El gobierno de Donald Trump desaprobó el desempeño de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y anunció una descertificación que no se traduce en la suspensión de la ayuda económica o en el quiebre de la relación bilateral. Pero envía una señal política: Washington expresa su inconformidad con los resultados de la estrategia antidrogas de Gustavo Petro, cuestiona su liderazgo y apuesta por un nuevo ciclo a comenzar en diez meses, cuando los colombianos elijan a su próximo presidente.
El Observador
El gesto remite al precedente de 1997, cuando Bill Clinton descertificó al gobierno de Ernesto Samper, pero mantuvo la cooperación con el Ejército y la Policía colombiana, en espera del desenlace electoral. En agosto de 1998, con la llegada de Andrés Pastrana a la presidencia, las relaciones bilaterales se normalizaron y tomó forma el Plan Colombia, que amplió significativamente la asistencia estadounidense en la lucha contra el narcotráfico.
“En Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han agravado la crisis”, dice el memorando firmado por Trump en el que le retira la certificación a Colombia, pero mantiene la ayuda por el “interés nacional” de Estados Unidos.
Washington destina cada año cerca de 450 millones de dólares a los programas de cooperación con Colombia, enfocados principalmente en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de inteligencia que enfrentan a grupos narcoguerrilleros como las disidencias de las FARC y el ELN.
Aunque el gobierno de Petro destaca el aumento en la incautación de drogas y la extradición de 336 narcotraficantes como prueba de su compromiso en la lucha antinarcóticos, las cifras del último informe de la ONU empañan ese balance. En 2023, último dato disponible, Colombia concentraba 253.000 hectáreas de coca, de las 376.000 sembradas en todo el mundo, y la producción potencial de cocaína había aumentado un 50% respecto a 2022, el año en que Petro asumió la presidencia.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dejó claro que la descertificación apunta directamente a Petro. “Colombia ha sido un socio histórico y muy importante, pero ahora tiene un presidente que, además de actuar de manera errática, no ha sido un buen aliado a la hora de enfrentar a los carteles de la droga”, afirmó Rubio.
El memorando de Trump subraya que “el incumplimiento por parte de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año es responsabilidad exclusiva de sus líderes políticos”, al mismo tiempo que reconoce que “las instituciones de seguridad y las autoridades municipales de Colombia siguen demostrando su habilidad y valentía a la hora de enfrentarse a los grupos terroristas y criminales”.
Freno a la compra de armas
La respuesta del presidente colombiano dejó en evidencia las diferencias con la administración Trump y la intención de reformular el vínculo bilateral. Tras la descertificación, Petro anunció el fin de la compra de armas a Estados Unidos y llamó a una mayor separación entre las Fuerzas Armadas colombianas y Washington.
“Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos”, el mandatario y añadió que “al ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque si no, no será un ejército de la soberanía nacional”.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que, según lo conversado con el presidente, “a futuro no se le comprarán armas a Estados Unidos. No es que se vayan a desechar las armas recibidas ni la cooperación militar; es solamente a futuro”.
En ese sentido, añadió que Colombia buscará nuevos proveedores y destacó que recientemente se adquirió una flota de aviones de combate a Suecia. Además, subrayó que “Estados Unidos, como país capitalista, tiene que entender que también hay temas de mercado”.
Exigencias complicadas
Al anunciar la descertificación, Trump delineó los pasos que, a su juicio, debería tomar el gobierno colombiano para restablecer plenamente la relación bilateral. “Consideraré cambiar esta designación si el Gobierno de Colombia toma medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína”, señaló el memorando, que también exige una mejor cooperación “para llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones delictivas colombianas”.
Para el presidente colombiano, ceder en estos puntos implicaría renunciar a uno de los pilares de su política antinarcóticos: privilegiar la sustitución voluntaria de cultivos de coca por encima de la erradicación forzada. La idea que ha impulsado el presidente es reemplazar 50.000 hectáreas de planta de coca por plantaciones de café o cacao a fin de no perjudicar a los campesinos y evitar que abandonen sus comunidades.
Tras el anuncio de la descertificación y en respuesta a las declaraciones de Marco Rubio, Petro dijo a través de su cuenta de X: “No voy a arrodillar a la nación y permitir que se golpee campesinos. No somos cipayos, no súbditos. EEUU está descertificado por no disminuir el consumo de cocaína y fentanilo en su sociedad. Esa es la principal causa del narcotráfico, la otra es la prohibición misma”.
Señala que no he sido un bien socio en la lucha, cuando arriesgue mi vida personal y familiar en la lucha contra las relaciones del paramilitarismo narcotraficante y el poder político
No calculé que el poder político en EEUU quedára en manos de amigos de los políticos aliados… https://t.co/anNHzgueiU— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 16, 2025
La mención a las extradiciones en el memorando de Trump deja en evidencia que, si bien el gobierno de Petro ha enviado narcotraficantes a tribunales estadounidenses, no ha incluido a los jefes de las principales organizaciones criminales. El señalamiento apunta al plan de paz que privilegia la negociación y el diálogo como vía para la desmovilización de los grupos narcoguerrilleros, una estrategia que el presidente ha impulsado con firmeza y de la que necesita mostrar resultados concretos antes de concluir su mandato.
Tema de campaña
La descertificación se ha instalado en el debate electoral de una Colombia que elegirá nuevo presidente en mayo de 2026. Mientras la izquierda la reivindica como un gesto de soberanía y agita las banderas del nacionalismo, la derecha acusa a Petro de haber deteriorado la relación con Estados Unidos y de mantener vínculos con Nicolás Maduro, el mandatario venezolano señalado por fraude electoral y acusado por Washington de liderar el llamado Cartel de los Soles.
María Fernanda Cabal, precandidata del Centro Democrático, el partido de derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe, afirmó en un video difundido en su cuenta de X: “En 2026 vamos a recuperar la confianza de nuestros aliados con hechos: menos coca, justicia fuerte, extradición de bandidos, cooperación internacional”. Añadió además que “Colombia no será cómplice del narcotráfico ni de las dictaduras”.
Por su parte, Daniel Quintero, aspirante a la candidatura presidencial por el Pacto Histórico, el movimiento de izquierda que respalda a Petro, calificó la descertificación como “una herramienta política que busca favorecer a los candidatos y politiqueros vendepatrias”. En un mensaje difundido en redes, afirmó que “Colombia no se rinde ante las presiones externas ni ante los enemigos internos del cambio” y llamó a “mirar a otros puertos”.
Un elemento clave es que Washington conserva la facultad de levantar o endurecer la descertificación en cualquier momento, lo que abre la puerta a su uso como herramienta de presión en el convulso escenario electoral. En plena campaña, figuras como Rubio podrían condicionar públicamente la certificación a la victoria de determinados candidatos, instalando el tema como un filtro de gobernabilidad y alineamiento diplomático.
“Es una descertificación contra el presidente Petro, y es claramente un tema político”, afirmó Benedetti, tras conocerse la decisión de Washington.
