Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

El presidente de Estados UnidosDonald Trump, anunció este martes en declaraciones a la prensa que otorgará “tres o cuatro días” al grupo terrorista Hamas para responder a su propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza, una iniciativa presentada el lunes junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Trump aseguró que tanto “los países árabes como los países musulmanes están a bordo”, así como Israel, y subrayó que la respuesta ahora depende de Hamas. “Hamas lo hará o no, pero si no lo hace va a ser un final muy triste”, afirmó el mandatario estadounidense en conversación con periodistas al salir de la Casa Blanca.

Infobae

“Sólo estamos esperando a Hamas”, señaló Trump, reiterando que el grupo cuenta con “unos tres o cuatro días” para emitir su respuesta. Consultado acerca de la posibilidad de renegociar aspectos del plan, sostuvo: “No mucho”, limitando el margen para futuras enmiendas por parte de los negociadores.

La iniciativa, detallada este lunes tras una reunión con Netanyahu en la Casa Blanca, prevé la liberación de todos los rehenes aún retenidos por Hamas en un plazo de 72 horas, así como la desmilitarización de la Franja de Gaza y su entrega a un gobierno de transición compuesto por tecnócratas palestinos y expertos internacionales. De acuerdo con la propuesta, los miembros de Hamas que depongan las armas recibirán amnistía.

En el marco de este esquema, Trump contempla la formación de un ejecutivo de transición bajo la supervisión de una “Junta de la Paz” presidida por él mismo y con la participación del ex primer ministro británico Tony Blair. El planteamiento excluye a Hamas de cualquier rol futuro en la gobernanza del enclave y permitiría, en una etapa siguiente, el traspaso de la administración a una Autoridad Palestina previamente reformada. No obstante, Netanyahu aclaró que esta entidad solo podría asumir un papel en el futuro si atraviesa una “reforma radical”.

De acuerdo con el documento, a cambio de la liberación de los 48 rehenes en poder de Hamas —tanto vivos como muertos—, Israel debería excarcelar a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos tras los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023. Estados Unidos, en caso de avance del acuerdo, garantizaría el envío de ayuda humanitaria, cuya distribución quedaría a cargo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En materia de seguridad, Netanyahu afirmó que las tropas israelíes permanecerán desplegadas “en la mayoría” de Gaza, y reiteró su negativa a aceptar la creación de un Estado palestino, posición que ha dejado abierta una brecha en la política interna israelí. Sectores ultraderechistas, como el ministro de FinanzasBezalel Smotrich, expresaron su oposición a cualquier concesión que implique dicho reconocimiento o la reducción de la presencia militar israelí en el enclave.

Mientras tanto, Qatar, uno de los países mediadores junto a Egipto y Turquía, confirmó que Hamas ha recibido la propuesta y “la estudiará de forma responsable”. El gobierno qatarí apuntó que “es demasiado pronto” para anticipar una respuesta y que se realizarán reuniones este mismo martes para analizar el contenido del plan en detalle.

La Yihad Islámica palestina rechazó el plan de paz para Gaza presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y respaldado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

EFE

La organización, que mantiene a parte de los rehenes israelíes en la Franja, calificó la iniciativa como “una receta para continuar la agresión contra el pueblo palestino” y advirtió que representa exclusivamente los intereses estadounidenses e israelíes.

En un mensaje difundido por su canal de Telegram, el líder de la Yihad Islámica, Ziyad al Nakhalah, afirmó: “Lo anunciado en la conferencia de prensa entre Trump y Netanyahu es un acuerdo estadounidense-israelí, una expresión de la postura completa de Israel y una fórmula para la agresión continua contra el pueblo palestino”.

Al Nakhalah sostuvo que el plan es un intento por “imponer a través de Estados Unidos lo que no se ha podido lograr mediante la guerra”, advirtiendo además que se trata de “una fórmula para una explosión regional”.

Esta postura marca el primer rechazo formal de una de las facciones islamistas de la Franja de Gaza ante la propuesta estadounidense. Mientras tanto, Hamas comunicó que sigue revisando el plan y que aún no ha adoptado una decisión definitiva. Egipto y Qatar, tradicionalmente mediadores en el conflicto, confirmaron haber entregado la propuesta estadounidense a los líderes de Hamas para su estudio.

Fuentes de seguridad egipcias citadas por el canal Al Qahera News señalaron en las últimas horas: “Egipto y Qatar entregaron a Hamas la propuesta estadounidense de un alto el fuego en Gaza, y el movimiento confirmó que está estudiando el plan de manera positiva y objetiva”. Por su parte, medios árabes reportaron que altos funcionarios qataríes y egipcios, incluido el primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman, y el jefe de la inteligencia egipcia, Hasán Rashad, informaron sobre los detalles del plan a la dirigencia de Hamas, incluyendo la exigencia del desarme y la exclusión de la organización de cualquier papel futuro en la administración de Gaza.

El plan de paz de 20 puntos impulsado por Washington prevé un alto el fuego inmediato, la retirada gradual de las fuerzas israelíes de la Franja, la liberación de todos los rehenes a cambio de la excarcelación de cientos de prisioneros palestinos y la entrada de ayuda humanitaria gestionada por Naciones Unidas.

Además, establece que Hamas debe ser desarmado y quedar excluido de la autoridad administrativa adoptada para la etapa de transición. La propuesta contempla la formación de un gobierno técnico con palestinos independientes y expertos internacionales, bajo la supervisión de una denominada Junta de la Paz presidida por Trump, donde participaría también el ex primer ministro británico Tony Blair.

El texto no aporta detalles ni compromisos claros sobre la creación de un Estado palestino, limitándose a abrir la posibilidad de negociaciones a futuro si se cumplen las condiciones de desmilitarización y reformas institucionales. La falta de referencia concreta a la autodeterminación es uno de los puntos señalados por los grupos palestinos como motivo de su rechazo.

La respuesta de la Yihad Islámica se suma en un contexto donde Hamas retiene a parte de los 48 rehenes que aún permanecen en Gaza y mantiene contactos antiguos tanto con Egipto como con Qatar, las dos principales potencias regionales implicadas en la mediación. Mientras la organización islamista evalúa la propuesta, el liderazgo israelí sostiene que si no hay aceptación, la vía militar continuará. Netanyahu advirtió que cuenta con el respaldo de Trump para “acabar el trabajo” en Gaza en caso de que no haya acuerdo.

Por otro lado, varios Estados de la región, entre ellos Arabia Saudí y Turquía, han manifestado su disposición a respaldar la hoja de ruta planteada desde Washington. No obstante, la oposición de la Yihad Islámica y las dudas expresadas por facciones armadas muestran la complejidad de alcanzar una solución política consensuada.

La propuesta estadounidense surge tras meses de intensos combates, ataques y bombardeos en Gaza y se inscribe en una estrategia para garantizar un relevo gubernamental que excluya a Hamas de la administración de la Franja. De acuerdo a los mediadores regionales, cualquier avance hacia una tregua y reconstrucción dependerá de la aceptación o rechazo por parte de los actores palestinos armados y de las garantías sobre el cumplimiento de los requisitos impuestos por el acuerdo.

En el marco del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA 2025), el canciller venezolano Yván Gil sostuvo encuentros bilaterales con representantes de 46 países.

Tal Cual

A través de su canal de Telegram, el funcionario fue divulgando fotografías de sus sucesivos encuentros con los de otras naciones. La lista dibuja con claridad el mapa diplomático de Nicolás Maduro: una red de aliados marcada por regímenes autoritarios, economías extractivistas y gobiernos cuestionados en materia de derechos humanos.

De los 46 países, 28 (61%) están clasificados por Freedom House 2025 como “No Libres”, un grupo donde figuran Rusia, Bielorrusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, Tayikistán, Ruanda y varios gobiernos africanos como Chad, Sudán, Mali o Burkina Faso. Otros 10 (22%) son considerados “Parcialmente Libres”, entre ellos Serbia, Sri Lanka, Mozambique, Bolivia y Benín, caracterizados por instituciones débiles y restricciones políticas crecientes.

De los que se reunieron con Gil, solo ocho países (17%), como Barbados, Ghana, Namibia, Kenia o Senegal, son catalogados como “Libres”, lo que evidencia que la mayoría de los interlocutores de Caracas pertenecen a entornos donde las libertades políticas y civiles están severamente limitadas o bajo amenaza.

Esos ocho países equivalen al 4% de las naciones reconocidas como parte de la Organización de las Naciones Unidas (193).

Por su parte, de los 46 países, 25 (54%) son catalogados como regímenes autoritarios según el Índice de Democracia 2024 de The Economist Intelligence Unit.

Lea la nota completa siguiendo este enlace a Tal Cual

«Quién se oponga a que Venezuela sea defendida como sea y a la hora que sea está en estado general de sospecha», dijo este lunes 29 de septiembre el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante la rueda de prensa del partido. Estas declaraciones las dio tras ser consultado sobre el rechazo del partido Unión y Cambio del Decreto de Estado de Conmoción.

Tal Cual

«Los cobardes de Unión y Cambio y los que quieren entregar el país, están reducidos, Maduro les ha demostrado cómo se dirige un país en situaciones de crisis, asedio y agresión», insistió.

El también ministro de Interior, Justicia y Paz criticó a los integrantes de esta tolda política de no levantar la voz fuerte «porque el amo (Estados Unidos) se puede dar cuenta. Son unos lavaperros, flojos y cobardes, no tienen idea de nada. A los cobardes no los respeta nadie», recalcó.

Esta posición del PSUV se da en medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump desplegara barcos de guerra, aviones y hasta un submarino en el Caribe para combatir el narcotráfico. Por su parte, el oficialismo ha desplegado buques, ha comenzado a entrenar a la milicia y han afirmado que los venezolanos están listos para cualquier escenario.

«Mentiroso, pura coba»

Cabello también desestimó el más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela y los tildó de «mentiroso, pura coba». Afirmó que esos son informes enviados por la líder de la oposición, María Corina Machado, «en su locura» y ellos «lo reproducen y lo dan por cierto».

En ese mismo sentido, agregó que cuando se le reclama a la ONU por esos informes, ellos se justifican en que no se les permite la entrada al país «para verificar la situación».

«No se van a pronunciar por lo que hace EEUU porque ellos les pagan el sueldo. La ONU tiene que soltar las amarras, es una organización esclavizada, tienen años votando porque se levante el bloqueo contra Cuba y nada ha pasado», añadió.

La semana pasada, la ONU publicó un informe sobre la situación en el país del último año en el contexto poselectoral del año pasado.

El Gobierno de Ecuador ha denunciado este lunes que un convoy con ayuda humanitaria ha sido atacado con violencia por manifestantes en Cotacachi, en la provincia de Imbabura, con la particularidad de que el convoy estaba encabezado por el presidente, Daniel Noboa, y varios de sus ministros en medio de las protestas del paro nacional indefinido convocado por las organizaciones indígenas, que cumple este lunes su octavo día.

La Gaceta de la Iberosfera

«El ataque se dio de una manera inesperada y los militares lo que hacen es repeler el ataque», ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo.

El convoy, formado por unos 100 vehículos militares y civiles, fue emboscado por unas 350 violentos izquierdistas e indigenistas que lanzaron cócteles molotov contra los vehículos. El convoy estaba escoltado por unos 50 militares, 17 de los cuales están ahora secuestrados por los asaltantes.

Jaramillo ha destacado que además de Noboa viajaban en el convoy los ministros de Defensa, John Reimberg, y de Gobierno, Giancarlo Loffredo, así como representantes internacionales como el nuncio apostólico, Andrés Carrascosa; la embajadora de la Unión Europea, Jekaterina Dorodnova; la coordinadora residente de la ONU, Laura Melo, y el embajador de Italia, Giovanni Davoli. «El objetivo del presidente es velar y proteger la vida de todos los ecuatorianos, pero hay grupos infiltrados que buscan el enfrentamiento y no representan a la ciudadanía», ha recalcado.

Esta agresión demuestra que no se trata de manifestaciones pacíficas, sino de delitos cometidos por grupos violentos e infiltrados. «Hemos dado en evidencia una vez más que no se trata de manifestaciones pacíficas, sino de actos terroristas. La seguridad y la vida de los ecuatorianos es la prioridad. Rechazamos los ataques violentos, la retención de servidores públicos y la destrucción de bienes públicos y privados. Esto ya no es protesta, son delitos», ha añadido.

En cuanto al paro, Jaramillo ha subrayado que el Gobierno no dialogará con los convocantes de la protesta, que protestan por la eliminación del subsidio al diésel. «No vamos a negociar y no vamos a retroceder porque esto significaría dejar de entregar beneficios directamente a quienes más lo necesitan», ha argüido.

Felipe VI se dirigió a la Asamblea General de la ONU en nombre de España el pasado miércoles 24. Fue su tercera intervención en este foro desde su proclamación como Rey en el año 2014 y la primera desde que Pedro Sánchez ocupa la Presidencia del Gobierno. Su alocución a una sala medio vacía —leal reflejo de la irrelevancia a la que el 78 ha sumido a España en el concierto de las naciones del mundo— ha impulsado clamores de indignación entre los monárquicos y variopintos aplausos en el Gobierno de coalición de socialistas y comunistas, así como en el bloque federalista parlamentario que lo sostiene.

Por: Javier Torrox – La Gaceta de la Iberosfera

El monarca manifestó su adhesión a la Agenda 2030 el mismo día que este programa de ingeniería social fue adoptado por la ONU en septiembre de 2015. Pero no ha sido hasta ahora, al cabo de diez años, que la sociedad española ha sido plenamente consciente del grado de implicación de Felipe en este proyecto de la élite global-socialista mundial. En el discurso que pronunció hace unos días reivindicó la desaforada inmigración que ya constituye una amenaza a la libertad y seguridad de los españoles y de las demás naciones europeas; expresó su deseo de que España sea un referente mundial abortista; afirmó la existencia de una «triple crisis planetaria» —compuesta de «cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad»—; y aplaudió la novísima tecnología de inteligencia artificial porque «puede acelerar los avances en la Agenda 2030». Todo ello adobado de recurrente «multilateralismo» —que no es sino la máscara global-socialista—.

Esto no ha sido la alocución de un día en la ONU. A lo largo de sus ya once años de reinado, Felipe ha manifestado su conformidad y aprobación de los planes global-socialistas de forma reiterada. Así lo demostramos en la sección dedicada a tal efecto —y con las alocuciones del Rey como fuente primaria de análisis— en el libro Palabra de Rey (Amazon, 2024), que relata los diez primeros años de reinado de Felipe a través de sus discursos. Lo que sigue a continuación es un extracto del capítulo titulado «El Global-Socialismo».

Los países occidentales han puesto rumbo al aniquilamiento de sus sociedades mediante la adopción de las geoideologías del global–socialismo. Estas pluscuampostmodernas geoideologías operan sobre ámbitos de magnitud global para pretextar acciones de la misma envergadura. La afirmación de que pueda existir un problema que afecta a todo el planeta tiene como corolario inevitable que la supuesta solución obliga a todos sus habitantes. Esta es la sencilla argumentación que subyace a la pretensión de un gobierno mundial al que los Estados-Nación cedan sus soberanías por el bien de toda la humanidad.

Esta revolución de la autoridad constituirá —si llegara a tener éxito— la fase de crecimiento del Poder más exponencial de la Historia. Nunca antes se habrá incrementado tanto en tan poco tiempo con tal intensidad y en tanta extensión geográfica.

El fin último que persiguen los global–socialistas es la acumulación de la riqueza en una cantidad de personas cada vez más reducida y el sometimiento a sus intereses de todos los que no son ellos. A esto se reduce todo: opulencia y poder.

El global–socialismo y las geoideologías constituyen en este momento la mayor amenaza que jamás haya sufrido la cultura occidental. Resistir a esta nueva forma de agresión a la cultura y las libertades y derechos acumulados por Occidente durante tres mil años requiere una nueva forma de fortaleza. Ésta pasa por un reinicio moral que recupere los cuatro elementos culturales occidentales esenciales: el derecho a la vida, el derecho a la legítima defensa, la propiedad privada y el espíritu de trascendencia en el ámbito terrenal —el honor— y en el religioso —la tradición cristiana—.

Un ejemplo elemental de geoideología es la tesis de que existe un «cambio climático» provocado por la acción del hombre y que amenaza la existencia de la propia humanidad. Para evitar sus efectos no bastaría con que una Nación tomara unas medidas determinadas, sino que todas deberían someterse en el cumplimiento de las que establezca la agenda global–socialista. Ese «todas las Naciones» sólo incluye a las que reciben la información. Y de entre éstas, sólo a las que están dispuestas a obedecer. De todo esto resulta que sólo los países occidentales se someten a las medidas expedidas. Cuestión no menor aquí es quién tiene la autoridad para dictar ese mandato, de dónde procede la legitimidad de esa autoridad, quién decide qué disposiciones son adoptadas y quién resulta convenientemente beneficiado de esas acciones presentadas como inexorables para salvar el planeta.

Otro ejemplo de geoideología —íntimamente vinculado con el anterior— es la idea de que hay que acabar con lo que ha generado el período de mayor prosperidad de la historia de la humanidad: el uso de hidrocarburos como combustible. Esto es, los global–socialistas quieren acabar con la prosperidad para salvar a la humanidad.

Existen también programas cuyo carácter podría confundirlos con bioideologías. Entre estos se cuentan la difusión de epidemias, del aborto, de la eutanasia, así como de la elegibilidad de la homosexualidad y la transexualidad. La promoción de todos estos hechos y acciones tiene como objetivo final la reducción de la población occidental —la no occidental hace caso omiso a estos mensajes—. Son medios biológicos, pero es el objetivo de magnitud global lo que los transforma en geoideologías.

¿Quiénes son los global–socialistas? Se los encuentra en los actos de, entre otras, dos organizaciones. Los de la ONU en Nueva York (EEUU) y los del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza).

La ONU es, por su propia naturaleza, una fábrica de geoideologías. Incapaz de cumplir con éxito los objetivos de mantenimiento de la paz y cooperación internacional para los que nació, necesita que haya problemas de envergadura global para justificar su existencia y para arrogarse —por usurpación— una legitimidad global —autoridad universal— que no existe y que esgrime con la pretensión de ser obedecida por todas las naciones del orbe. El resultado de esto es la Agenda 2030, un infierno colectivista presentado como un rosario de buenas intenciones que salvarán el mundo. La institución supranacional con sede en Nueva York informó así de la aprobación de este programa:

ONU: La Asamblea General de la ONU adoptó hoy la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

Esto ocurrió el 25 de septiembre de 2015. Ese mismo día, el Rey intervino en una cumbre de la ONU —no en la Asamblea General— en representación de España.

Rey Felipe: La globalización de las finanzas, de la tecnología o de la información debe ir acompañada por la globalización de la solidaridad, del conocimiento, de la equidad, de la libertad y de la dignidad humana. La Agenda que hoy adoptamos es por ello universal y todos somos responsables de su culminación con éxito. España va a contribuir a que así sea. Mi país ya apoyó de manera decidida los Objetivos de Desarrollo del Milenio a través del Fondo ODM, con la mayor aportación realizada por un solo país para la consecución de dichos Objetivos.

El señuelo son palabras y conceptos cuya carga positiva generan afinidad y simpatía: personas, planeta, prosperidad, paz universal, justicia, solidaridad, conocimiento, equidad, libertad, dignidad humana. El Rey, a continuación, proclama la universalidad del programa contenido en esa agenda y establece la pretensión de que sea obedecida y cumplimentada por todas las naciones integrantes de la ONU. Hacer esto equivale, en realidad, a demandar la implantación de un gobierno con autoridad universal con la justificación de los señuelos utilizados previamente.

Precisamente por esta razón fue especialmente desafortunada la alusión que realizó al padre Francisco de Vitoria.

Rey Felipe: La idea de que todos formamos parte de una comunidad global regida por el derecho y orientada al bien común fue avanzada por algunas de las mejores mentes españolas en los inicios de la Modernidad, entre ellas la del Padre Francisco de Vitoria, uno de los fundadores del Derecho Internacional.

Esta referencia al gran jurista y teólogo de la iluminadora Escuela de Salamanca estaba coja. Lo que decía era cierto, pero le faltaba la mitad de la tesis del padre Vitoria. Tanto él como el padre Francisco Suárez, posteriormente, defendieron la unidad del género humano, que es lo que hizo Felipe con este comentario ante la asamblea de la ONU. Lo que faltó en el discurso del Rey es que ambos —Vitoria y Suárez— combatieron fieramente la idea de una autoridad universal. Y esto lo hicieron en pleno Siglo de Oro español, cuando la Monarquía Hispánica se había enseñoreado del mundo. Al mismo tiempo que afirmaban la unidad del género humano, constataban la existencia de distintos reinos y pueblos y que cada uno de ellos tenía derecho a ordenarse y regirse como estimara oportuno para alcanzar el bien de sus sociedades.

Felipe hizo 35 referencias a la Agenda 2030 en 29 discursos distintos durante sus primeros diez años de reinado. En su intervención ante las Naciones Unidas en 2016 explicitó el grado de compromiso adquirido por el Gobierno —de Mariano Rajoy (PP) en aquel momento— con este programa colectivista universal.

Rey Felipe: España ha hecho precisamente de la Agenda 2030 fuente de inspiración de nuestra acción interior y exterior.

El discurso del monarca a este respecto no cambió un ápice con el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Podemos). Así lo expresó en una alocución de noviembre de 2020 en un acto de conmemoración del 75º aniversario de la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Esta intervención, además, tuvo el mérito de crear el innovador concepto —con marcado carácter setentayochista— de «consenso universal».

Rey Felipe: Naciones Unidas, en fin, es la Organización Internacional que ha concitado el consenso universal para establecer una hoja de ruta para un mundo mejor: los Objetivos del Milenio en el año 2000 y, sobre todo, la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015.

El grado de subordinación de España y de la Iberoesfera a la planificación global-socialista es de tal calado que todas las cumbres iberoamericanas celebradas desde 2018 contienen la palabra «sostenible» en el lema de cada edición celebrada desde entonces:

  • La Antigua Guatemala, 2018: «Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible». La Secretaría General Iberoamericana condujo esta edición con «una clara orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030».
  • Andorra, 2021: «Innovación para el Desarrollo Sostenible — Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus».
  • República Dominicana, 2023: «Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible».
  • Ecuador, 2024: «Innovación, inclusión y sostenibilidad».

Las cifras de las referencias al cambio climático, el calentamiento global, el medio ambiente, las energías renovables y similares en los discursos del Rey son apabullantes.

  • «Cambio climático»: 136 alusiones en 98 intervenciones públicas.
  • «Calentamiento global»: 5 alusiones en 5 intervenciones públicas.
  • «Neutralidad climática»: 2 alusiones en 2 intervenciones públicas.
  • «Medio ambiente»: 95 alusiones en 64 intervenciones públicas.
  • «Medioambiental»: 73 alusiones en 65 intervenciones públicas.
  • «Transición energética»: 13 alusiones en 13 intervenciones públicas.
  • «Descarbonización»: 9 alusiones en 7 intervenciones públicas.
  • «Energías renovables»: 30 alusiones en 27 intervenciones públicas.
  • «Transformación digital»: 28 alusiones en 23 intervenciones públicas.

Las estadísticas expuestas más arriba son referidas a los discursos pronunciados por el Rey desde su proclamación en junio de 2014 hasta enero de 2024. La repetición regular de una idea modula el pensamiento. Una sociedad que oye a su monarca insistir a diario en la inminencia milenarista del fin del mundo acaba por creer en la verosimilitud de la farsa y en la necesidad de adoptar las medidas que patrocinan entidades supranacionales no electas. El proceso por el que unas medidas determinadas —y no otras— son promovidas y aprobadas por estas instituciones comienza con la acción de la más formidable agencia de publicidad del mundo: el Foro Económico Mundial.

El Foro Económico Mundial —World Economic Forum, por su nombre original en inglés y FEM por sus iniciales en español— fue fundado por su presidente, Klaus Schwab, en 1971. Dice de sí que es «una fundación sin ánimo de lucro». Su web la define en estos términos:

El Foro Económico Mundial es la Organización Internacional para la Cooperación Público-Privada. El Foro trabaja con los más destacados líderes políticos, empresariales, culturales y de otros espectros de la sociedad para moldear las agendas de ámbito global, regional e industrial.

No se esconde. Dice exactamente lo que es y lo que hace. Puede parecer un poco confuso, pero en realidad es muy sencillo. El FEM es una correduría de corrupción. Herr Schwab es el corredor jefe. Su foro es el lugar y el momento en el que los corruptores y los que están dispuestos a ser corrompidos se conocen y descubren los intereses que comparten. Cada una de estas dos partes tiene las capacidades para satisfacer las necesidades de la otra. Del mismo modo que existen ferias comerciales especializadas, el evento anual que el FEM celebra en Davos es una feria de la corrupción.

Tiene más de 50 años de historia, pero no fue hasta hace unas dos décadas cuando su existencia trascendió a través de los medios de comunicación. De repente, unas decenas de alborotadores enmascarados se daban cita cada enero en una muy pequeña y aún más remota localidad de los alpes suizos para protestar por la celebración de un evento del que nadie había oído hablar nunca. El nivel de agresividad de los agitadores crecía cada año. El FEM conquistó una proyección mundial de enorme relevancia a partir de estas algaradas. Toda esta violencia desapareció de forma tan súbita como había surgido.

La extraordinaria agencia de publicidad que es el FEM ha conseguido hacer creer a las sociedades occidentales que tiene capacidad de decisión sobre los asuntos humanos, sobre los gobiernos y sobre las legislaciones de las potencias. Ha convencido a las masas de que está investido de Poder sin necesidad de disponer de una sola división ni de un solo cañón.

Herr Schwab ha sabido venderse —con enorme éxito— como un intelectual y actor político en la sombra y de altos vuelos, pero sólo es una madame de la corrupción. Pone la cama y se lleva su coima por cada una de las corruptelas que patrocina. Un gran negocio.

A este burdel acudió el Rey de España en enero de 2018. Allí se dirigió a todo el puterío reunido y pronunció —en inglés— el que quizá haya sido el discurso más humillante de su reinado. Hizo el papel de un viajante de comercio. Presentó España como un bar que hay que visitar porque da la bienvenida a sus clientes:

Rey Felipe: Según las últimas estadísticas, más de 82 millones de personas visitaron España en 2017, casi el doble de su actual población de 46 millones; muchas de ellas, además, ya la habían visitado una o más veces. ¿Por qué? ¿Qué es lo que las atrae a España? ¿Es por las playas, el clima y la comida? Bueno por eso también. Hasta por el fútbol. Pero lo que también es seguro es que muchas de esas personas nos visitan por la calidad y la excelencia de nuestra industria turística que, por cierto, es la número uno del mundo.

Apuntó al legado histórico nacional y a esto añadió una retahíla estrafalaria de razones adicionales para hacer turismo en España, tales como que los españoles son amables, simpáticos y pacíficos; una baja tasa de criminalidad; un excelente sistema sanitario; y que disfruta de «un estado de paz muy alto». Hizo una referencia contradictoria a lo que llamó «viejos clichés, estereotipos anticuados y leyendas oscuras»; por un lado dijo que todo eso eran cosas que le habían sido atribuidas —esto es, que no eran ciertas— y por otro, que hacía tiempo que España había abandonado todo eso —lo que implicaría que sí eran ciertas—.

Esta intervención de Felipe en Davos tuvo lugar tres meses después del golpe a la Nación ejecutado por la Generalidad de Cataluña y con el golpista Puigdemont fugado en Bélgica. Aludió a este acontecimiento. Pero en lugar de hacerlo en la línea de su discurso del 3 de octubre, lo mudó por el timorato sofismerío de Moncloa.

Pero todo lo anterior es pura anécdota introductoria a los mensajes que lanzó a continuación y que son para los que acudió a la cita global–socialista del FEM.

Rey Felipe: Necesitamos ser plenamente conscientes del mundo interdependiente en el que vivimos y que requiere respuestas realmente globales. Esta es la razón por la que cuestiones como los movimientos de integración, la acción conjunta y la cooperación leal entre ciudadanos, sociedades y Estados —así como los compromisos compartidos—, todas ellas preparan el terreno para encontrar esas respuestas. Y es para eso para lo que estamos aquí hoy*.

En este párrafo están las claves de los objetivos de los global–socialistas y de los medios de los que pretenden valerse para alcanzarlos. Por un lado, persiguen la federalización jerárquica de Estados vaciados de su propia soberanía y subordinados a una entidad supranacional que deja en el aire sin especificarla; esto es a lo que llama «cooperación leal entre ciudadanos, sociedades y Estados». Por el otro, establece los medios: acciones de sometimiento universal que denomina más amablemente como «respuestas globales». Las dos cuestiones las desarrolla de inmediato.

Lo primero que hace es poner sobre la mesa el deseo de España de subordinarse a los intereses de terceros —que identifica con la UE— en detrimento de los propios —los españoles—, a los que echa al olvido.

Rey Felipe: Los españoles no vemos el proyecto de integración europea como algo ajeno a lo que nos gustaría adherirnos, sino como la más completa expresión de nuestro proyecto nacional a nivel internacional. […] La actual Estrategia de Acción Exterior española reclama una refundación de la UE, es decir, una transformación de gran alcance, pero ejecutada paso a paso, de forma pragmática. Tenemos que continuar hacia delante y estar preparados para los cambios que traerá el futuro en áreas como la economía y la unión monetaria o en la de seguridad común. El consenso entre los principales partidos políticos españoles es que el fin último de esta evolución no puede ser más que una mayor Unión política.

Esto no es sino la disolución de España en la UE, que sería convertida en una federación «de forma pragmática»: por decisión de las élites de la propia UE y de espaldas a sus ciudadanos. Pero, ¿por qué habría que hacer esto? ¿Por qué los Estados-Nación no deberían mantener la existencia y soberanía que le han conquistado a la Historia, de la que son supervivientes? Felipe contestó a estas preguntas de este modo:

Rey Felipe: Son numerosos y acuciantes los problemas para los que la única solución es una cooperación europea más eficaz. Esto se ha convertido en una obviedad con la crisis del euro, con las crisis migratoria y de refugiados, con los ataques terroristas internacionales y con los nuevos desafíos a la seguridad europea.

Como cualesquiera otras ideologías, las geoideologías operan en tres estadios. El número uno consiste en identificar una serie de problemas para su audiencia. El número dos, en crearlos —si no existen— e intensificarlos. El número tres, en establecer un programa de acciones para solucionar los problemas previamente identificados y creados/intensificados. Como apuntábamos al inicio de este capítulo, las geoideologías de los global–socialistas sólo pueden justificar su existencia —y, por tanto, sus objetivos políticos— mediante problemas de magnitud global que requieran acciones de igual envergadura. A esto es a lo que responde esa letanía de crisis de todas clases, de amenazas terroristas «internacionales» —y, andando el tiempo, hasta inesperadas epidemias para las que hubo medidas globales sincronizadas de forma inmediata—. Felipe sintetizó brillantemente todo ello en Davos con una escueta y sencilla afirmación:

Rey Felipe: Las soluciones deben estar alineadas con los desafíos.

Esto es, soluciones globales para problemas globales.

Basta con fabricar un acontecimiento de envergadura global como el cambio climático y la subsiguiente necesidad de salvar el planeta para implementar unas pocas medidas que darán lugar a todo lo anterior —y a más cosas que aún no llegamos a imaginar—. Esto no es ciencia-ficción. Mucho de lo anotado en estos puntos ya ha sido ejecutado por todos los gobiernos occidentales durante la epidemia de coronavirus; cuando lo hicieron fue aceptado sin oposición por sus gobernados —y aplaudido—; todos los Estados occidentales han violado sus constituciones y ordenamientos sin que ello haya dado lugar a ninguna consecuencia social, política ni penal. Los global–socialistas operan en la impunidad.

Ahora bien, esta zozobra es eminentemente occidental. No afecta internamente a potencias emergentes como China, India, Rusia —al grupo BRICS a grandes trazos—, ni a otras como Indonesia y Malasia, así como tampoco a África, que lentamente despierta de su sueño. La impunidad personal actual de los global–socialistas no es sinónima de la impunidad política. La violación de sus 179 constituciones tendrá muy graves consecuencias para Occidente a medio y largo plazo. En estos momentos se encuentra entre lo que ha muerto —el orden que aún parece vigente, pero que ya ha caído— y lo que aún no ha nacido. Este período de transición puede durar unos años, décadas o hasta siglos. El Estado moderno fue defenestrado como forma política durante la epidemia de coronavirus, pero aún no se columbra qué forma adoptará el Poder en el futuro. Mientras tanto, ¿quién sabe qué infortunios puedan convocar o qué guerras desencadenar en su furiosa carrera por el poder y el oro? Este es el río revuelto en el que pescan nuestros nuevos bárbaros: los global–socialistas.

Occidente se encuentra en un momento de inflexión en el que no hay término medio en las dos elecciones posibles: la libertad de las naciones de occidente o su sometimiento al régimen de terror rosa del global–socialismo. Felipe parece haber elegido bando.

Javier Torrox
Periodista, escritor y traductor. Ha firmado en los diarios Sur, La Voz de Cádiz, ABC de Sevilla y El Independiente de Cádiz. Fue responsable de Comunicación Externa de Airbus en Sevilla. Fundó y dirigió el periódico Innovación sobre el sector tecnológico de Málaga. Es autor del ensayo «Reinicio Moral» publicado en la obra colectiva «España o el 78» (Manuscritos, 2024), así como de los libros «Palabra de Rey» (Amazon, 2024), «Federalismo cacique» (Amazon, 2023), «Golpe a la Nación» (Manuscritos, 2019), y «La sencillez de las cosas» (2014).

El partido de Marine Le Pen, el soberanista Agrupación Nacional (RN), mantiene un amplio favoritismo en el electorado francés en un contexto en el que podría producirse un adelanto en los comicios presidenciales, tras las enormes dificultades que han surgido en el Gobierno de Emanuel Macron en las últimas semanas.

La Gaceta de la Iberosfera

En concreto, un sondeo efectuado por Ifop-Fiducial en colaboración con los medios L’Opinion  y Sud Radio y publicado este lunes, arroja que la propia Le Pen o el presidente del partido, Jordan Bardella, llegarían primeros en la primera vuelta, con entre un 33 y un 35% de los sufragios. Cierto sector de la prensa francesa señala que esta similitud en la intención de voto de ambos se puede traducir en que el electorado soberanista ha asumido la posibilidad de que Le Pen no pueda presentarse y que Bardella tenga que sustituirla.

En Renacimiento, el partido de Macron, Édouard Philippe alcanzaría entre el 16 y el 19% de intención de voto, siendo el contendiente más potable que podría presentar la formación. Otros posibles candidatos de este bando registran porcentajes muy bajos de apoyo: Gabriel Attal (10%), Gérald Darmanin (7%) y François Bayrou (3%).

En cuanto al Partido Socialista, el estudio afirma que Raphaël Glucksmann obtendría entre el 14 y el 16% del voto, siendo el abanderado con más posibilidades de éxito de la izquierda socialdemócrata. Entretanto, la izquierda comunista vuelve a tener a Jean-Luc Mélenchon, como principal ficha, con entre el 12 y el 13% de los respaldos. El centro-derecha, representado en Los Republicanos, tiene en Bruno Retailleau su mejor opción electoral posible, con un potencial de voto de entre el 9 y el 13%.

El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, y el jefe de los Servicios de Inteligencia de Egipto, Hasán Mahmud Rashad, se reunieron con la cúpula terrorista de Hamas para presentar la iniciativa de 20 puntos que acordaron Donald Trump y Benjamín Netanyahu destinada a lograr un cese del fuego en Gaza, liberar a los rehenes e iniciar un proceso de reconstrucción institucional en la Franja.

Por: Román Lejtman – Infobae

A diferencia de otras negociaciones para establecer una tregua en Gaza, en esta oportunidad Hamas se encuentra aislado frente a la posición pública que asumieron los principales países árabes y musulmanes.

Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Indonesia y Pakistán respaldan la iniciativa de Trump para Gaza; un hecho inédito desde que se iniciaron las negociaciones para fijar un cese del fuego en la franja.

“Ellos (por los terroristas de Hamas) revisarán de buena fe la propuesta y darán una respuesta en los próximos días”, reveló a Infobae un vocero del Emirato de Qatar.

La propuesta de paz de Trump -basada en una iniciativa similar del ex premier británico Tony Blair-, tiene 20 puntos que establecen una hoja de ruta para dictar la pazliberar a los rehenes, multiplicar la ayuda humanitaria y fijar un proceso de transición institucional.

Frente al primer ministro qatarí al Thani, y al jefe de la inteligencia egipcia, Hasán Mahmud Rashad, los negociadores de Hamas plantearon ciertas objeciones que podrían enterrar la posibilidad de fijar un acuerdo con Israel.

Las objeciones del grupo terrorista, acorde a la información que recibió Infobae de ciertos voceros de la Liga Árabe, estarían centradas en seis aspectos puntuales del plan de 20 puntos que presentó Trump.

A continuación, los seis puntos cuestionados por Hamas, con su enumeración original entre paréntesis:

-“Una vez que todos los rehenes sean devueltos, los miembros de Hamas que se comprometan a coexistir pacíficamente y a desarmar sus armas recibirán amnistía. A los miembros de Hamas que deseen salir de Gaza se les proporcionará un paso seguro a los países receptores”. (Punto 6)

“Gaza será gobernada por un comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y municipalidades para la población gazatí. Este comité estará integrado por palestinos cualificados y expertos internacionales, bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la “Junta de la Paz”, presidida por el presidente Donald J. Trump, y cuyos miembros y jefes de Estado se anunciarán próximamente, incluido el ex primer ministro Tony Blair. Este organismo establecerá el marco y gestionará la financiación para la reurbanización de Gaza hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reformas, tal como se describe en diversas propuestas, incluyendo el plan de paz del presidente Trump de 2020 y la propuesta franco-saudí, y pueda retomar el control de Gaza de forma segura y eficaz. Este organismo se basará en los mejores estándares internacionales para crear una gobernanza moderna y eficiente que sirva a la población gazatí y favorezca la atracción de inversiones». (Punto 9).

“Hamas y otras facciones acuerdan no participar en el gobierno de Gaza, ni directa ni indirectamente, ni de ninguna forma. Toda la infraestructura militar, terrorista y ofensiva, incluyendo túneles e instalaciones de producción de armas, será destruida y no reconstruida. Se llevará a cabo un proceso de desmilitarización de Gaza bajo la supervisión de observadores independientes, que incluirá la inutilización permanente de las armas mediante un proceso acordado de desmantelamiento, con el apoyo de un programa de recompra y reintegración financiado internacionalmente y verificado por observadores independientes. La Nueva Gaza se comprometerá plenamente con la construcción de una economía próspera y la coexistencia pacífica con sus vecinos”. (Punto 13).

“Los socios regionales ofrecerán una garantía para asegurar que Hamas y las facciones cumplan con sus obligaciones y que Nueva Gaza no represente una amenaza para sus vecinos ni para su pueblo”. (Punto 14).

-“Estados Unidos colaborará con socios árabes e internacionales para desarrollar una Fuerza Internacional de Estabilización (FIS) temporal que se desplegará de inmediato en Gaza. La FIS capacitará y brindará apoyo a las fuerzas policiales palestinas acreditadas en Gaza y consultará con Jordania y Egipto, que cuentan con amplia experiencia en este ámbito. Esta fuerza será la solución a largo plazo para la seguridad interna. La FIS colaborará con Israel y Egipto para ayudar a asegurar las zonas fronterizas, junto con las fuerzas policiales palestinas recién capacitadas. Es fundamental impedir la entrada de municiones en Gaza y facilitar el flujo rápido y seguro de mercancías para reconstruir y revitalizar Gaza. Las partes acordarán un mecanismo de disuasión de conflictos”. (Punto 15).

-“Israel no ocupará ni anexará Gaza. A medida que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) establezcan el control y la estabilidad, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se retirarán según los estándares, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización que se acordarán entre las FDI, las FDI, los garantes y Estados Unidos, con el objetivo de lograr una Gaza segura que ya no represente una amenaza para Israel, Egipto ni sus ciudadanos. En la práctica, las FDI cederán progresivamente el territorio de Gaza que ocupan a las FDI, según un acuerdo que celebrarán con la autoridad de transición, hasta que se retiren completamente de Gaza, con la excepción de un perímetro de seguridad que se mantendrá hasta que Gaza esté debidamente protegida contra cualquier resurgimiento de una amenaza terrorista”. (Punto 16).

La reluctancia de Hamas respecto a la propuesta de Trump se relaciona con su existencia como factor de poder en Gaza.

Los terroristas no quieren ceder terreno en la Franja, no tienen intenciones de entregar sus armas, cuestionan que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanezcan -por un tiempo- en la zona de combate, descartan a la Fuerza Internacional de Estabilización (FIS) y rechazan a la Junta de la Paz liderada por Trump e integrado por distintos jefes de Estado.

El primer ministro de Qatar y el jefe de los servicios de inteligencia de Egipto aguardan la respuesta de Hamas, y tienen instrucciones de negociar para encontrar una solución a las profundas diferencias.

Trump y Netanyahu no quieren perder el tiempo, y ya anticiparon sus próximos pasos.

“Si Hamas rechaza el acuerdo, lo cual siempre es posible, son los únicos que quedan. Todos los demás lo han aceptado. Pero tengo la sensación de que tendremos una respuesta positiva. Pero si no, como sabes, Bibi, tendrás todo nuestro apoyo para hacer lo que tengas que hacer”, advirtió Trump en su monólogo de treinta minutos.

A su turno, Netanyahu completó la idea del presidente de Estados Unidos.

Esto se puede hacer por las buenas o por las malas. Pero se hará”, dijo el premier israelí.

El 22 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe A/HRC/60/61, correspondiente al período julio de 2024-agosto de 2025. La conclusión de la Misión fue tajante: «la persecución por motivos políticos se está intensificando en Venezuela”.

Por: Ramón Cardozo – DW

La escalada represiva de este último año -calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como terrorismo de Estado- no es un hecho fortuito. Es el resultado lógico de una política criminal sistemática diseñada y sostenida durante más de una década desde las más altas esferas del Estado venezolano, con un objetivo claro: «silenciar, desalentar y anular a la oposición”, tal como lo ha señalado de forma reiterada la la Misión desde su creación, en 2019.

En sus cinco años de labores de investigación, la Misión ha emitido al menos 145 recomendaciones al Estado venezolano y «ninguna ha sido cumplida. Por el contrario, el régimen ha profundizado la represión y reiterado la comisión sistemática de violaciones graves y crímenes internacionales durante más de una década”.

A la par, el régimen de Maduro ha consolidado un aparato de terror político cada vez más letal, que ha evolucionado en sus estrategias de control social, en el perfeccionamiento de los mecanismos de tortura y en la expansión de sus brazos ejecutores.

La evolución de la estrategia del terror

Entre 2014 y 2020, el aparato represor chavista operó bajo una lógica de «línea dura”: violencia generalizada, ejecuciones extrajudiciales y tortura sistemática. Su carácter era principalmente reactivo, activado en respuesta a las grandes oleadas de protesta ciudadana de 2014, 2017 y 2019 contra el régimen de Maduro

El informe de la Misión A/HRC/45/33 (2020) lo documentó con crudeza: «La represión estatal se tradujo en decenas de privaciones arbitrarias de la vida por parte de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias de opositores reales o percibidos como tales, algunas seguidas de tortura y violencia sexual y de género”.

Entre 2020 y 2023, con las protestas en declive por la pandemia, la migración y el efecto disuasorio de la violencia estatal, la maquinaria represiva chavista mutó. Sin desmantelar sus capacidades de choque, el régimen viró hacia un modelo de control preventivo y permanente, basado en tácticas «más blandas”: persecución selectiva de sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos e intervención de partidos y ONG. El objetivo era sofocar a la disidencia incluso antes de que se manifestara. El informe de la Misión A/HRC/54/57 (2023) lo advierte con claridad: «El uso por parte del Estado de su aparato opresivo se ha vuelto más selectivo […] el uso de tácticas coercitivas más suaves conlleva una amenaza latente.”

En 2024, tras el fraude electoral presidencial, las protestas espontáneas de los sectores populares reactivaron la respuesta más dura del régimen. Quedó claro, y así lo señala el último informe de la Misión, que el sistema preventivo no sustituyó al reactivo, sino que lo reforzó: ante la protesta en la calle, la maquinaria represiva volvió a su modalidad más violenta, con un saldo de 25 muertos, más de 2.200 detenidos en pocas semanas, y el arresto y enjuiciamiento de al menos 218 menores de edad.

Sofisticación de los métodos de tortura

Uno de los pilares de la estrategia de terror del régimen venezolano es la tortura. Esta práctica no constituye excesos aislados de funcionarios descontrolados, sino una política de Estado deliberada, sistemática y sostenida en el tiempo.

Durante la última década, sus métodos no solo se han vuelto más brutales, sino también más estratégicos. Mientras inicialmente la tortura era utilizada para extraer información o castigar físicamente a los detenidos, desde 2020 se ha convertido en una herramienta para quebrar psicológicamente a las víctimas, fabricar confesiones forzadas y producir material audiovisual con el que el régimen justifica detenciones arbitrarias, criminaliza a la disidencia, imputa delitos como «terrorismo” y respalda las narrativas oficiales sobre «presuntas” conspiraciones.

Hoy la tortura combina múltiples capas: violencia física extrema, sofisticadas formas de tortura psicológica, condiciones de reclusión inhumanas y violencia sexual institucionalizada. A ello se le ha sumado en los últimos años la muerte de detenidos por falta de atención médica y los abusos sexuales contra adolescentes recluidas. La tortura ya no es solo un medio: se ha convertido en el fin mismo del sistema represivo, un mecanismo diseñado para destruir la dignidad humana de los perseguidos y sembrar terror en toda la sociedad.

Los engranajes de la maquinaria del terror

Como principales brazos ejecutores de la represión, tortura y ejecuciones extrajudiciales, la Misión ha señalado a través de sus múltiples informes a un conjunto de estructuras civiles y militares que actúan de forma coordinada bajo las órdenes directas de la cúpula del poder del régimen. En su informe A/HRC/51/43 (2022) la Misión señala que, «Nicolás Maduro, con el apoyo de otras autoridades de alto nivel, se destaca como el principal artífice de la concepción, la aplicación y el mantenimiento de una maquinaria que tiene como objetivo reprimir la disidencia”.

En el centro de esta maquinaria del terror están la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), subordinada directamente a Maduro y dedicada a la detención, reclusión y tortura de oficiales y exoficiales militares, así como civiles relacionados con ellos. A su lado opera el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), enfocado en los críticos del Gobierno con perfiles públicos destacados, políticos de la oposición y disidentes. Junto a ellos opera la Policía Nacional Bolivariana (PNB) incluida su Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas DAET (antigua FAES), y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Estos organismos han venido experimentando a lo largo de la última década un crecimiento sostenido y significativo de sus recursos operativos. La DGCIM y el SEBIN han recibido presupuestos especiales para formar nuevos agentes, modernizar equipos y adquirir tecnología de última generación mediante acuerdos con Rusia, Irán y China. A esto se suma la apertura de nuevas sedes, calabozos y cárceles de máxima seguridad para opositores, según documenta el informe 2024–2025 del Casla Institute.

El sistema judicial: de la complicidad pasiva a brazo ejecutor de la política del terror

Otro engranaje clave del aparato de terror instaurado en Venezuela ha sido el sistema judicial. De acuerdo con los informes de la Misión, el Poder Judicial -progresivamente sometido al control del Ejecutivo- pasó de ser responsable por omisión, al facilitar la impunidad mediante la falta de investigación, a convertirse en un cómplice activo de la política del terror del régimen.

Entre 2014 y 2019, tal como lo recoge el informe de la Misión A/HRC/45/33 (2020), el Poder Judicial -incluida la Fiscalía- se distinguió por una complicidad pasiva, marcada por negligencia e inacción frente a las denuncias de violaciones de derechos humanos. Aunque no participaba directamente en la represión, la judicatura la legitimaba a posteriori, validando detenciones arbitrarias o retroactivas, permitiendo el uso de la jurisdicción militar para procesar y juzgar a civiles. Asimismo, acataba órdenes del Ejecutivo para dictar medidas de detención y registro, así como para mantener a manifestantes privados de libertad.

En el periodo 2020-2023, el sistema judicial venezolano pasó a ejercer un rol más activo en la persecución política. En su informe de 2021, la Misión señala que jueces y fiscales, en lugar de proteger a las víctimas, desempeñaron un rol importante en la represión del Estado contra la oposición real o percibida. En 2023, en su informe A/HRC/54/57 (2023), se afirma que la justicia penal se instrumentalizó para criminalizar a personas críticas o de oposición al Gobierno. Advierte además que en ese año se consolidó el uso del llamado «proceso como condena”, mecanismo por el cual la sola acusación y la prolongación indefinida del proceso judicial se convierten en un castigo para el opositor, sin que exista necesidad de una sentencia condenatoria.

En 2024, el informe de la Misión A/HRC/57/57 (2024) sostiene que el fiscal general, Tarek William Saab «continuó operando como parte de la maquinaria represiva del Gobierno”. Un año después, en el informe A/HRC/60/61 (2025), la conclusión fue más grave, señalando que, en su conjunto, el sistema judicial venezolano realiza una «contribución esencial en la ejecución de la política de anulación de la oposición”.

Asimismo, el informe retrata el colapso total del debido proceso en el país: audiencias sumarias, colectivas y secretas; restricciones al derecho a elegir defensa; presiones de jueces para forzar confesiones por delitos graves como terrorismo; y la negación sistemática del hábeas corpus.

Sometido hoy a una intensa presión internacional, Nicolás Maduro intenta de forma desesperada desestimar las graves acusaciones de crímenes de lesa humanidad, narcotráfico transnacional y corrupción que pesan sobre su régimen calificándolas de «campaña de desinformación” o «lawfare”.

Pero los informes de la Misión de la ONU, elaborados durante los últimos cinco años, de forma independiente y con rigor, muestran una realidad irrefutable: la construcción deliberada, a lo largo de una década, de un sistema de terror político en contra del pueblo venezolano. Lo que corresponde ahora es justicia para las víctimas y castigo para los responsables.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este lunes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, merece ir a la cárcel si sigue apoyando el «genocidio» de Israel en la Franja de Gaza.

EFE

«Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel. Y su ejército no lo debe obedecer», manifestó Petro en un consejo de ministros transmitido al país, en el que la mesa estaba adornada con varias banderas palestinas.

El Departamento de Estado de EE.UU. le retiró el pasado viernes el visado a Petro justamente por instar a soldados de ese país «a desobedecer órdenes e incitar a la violencia», durante una manifestación propalestina en Nueva York que pedía el alto el fuego en Gaza y reprobaba el viaje del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para intervenir ante la ONU.

Según Petro, «Estados Unidos en realidad no reconoce el derecho internacional» porque no arrestó a Netanyahu cuando viajó a Nueva York para pronunciar su discurso ante la Asamblea General de la ONU siendo que «el Estatuto de Roma describe cuáles son los crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra» para llevar a los responsables a la Corte Penal Internacional (CPI).

«Cualquier persona, de cualquier nacionalidad, juzgada en esos tribunales es capturable por cualquier país si pasa por allí. Luego Netanyahu es capturable en los Estados Unidos», dijo Petro.

El mandatario añadió que eso no sucedió con el primer ministro israelí «porque desobedecen los tratados de derecho internacional y en eso Trump se vuelve cómplice».

Estados Unidos, sin embargo, no ratificó el Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la CPI.

En su discurso, Petro reiteró su planteamiento de que, tras lo sucedido en los últimos días, «las Naciones Unidas no tienen por qué seguir en Nueva York» y consideró «una estupidez del Gobierno de los Estados Unidos» el revocarle la visa.

«Está quebrando el derecho internacional y no tiene derecho a quitarle la visa a nadie que vaya a hablar a Naciones Unidas o sobre temas que están en la discusión de Naciones Unidas. Esa es la ley mundial (…) Si Trump olvida eso o no le cuentan ni no lee, pues que alguien le lea», dijo.

El mandatario recordó que Colombia hará parte a partir de enero de 2026 del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente, aunque ni él ni su canciller, Rosa Villavicencio, tengan visa, pues la ministra de Relaciones Exteriores renunció hoy a ese documento de viaje en solidaridad con el presidente.

Para concluir, Petro afirmó: «No pueden arrodillarse las Naciones Unidas a un Gobierno que está haciendo cómplice de genocidio. Entonces actuemos, ya veremos si nos quedamos solos o no», dijo el mandatario colombiano sin hacer mención alguna al plan de paz de Trump para Gaza presentado hoy.

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