El occidente de Venezuela ha sido sacudida por varios sismos en las últimas horas, siendo el más potente uno de magnitud 6 que se registró a las 11:51 pm de este miércoles al este de Bachaquero, en el estado Zulia.

El Nacional

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó en sus redes sociales que el epicentro de este sismo tuvo una profundidad de 16.4 kilómetros. Según reportes de usuarios en redes sociales, se sitió en Falcón, Lara, Yaracuy, Portuguesa y Trujillo, además de zonas de Colombia como Bucaramanga, Bogotá, Cartagena y Medellín.

Más temprano, el organismo informó de un sismo de magnitud 5,4 que sacudió la misma zona del país.

Indicó que el epicentro de ese primer movimiento, ocurrido a las 6:21 pm, se ubicó a 40 kilómetros al noreste de La Ceiba, una población del estado Trujillo, y a 40 kilómetros al sureste de Bachaquero.

Funvisis registró más de una decena de sismos de distinta magnitud en el occidente venezolano durante este miércoles. Todos los movimientos telúricos estuvieron relacionados a la falla de Boconó.

¿Es Venezuela un país con amenaza sísmica?

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas indicó en el año 2018 que cerca del 80% de la población venezolana vive en zonas de alta amenaza sísmica.

«Son zonas variables que aumentan el nivel de riesgo. Lo hacen cada vez mayor a medida que se eleva el índice demográfico y las inversiones en infraestructura», dijo Funvisis a CNN.

Las fallas de Boconó, San Sebastián, El Pilar y Oca-Ancón integran la zona de mayor actividad en la interacción de las placas en el país y la convierten en rasgos neotectónicos notorios.

En la actualidad no existe un consenso preciso para definir el límite exacto entre las placas del Caribe y Suramérica.

La falla de Boconó

De las cuatro fallas geológicas de Venezuela, la falla de Boconó es la más imponente y la que mayor riesgo representa para el país debido a su longitud.

La falla de Boconó es una falla tectónica que se extiende aproximadamente 500 km en la parte central de los Andes, entre la depresión del Táchira y el mar Caribe.

Esta falla se ramifica al este de Morón y a lo largo de la costa del mar Caribe con las de Morón y El Pilar.

Es la mejor conocida de todas las fallas del país porque fue una de las primeras en ser halladas y por poseer una fuerte expresión topográfica, expuesta a todo lo largo de su extensión.

Se dice que esta falla proviene del Pleistoceno superior, antes era una gran llanura formada por sedimentos de algunos ríos Chama, Mucujún y Albarregas, en cuyo lugar se formó una meseta sobre la cual se halla la ciudad de Mérida.

Los Andes de 1894

El 28 de abril sucedió el llamado Gran Sismo de los Andes; también se conoció como el Terremoto de Mérida, uno de los terremotos más grandes de los que se tengan registro en la historia sísmica de los Andes.

Fue la sacudida más violenta registrada por la falla de Boconó. Se cree que la fractura que actualmente presenta la falla se originó durante ese terremoto.

Se calcula que el epicentro se localizó en el poblado de Chiguará, en el sur del estado Mérida, donde el sismo fue más intenso y sus réplicas se sintieron en varias zonas de los estados Barinas, Zulia y Lara y algunas ciudades de Colombia.

Por su parte, el terremoto de Cariaco constituyó el evento sísmico más importante ocurrido en Venezuela, después del de Caracas de 1967, y es el primero con características destructoras después de la creación de Funvisis en 1972.

Prevención

Datos de Funvisis señalan que en algunas zonas del estado Mérida, incluso la capital, ocurren hasta 70 microsismos diariamente, lo que hace a la falla de Boconó la más activa de Venezuela.

Los expertos explicaron que estos sismos son normales y que se deben al movimiento de la placa suramericana con respecto a la caribeña, ambas causantes de estos movimientos.

El organismo ha explicado en sus informes que estos movimientos naturales no son un preaviso de un sismo mayor, pero tampoco descartan que ocurra alguna vez.

La planificación es la mejor herramienta para hacerles frente a los terremotos. La prevención es la clave.

Diosdado Cabello afirmó este miércoles que la líder opositora María Corina Machado estaría planeando “ataques con granadas y explosivos” en los días previos, durante y después de la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, prevista para el próximo 19 de octubre.

La Patilla

Durante la transmisión de su programa, Cabello leyó una supuesta carta enviada por sus “patriotas cooperantes”, en la que se asegura que la dirigente opositora estaría trabajando con “grupos de narcodelincuentes” e intentaría emplear “francotiradores” para cometer “muertes selectivas”.

«Resulta que mi amiguis está trabajando con varios grupos de narcodelincuentes para crear un hecho de conmoción en el país (…). Desde granadas y explosivos hasta muertes selectivas con francotiradores. ‘Cori’ quiere que corra la sangre los días previos, durante y después de la canonización de nuestros dos santos», expresó.

En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente argentino, Javier Milei, reclamó la liberación inmediata de Nahuel Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024.

El Nacional

Durante su intervención, Milei denunció la situación como una desaparición forzada y lanzó un llamado a la comunidad internacional: “Exigimos al gobierno de Venezuela su inmediata liberación y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que acompañe este reclamo legítimo en defensa de los principios más básicos del derecho internacional y la dignidad humana”.

Gallo fue detenido por las autoridades venezolanas cuando cruzaba el Puente Internacional Francisco de Paula Santander desde Colombia hacia Venezuela, con la finalidad de reencontrarse con su pareja y su hijo de 2 años de edad.

Según el gobierno argentino, el gendarme ingresó legalmente y con todos sus documentos en regla, pero fue privado de libertad sin imputación formal, ni acceso a defensa legal y asistencia consular. El gobierno de Nicolás Maduro lo acusa de presuntas actividades de espionaje y terrorismo, aunque no ha presentado pruebas públicas ni ha revelado su lugar de detención.

El caso ha sido incluido en informes de organismos internacionales como la ONU y la OEA, que lo califican como una detención arbitraria y un posible crimen de lesa humanidad. El gobierno argentino ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos para lograr su liberación, en medio de una relación bilateral prácticamente congelada desde agosto de 2024.

El tribunal correccional de París declaró este jueves culpable al ex presidente francés Nicolas Sarkozy por asociación ilícita en el marco de la causa sobre la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2007 con fondos provenientes del régimen libio.

AP

Según la presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, Sarkozy permitió que sus colaboradores actuaran para obtener apoyos financieros de Libia entre 2005 y 2007, lo que configura el delito de asociación ilícita.

El ex mandatario, de 70 años, fue absuelto de los cargos de corrupción y de encubrimiento de malversación de fondos públicos. Al fallo asistió acompañado de su esposa, Carla Bruni-Sarkozy, a la espera de saber la pena que el tribunal impondrá al final de la audiencia. La fiscalía había solicitado anteriormente una condena de siete años de prisión.

En la misma audiencia fue hallado culpable Claude Guéant, exdirector de campaña de Sarkozy, por asociación ilícita, corrupción pasiva, tráfico de influencias, falsificación y blanqueo agravado. En cambio, Ahmed Salem Bugshan, Edouard Ullmo y el exministro Éric Woerth fueron absueltos de los cargos por los que estaban acusados.

La sentencia dictada cierra una etapa clave en el proceso más mediático sobre supuesta financiación extranjera en la política francesa de las últimas décadas. Se espera que la lectura completa de la condena precise la duración y condiciones de la pena para el ex jefe de Estado.

El ex mandatario compareció ante el tribunal por cargos de corrupción pasiva, financiación ilegal de campaña, encubrimiento de malversación de fondos y asociación delictiva. La defensa remarcó en varias oportunidades que ningún documento probado acredita la recepción de fondos por parte del ex presidente.

“¿Qué credibilidad puede darse a declaraciones marcadas por un ánimo de venganza?”, expresó Sarkozy durante el proceso.

Las acusaciones surgieron a raíz de un reportaje publicado en 2012 que incluía un memorándum de inteligencia libio, el cual mencionaba un supuesto acuerdo para canalizar 50 millones de euros a la campaña de Sarkozy. El ex líder francés tildó el documento de “falsificación” y denunció difamación.

Las autoridades judiciales galas, tras examinar el memorándum, determinaron que tenía apariencia de autenticidad, pero no consiguieron demostrar que el dinero se hubiese transferido de forma concreta.

Los investigadores examinaron repetidos viajes a Trípoli realizados entre 2005 y 2007 por colaboradores cercanos a Sarkozy, etapa en la que ocupaba el Ministerio del Interior. Las pesquisas se centraron en la posibilidad de que esos desplazamientos estuviesen relacionados con la ingeniería financiera del presunto aporte libio a la contienda electoral.

En 2016, el empresario franco-libanés Ziad Takieddine aseguró que transportó maletas llenas de dinero desde Trípoli a París con destino al Ministerio del Interior bajo el mandato de Sarkozy. Más tarde, Takieddine se retractó, abriendo una investigación paralela sobre posible manipulación de testigos que aún no llega a juicio. Tanto Sarkozy como su esposa, Carla Bruni-Sarkozy, figuran como imputados en esa línea de investigación por supuestamente intentar presionar a testigos involucrados.

El juicio se desarrolla en un contexto marcado por múltiples controversias judiciales para Sarkozy, cuya reputación política se ha visto erosionada por varias condenas previas.

En junio pasado, fue despojado de la Legión de Honor, máximo galardón francés. Se trata de la primera ocasión en que un ex presidente pierde esta distinción debido a una condena penal. En una causa previa, fue encontrado culpable de corrupción e intento de tráfico de influencias por intentar sobornar a un magistrado, motivo por el cual fue condenado a portar un brazalete electrónico durante un año, aunque la medida terminó suspendiéndose por su edad.

Otro tribunal determinó en 2023 que Sarkozy incurrió en financiamiento electoral ilegal en su intento de reelección. Se le acusó de duplicar el límite permitido de gastos de campaña, lo que se tradujo en un año de prisión, con seis meses de ejecución condicional. El ex mandatario espera la resolución de su apelación ante la Corte de Casación, máxima instancia judicial del país.

El núcleo del caso radica en el alegato de que Sarkozy “se benefició de un pacto de corrupción” con el régimen de Gaddafi para asegurar recursos que lo ayudaron a ganar las elecciones. El fiscal enfatizó esa presunta alianza durante el juicio, señalando que “Sarkozy sabía perfectamente el origen ilegítimo del dinero y aceptó integrar fondos de una dictadura en la financiación de su campaña”. A pesar de estas afirmaciones, la investigación judicial no logró aportar pruebas directas e irrefutables de que los fondos llegaron efectivamente al equipo de campaña de Sarkozy.

Durante el proceso oral, también quedó en evidencia la relación contradictoria del ex presidente con el régimen libio. Aunque en su momento restableció lazos con Trípoli, más tarde se convirtió en uno de los primeros mandatarios occidentales en respaldar públicamente la intervención militar que propició la caída de Gaddafi en 2011. Sarkozy siempre sostuvo que las acusaciones son una represalia por esa decisión.

Entre los acusados en este proceso figura el ya fallecido Ziad Takieddine, quien murió en Beirut dos días antes del veredicto sin haber comparecido ante el tribunal. El empresario, considerado pieza clave en la supuesta red de financiación ilegal, había huido de Francia en 2020 y fue objeto de cargos por evasión y manipulación de pruebas.

La Corte Constitucional de Ecuador dio luz verde este miércoles al referéndumpara decidir sobre la conformación de una Asamblea Constituyente, la cual será encargada de redactar una nueva Carta Magna con medidas más estrictas contra el narcotráfico y otros puntos.

EFE

Mediante un comunicado, la Corte confirmó su dictamen favorable para la convocatoria a una Asamblea Constituyente, habilitando legalmente la consulta popular.

Los ciudadanos de Ecuador votarán el 16 de noviembre para decidir si se instala una Asamblea Constituyente que podría reemplazar la Carta Magna vigente desde el gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

La iniciativa del presidente Daniel Noboa recibió este miércoles la autorización de la Corte Constitucional, órgano que consideró que el Ejecutivo corrigió las observaciones solicitadas y cumplió con los parámetros constitucionales.

El mandatario promueve esta iniciativa en el contexto de su ofensiva contra bandas criminales responsables del aumento de la violencia y el repunte en los índices de homicidios en el país.

Entre los cambios introducidos destaca el mecanismo para la elección de los miembros y la definición del tamaño de las circunscripciones que conformarán la cámara constituyente. Tras analizar estos ajustes, el tribunal determinó que ahora sí cumplen con los parámetros constitucionales.

En consecuencia, la Corte instruyó al Consejo Nacional Electoral (CNE) incorporar en la papeleta electoral del referendo “la pregunta, el estatuto y la distribución de asambleístas constituyentes aprobados en el dictamen”, informó el alto tribunal.

La Corte subrayó que los ecuatorianos serán quienes “deberán pronunciarse en condiciones de igualdad, libertad y respeto a la dignidad humana, con todas las garantías de un proceso electoral libre, transparente y deliberativo, para determinar si se inaugura o no un nuevo pacto constitucional”.

“Con este dictamen, la Corte reafirma su papel como garante de la democracia, la independencia judicial y el respeto a la voluntad popular, recordando que su función no es decidir por la ciudadanía, sino asegurar que el proceso constituyente se desarrolle con transparencia, reglas claras y con absoluta lealtad al elector», insistió el organismo a través del comunicado oficial publicado en su página web.

La victoria de Noboa en la Corte abrirá un nuevo debate en Ecuador. “El pueblo es el único depositario del poder constituyente y será quien, con información suficiente y condiciones de igualdad, determine el rumbo histórico de la República”, cerró la Corte.

La propuesta gubernamental contempla que la Asamblea esté integrada por 52 asambleístas provinciales, 22 nacionales y seis del exterior, todos con suplentes. La duración de la misma será de 180 días, prorrogables una sola vez hasta por 60 días adicionales.

El procedimiento para la consulta sobre la Asamblea Constituyente comenzó el pasado 20 de septiembre, cuando Noboa firmó el Decreto 153, que convocaba a la realización del referéndum. El Consejo Nacional Electoral (CNE) remitió dicho decreto a la Corte Constitucional para su respectivo control de constitucionalidad.

Por otra parte, el presidente ecuatoriano también enfrenta una problemática en el ámbito social tras la eliminación del subsidio al diésel. De acuerdo con la agencia EFE, Noboa declaró que su administración no retrocederá ante las presiones que, según su criterio, buscan alterar el orden en Ecuador mediante acciones violentas.

La declaración se produjo durante un acto de entrega de beneficios sociales, donde Noboa adoptó un tono firme respecto a la protesta social y las movilizaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Las marchas fueron tildadas por el presidente como “actos de terrorismo disfrazados de protesta”.

El mandatario sostuvo que las protestas dejaron de ser un reclamo legítimo y pasaron a convertirse en “ataques calculados para sembrar miedo y desestabilizar todo el país”. En ese sentido, afirmó que los dirigentes de estas manifestaciones no representan auténticamente a la población y que su verdadero objetivo sería devolver el caos al país.

Un accidente aéreo en el principal aeropuerto de Venezuela ha vuelto a poner bajo los reflectores a un empresario panameño señalado por sus estrechos lazos con el chavismo. El miércoles, un avión ejecutivo Learjet 55, matrícula YV-3440, se precipitó poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado de La Guaira. Entre los pasajeros se encontraba Ramón Carretero Napolitano, un hombre de negocios panameño cuya fortuna creció a la sombra del régimen de Nicolás Maduro.

Infobae

El siniestro ocurrió a las 12:52 del mediodía, según informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). La caída obligó a activar los protocolos de emergencia, interrumpió temporalmente las operaciones en Maiquetía y provocó retrasos y desvíos en rutas internacionales. Dos personas fueron rescatadas con vida y trasladadas a centros de salud, donde permanecen estables. Las autoridades aún no han ofrecido un balance definitivo de víctimas.

Imágenes difundidas por pasajeros y personal de la terminal mostraron una columna de humo saliendo de la pista tras el impacto. El INAC anunció la apertura de una Junta de Investigación de Accidentes para determinar las causas del siniestro, que por ahora se desconocen. La aeronave había registrado vuelos recientes hacia Cuba y Panamá, de acuerdo con el portal de rastreo FlightAware.

La presencia de Ramón Carretero a bordo del avión tiñe de connotaciones políticas un accidente que, en otro contexto, habría quedado limitado a la crónica de sucesos. Carretero, de larga trayectoria en Panamá y Cuba, se convirtió a partir de 2013 en contratista del Estado venezolano, con adjudicaciones millonarias que incluyeron la construcción de gimnasios, un estadio de béisbol, un centro de convenciones y la remodelación de hoteles en la costa caribeña. Según una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Armando.Info, sus compañías recibieron alrededor de 769 millones de dólares en proyectos y suministros.

Los documentos filtrados a esa alianza periodística mostraron también la otra cara de la relación: empresas vinculadas a Juan Carlos López Tovar —entonces pareja de Iriamni Malpica Flores, sobrina de la primera dama Cilia Flores— recibieron en 2014 pagos por al menos 5,8 millones de dólares procedentes de sociedades de Carretero Napolitano. La connivencia iba más allá del flujo financiero. Carretero y López Tovar compartieron vuelos en jets privados y constituyeron empresas en Panamá con negocios que iban desde bienes raíces hasta alquiler de aeronaves.

Los contratos de Carretero fueron gestionados a través de la Fundación Pro-Patria 2000, un ente controlado directamente por la Presidencia de la República y dirigido por familiares de Cilia Flores. Entre 2013 y 2014, la empresa Lanvicorp, filial de los Carretero en Caracas, firmó tres contratos con Pro-Patria por unos 700 millones de dólares. Solo en esos meses, la compañía recibió al menos 138 millones de dólares en desembolsos del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden).

Parte de esos fondos, de acuerdo con los registros bancarios, se trasladaron a cuentas de López Tovar y su esposa en Panamá. Investigaciones de cumplimiento interno en bancos como Allbank detectaron movimientos sospechosos, cheques millonarios y cartas de recomendación emitidas por Carretero para facilitar créditos hipotecarios de la pareja en lujosos edificios de la capital panameña. Aun así, las cuentas siguieron operativas hasta 2015.

Los negocios conjuntos se consolidaron en sociedades como Grupo Carrelop —un acrónimo de los apellidos Carretero y López—, registradas en Panamá en 2014, al mismo tiempo que el régimen desembolsaba sumas millonarias a favor de Lanvicorp. La fiscalía panameña y entidades bancarias internacionales pusieron la lupa sobre esas transferencias, aunque los contratos en Venezuela siguieron fluyendo en los años posteriores.

Entre 2016 y 2018, de acuerdo con Armando.info, las compañías de Carretero ampliaron su participación en el esquema de importaciones públicas venezolanas. Firmaron con la estatal Corpovex contratos por 4,5 millones de dólares para la adquisición de juguetes y por 37 millones más para el suministro de equipos vinculados al Carnet de la Patria, el sistema de control social del chavismo. También participaron en negocios de electrodomésticos y neumáticos valorados en decenas de millones de euros y dólares.

Mientras tanto, López Tovar y su esposa exhibían una vida de lujo en Panamá. Registros migratorios muestran que entre 2014 y 2023 realizaron más de 180 vuelos privados a destinos como Estados Unidos, Alemania, Costa Rica y el Caribe. La pareja compró inmuebles valorados en más de tres millones de dólares y gastó decenas de miles en boutiques de Louis Vuitton, Gucci y Hermès, según los extractos de tarjetas de crédito filtrados a la investigación periodística.

La opulencia de esa red contrasta con la crisis humanitaria que atraviesan los venezolanos durante esos mismos años. El desabastecimiento, la inflación y la precariedad convivían con un esquema de contrataciones públicas que favorecía a intermediarios privilegiados. Ramón Carretero Napolitano se convirtió en uno de los principales exponentes de esa economía política del chavismo.

El accidente de Maiquetía vuelve ahora a poner su nombre en el centro del debate. Ni las autoridades venezolanas ni el gobierno panameño han emitido pronunciamientos oficiales sobre la identidad de los pasajeros o su estado de salud. La investigación técnica del siniestro recién comienza, pero la trayectoria de Carretero arroja una larga sombra sobre un hecho que, más allá del azar, conecta con la trama de negocios que ha sostenido al régimen bolivariano.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido liderado por la opositora María Corina Machado, alertó que la salud de tres presos políticos –Perkins Rocha, Juan Iriarte y Marianela Ojeda– está en riesgo. La organización exige que los liberen para que puedan «sanar en dignidad».

El Nacional

A través de la red social X, el comité de derechos humanos de VV detalló las críticas condiciones de cada uno:

• Perkins Rocha, abogado de la principal coalición opositora detenido en agosto de 2024, tiene una válvula cerebral debido a patologías previas como hidrocefalia y tuberculosis cerebral. Pese a contar con medidas cautelares, se encuentra aislado en El Helicoide (sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional – Sebin en Caracas) y sin acceso a su médico personal.
• Juan Iriarte, detenido en junio de 2024, fue operado del corazón, es asmático e hipertenso. Según el partido, en el Sebin le diagnosticaron cardiomegalia (agrandamiento del corazón) y, tras ser trasladado al penal de Yare II, no se le permitió llevar sus medicamentos.
• Marianela Ojeda, arrestada en enero, padece hernias discales que limitan su movilidad. La organización denuncia que duerme en el suelo en un centro penitenciario del estado Trujillo, no tiene acceso a su médico privado y su salud emocional se deteriora.

«Perkins Rocha, Juan Iriarte y Marianela Ojeda no pueden esperar: negarles atención médica es condenarlos lentamente», expresó VV.

La actividad sísmica reciente registrada por FUNVISIS en el occidente de Venezuela ha puesto nuevamente en el centro del análisis al sistema de fallas Oca-Ancón, considerado uno de los más activos y potencialmente peligrosos del país (Audemard, 1996). Aunque los eventos reportados en los últimos días han sido de magnitudes moderadas, su recurrencia indica un proceso continuo de acumulación de esfuerzos tectónicos y liberación de energía en segmentos de la falla con antecedentes históricos de sismos de mayor magnitud.

Por: Luiraima Salazar / @lui_regresa / Ing. Geóloga UCV

El Dr. Frank Audemard, destacado científico venezolano, especialista en sismotectónica, advirtió desde la década de los noventa y, recientemente, lo recordó a través de su perfil en LinkedIn, sobre la probabilidad de un evento de gran magnitud en este sistema de fallas. Estudios paleosísmicos realizados en fosas exploratorias han permitido reconstruir la recurrencia de rupturas significativas en la región, concluyendo que “el siguiente sismo de magnitud Mw ~7.5 ya está retrasado en el segmento de Ancón, al este del Lago de Maracaibo” (Audemard, 1996).

Estos hallazgos sugieren que la actividad sísmica observada en la franja tectónica Oca-Ancón no es un fenómeno aislado, sino parte de un patrón recurrente de rupturas mayores cada ciertos siglos. Dicho patrón subraya la necesidad urgente de implementar estrategias de mitigación de riesgo y fortalecimiento de la resiliencia urbana y civil ante un eventual sismo de gran magnitud.

En este contexto, los reportes recientes de FUNVISIS registran una serie de eventos sísmicos, menores a 4 Mw, en el eje andino-costero, incluyendo un sismo de magnitud 3,6 Mw localizado a 32 km al noreste de Maracaibo y 47 km al noroeste de Mene de Mauroa, con una profundidad de 8,7 km, asociado al sistema de fallas Oca-Ancón en el estado Zulia (FUNVISIS, 2025). Estos eventos no deben ser considerados como fenómenos insignificantes, sino como indicadores de la acumulación de tensión tectónica y potencial liberación futura de energía en un sismo de gran magnitud.

En conclusión, si bien los sismos no pueden predecirse con precisión, el estudio riguroso de los registros paleosísmicos permite reconstruir los ciclos y patrones de ocurrencia de eventos de gran magnitud. Esta información evidencia que la amenaza de un sismo superior a 7 Mw en el occidente venezolano no es hipotética, sino una realidad latente. Ante esta situación, surge de manera inevitable la pregunta crítica: ¿ante la coyuntura actual, está Venezuela verdaderamente preparada para enfrentar las consecuencias de un evento de tal magnitud, tanto en términos de infraestructura como de políticas efectivas de prevención y gestión del riesgo?

Referencia:

Audemard, F. (1996). Paleoseismicity studies on the Oca-Ancón fault system, northwestern Venezuela. Tectonophysics, 259(1-3), 67-80. https://share.google/6S1gt2gLZNg4C9XmZ

FUNVISIS (@SOMOSFUNVISIS). Reporte Sismológico Preliminar. RRSS X. (15 de septiembre de 2025). https://x.com/SomosFunvisis/status/1967584636181369293

FUNVISIS. (s.f.). FUNVISIS – Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. Información Sísmica del 17 de septiembre de 2025. http://funvisis.gob.ve