Armando Esteban Quito

El régimen de Venezuela rechazó este sábado la advertencia del presidente de Estados UnidosDonald Trump, quien afirmó que el espacio aéreo venezolano debe considerarse “cerrado en su totalidad”. Las autoridades venezolanas calificaron el mensaje como una “amenaza colonialista” y lo denunciaron como “un acto hostil y arbitrario”, en medio de una escalada de tensiones entre Washington y la dictadura de Nicolás Maduro.

Infobae

Trump emitió su advertencia este sábado, a través de la red social Truth, dirigiéndose a “todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas” para que consideraran que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecería “cerrado en su totalidad”.

En respuesta, el régimen chavista difundió un comunicado oficial en el que condenó la declaración de Trump, señalando que “este tipo de declaraciones constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario”. El texto, publicado por el canciller Yvan Gil, subrayó que Venezuela “exige respeto a su espacio aéreo” y advirtió que no aceptará “órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero”. Además, la cancillería denunció que la advertencia estadounidense representa una “nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”.

Tras el anuncio de Trump, rápidamente la dictadura cubana salió en defensa del régimen chavista. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reportó una “persistente interferencia electromagnética en el Caribe, particularmente sobre el espacio aéreo de Venezuela”, atribuida al despliegue militar estadounidense en la región. Rodríguez advirtió que estas acciones forman parte de una escalada de agresión militar y guerra psicológica.

La advertencia de Trump coincidió con el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, acompañado por más de una decena de barcos, aviones de combate y 12.000 efectivos estadounidenses en el Caribe, con el objetivo declarado de combatir organizaciones de narcotráfico en la región.

Durante el fin de semana previo, Trump mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, en la que reiteró que Estados Unidos multiplicaría las acciones militares si el dictador venezolano no abandona Caracas en el corto plazo. En esa comunicación también participaron altos funcionarios estadounidenses, como el secretario de Estado Marco Rubio, lo que evidenció el cierre de cualquier vía de negociación y la exigencia de la salida inmediata de Maduro y su círculo más cercano, incluidos Diosdado CabelloVladimir Padrino y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

En paralelo a la advertencia sobre el espacio aéreo, la administración estadounidense anunció la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés). Esta medida, que implica la inclusión del grupo liderado por Maduro en la lista gestionada por el Departamento de Estado, otorga a Washington nuevas facultades legales para imponer sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad vinculada al cartel. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el grupo “es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio” y reiteró que Washington considera a Maduro como líder de la estructura criminal. Por su parte, el régimen venezolano rechazó estas acusaciones y sostuvo que no existen pruebas públicas que lo vinculen a redes de narcotráfico.

La designación del Cartel de los Soles como organización terrorista refuerza el marco legal que ya pesaba sobre altos funcionarios venezolanos por tráfico de drogas y corrupción, y amplía la posibilidad de acciones más agresivas, incluidas operaciones militares selectivas sobre infraestructuras o activos vinculados al cartel fuera de zonas urbanas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, describió la decisión como un paso que brinda “toda una gama de alternativas legales” para la administración estadounidense.

La NFL reconoció al venezolano Andy Borregales como el jugador más valioso en la semana 12 de la temporada, tras su destacado desempeño en los New England Patriots, quienes obtuvieron el triunfo 26-20 frente a los Cincinnati Bengals.

NTN24

«Los New England Patriots se enorgullecen en anunciar que el novato Andy Borregales es el Jugador de Equipos Especiales de la Semana de la Conferencia Americana (AFC) por su actuación en la victoria de los Patriots ante Bengals», escribió el equipo en un comunicado.

El venezolano convirtió cuatro goles de campo de 41, 45, 19 y 52 yardas respectivamente, lo que sumó 14 puntos de los 26 anotados por todo el equipo.

Borregales es el quinto novato de los Patriots en ganar el premio al Jugador de Equipos Especiales de la Semana de la AFC en este siglo.

El presidente Trump habló por teléfono la semana pasada con Nicolás Maduro y discutió una posible reunión entre ellos, dijeron varias personas con conocimiento del asunto, incluso mientras Estados Unidos continúa amenazando con acciones militares contra Venezuela.

Por: Maggie Haberman y Anatoly Kurmanaev – The New York Times

La conversación tuvo lugar a finales de la semana, según dos de las personas. Incluyó una discusión sobre una posible reunión entre ambos hombres en Estados Unidos, según las personas con conocimiento del asunto, quienes solicitaron el anonimato por no estar autorizadas a hablar del asunto públicamente. No hay planes por el momento para tal reunión, dijo una de las personas.

La llamada telefónica, en la que participó el secretario de Estado, Marco Rubio, se produjo días antes de que entrara en vigor la designación por parte del Departamento de Estado de Maduro como líder de lo que la administración considera una organización terrorista extranjera, el Cártel de los Soles.

Estados Unidos ha establecido una importante presencia militar en el Caribe dirigida contra Venezuela. Funcionarios de la administración han declarado que su objetivo es disuadir el narcotráfico, pero también han dejado claro que desean que Maduro sea derrocado, posiblemente por la fuerza.El New York Times informó en octubre que Maduro había ofrecido a Estados Unidos una participación significativa en los yacimientos petrolíferos del país, junto con otras oportunidades para empresas estadounidenses, en un esfuerzo por reducir las tensiones. Sin embargo, Maduro buscaba mantenerse en el poder, y las autoridades estadounidenses interrumpieron esas conversaciones a principios del mes pasado.

Una portavoz de la Casa Blanca se negó a comentar sobre la llamada entre Trump y Maduro. El gobierno venezolano no respondió a una solicitud de comentarios. Dos personas cercanas al gobierno venezolano confirmaron que se había producido una llamada directa entre ambos líderes. Prefirieron no ser identificadas por no estar autorizadas a hablar públicamente.

Queda por ver qué implicaciones tendrá esta llamada en el enfoque de la administración hacia Maduro. Trump tiene un largo historial de doble vía con sus adversarios: conversaciones por un lado y amenazas de fuerza por el otro. La administración Trump ha estado utilizando misiles para bombardear barcos venezolanos que, según funcionarios estadounidenses, traficaban drogas.

Estos ataques forman parte de una postura agresiva más amplia contra Venezuela, donde Maduro se ha mantenido en el poder tras las elecciones de 2024 que Estados Unidos ha calificado de corruptas. Estados Unidos ha enviado un grupo de portaaviones a las aguas cercanas a Venezuela, ha desplegado bombarderos de la Fuerza Aérea sobre la región, ha preparado planes de acción encubierta y ha amenazado regularmente con el uso de la fuerza.

En la noche de Acción de Gracias, el Sr. Trump, rodeado de líderes militares, anunció que los esfuerzos para frenar al narcotráfico se trasladarían a operaciones terrestres. «En tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto», declaró el Sr. Trump a los periodistas en Mar-a-Lago.

El gobierno ha examinado diversas opciones para Venezuela, incluyendo la confiscación de los yacimientos petrolíferos del país. Rubio, líder de los esfuerzos contra Maduro dentro del gobierno de Trump, lo ha descrito como un presidente ilegítimo.

Pero las conversaciones directas entre Trump y Maduro podrían ser el comienzo de un esfuerzo para crear una salida a un uso creciente de la fuerza, aunque el gobierno parece decidido a lograr un resultado que requiera que Maduro deje el cargo.

Al menos 35% de los hogares venezolanos está conformado por una pareja de adultos mayores o un adulto mayor que vive solo, una realidad evidencia el envejecimiento acelerado que atraviesa el país en los últimos años, según cifras de Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI).

NTN24

Los datos del estudio que es avalado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UCAB, detallan que por cada 100 menores de 15 años de edad hay 51 adultos mayores, una situación que dibuja el incremento de la dependencia de personas de tercera edad sobre la dependencia infantil.

Anitza Freitez, coordinadora de ENCOVI, considera que este cambio social debe ser atendido por las autoridades, en cuanto mejora de servicios e institucionalidad.

«Eso supone que la demanda de cuidados y la prestación de servicios para atender esos cuidados tiene que cambiar progresivamente y no es lo que estamos viendo en el país. La institucionalidad pública la vemos que está muy alejada de estos temas», señaló a El Impulso.

Freitez además acotó que la feminización de la jefatura de los hogares venezolanos, continúa en ascenso sostenido desde 2018 y ya alcanza el 50% de las familias.

Estas cifras estiman que el 70% de la carga recae en las mujeres, quienes se encargan del acompañamiento educativo de los escolares en casa, cuidado de los hijos y administración del hogar.

La experta en demografía indicó que la encuesta es muestra el rostro de las crisis y las priecariedades que viven una porción importante de los adultos mayores.

Por su parte, Francisco Coello, sociólogo y profesor, considera que el cuidado de los adultos mayores ya es un asunto público que debe ser atendido.

«Tenemos que empezar a preguntarnos por el derecho al cuidado de todos los venezolanos», dijo.

La psicóloga de la salud, Yolanda Cañoto, advirtió que el cuidado de otros es un asunto complejo y no basta con la buena voluntad.

«Se requieren conocimientos, empatía, disposición y fortaleza emocional».

«El derecho humano al cuidado es un derecho que implica dignidad, respeto y apoyo. Desde la psicología de la salud lo que se busca es fortalecer las prácticas de los cuidadores para que puedan proporcionar cuidados adecuados», comentó.

Cañoto además citó un reciente estudio de la UCAB con data de los usuarios del Centro de Salud Santa Inés, en el que señala que de 321 cuidadores de adultos mayores encuestados, 81% eran mujeres con una edad media de 49 años.

Oficiales de inteligencia venezolanos están vigilando a familiares de personas muertas en el mar por ataques estadounidenses contra presuntos barcos cargados de drogas, según un nuevo informe.

Latin Times

Citando a las personas afectadas, Reuters señaló que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) les advirtieron que no publicaran información sobre la muerte de sus seres queridos en redes sociales. Los cuerpos no han sido recuperados y las familias no han podido celebrar sus funerales.

Agregaron que no tienen conocimiento de ninguna investigación relacionada con los asesinatos. Washington tampoco ha publicado detalles sobre las personas atacadas.

Residentes de la localidad de Guiria dijeron que el número de efectivos de seguridad de diferentes organismos ha aumentado desde mediados de septiembre, cuando se incrementaron los ataques contra las embarcaciones.

«Pasan por las mismas zonas muchas veces, a todas horas. Antes no eran tan persistentes, ahora están por todas partes, todo el tiempo», dijo un líder comunitario al medio.

Otro residente del pueblo dijo que las patrullas incluyen civiles leales al régimen de Maduro, conocidos como «colectivos». «Todos están organizados por el gobierno: civiles y policías van juntos vigilando las calles», dijo.

Otro informe señaló que a pesar de todo, varios contrabandistas de la región siguen dispuestos a transportar drogas dados los grandes pagos, que pueden ascender a 100.000 dólares para los pilotos.

El Wall Street Journal entrevistó a tres personas involucradas en estos viajes, quienes detallaron que los cargamentos pueden tener un valor de hasta 70 millones de dólares. Suelen transportarse en embarcaciones de 12 metros de eslora propulsadas por motores fueraborda de gran tamaño.

Dado el cuantioso pago, algunos aceptan los trabajos a pesar del riesgo de ser destruidos. Las tripulaciones ahora buscan cualquier ventaja, como navegar de noche o con mal tiempo.

Las autoridades explicaron que muchos de los pilotos comenzaron como pescadores y luego se dedicaron al contrabando. Las tripulaciones suelen estar compuestas por un piloto, un mecánico, un garante y, a veces, un navegante.

«Estas organizaciones de narcotraficantes viven del narcotráfico. Seguirán haciéndolo. Esto no termina. Esto continuará incluso si Estados Unidos continúa con sus bombardeos», dijo un piloto al WSJ.

Considerando la rapidez esencial, las tripulaciones a veces navegan más de 24 horas seguidas para transportar drogas de Colombia a Honduras o México. En otros casos, arrojan los bultos junto con los marcadores GPS al océano para que otra tripulación los recupere posteriormente. También pueden reunirse en un lugar determinado y realizar la entrega.

Un miembro de la tripulación que recibió 10.000 dólares por una travesía exitosa dijo que la amenaza de las fuerzas estadounidenses lo asusta, pero está dispuesto a volver por más dinero. «Si me ponen 13.000 dólares por delante, iré».

El Gobierno de Perú ha anunciado la convocatoria a un Consejo de Ministros extraordinario para declarar el estado de emergencia en las fronteras del país, una medida orientada a contener el creciente flujo de migrantes que intentan ingresar desde Chile, especialmente por la región de Tacna.

Por: Carlos Espinoza – Infobae

El presidente José Jerí comunicó la decisión a través de un mensaje en redes sociales, en el que señaló la necesidad de reforzar los puntos fronterizos junto a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Migraciones, quienes intensificarán los controles de identidad. Según Jerí, el objetivo es “redoblar esfuerzos con las FF.AA. en su vigilancia” y garantizar la seguridad de los ciudadanos peruanos.

Aumento de la presión migratoria en la frontera sur

En los últimos días, se registra la llegada de decenas de migrantes, la mayoría venezolanos, al límite fronterizo entre Perú y Chile, principalmente en las provincias de Tacna y Tarata. El gobernador regional de Tacna, Luis Torres, informó que actualmente hay entre setenta y ochenta personas, incluyendo menores de edad, varadas en el lado chileno de la frontera. “Han bloqueado la vía y no pasan ni los tráilers ni los autos, hay columnas de vehículos en ambos lados”, explicó Torres, al advertir que la situación podría agravarse en los próximos días.El gobernador de Tacna, Luis Torres, pidió al Ejecutivo el estado emitir la declaratoria de emergencia en la frontera con Chile. | RPP

La concentración de migrantes ocurre en un contexto de alta tensión política en Chile, donde uno de los candidatos presidenciales plantea medidas estrictas para expulsar ciudadanos indocumentados. Esta amenaza ha motivado a grupos de migrantes a intentar cruzar hacia el territorio peruano en busca de mejores oportunidades o seguridad.

Solicitud del estado de emergencia y coordinación interinstitucional

La declaración de emergencia responde a un pedido formal del gobierno regional de Tacna. Torres destacó a RPP Noticias que la preocupación principal reside en la protección de la línea fronteriza y no en las ciudades peruanas. “El pedido concreto es que se declare en estado de emergencia la frontera, desde Bolivia hasta el mar”, precisó el gobernador, subrayando la extensión de más de ciento cincuenta kilómetros que representa un enorme reto logístico para las autoridades.

En el terreno, la dotación policial actual se estima en unos cincuenta agentes, insuficientes para patrullar toda la franja fronteriza. “Con esta emergencia seguramente movilizarán más policías desde otras partes del país a Tacna”, afirmó Torres, quien además anunció que el gobierno regional apoyará con vehículos equipados para el patrullaje, incluyendo unidades con comunicación satelital. La Aduana también entregará más vehículos a la Policía Nacional para reforzar los operativos hasta la emisión del decreto supremo.

Refuerzos y atención humanitaria ante la crisis

Las autoridades locales, junto a la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, Migraciones y otras entidades, sostienen reuniones diarias en la línea fronteriza para coordinar acciones inmediatas. Además del refuerzo en seguridad, el gobernador anunció el fortalecimiento del puesto de salud de Complejo Santa Rosa con más médicos, enfermeras y ambulancias, considerando la presencia de menores de edad entre los migrantes. “Ya pasamos esto hace unos años atrás, así que la mayoría de aquí presentes ya tienen experiencia”, sostuvo Torres.

El orden en la frontera se mantiene con dificultad ante el crecimiento de la población migrante, muchos de los cuales permanecen sin radares, ni comunicación por radio suficiente para las fuerzas de seguridad. La medida busca atender la preocupación de los vecinos y asegurar que el ingreso de extranjeros indocumentados se realice de manera controlada, permitiendo únicamente el acceso a quienes cuenten con la documentación en regla.

Tránsito bloqueado y expectativa ante la decisión del Gobierno

En tanto se espera la publicación del decreto supremo que oficializará el estado de emergencia, la tensión crece debido al bloqueo de vías y la presencia de migrantes que dificulta el cruce de vehículos y mercancías entre ambos países. Las autoridades peruanas consideran la situación como crítica y aseguran que esta respuesta es necesaria para proteger tanto la soberanía como los derechos de las personas desplazadas y comunidades fronterizas. El país permanece alerta ante la evolución de la crisis y se prepara para una vigilancia reforzada en toda su línea limítrofe con Chile.

El despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe produjo su primera acción militar. Una embarcación originada en Venezuela, presumiblemente transportando drogas a Estados Unidos, fue atacada en aguas internacionales. Ordenado por Trump, el ataque dejó once muertos. El pasado lunes un segundo barco fue hundido por el mismo motivo, dejando al menos tres muertos. Dicha operación se apartó del protocolo habitual de la Guardia Costera, consistente en vigilancia, interdicción e inutilización de una embarcación sospechosa, mas no el ataque y la eliminación de sus tripulantes. De ahí que voces críticas señalaran que el ataque había sido violatorio del Derecho Internacional, ya que el narcotráfico no es un acto de guerra sino un delito. Se trataría entonces de una ejecución sumaria. El Derecho Internacional estipula que el uso de la fuerza sólo es legal en defensa propia o con autorización explícita del Consejo de Seguridad de la ONU. Y en tal caso, rigen las Convenciones de Ginebra de 1949 que tipifican los crímenes de guerra, especialmente diseñados para proteger a civiles e infraestructura civil. Claro que dichas normas y convenciones son aplicables a las guerras convencionales; es decir, conflictos entre entidades jurídicas reconocidas, por lo general estados, dispuestas a encuadrar sus acciones dentro de parámetros legales. No es el caso de muchas de las guerras de hoy, frecuentemente llamadas ‘asimétricas’, un conflicto en el que los contendientes recurren a estrategias y tácticas no convencionales.

Por: Héctor Schamis

De hecho, el concepto de ‘guerra asimétrica’ denota una amplia variedad de confrontaciones no convencionales. La guerra de guerrillas, el terrorismo suicida, el secuestro y sabotaje, el ciberespionaje y el narcotráfico, entre otros, son ejemplos relevantes. La pregunta ineludible es acerca de la eficacia del derecho internacional y los métodos convencionales frente a estas amenazas. Ello le agrega un crítico componente ético y legal. El ataque en el Caribe ilustra el punto, pero no es el primero y no será el último.

En enero de 2020 Trump ordenó la ejecución de Qasem Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds, cuerpo de elite de la Guardia Revolucionaria iraní, considerada como organización terrorista por EE.UU. y otros países. Obama, por su parte, ordenó la ejecución de Bin Laden en mayo de 2011, una operación de inteligencia llevada a cabo en Pakistán. Un verdadero halcón con el yihadismo radical, Obama también autorizó 500 ataques secretos con drones en Pakistán, Libia, Irak, Afganistán, Siria, Somalia y Yemen.

Lo anterior es relevante para el caso de Maduro, quien encarna una variedad de amenazas no convencionales. Su régimen atenta contra la paz y la seguridad regional al forzar el éxodo, una verdadera política de Estado. Inicialmente hacia el sur, los caminantes de los Andes, luego hacia el norte, a través del tapón del Darién, un cuarto de la población ha emigrado. Pues no hay empleo, no hay salud ni educación, no hay ley, no hay Estado, el crimen organizado manda en los territorios y, además, la dictadura tortura y asesina. Ello también representa una agresión para los países vecinos, que deben absorber los costos adicionales, tanto fiscales como en seguridad y salud. Maduro inició esa guerra hace tiempo.

A pesar de la distancia, Chile ha sufrido la violación de su soberanía y un acto de agresión injustificado y no provocado por parte de la dictadura venezolana. En febrero de 2024, el teniente Ronald Ojeda, oficial naval venezolano, ex preso político exiliado en Chile, fue secuestrado y asesinado. La Fiscalía chilena acusó al Gobierno de Venezuela de haber ordenado su asesinato, ejecutado por el Tren de Aragua.

No sorprende. El régimen chavista siempre se apoyó en organizaciones paralelas no estatales, bandas delictivas en las prisiones y el crimen organizado. Funciona en colusión con ellos y con diferentes grados de integración. Los vínculos entre sí no son accidentales, son orgánicos. Es la fusión de la violencia del Estado, el control territorial y los extraordinarios recursos que se originan en el tráfico de drogas y personas, la minería ilegal y el contrabando de gasolina.

Por ello Venezuela está en guerra, las múltiples guerras por el recurso. Las varias disidencias FARC, el ELN, el clan del Golfo y el cartel de Sinaloa, entre otros, gozan de la protección de la dictadura para sus operaciones. Son sus socios en la extracción de rentas de las economías criminales: en el Catatumbo (Colombia) y en Apure (Venezuela) con el cultivo y tráfico de cocaína, en la Guajira con el tráfico de personas, en el Orinoco con los recursos mineros. El señor de la guerra (‘warlord’) principal opera desde el palacio presidencial de Miraflores.

Maduro ya declaró la guerra a los países cuyos ciudadanos retiene como rehenes. Según organizaciones de derechos humanos, hay 89 personas de diversas nacionalidades extranjeras entre los presos políticos. La detención arbitraria de extranjeros hace las veces de política exterior, pues es moneda de cambio para canjearlos por beneficios económicos y políticos; y luego encarcelar a otros, la ‘puerta giratoria’. Dicha ‘diplomacia de rehenes’ se ha intensificado desde la elección de julio de 2024.

Maduro también declaró la guerra a los venezolanos. Por ello está investigado en la Corte Penal Internacional con cargos de ejecuciones extrajudiciales, tormentos, violaciones y torturas de carácter sexual, encarcelamientos por razones políticas y el uso de la desaparición forzada como táctica represiva. Son crímenes que Maduro hasta confesó haber perpetrado. Vaticinó un «baño de sangre y una guerra civil» si la oposición triunfaba en la elección del 28 de julio de 2024. Una vez que dicha victoria ocurrió, y en una verdadera confesión de parte, aseguró tener «más de 1.200 capturados y estamos buscando a mil más. Los vamos a agarrar, los vamos a agarrar a toditos, y no va a haber perdón esta vez».

Con Maduro no habrá paz en Venezuela ni seguridad en las Américas, sus guerras ameritan la intervención. Los instrumentos del Derecho Internacional para tal efecto están allí; activarlos es cuestión de voluntad. La Convención de Palermo fue adoptada por la ONU en 2000 para combatir la delincuencia organizada transnacional mediante la cooperación y la armonización de las leyes nacionales. Palermo es consistente con la ley Magnitsky de 2012 y 2016 en EE.UU. Ambas versiones imponen sanciones a personas y entidades extranjeras involucradas en corrupción o violaciones graves de derechos humanos. Autoriza al presidente a imponer prohibiciones de visado y congelar activos de los responsables en cualquier lugar del mundo.

El Estatuto de Roma de 1998 tipifica los crímenes de lesa humanidad, estableciendo que los mismos son imprescriptibles, de responsabilidad individual y de jurisdicción universal. A su vez, la doctrina de la Responsabilidad de Proteger de 2005 postula que la soberanía conlleva la responsabilidad de los estados de proteger a la población de crímenes atroces y violaciones graves de derechos humanos, y que en caso de incumplimiento dicha responsabilidad recae en la comunidad internacional. Así, contempla la posibilidad de usar la fuerza bajo la autoridad del Consejo de Seguridad. En Venezuela, el Estado está en manos de una organización criminal. Insistir en usar categorías de análisis político, o en darle estatus político –así sea el estatus de un brutal régimen autoritario– tiene por efecto normalizar, rehabilitar y legitimar a esa organización.

La frontera entre Perú y Chile vive uno de sus momentos más críticos en los últimos meses. En la madrugada de hoy, viernes 28 de noviembre, decenas de migrantes aguardan en el sector de la línea La Concordia, intentando recibir atención por parte de Migraciones en el complejo fronterizo de Santa Rosa, en Tacna. El flujo migratorio se incrementó tras el anuncio del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, quien advirtió que, de ganar las elecciones, impulsaría la expulsión de foráneos en situación irregular.

Por: Carlos Espinoza – Infobae

La visita de Kast a la propia línea fronteriza días atrás y su declaración pública en ese lugar generaron un efecto inmediato en la población extranjera. Muchos comenzaron a salir de Chile y buscaron atravesar la frontera hacia otros destinos, principalmente países de origen. “Estoy esperando para ver si me dejan pasar porque yo solo voy de pasada, porque yo soy de Ecuador”, expresó a Buenos Días Perú una de las ciudadanas que aguardaban la apertura del control fronterizo. Ella, como muchos otros, busca regularizar su situación antes de abandonar el territorio chileno, incluso tras haber ingresado irregularmente al Perú.

Esperas largas y tensión por la atención de Migraciones

Hoy se vive un escenario de personas esperando desde horas de la madrugada frente al complejo. La mayoría son mujeres, niños y familias que buscan regularizar su situación migratoria, con la esperanza de cruzar hacia Perú y continuar el viaje a sus países de origen. La atención de Migraciones en Tacna inicia recién a las 08:00, lo que ha generado incomodidad entre los migrantes que pasan la noche a la intemperie.

“Hay personas desde anoche, llorando, muertos de hambre, aquí toda la noche esperando”, relata una extranjera embarazada a Buenos Días Perú, quien denuncia la falta de condiciones mínimas para esperar la atención. “Estoy que me orino y no puedo orinar. Los niños llorando de hambre. Mujeres, todo”. El ambiente es de cansancio y desesperación por la falta de acceso a servicios básicos y por la incertidumbre sobre el futuro inmediato.

“Nosotros lo que queremos es regresar a nuestro país. No nos vamos a quedar en ningún Perú”, recalca otra ciudadana, dejando claro que para la mayoría la frontera de Tacna es solo un paso obligado camino a sus hogares.

Desesperados por abandonar Chile tras las amenazas de expulsión para extranjeros en situación irregular, cientos de migrantes —principalmente mujeres y niños— pasaron la madrugada de hoy esperando atención en la frontera de Tacna – Buenos Días Perú

Refuerzo de la seguridad y presencia policial

Ante el creciente flujo migratorio y la presión sobre los puestos de control, tanto el Gobierno peruano como las autoridades policiales de Tacna han respondido reforzando la seguridad. Desde el día de ayer, la Policía Nacional patrulla de forma constante los hitos fronterizos, del número tres al siete, en el sector de la línea La Concordia y en el complejo de Santa Rosa. El general Valverde, jefe policial en la región, confirmó el incremento del personal y de unidades vehiculares en la zona para custodiar el paso.

Según el propio general, “se ha reforzado el tema de la seguridad el doble”, ante el temor de un desborde migratorio. En paralelo, el presidente peruano José Jerí anunció la inminente declaración de estado de emergencia en las zonas limítrofes, una medida extraordinaria que permitirá el despliegue adicional de las fuerzas armadas para apoyar el control y la verificación de documentos a lo largo de más de 100 kilómetros de frontera.

Bloqueo del paso fronterizo

Además del aglomerado de personas en espera y de las largas horas de incertidumbre, en la mañana de este viernes se produjo un bloqueo temporal del paso fronterizo protagonizado por los propios migrantes. Ante la imposibilidad de cruzar hacia Perú, un grupo de extranjeros indocumentados bloqueó durante aproximadamente una hora tanto el ingreso como la salida entre ambos países. Como consecuencia, más de un centenar de vehículos quedaron varados del lado chileno y decenas también en territorio peruano, generando extensas filas y afectando a quienes intentaban trasladarse en ambas direcciones.

Los migrantes colocaron maderas, equipaje, piedras y colchones a lo largo de la línea de frontera. La protesta fue interrumpida momentáneamente tras la llegada de carabineros de Chile, quienes negociaron con los extranjeros una tregua temporal para permitir el paso de los vehículos. Los manifestantes anunciaron que mantendrían el bloqueo de forma intermitente hasta obtener una respuesta clara de las autoridades peruanas que les permita continuar su viaje.

Donald Trump anunció que está dispuesto a hablar con Nicolás Maduro para decirle que se tiene que marchar por las buenas o por las malas, pero esto Maduro no lo va a aceptar. ¿Entonces de qué más pueden hablar? 

Por: Víctor Álvarez – El Nacional

Nicolás Maduro no está en condiciones de hacer una demostración de fuerza ante la principal potencia militar del mundo y para lograr que Trump flexibilice su posición y cambie de opinión, seguramente apelará a la astucia política que le ha permitido sobrevivir a lo largo de todos estos años de sanciones, aislamiento diplomático y máxima presión.

Chávez inculcó a sus sucesores que los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios y por eso en Miraflores tienen que haber estudiado muy bien los pro y contra de cada probable acción de Trump. La operación psicológica basada en la demostración de fuerza no ha sido suficiente para desmoralizar y quebrar al régimen de Maduro. Los bombardeos a objetivos vinculados al narcotráfico tampoco garantizan la implosión de un régimen que luce cohesionado y, por el contrario, conllevan el riesgo de que finalmente Maduro se mantenga en el poder y se erija como el héroe de la resistencia antiimperialista que sobrevivió a los ataques del ejército más poderoso del mundo, dejando al amenazante Trump en ridículo.

La narrativa del Cártel de los Soles le ha generado a Trump efectos contraproducentes que han demorado su decisión de atacar. Los generales del Alto Mando Militar venezolano se sienten amenazados por la administración Trump que los acusa de ser cómplices del Cártel de los Soles y, para evitar la persecución y purga de la FANB en caso de que Maduro fuese capturado, lo reemplazarían con uno de sus miembros. 

Forzar un cambio de régimen desembocará en la implantación de otro régimen autoritario que utilizará las instituciones del Estado para desatar una cacería de brujas contra todo lo que sea o parezca chavista. De hecho, la Constitución de Venezuela permite al presidente de la República tomar la iniciativa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que -una vez instalada- tiene la facultad de disolver los demás poderes públicos, lo cual sería aprovechado por el nuevo régimen para borrar del ecosistema político a los 24 gobernadores y 285 alcaldes y 256 diputados chavistas.

Si la persecución y cárcel es la mejor alternativa que se le ofrece, Maduro y el chavismo nunca entregarán el poder. En lugar de seguir apostando a la rendición incondicional de Maduro para que sea juzgado y condenado por la justicia de Estados Unidos, y a la subsiguiente capitulación de los gobernadores y alcaldes chavistas, la clave para lograr una solución pacífica del conflicto venezolano pasa por compartir el poder en un gobierno de unidad y recuperación nacional. Los polos que se disputan el poder político están llamados a acordar las condiciones para un acuerdo nacional que contribuya a preservar la paz, reactivar la economía y crear mejores condiciones de vida que estimule el retorno de los migrantes venezolanos que tanto obsesiona a Donald Trump.  

Si los servicios de inteligencia de Estados Unidos han suministrado información de calidad sobre los riesgos de ordenar ataques militares para forzar un cambio de régimen en Venezuela, eso explica por qué Trump ahora se muestra dispuesto a conversar con Nicolás Maduro. La inteligencia estadounidense debe haber advertido a Trump que la coalición cívico-militar-policial que gobierna a Venezuela está dispuesta a pasar a la resistencia armada para defenderse. Y si se suman las guerrillas colombianas y otros grupos armados irregulares, el resultado sería un conflicto prolongado como el que ha desangrado a Colombia durante más de medio siglo. Si Trump ataca, incumpliría su promesa electoral y quedaría como un guerrerista que hundió a Venezuela en una ola de violencia y convirtió a la región en una zona de conflicto. 

Pero Trump puede quedar como un pacificador si hace valer su poder para sentar en la mesa de negociaciones a Nicolás Maduro y a Edmundo González Urrutia, a quienes les presentaría un marco general para acordar un acuerdo de coexistencia pacífica que asegure la gobernabilidad de Venezuela, con garantías de protección y no persecución para los actores que se diputan el poder y, sobre todo, para los que tengan que entregar el mando político de la nación. 

MCM está muy agradecida por el apoyo que le ha brindado la Casa Blanca, y hasta le dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz, pero ella perdería este respaldo si se niega a participar en un acuerdo que le evite a Trump las consecuencias impredecibles de ordenar ataques militares en territorio venezolano. 

Todos estos escenarios también los debe haber evaluado el Palacio de Miraflores para encontrar el margen de maniobra para evitar que desde la Casa Blanca y el Pentágono se ordenen los ataques. Con ese fin, en la conversación que está planteada, Maduro le puede proponer a Trump lo siguiente:

  1. Reactivar el acuerdo con la DEA para certificar que Venezuela es un territorio libre de cultivos ilícitos y laboratorios para fabricar drogas ilegales.
  2. Ampliación y aceleración del retorno de migrantes venezolanos en Estados Unidos.
  3. Apertura de la industria petrolera venezolana a las compañías petroleras estadounidenses para garantizar a Estados Unidos un suministro estable y seguro de crudos.
  4. Limitar el alcance de los acuerdos con Rusia, China, Irán y otros rivales geopolíticos de Estados Unidos.
  5. Liberación de presos políticos, retorno de los exiliados, cese de las inhabilitaciones políticas y de las intervenciones de los partidos.
  6. Solucionar el cuestionamiento a la legitimidad presidencial con base en los establecido en la Constitución de convocar elecciones en los 30 días siguientes a la renuncia del presidente, antes de cumplirse el cuarto año del mandato presidencial.
  7. Elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral y renovación de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
  8. Retiro de las recompensas de Estados Unidos y garantías de protección y no persecución para los que tengan que entregar el poder.
  9. Protección de Citgo del remate y devolución de los fondos y activos de la República bloqueados en Estados Unidos.
  10. Eliminación de las sanciones petroleras.   

@victoralvarezr

En política, las sociedades no siempre cambian de idea: a veces cambian de conversación. Eso es exactamente lo que ocurrió en Venezuela. Durante un cuarto de siglo, el chavismo-madurismo logró imponer un marco narrativo en el que la polarización era método, la resignación era cultura y el miedo era política pública. Pero en noviembre de 2025, ese país dejó de hablar en voz baja. Y lo que dice ahora no deja espacio para matices: nueve de cada diez venezolanos rechazan al régimen, a sus líderes y al mundo que construyeron.

Antonio de la Cruz

La última encuesta nacional lo confirma con una claridad casi brutal. En democracia, 90% nunca piensa igual sobre nada. En dictadura, solo ocurre cuando la población deja de temer. Y cuando eso sucede, la ventana de lo políticamente posible se desplaza como una compuerta liberada.

Lo que cambió no fue solo la opinión pública: cambió la arquitectura moral de la nación.

De la obediencia al descrédito: el derrumbe del relato chavista

Durante años, muchos venezolanos dudaban en decir lo que sabían. El régimen era percibido como corrupto, abusivo y violento, pero decirlo podía costar empleo, libertad o vida. En 2025, esa muralla psicológica ha caído.

Un dato lo sintetiza todo: 90,89% del país afirma que el régimen de Nicolás Maduro es una organización narcoterrorista. No un gobierno autoritario, ni un desvío del socialismo; un cártel político-militar que se apoderó del Estado.

Esto no es un giro ideológico: es un veredicto. Cuando una sociedad coloca a su élite dirigente fuera de la categoría de “adversarios” y dentro de la categoría de “delincuentes”, la política deja de ser negociación posible y se convierte en administración de un final inevitable.

El chavismo-madurismo perdió el derecho de ser discutido.

Estados Unidos vuelve al vecindario y Venezuela abre la puerta

La encuesta revela otro quiebre histórico: 89,09% apoya las acciones de Estados Unidos y del presidente 47, Donald Trump, con relación a Venezuela. En cualquier otro país latinoamericano, este sería un dato escandaloso. En Venezuela, es terapéutico.

La intervención externa, antes considerada un tabú, pasó de ser un planteamiento marginal a convertirse en una opción discutida abiertamente. La mitad de la población respalda la extracción directa de Maduro y su círculo de poder, y una quinta parte avala incluso bombardeos focalizados.

Para entender lo que esto significa, conviene recordar que la política exterior latinoamericana tradicionalmente se ha definido por una combinación de orgullo soberano y antiimperialismo ritual. Pero ese credo muere donde nace el hambre. En países donde el Estado deja de proteger, la legitimidad se traslada a quien puede hacerlo.

En Venezuela, el vacío lo ocupa Washington.

El fin del miedo: los venezolanos ya no creen en la guerra civil

En las transiciones latinoamericanas —de Pinochet a Patricio Aylwin Azócar, de los militares brasileños a Fernando Cardoso— el fantasma de la violencia siempre fue un obstáculo, una excusa y, a veces, una profecía. En Venezuela, ese fantasma se esfumó: 93,69% cree que no habrá una guerra civil si el cabellomadurismo cae.

Esto es extraordinario.

Los ciudadanos no solo no temen el colapso: lo anticipan como un carnaval cívico. 89,36% dice que el día después será una fiesta nacional. Un país que espera celebrar no es un país que teme; es un país que decidió avanzar.

El miedo ya no disciplina. El régimen perdió su último instrumento.

La restitución moral: Edmundo González y María Corina Machado

Las transiciones se miden tanto en legitimidad institucional como en legitimidad simbólica. Y las urnas del 28 de julio de 2024 —a pesar de haber sido negadas por el narcorrégimen— dejaron una onda expansiva que no se disipó.

Hoy, 90,08% reconoce a Edmundo González como presidente legítimo del país. Y 84,49% celebra el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado.

La dinámica es clara: Venezuela redefinió la frontera entre lo aceptable y lo repudiable. El cabellomadurismo quedó fuera; la oposición democrática quedó dentro. El marco de lo políticamente posible se movió por completo: la compuerta se cerró sobre el régimen y se abrió para sus adversarios. En una nación que tenía dos relatos compitiendo por la verdad, solo uno sobrevivió.

La transición como única política posible

El dato más contundente no es político; es emocional. 81,97% siente esperanza por las noticias recientes sobre el país. La esperanza es más que un sentimiento: es una orden social. Indica que la transición no es una opción; es una expectativa.

Y en política, lo esperado se vuelve inevitable.

El país ya no debate si el chavismo-madurismo caerá, sino cómo, cuándo y bajo qué términos será sustituido. Y lo hace con una claridad que evoca los momentos decisivos de las transiciones ibéricas y del Cono Sur en los años setenta: el consenso es tan amplio que la negociación dejó de definir la salida y pasó a limitarse a los detalles.

Un país que decidió moverse

En su narrativa sobre el colapso del Imperio Romano, el historiador Edward Gibbon escribió que las civilizaciones no mueren por suicidio, sino por asesinato. En Venezuela, el asesinato no fue un acto puntual sino una erosión lenta, química, devastadora.

Pero lo decisivo no fue el deterioro institucional: fue el despertar colectivo.

La encuesta de noviembre de 2025 demuestra que Venezuela no está esperando el cambio; lo está exigiendo. El marco de lo políticamente posible no se desplazó poco a poco: se vino abajo sobre el régimen y abrió un pasillo amplio, luminoso y urgente hacia la transición.

En un país donde nueve de cada diez ciudadanos piensan lo mismo, la política deja de ser aritmética y se convierte en geología: la placa tectónica de la opinión pública está empujando hacia un nuevo orden.

La pregunta ya no es si el cabellomadurismo caerá. La pregunta es cuál será la forma institucional, internacional y moral que adoptará lo que venga después.

Y esa respuesta —como siempre en América Latina— dependerá de la capacidad de sus líderes para convertir una victoria social en una arquitectura de Estado.

Lo que es seguro es esto: la historia venezolana ya cerró un capítulo. Y lo que viene, guste o no, será una refundación.

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