrido la supuesta traición a la patria?

La acumulación de cargos es tan desmesurada que termina debilitando su propia verosimilitud jurídica. Ni siquiera en procesos célebres contra grandes criminales se observa algo semejante. Al Capone terminó condenado por evasión fiscal. Joaquín “el Chapo” Guzmán enfrentó acusaciones extensas, pero coherentes dentro de una misma estructura criminal. Incluso en la literatura los grandes villanos resultan más verosímiles. Pedro Páramo, el cacique de Comala, responsable de abusos, venganzas y muertes, jamás necesitó un expediente semejante. Y el propio Popeye, el gánster brutal imaginado por William Faulkner en Sanctuary, fue juzgado y condenado por un delito que ni siquiera había cometido.

El expediente contra Perkins Rocha, en cambio, concentra prácticamente casi todos los delitos posibles en una sola persona. Más que una acusación penal, parece el inventario de la legislación que el poder ha ido construyendo en los últimos años para perseguir a la oposición.

A esa situación se añade la negativa judicial a aplicar la amnistía aprobada por la Asamblea Nacional. El juez invocó el artículo 9 de la ley , el cual establece ciertas exclusiones. Pero incluso si se aceptara esa interpretación —una amnistía con excepciones— el problema jurídico sigue siendo evidente: la amnistía es, por definición, una decisión política destinada a cerrar penalmente un ciclo de confrontación. Por eso, si el juez consideraba que alguna de esas exclusiones impedía aplicarla a Perkins Rocha, debió desaplicar esa disposición ejerciendo el control difuso de la constitucionalidad, como lo habilita el artículo 334 de la Constitución. Todo juez tiene la facultad —y el deber— de inaplicar una norma legal cuando su aplicación contradice la Constitución o vacía de contenido una institución constitucional.

El “grillete” que hoy pesa sobre el tobillo de Perkins Rocha no es solo una medida judicial contra un venezolano. Es también el símbolo de esa inversión del orden institucional: el momento en que la justicia deja de contener el conflicto político y pasa a potenciarlo.

Pero la salida jurídica todavía existe. La decisión que negó la amnistía debe ser revisada y revocada conforme al espíritu de la ley aprobada por la Asamblea Nacional. Y aun si esa vía se bloqueara, la Constitución prevé otra herramienta institucional: el indulto presidencial. El artículo 236, numeral 19, faculta al presidente de la República para concederlo. Como lo ha señalado reiteradamente el maestro del Derecho Penal Alberto Arteaga Sánchez, ese instrumento podría utilizarse para poner fin a procesos que carecen de consistencia jurídica.

Es cierto que a algunos penalistas no les agrada esta solución, porque implicaría conceder un perdón por un delito que no ha sido probado. Pero desde el punto de vista práctico —y considerando que Perkins Rocha ni siquiera ha sido sentenciado— ese indulto procesal produciría el mismo efecto jurídico: la extinción de la acción penal y la libertad del perseguido. Pero sea como sea, lo que debe hacer el Poder Judicial es aplicar sin trabas hermenéuticas la Ley de Amnistía.

La reconciliación nacional exige algo elemental: que el Poder Judicial deje de prolongar la persecución penal contra opositores políticos y contribuya a cerrar el ciclo de confrontación que el país necesita superar. La amnistía no admite medias tintas. Si se aplica, se sobresee la causa por extinción de la acción penal. El expediente se archiva y la persona queda libre. Buscar excusas en interpretaciones expansivas del artículo 9 contradice el espíritu mismo de la amnistía.

Todo lo dicho a propósito de Perkins Rocha vale también para los demás presos políticos, como la periodista Nakary Ramos, y para cualquier otro ciudadano cuya causa responda a la misma lógica de persecución. Porque cuando el derecho pierde su fuerza, las leyes siguen ahí, pero resuenan como murmullos.

Y entonces el país empieza a parecerse demasiado a aquel lugar que describió Juan Rulfo: un pueblo donde todavía se oyen voces, pero donde los vivos ya no gobiernan su destino.

Un país donde el poder camina libre y la libertad lleva un grillete en el tobillo.

Sánchez es ahora «Mr. Hodio», su nueva ley para perseguir a los mensajeros del odio. El chavismo, etapa Maduro, promulgó esa misma ley en 2017, prometiendo 20 años de cárcel a los promotores del odio contra ellos. Dios los cría, se vuelven censores, y ellos se juntan. Se les olvidó «Prohibido, prohibir» de aquel Mayo 68.

Por: Carlos Pérez-Ariza – El Nacional

Ahora que esta presidenta temporal, solo elegida por Trump/CIA, parece ablandarse, su colega en el progresismo de Puebla se endurece. No contento con ser el jefe del único gobierno social-comunista de Europa y controlar casi todo el espacio mediático, Sánchez ha copiado a sus camaradas chavistas declarando a los mensajeros del odio como delincuentes de las redes sociales.

La prensa en libertad siempre molesta. En España, una democracia europea consolidada, tenemos un gobierno que controla todo lo que puede, dejando poco espacio mediático al que disienta. Las compensaciones caen en cascada sobre los medios amables. Acorralan a los que molestan o expanden críticas contra él y sus obedientes ministros, que él llama «odio». Ese control empezó por la televisión pública TVE, que han convertido en una plataforma de propaganda e información subjetiva sobre Sánchez y su administración. Cada medio privado, analógico o digital, se ubica en parcelas definidas por la ideología a la que sirven, que es de la que cobran.

Mr. Hodio es el nuevo inquisidor del reino. Sánchez, un fiel seguidor de los modos del chavismo, acaba de copiar esa forma arbitraria de medir el odio que publiquen sus ‘enemigos’. El odio como delito, medirá la persecución del firmante. ¿Cómo, quién medirá el nivel de odio al gobierno? Ellos mismos, un tribunal írrito con su dedo acusador, señalando a los enemigos de la patria progresista del presidente de la Internacional Socialista y alto comisario de Puebla. La censura encuentra nuevas formas de ejercerse, aunque bebe de fuentes antiguas y tenebrosas.

La información en Venezuela sigue bajo vigilancia del chavismo actual, que representan los hermanos Rodríguez: Delcy y Jorge. Fieles neobolcheviques, no tienen costumbre de aceptar críticas. Los medios tradicionales han sido intervenidos o cerrados, como este diario El Nacional, fundador del sentido democrático del periodismo, como ese legendario cuarto poder, perro guardián de la verdad.

La información digital es fácil de prohibir, mediante barreras tecnológicas para que los venezolanos de dentro no puedan acceder. Ayudados por empresas extranjeras concesionarias, como Telefónica de España. Los canales de información de uso común en el mundo, tales como Facebook, X, TikTok, Youtube, entre otros, están controlados por el narcoestado chavista. Bloquean herramientas de acceso, como VPN y DNS. Hoy, los algoritmos no son inocentes ni imparciales.

A esta fecha nada permite confiar en que este nuevo gobierno, que es el mismo de antes, vaya a levantar la férrea censura de prensa. Dirigen una muy dudosa senda a la transición, en la que se podría creer si dejan renacer la plena libertad de expresión, que fue garantía de la democracia venezolana, que ellos calcinaron. Estos chavistas no han llegado a tener una prensa oficial, como aquel Pravda (La verdad) bolchevique o el Granma cubano, al colonizar a los medios existentes, no han necesitado más.

Con la libertad de expresión hay que estar a favor o en contra, no hay términos medios. En estos casos que sufrimos han funcionado dos sistemas: la compra o expropiación del medio y la autocensura –que engendra las amenazas y el miedo–. En vez de un medio oficial, tienen muchos controlados donde no se publicará nada adverso al gobierno. Hay una diferencia notable. En España se señala, persigue a los periodistas sin encarcelarlos aún. En Venezuela, hoy siguen tras las rejas dos docenas de colegas. En ambos casos, la libertad de expresión está en grave peligro de extinción en España y extirpada en Venezuela. Se recuerda a Martin Luther King: “La libertad nunca se concede voluntariamente; debe ser conquistada por los oprimidos”.

La polarización de la prensa es un fenómeno antiguo. El Watergate que ventiló The Washington Post en los setenta habría cogido otro sendero si aquel diario no hubiera sido prodemócrata. Eso ha ido a más. En Estados Unidos y aquí en España, se puede distinguir en qué bloque ideológico se sitúa cada diario. Hay que leer la misma noticia en dos, tres o cuatro publicaciones para ver cómo cada uno titula, sesgadamente, a un lado u otro.