Amnistía Internacional (AI) hizo público esta miércoles un informe en el que documentó casos sistemáticos de represión ejercida por el régimen cubano contra mujeres activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas.

EFE

La organización demandó al líder Miguel Díaz-Canel el cese inmediato de estas prácticas y la aprobación de una ley integral contra la violencia de género.

El estudio de AI, titulado “Nos quieren calladas, pero seguimos resistiendo: prácticas autoritarias y violencia estatal contra las mujeres en Cuba”, recopila 52 testimonios que detallan situaciones de violencia ejercida por autoridades entre 2014 y 2025.

Entre los abusos identificados figuran registros corporales invasivos, desnudos forzados, estigmatización vinculada al género, la maternidad o la orientación sexual, así como el uso de amenazas hacia familiares para forzar el silencio o la renuncia a la actividad pública.

Johana Cilano Peláez, investigadora regional de la ONG y autora principal del informe, señaló que los relatos muestran cómo el régimen “utiliza el rol materno para intentar que las mujeres abandonen el activismo”. La investigación también resaltó amenazas de restricción de visitas, alimentos, medicinas y comunicaciones a quienes perseveran en la defensa de derechos, además del uso de presiones sobre hijos y parejas.

AI advirtió que la represión no afecta a todas las mujeres por igual. Las entrevistadas relatan que mujeres negras, residentes en barrios marginales o fuera de La Habana están especialmente expuestas a la violencia física y a formas más graves de hostigamiento.

Según Cilano Peláez, “las mujeres negras sufrían procesos más agravados y la violencia física llegaba antes que en el caso de las mujeres blancas. También vimos que activistas de barrios más empobrecidos o alejados de la capital eran más vulnerables”.

El informe denuncia la falta de una ley integral contra la violencia de género en Cuba, la existencia de un sistema judicial subordinado al poder político y la ausencia de mecanismos efectivos de denuncia, lo que asegura la impunidad y prolonga el riesgo para quienes levantan la voz.

Entre los casos relatados figura el de la periodista cubana Luz Escobar, quien desde su exilio en España describió vigilancia constante, censura, cortes de internet y hostigamiento a sus hijas y entorno escolar, lo que incidió en su decisión de abandonar el país. Escobar sostuvo que la denuncia pública sigue siendo la única vía: “Denunciar siempre vale la pena. El silencio no te protege: solo te aísla”.

AI acompañó el lanzamiento del informe con una petición internacional dirigida a Díaz-Canel y las autoridades cubanas para poner fin al acoso, aprobar legislación específica y aplicar medidas de protección para defensoras de derechos humanos. La ONG instó a la comunidad internacional a una vigilancia sostenida y subrayó la especial vulnerabilidad de quienes cuentan con menos recursos o visibilidad.

“Lo que vimos es que la represión contra las mujeres es sistemática y diferenciada. El Estado instrumentaliza la maternidad y castiga con más dureza a las que tienen menos visibilidad o recursos. Por eso se necesita una acción internacional sostenida”, concluyó Cilano Peláez.

El panorama en Cuba es crítico: el país caribeño lidera el ranking mundial de países con mayor cantidad de condenas por detenciones arbitrarias dictadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (WGAD) desde 2019, de acuerdo con un informe difundido por la organización Prisoners Defenders.

Según el reporte, el WGAD emitió recientemente dos resoluciones adicionales referentes a 49 personas encarceladas por su participación en las protestas masivas del 11 de julio de 2021 (conocidas como 11J), lo que eleva a 93 el número total de casos reconocidos en suelo cubano en los últimos seis años.

Esta cifra coloca a la isla por encima de cualquier otro país, incluido Egipto, que figura en segundo lugar con 73 casos documentados de detenciones arbitrarias.

La Audiencia Nacional avanza en la investigación contra la presunta financiación ilegal del PSOE tras ordenar la entrega urgente de toda la documentación relativa a los pagos en efectivo realizados por el partido entre los años 2017 y 2024. El requerimiento ha sido cursado por el magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

La Gaceta de la Iberosfera

El partido del Gobierno dispone ahora de un plazo de diez días para remitir al juzgado tanto el listado completo de esos desembolsos en metálico como los justificantes que los respalden. Paralelamente, el fiscal ha solicitado la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que analice las evidencias digitales relacionadas con estos movimientos de dinero, incluidos mensajes escritos y notas de voz que pudieran acreditar cómo se organizaban esos pagos en la sede de Ferraz.

El origen de esta investigación se encuentra en las pesquisas desarrolladas por el Tribunal Supremo en el conocido como caso Koldo. Según Anticorrupción, de lo actuado hasta ahora no ha quedado aclarado de dónde procedía el efectivo del que supuestamente disponía el PSOE para abonar determinadas compensaciones también en metálico, entre otros, al exministro José Luis Ábalos, a su entonces asesor Koldo García y a otros posibles destinatarios.

La Fiscalía considera que las explicaciones aportadas hasta ahora por el partido no permiten despejar las sospechas. En la documentación remitida se señala que el dinero en efectivo procedía de retiradas periódicas de cuentas bancarias, pero no se logra justificar si existieron pagos no reflejados oficialmente ni tampoco el circuito completo de entrada y salida de esos fondos. Esta falta de trazabilidad ha llevado al ministerio público a advertir de la existencia de «incógnitas relevantes» que podrían apuntar a conductas irregulares, e incluso a delitos penales.

El propio Supremo ya advirtió de que los hechos investigados podrían encajar en figuras delictivas de especial gravedad, desde blanqueo de capitales hasta un posible perjuicio económico al propio partido, sin descartar otras irregularidades añadidas.

Cabe recordar que fue el pasado 31 de octubre cuando el Alto Tribunal decidió remitir a la Audiencia Nacional los indicios detectados para que se abriera una causa independiente. Antes de dar ese paso, el magistrado Leopoldo Puente tomó declaración como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a una trabajadora de Ferraz, Celia Rodríguez. Tras esas comparecencias, el juez concluyó que seguían sin resolverse aspectos clave, como quién autorizaba las compensaciones en efectivo, qué procedimiento se seguía para justificarlas y, sobre todo, de dónde salía exactamente el dinero que se utilizaba.

Con esta nueva fase, la Audiencia Nacional asume ya en primera línea una investigación que pone el foco sobre las finanzas internas del partido que actualmente gobierna España, en un escenario judicial que amenaza con escalar si los documentos y los informes de la UCO confirman las sospechas iniciales.

El periodista mexicano Carlos Loret de Mola reveló que el gobierno federal obtuvo una orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú, presidente del Miss Universo, por robo y venta ilegal de combustible, y tráfico de armas para el narcotráfico, por lo que acordó con la Fiscalía General de la República Mexicana (FGR) ser testigo protegido.

El Nacional

El periodista señaló que el 21 de octubre pasado, el dueño de Miss Universo acudió a la FGR y pidió ser testigo protegido para dar información sobre contrabando de hidrocarburos, redes financieras, y vínculos con funcionarios y empresarios. El 19 de noviembre se formalizó el acuerdo.

El 15 de noviembre se libró la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, con fines de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos.

Cuatro días después, el 19 de noviembre, la FGR formalizó el acuerdo para que Rocha Cantú entregue información en calidad de testigo colaborador, lo que se conoce comúnmente como testigo protegido.

Ligado a esta investigación, Loret de Mola indicó que el 18 de noviembre fue detenida Mari Carmen «N» alias «La Fiscal», presuntamente funcionaria pública que cooperaba con esta red.

El modus operandi

De acuerdo con la investigación de la FGR, la organización operada por el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, huachicoleó (robó y vendió de forma ilegal) combustible desde Guatemala y suministró armas para el Cártel del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz.

Esta organización adquiría y distribuía combustible robado o proveniente de Guatemala, sin cubrir la fracción arancelaria correspondiente.

Además, opera centros logísticos en Querétaro; «La Espuela» -dentro de Ferropolymers- recibía carrotanques con combustible; «El Patio», en 5ª La Chingada mezclas con MTBE y naita para mejorar calidad y presentación; el producto final se distribuía a AGUI-MAR, FUCHELA y PALMA SIKA; para la facturación utilizaban las empresas fachada Tabasco Capital, S.A. de C.V. y PTIH.

Sobre el modus operandi del tráfico de armas, según la investigación de la Secretaría de Seguridad y la FGR, se detalla que la red operaba mediante empresas de seguridad privada utilizadas para adquirir, transportar y rematricular armamento: SEGURIMEX, S.A.P.l. de C.V., SETER, S.A. de C.V., Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V., Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V., Dinámica Seguridad Privada Consultores, S.A. de C.V.

Estas compañías intercambiaban armamento entre sí con apoyo de exintegrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); la empresa SETER fue empleada para abastecer de armas al Grupo Sombra, establecido en Veracruz y a operadores del Cártel del Golfo en Tamaulipas, incluyendo a «El Cape», “El Loco” y “El M”

Aunado a esto, se documentó la rematriculación de armas ilegales con registros oficiales de SEDENA, lo que permitía su circulación con apariencia de legalidad.

Un gran incendio arrasó el miércoles varios bloques residenciales de gran altura en el distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, matando al menos a 14 personas e hiriendo a decenas mientras las autoridades luchaban por controlar el incendio.

The New York Post

Los bomberos lucharon contra las llamas anaranjadas durante la noche mientras un espeso humo negro se elevaba desde las torres de 32 pisos, que estaban revestidas con andamios de bambú (cuyo uso el gobierno comenzó a eliminar gradualmente en marzo por razones de seguridad) y malla de construcción verde.

No se conoció inmediatamente la causa del incendio.

Los bomberos dijeron que estaban teniendo dificultades para llegar a los pisos superiores de las torres debido al intenso calor y que contener el incendio se estaba volviendo más difícil después del anochecer.

El complejo de viviendas Wang Fuk Court, donde se originó el incendio, cuenta con 2.000 apartamentos residenciales distribuidos en ocho bloques. El Departamento de Bomberos indicó que aún no dispone de una cifra exacta del número de personas que podrían seguir dentro de los edificios.

Decenas de residentes conmocionados, muchos de ellos sollozando, observaban desde los pasillos cercanos cómo el humo ascendía desde el complejo.

Un residente de apellido Wong, de 71 años, rompió a llorar y dijo que su esposa estaba atrapada dentro de uno de los edificios.

Entre los 14 muertos había un bombero, dijo el director de Servicios de Bomberos, y más de 16 personas resultaron heridas.

El departamento de bomberos informó que a las 14:51 se informó de un incendio en el juzgado Wang Fuk. A las 18:22, la alarma se había elevado a nivel 5, el más alto de la ciudad.

Los fuertes vientos avivaron las llamas, provocando que el incendio se extendiera a siete de los ocho bloques del complejo.

Harry Cheung, de 66 años, que ha vivido en el Bloque Dos de uno de los complejos durante más de 40 años, dijo que escuchó «un ruido muy fuerte alrededor de las 2:45 pm» (0645 GMT) y vio un incendio en un bloque cercano.

“Volví inmediatamente a empacar mis cosas”, dijo. “Ni siquiera sé cómo me siento ahora mismo. Solo estoy pensando dónde voy a dormir esta noche porque probablemente no podré volver a casa”.

Se vieron marcos de andamios cayendo al suelo mientras los bomberos luchaban contra el incendio, mientras decenas de camiones de bomberos y ambulancias se alineaban en la carretera debajo del desarrollo, según testigos de Reuters.

Hong Kong es uno de los últimos lugares del mundo donde todavía se utiliza ampliamente el bambú para andamios en la construcción.

En marzo, el gobierno decidió comenzar a eliminar gradualmente el uso de andamios de bambú en la ciudad, argumentando razones de seguridad. Anunció que el 50 % de las obras públicas deberán utilizar estructuras metálicas en su lugar.

Wang Fuk Court es uno de los numerosos complejos de viviendas de gran altura de Hong Kong, una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Tai Po, situado cerca de la frontera con China continental, es un distrito suburbano consolidado con unos 300.000 habitantes.

Ocupado desde 1983, el complejo está bajo el plan de propiedad de vivienda subsidiada del gobierno, según los sitios web de las agencias inmobiliarias.

Ser propietario de una vivienda es un sueño lejano para muchos en Hong Kong, uno de los mercados inmobiliarios más caros del mundo y donde los alquileres residenciales rondan niveles récord.

Desde hace casi 10 años se ha evidenciado la presencia de efectivos rusos en territorio venezolano, involucrados en actividades militares y de inteligencia. Esta situación cobra relevancia tras las declaraciones del teniente de inteligencia ucraniana Kyrylo Budanov, quien confirmó la existencia de una misión militar rusa en el país sudamericano desde principios de 2025.

Por: Sebastiana Barráez – Infobae

Budanov, jefe de la Dirección de Inteligencia de Defensa (GUR) de Ucrania, aseguró en una entrevista con The War Zone, que el general ruso Oleg Leontievich Makarevich lidera la misión de asesoramiento rotatorio denominada “Equator Task Force” (FTE), impulsada por el Ministerio de Defensa de Rusia.

Diversas publicaciones en Infobae han alertado durante años sobre la participación de militares rusos en operaciones que incluyen el uso de drones, incursiones en zonas fronterizas y maniobras tácticas. Sin embargo, hasta la fecha, ni el régimen venezolano ni la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han emitido declaraciones oficiales ni documentos explicando la presencia de efectivos rusos en actividades militares y portando uniforme del Ejército venezolano.

Las fuentes de inteligencia ucraniana señalan que Makarevich, quien fue un alto comandante para la invasión a Ucrania, estaría impartiendo formación en infantería, vehículos aéreos no tripulados y fuerzas especiales.

Serían unos 120 efectivos al mando del general Makarevich quienes estarían brindando entrenamiento a las fuerzas de Nicolás Maduro en tácticas avanzadas, incluyendo uso de drones, operaciones de fuerzas especiales y defensa aérea.

Se habla de 90 militares rusos en Caracas, mientras que el resto se encuentra desplegado en instalaciones estratégicas en Maracaibo, La Guaira y la Isla de Aves.

Con uniforme de la FANB

En septiembre 2019, Infobae reportó la presencia de casi un centenar de ciudadanos rusos en el Círculo Militar de Caracas y en el Fuerte Tiuna. Los visitantes, que se desplazaban solos o en pequeños grupos, vestían el uniforme verde del Ejército venezolano, conocido como “Fidelito”, inspirado en el atuendo de Fidel Castro, y portaban armas reglamentarias.

Lo insólito es que fueran militares extranjeros usando la indumentaria oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en tiempos de paz, sin que autoridades civiles ni militares reaccionaran o informaran al respecto.

En la frontera con Colombia

Según testimonios de habitantes de la aldea Palma Redonda, municipio Ureña, estado Táchira, en conversación con Infobae en el 2019, los paramilitares se instalaron en la cercana aldea La Mulata, desde hace años.

Durante ese periodo, el Ejército venezolano hizo presencia por aproximadamente tres meses, con el apoyo de la comunidad local, lo que logró disuadir temporalmente a los grupos armados. Sin embargo, tras la retirada de los militares, los paramilitares regresaron a la zona.

Una residente de Palma Redonda relató que todos han visto a los militares que recientemente llegaron a la región. “Los de antes, los que estaban hace semanas y mataron al señor Diosemel Castro Quintero, eran distintos y parecían asustados. De estos que llegaron ahora hay muchos extranjeros. Los más cómicos son los rusos”, afirmó.

Consultada sobre si ha escuchado a los militares extranjeros hablar, la mujer señaló: “Esos ni abren la boca, pero claro que son rusos, por aquí en esta frontera alumbran como la luna en la noche. La hija del señor de la finca vecina sí los oyó hablar entre ellos cuando cruzaron unas palabras y son rusos. Además, su tamaño, su piel es clara, pero como rojiza, no como la de los gringos. Por lo menos no se van a confundir entre ellos”, comentó entre risas.

Extrañas maniobras en 2019

En agosto de 2019, Infobae publica que, en Rubio, localidad fronteriza del estado Táchira, la población vive días de incertidumbre tras el sobrevuelo de helicópteros hacia el 211 Batallón de Infantería “Cnel Antonio Ricaurte” Fuerte Kinimarí, desde el 25 de agosto.

La información precisaba que se efectuó la llegada de un nuevo comandante y tanques rusos a esa instalación militar venezolana, seguida por el arribo de cerca de 80 rusos y un grupo de cubanos. Según fuentes militares, estos extranjeros estarían instalando equipos de radares, antenas para bloquear telecomunicaciones y realizando entrenamientos con drones, en respuesta a supuestos informes de inteligencia sobre posibles ataques desde Colombia y Brasil.

El acceso de lo que se descargó de los helicópteros estuvo restringido incluso para el personal militar, y algunos testigos afirman que los rusos utilizan trajes de protección especiales. Los helicópteros realizan vuelos hacia zonas como el cerro Capote, San Antonio y Ureña, mientras habitantes de la zona manifestaron que los extranjeros acampaban en las montañas cercanas.

Ninguna autoridad civil o militar informó sobre lo que estaba ocurriendo, pero el 27 de agosto de 2019, una tormenta dejó sin electricidad a Rubio, mientras varios habitantes observaron drones sobrevolando el Fuerte Kinimarí.

Rusos en Bolívar

Entre el 4 y el 23 de septiembre de 2020, Brasil llevó a cabo una maniobra militar llamada Operación Amazonas, en la frontera con Venezuela, con uso de lanzacohetes Astros Mk6, vehículos militares, aeronaves, artillería y más de 3.500 efectivos. Las ciudades involucradas fueron Manacapuru, Moura y Novo Airao, como publicó Infobae.

El 9 de octubre de 2020, un grupo de rusos llegó a la Gran Sabana, estado Bolívar, cerca de la frontera con Brasil, vistiendo uniforme del ejército venezolano, instalándose en Santa Elena de Uairén y comenzaron ejercicios militares junto a la Fuerza Armada venezolana, con presencia de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que operaban de manera discreta.

Habitantes de Maura reportaron explosiones y actividades militares inusuales. Los militares rusos, quienes se instalaron en el Fuerte Escamoto, fueron descritos como misteriosos y generaron inquietud entre la población local

El 17 de octubre, habitantes de la Gran Sabana observaron ejercicios militares conjuntos entre rusos y venezolanos; oficiales de la FANB dijeron que la visita del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, a Roraima, fue interpretada como una amenaza de derrocamiento a Nicolás Maduro, lo que justificaba la presencia de militares rusos como medida de protección territorial.

Nicolás Maduro expresó este martes que el país enfrenta una “coyuntura decisiva para su existencia” como república, en la que, dijo, está “prohibido fallar” en la defensa de la nación frente a “las amenazas” de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval y aéreo en el Caribe.

EFE

Rodeado de sus más altos funcionarios, el chavista dijo que “no hay excusas para nadie, sea civil, sea político, sea militar o sea policía”, en un momento en que “la patria reclama el mayor esfuerzo y sacrificio”.

“Si la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida, si es necesario”, expresó desde la Academia Militar del Fuerte Tiuna, uno de los principales complejos castrenses del país, en Caracas.

En ese sentido, Maduro hizo un llamado a la Fuerza Armada, a los cuerpos policiales y a los ciudadanos en general a exigirse “diez veces más” para “ser capaces de defender cada palmo” del territorio “de cualquier amenaza o agresión imperialista, venga de donde venga y cuando venga”.

Con el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y jefe del Parlamento, respectivamente, a su derecha, y el titular de Defensa, Vladimir Padrino López, a su izquierda, el dictador pidió al país, en medio de un juramento con los asistentes, “estar a la altura de defender esta tierra”.

Maduro cerró una marcha en la que miles de personas, entre ellas simpatizantes del chavismo y funcionarios, rechazaron las que señalaron como “amenazas y ataques del imperialismo”, en alusión al despliegue militar que Washington defiende como una operación contra el narcotráfico y que Caracas denuncia como una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen”.

La movilización se llevó a cabo un día después de que el Departamento de Estado de EEUU confirmara la designación oficial del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, que la Administración de Donald Trump asegura que lidera Maduro junto con altos mandos del Ejército y el régimen venezolano, aunque Caracas ha advertido que se trata de un “invento” de Washington.

A este escenario se ha sumado la suspensión de una treintena de vuelos internacionales que salían desde Caracas, luego de que la Administración Federal de Aviación de EEUU instara a “extremar las precauciones” al sobrevolar Venezuela por una situación “potencialmente peligrosa” en la región.

Un hombre ha sido retenido y obligado a observar cómo inmigrantes marroquíes que se estrellaron contra su vehículo violaron a su prometida en un parque de Roma, según el relato recogido por la policía italiana. Las autoridades sostienen que la pareja, ambos jóvenes italianos, se encontraba en una zona apartada de Tor Tre Teste, en el este de la capital, cuando un grupo irrumpió de forma violenta contra su coche durante la noche del 25 de octubre.

La Gaceta de la Iberosfera

La investigación apunta a que los atacantes rompieron una de las ventanillas y sacaron primero al varón, de 24 años, inmovilizándolo mientras otros miembros del grupo obligaban a la chica, de 18 años, a alejarse unos metros. La víctima trató de cubrirse como pudo, pero fue finalmente sometida mientras su pareja pedía auxilio y suplicaba que la dejaran, sin conseguir liberarse de quienes lo sujetaban.

Tras el asalto, los agresores huyeron rápidamente, llevándose además diversas pertenencias de ambos, lo que ha llevado a los investigadores a considerar que el ataque comenzó como un robo. Los dos jóvenes presentaron denuncia de inmediato, todavía en estado de shock.

En los días posteriores, la Brigada Móvil de Roma detuvo a dos hombres de origen marroquí, y un tercer sospechoso fue arrestado posteriormente en Verona. La policía mantuvo inicialmente en reserva estos avances para continuar recopilando pruebas. Entre ellas destacan las huellas dactilares halladas en los restos de la ventana fracturada, que coincidirían con los detenidos.

Los investigadores, que no descartan que hubiera hasta cinco implicados, insisten en que la operación continúa abierta. «La investigación no está cerrada», señaló uno de los responsables del caso, subrayando que la prioridad es determinar con precisión cuántos participantes actuaron aquella noche.

El suceso ha vuelto a encender el debate sobre la delincuencia vinculada a inmigrantes ilegales, un asunto que ya había generado controversia en Italia el año pasado. La primera ministra, Giorgia Meloni, relacionó en 2023 el aumento de los delitos sexuales con parte de la inmigración ilegal, recordando episodios especialmente graves que habían provocado protestas en varias ciudades.

Entre estos casos recientes se encuentran la agresión a una menor de 13 años en Catania, cometida por un grupo de jóvenes egipcios, y otro en el que un solicitante de asilo bangladesí fue acusado de dejar embarazada a una niña de diez años. También se han registrado incidentes similares en otros países europeos, como Alemania o el Reino Unido, lo que ha intensificado el debate sobre política migratoria y medidas de seguridad.