Venezuela está entrando en uno de sus períodos más represivos en años, dicen los observadores de derechos humanos, mientras el presidente Nicolás Maduro enfrenta un creciente aislamiento y una creciente presencia militar estadounidense en el Caribe.

CNN

Según el grupo de derechos humanos venezolano Provea, octubre registró el mayor nivel de represión desde el inicio de las tensiones bilaterales , con 54 detenciones de personas, muchas de ellas vinculadas a la líder opositora María Corina Machado.

“Esta es una política diseñada para infundir miedo entre los venezolanos”, dijo Marino Alvarado, coordinador de la ONG, quien alertó sobre el empeoramiento de las condiciones carcelarias, el hacinamiento y los castigos contra los detenidos políticos.

El comité de derechos humanos del movimiento opositor Vente Venezuela dijo a CNN que 2025 ha marcado un cambio desde represiones masivas a represiones “quirúrgicas” y dirigidas.

Orlando Moreno, quien encabeza el comité, dijo que el gobierno está utilizando secuestros políticos y detenciones selectivas para “decapitar el liderazgo de la oposición”, una estrategia que, advirtió, podría intensificarse si el enfrentamiento militar con Estados Unidos se intensifica.

“Ahora el objetivo no es llenar las cárceles, sino neutralizar el poder organizativo eliminando las voces que pueden movilizar a la gente”, dijo Moreno. “La ley se está utilizando como arma política”.

Vente Venezuela informa que en 2025 se ha producido una detención arbitraria cada 32 horas, con 232 casos documentados hasta la fecha, 143 de ellos relacionados con miembros de su movimiento. En 2024, el promedio fue de seis arrestos diarios, totalizando 2500. Ambos grupos coinciden en que octubre fue el mes más represivo, coincidiendo con la entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado y un aumento de la presión estadounidense sobre Maduro .

Moreno afirmó que al menos siete oficiales militares, incluido un general de división, fueron detenidos recientemente, aunque CNN no pudo verificar estos arrestos de forma independiente. Afirma que algunos oficiales fueron atacados tras negarse a grabar videos de lealtad a Maduro. También acusó al gobierno de «diplomacia de rehenes», utilizando a detenidos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, como moneda de cambio.

Agregó que continúan los informes de tortura, aislamiento y condiciones inhumanas en los centros de detención, a pesar de los llamamientos de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas, que ha documentado casos continuos de tortura y violaciones del debido proceso.

El gobierno venezolano ha insistido previamente en que se respeten los derechos humanos y el debido proceso de los detenidos y ha desestimado los informes internacionales sobre detenciones arbitrarias como “intervencionistas”, calificando las acusaciones de “irresponsables, sesgadas y profundamente polarizadas”.

Una secuencia de desapariciones familiares

El caso de la familia Hernández Castillo es emblemático de este clima de represión en Venezuela, con varios miembros de la familia presuntamente detenidos sin el debido proceso.

El 19 de noviembre, hombres vestidos con uniformes del metro —algunos identificándose como agentes de la Policía Nacional Bolivariana, otros como miembros de la División de Crimen Organizado y algunos sin identificación— entraron por la fuerza en la casa de Samanta Sofía Hernández Castillo, de 16 años, en la noche en el oeste de Caracas.

Según familiares, quienes denunciaron el incidente a la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, los hombres amenazaron a sus abuelos con armas de fuego antes de llevarse a la adolescente sin explicarles dónde ni por qué. Su familia aún desconoce su paradero.

“Responsabilizo a Diosdado Cabello, Ministro del Interior y de Justicia, por la persecución que enfrenta nuestra familia”, declaró la madre de Samanta, Ámbar Castillo, en un video publicado en redes sociales. Expresó su preocupación por la seguridad física y emocional de su hija, calificando el incidente de “secuestro”.

Dos días después, la familia se enteró de que la hermana de Samanta, Aranza, de 19 años, también había sido detenida en Maracaibo. Su madre dijo que había visitado varios centros de detención tras recibir información informal, pero las autoridades negaron que las niñas estuvieran retenidas en esos lugares.

Ambas jóvenes son hermanas del teniente Cristian Hernández, quien huyó del país tras denunciar persecución por conspiración. La esposa de Cristian, Maykelis Borges, también fue detenida y dio a luz en una prisión de mujeres, y permanece recluida junto con su bebé recién nacido. Según Foro Penal, fue arrestada estando embarazada el 29 de enero de 2025 y acusada de conspiración junto con su esposo. Su familia afirma que le negaron un abogado privado y le asignaron un defensor público.

La presión sobre la familia comenzó incluso antes: el tío de las niñas, el productor agrícola Henry Castillo, también fue secuestrado el 24 de enero por razones que, según la familia, no están claras. Lo consideran víctima de desaparición forzada.

CNN contactó al Ministerio Público para solicitar comentarios y está esperando una respuesta.

Las duras sentencias generan alarma

El caso de Hernández Castillo no es un caso aislado. El 16 de noviembre, la Dra. Marggie Orozco, de 65 años, fue condenada a 30 años de prisión —la pena máxima según la legislación venezolana— por los cargos de traición a la patria, incitación al odio y conspiración.

Según Provea y sus familiares, todo ocurrió después de un mensaje de audio que ella compartió, instando a la gente a votar en las elecciones presidenciales de 2024.

CNN no tuvo acceso al mensaje, pero su hijo, Walter Ruiz, dijo que su madre quería «lograr un cambio en el país». Añadió que un vecino, quien también es representante del gobierno local, la denunció y la policía la arrestó sin orden judicial la noche del 5 de agosto de 2024.

Provea afirma que estas sentencias «desproporcionadas» demuestran cómo el sistema judicial se utiliza como arma contra objetivos políticos. Alvarado observó una breve disminución en los arrestos a principios de noviembre —un aparente intento del gobierno de mostrar apertura al diálogo con Washington—, pero añadió que estas pausas son efímeras. Algunos detenidos, entre ellos el ciudadano francés Camilo Castro y el empresario venezolano Noel Álvarez, fueron liberados durante ese período.

CNN contactó al Ministerio del Interior, Justicia y Paz y a la Fiscalía General de la Nación para solicitar comentarios sobre los casos mencionados en esta historia, pero no ha recibido respuesta.

Mientras tanto, los venezolanos continúan enfrentando presión en dos frentes —interno y externo— en medio de una profunda incertidumbre sobre el futuro del país.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu presentó una solicitud formal de indulto al presidente Isaac Herzog, un movimiento descrito por la oficina presidencial como “extraordinario” y con “implicaciones significativas” en medio de su prolongado juicio por corrupción.

Infobae

La solicitud fue entregada el domingo por el abogado de Netanyahu, Amit Hadad, al Departamento Legal de la Residencia del Presidente. Incluía una petición detallada de 111 páginas, junto con una carta personal firmada por el primer ministro. La oficina de Herzog anunció la publicación del texto completo de la solicitud en hebreo dada su excepcional importancia.

El argumento central de la solicitud radica en la necesidad de permitir que Netanyahu se concentre plenamente en la gobernanza. “Otorgar esta solicitud permitirá al primer ministro dedicar todo su tiempo, habilidades y energía a avanzar a Israel en estos momentos críticos”, escribió Hadad en el documento, “y a lidiar con los desafíos y oportunidades que tiene por delante”.

Además de la concentración en asuntos de estado, Hadad argumentó que el indulto ayudaría a sanar las divisiones internas en el país. “Otorgar la solicitud ayudará a enmendar las fracturas entre diferentes sectores del público, abrirá la puerta a reducir la intensidad de las tensiones, todo con el propósito de fortalecer la resiliencia nacional del país”, afirmó el abogado.

En su carta personal, Netanyahu escribió que asume una “amplia responsabilidad pública y moral, con una comprensión de las implicaciones de todos estos desarrollos”.

La solicitud se produce en un momento en que el juicio por corrupción del primer ministro, iniciado en 2020, se encuentra lejos de concluir y en medio del proceso de contrainterrogatorio.

Netanyahu enfrenta cargos de soborno, además de tres cargos de fraude y abuso de confianza, en tres casos separados de alegaciones de corrupción. Previamente, el primer ministro había insistido en que no solicitaría un indulto si ello implicaba admitir la culpabilidad en el caso.

La oficina del presidente Herzog indicó que son conscientes de la naturaleza inusual de la petición. “Después de recibir todas las opiniones pertinentes, el presidente considerará la solicitud de manera responsable y sincera”, señaló la oficina en un comunicado.

El procedimiento estándar indica que el Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia deberá reunir las opiniones de todas las autoridades relevantes. Estas evaluaciones serán enviadas al asesor legal del presidente, quien preparará una recomendación adicional antes de que Herzog tome una decisión final. La presidencia tiene la potestad de otorgar indultos a los condenados y, en raras ocasiones, incluso antes de que concluyan los procedimientos legales, si se considera que es de interés público.

La presentación formal de la solicitud se suma a la intensa presión política que ha rodeado el tema en meses recientes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta a Herzog a principios de este mes instándole a indultar a Netanyahu, calificando el juicio de corrupción como “político” e “injustificado”. Trump ha presionado repetidamente por una intervención en nombre de Netanyahu, argumentando que el juicio distrae del liderazgo nacional.

A nivel interno, un grupo de ministros y viceministros del partido Likud también había enviado previamente una carta a Herzog. Aunque no exigía explícitamente un indulto, el escrito alentaba al presidente a considerar las “circunstancias nacionales más amplias” y a actuar de una manera que “restaure la unidad entre el pueblo”.

El presidente del Estado de Israel tiene la potestad de conceder indultos a quienes han sido condenados en tribunales y, en ocasiones muy raras, incluso antes de que concluyan los procedimientos legales, si se considera de interés público.

La congresista estadounidense María Elvira Salazar anunció este domingo que el presidente de EEUU, Donald Trump, le ofreció a Nicolás Maduro una salida del poder en Venezuela, pero este no habría aceptado por “temor a los cubanos” ya que estos serían “los que controlan el aparato represivo” en Venezuela.

La Patilla

“Maduro está siendo instruido por los cubanos: ‘No te vayas’. Porque ese es el mayor miedo de Maduro, que los cubanos, que son realmente quienes toman las decisiones, lo van a matar antes de que se vaya”, dijo la representante republicana por el estado de Florida en entrevista realizada por Fox News.

Elvira Salazar resalta que es el régimen cubano quien está dirigiendo el aparato represivo en Venezuela desde hace 25 años, razón por las que “Maduro les tiene mucho miedo”. 

Las declaraciones de la congresista son en referencia a la llamada de Donald Trump a Nicolás Maduro donde le habría pedido abandonar Venezuela, o aumentaría la presencia militar cerca de las costas venezolanas. 

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha expresado este viernes su respaldo al candidato del opositor Partido Nacional de Honduras, Nasry «Tito» Asfura, de cara a los comicios presidenciales del domingo, en el entendido de que el alcalde de Tegucigalpa es la mejor carta para hacerle frente al narcosocialismo en el país centroamericano.

La Gaceta de la Iberosfera

«Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras», ha escrito el mandatario argentino en la red social X.

Del mismo modo, Milei ha explicado que «la única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022″.

Finalmente, el presidente argentino ha recalcado que desde su Gobierno se sigue «muy de cerca» el proceso electoral al que están llamados a acudir cerca de seis millones de ciudadanos este domingo, con miras a que en el mismo «se respete la voluntad popular y la libertad en la región».

La Justicia balear ha obligado a varios colegios de Mallorca —entre ellos un centro católico— a impartir religión islámica a petición de cinco familias magrebíes, tras considerar vulnerado el derecho constitucional a recibir formación religiosa «conforme a las propias convicciones». Según informa El Español, el caso ha provocado preocupación entre las patronales educativas, que alertan de que esta sentencia abre la puerta a exigir nuevas asignaturas confesionales en centros de ideario propio.

La Gaceta de la Iberosfera

La demanda fue presentada por cinco madres musulmanas después de que la Consejería de Educación ignorara durante meses sus solicitudes para que sus hijos fueran matriculados en islam. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) estimó parcialmente el recurso al apreciar una vulneración del artículo 27.3 de la Constitución, que garantiza este derecho. La resolución se basó en el «silencio administrativo» de la Administración, no en una decisión expresa sobre la viabilidad pedagógica o la compatibilidad con el ideario de los centros.

Las familias reclamaban impartir islam en varios colegios de Inca (CEIP Levante, La Salle, San Vicente de Paúl y Santo Tomás de Aquino) y en el colegio Pintor Joan Miró de Palma. Uno de ellos es un centro católico, cuya patronal ha manifestado su rechazo a la sentencia y recuerda que los padres «saben desde el primer día dónde matriculan a sus hijos y cuáles son sus enseñanzas».

El secretario de la comunidad islámica balear, J. Nur Bió, sostiene que esta demanda no es un caso aislado y que cada vez más familias reclaman la implantación obligatoria de islam, incluso en centros confesionales. Asegura que los colegios están obligados por ley a ofrecerla siempre que exista demanda.

Sin embargo, los centros afectados discrepan. La patronal Escuela Católica advierte que imponer la materia en colegios de ideario cristiano vulnera su libertad educativa. Otro representante del sector privado afirma que «lo lógico es que quien elige un colegio católico asuma su proyecto», recordando además que muchos alumnos musulmanes asisten sin problema a clase de religión católica con el apoyo de sus familias.

El conflicto ha reactivado un debate que se repite en varias comunidades autónomas —Murcia, La Rioja, Andalucía o Cataluña— donde la implantación de islam genera tensiones entre derechos individuales, libertad de enseñanza y recursos públicos.

Más de 5.000 afganos traídos a Estados Unidos después de que las fuerzas estadounidenses se retiraran del país fueron marcados por problemas de “seguridad nacional”, según revelan datos del Departamento de Seguridad Nacional obtenidos por The Post.

The New York Post

En total, los federales descubrieron “información potencialmente despectiva” sobre un total de 6.868 personas que llegaron de Afganistán como parte de la Operación Aliados Bienvenida del presidente Biden en 2021.

De esa cifra, 5.005 plantearon una preocupación de seguridad nacional, mientras que 956 personas tenían preocupaciones de “seguridad pública” y 876 fueron señaladas por fraude, según los datos.

El DHS proporcionó la información al senador Chuck Grassley (republicano por Iowa), presidente del Comité Judicial del Senado, después de que éste planteara una serie de preguntas al Departamento de Seguridad Nacional en mayo de 2024.

Si bien varias agencias estadounidenses lograron resolver muchas de las señales de alerta, en septiembre todavía había 885 personas con información de seguridad nacional potencialmente negativa, lo que representaba una posible amenaza.

Tras la impactante emboscada del miércoles a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington DC, el presidente Trump ordenó una revisión de los protocolos de seguridad e investigación de antecedentes para migrantes de 19 países de “alto riesgo”, junto con todos los casos de asilo aprobados por la administración anterior.

Los sorprendentes datos salen a la luz apenas unos días después de que el sospechoso Rahmanullah Lakanwal supuestamente matara a la Guardia Nacional Sarah Beckstrom, de 20 años , y dejara al guardia Andrew Wolfe, de 24 años , hospitalizado en estado crítico.

Durante años, Grassley ha estado presionando al FBI y al DHS sobre “señales de alerta evidentes” en el programa que trajo a más de 70.000 afganos a Estados Unidos tras la fallida retirada de tropas de 2021 .

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, proporcionó la información en una carta del 9 de septiembre al legislador, tres días después de que el Inspector General de la agencia informara que encontró que el DHS «encontró obstáculos para evaluar, examinar e inspeccionar a todos los evacuados».

Pasajeros abordan un avión C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de EE. UU. durante la evacuación de Afganistán en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai.

La caótica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en 2021 fue ampliamente criticada.

“Pasé años llamando la atención sobre los débiles estándares de investigación en la Operación Aliados Bienvenidos, a pesar del considerable rechazo de la administración Biden y muchos de mis colegas en el Congreso”, dijo Grassley a The Post.

Lamentablemente, la tragedia de la semana pasada en Washington no hace más que confirmar mis preocupaciones. Agradezco los esfuerzos de la administración Trump por responder a mi supervisión y restablecer el orden tras la desastrosa retirada de Afganistán de la administración Biden y el caos que le siguió, declaró.

Otro informe del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional encontró que la agencia tenía un “proceso fragmentado” para lidiar con los potenciales riesgos de seguridad en el programa.

“Pasé años llamando la atención sobre los débiles estándares de investigación en la Operación Aliados Bienvenidos, a pesar del considerable rechazo de la administración Biden y muchos de mis colegas en el Congreso”, dijo el senador Charles Grassley (republicano por Iowa), quien obtuvo la información.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, proporcionó la información en una carta del 9 de septiembre al legislador luego de su solicitud de datos sobre los afganos que llegaron aquí después del final de la guerra de Estados Unidos en Afganistán.

Mientras tanto, el Inspector General del Departamento de Justicia informó en junio que 55 personas que estaban en una lista de vigilancia terrorista pero que aun así lograron llegar a un puerto estadounidense en mayo de 2023. Algunas de ellas habían sido agregadas a la lista mientras se llevaba a cabo la evacuación.

“Según el FBI, la necesidad de evacuar inmediatamente a los afganos superó los procesos normales requeridos para determinar si las personas que intentaban ingresar a Estados Unidos representaban una amenaza para la seguridad nacional, lo que aumentó el riesgo de que actores maliciosos pudieran intentar aprovechar la evacuación acelerada”, concluyó el IG.

Incluso mientras compilaba su informe, la oficina del IG señaló que los federales acusaron a dos ciudadanos afganos, Nasir Ahmad Tawhedi y Abdullah Haji Zada, de planificar un complot inspirado por ISIS para tratar de perturbar las elecciones de 2024 en la ciudad de Oklahoma.

Tawhedi, quien llegó a Estados Unidos en 2021 con una visa especial de inmigrante y obtuvo dos fusiles de asalto AK-47 y 500 cartuchos de munición en 2024, se declaró culpable en junio de brindar apoyo material a ISIS y enfrenta hasta 35 años de prisión. Zada, de 19 años, recibió una condena de 15 años.

Según se informa, Tawhedi trabajaba para la CIA como guardia de seguridad en su país natal.

El sospechoso llegó a Estados Unidos durante la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses en 2021, en medio de un esfuerzo por proteger a quienes habían trabajado con los estadounidenses en la lucha contra los talibanes en la guerra de 20 años.

Un informe del Inspector General del Departamento de Justicia señaló la acusación contra Nasir Ahmad Tawhedi y Abdullah Haji Zada ​​de un complot inspirado por ISIS para tratar de perturbar las elecciones de 2024 en la ciudad de Oklahoma.

El director de la CIA, John Ratcliffe, reveló horas después del tiroteo del 26 de noviembre contra la Guardia Nacional que Lakanwal había trabajado con la CIA en Afganistán. Ratcliffe afirmó que «nunca se le debería haber permitido venir aquí».

«Parece que pueden haber avalado a este tipo», dijo al Post el ex subdirector del FBI Chris Swecker, añadiendo que los cooperadores «juegan en ambos extremos todo el tiempo».

En cuanto a los futuros esfuerzos de investigación de Estados Unidos, «Hay que contar con un analista o un agente que examine a cada uno de ellos y lo haga de manera crítica y establezca algunos criterios objetivos para la descalificación», añadió.