Es fácil ver la determinación en el enfoque del gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela y el riesgo que enfrenta el régimen de Maduro en Venezuela, el gobierno de facto, si no trabaja para abordar las amenazas que emanan de Venezuela y que impactan directamente en los objetivos de Estados Unidos: detener el flujo de drogas mortales e inmigrantes ilegales a Estados Unidos. El reciente ataque contra la lancha rápida es una demostración de la voluntad del gobierno de Estados Unidos de escalar más allá de las restricciones anteriores. Estados Unidos tiene una variedad de opciones para seguir adelante, que incluyen ver si esta demostración de fuerza fue suficiente para hacer que Maduro mejore las preocupaciones de Estados Unidos con ataques adicionales y limitados hasta una operación similar a la Causa Justa para llevar a Maduro y sus compinches ante la justicia en los Estados Unidos como lo que le sucedió a Manuel Noriega. Si bien el presidente Trump minimizó la posibilidad de un cambio de régimen la semana pasada, el despliegue de un Grupo Anfibio y una Unidad Expedicionaria de Marines en la región brinda opciones para el uso de la fuerza, y si el cambio de régimen se vuelve a poner sobre la mesa, el hecho de que exista un gobierno legítimo y electo de jure proporciona un camino potencial para un restablecimiento exitoso de la democracia constitucional en el país. Sin embargo, el retorno a una democracia constitucional no es un resultado seguro, lo que destaca la necesidad de analizar algunas de estas opciones y las implicaciones más amplias en caso de que se lleven a cabo.

Por: Evan Ellis – Infobae

La importante posibilidad de una acción de Estados Unidos

Durante el primer mandato del presidente Trump, el énfasis político de la Administración en Venezuela se centró posiblemente en la restauración de la democracia. En el segundo mandato del presidente Trump, la lente a través de la cual se ve a Venezuela está posiblemente dominada por los desafíos percibidos del régimen de Maduro a los intereses fundamentales de Estados Unidos, incluida su facilitación de los flujos de drogas que matan a estadounidenses y su autoritarismo y políticas desastrosas como causa principal de los flujos migratorios a los Estados Unidos (incluido el Tren de Aragua, que ha traído una mayor violencia criminal a las ciudades de Estados Unidos ya que el grupo se aprovecha de esos migrantes). La negativa de Maduro a cooperar plenamente en la aceptación de venezolanos deportados de Estados Unidos y las percepciones de que sobrevivió al presidente Trump en su primera Administración podría decirse que da forma a una postura más centrada en la Casa Blanca en la actualidad.

Además, un conjunto diferente de nombramientos políticos y un Consejo de Seguridad Nacional reorganizado y un proceso interinstitucional en la administración actual significa que los subordinados están más en sintonía con las prioridades del presidente y la implementación de sus decisiones. Inclinando aún más la balanza hacia una acción decisiva de Estados Unidos, figuras clave de la Administración que han tratado de negociar con Maduro, como Richard Grennell, no han logrado resultados positivos, lo que fortalece los argumentos de otros, como el secretario de Estado Marco Rubio, que durante mucho tiempo han sido agresivos con Venezuela.

A continuación, en términos de autoridades legales, la Administración ha determinado que el Cartel de los Soles, al igual que el Tren de Aragua, es una organización terrorista que causa daño a ciudadanos estadounidenses a través de su exportación de drogas. Aunque algunos han cuestionado la determinación, facilita argumentos legales para acciones para neutralizar a los miembros, líderes y operaciones del cártel. El uso de fuerza letal por parte de la Administración de los Estados Unidos contra 11 personas en una lancha rápida que, según indica, estaba vinculada al Cártel, aunque cuestionada por algunos, debería indicar a los leales a Maduro la posibilidad de que la Administración también actúe contra figuras más importantes del Cartel de los Soles.

Complementando el marco legal de la Administración, la actual fuerza militar estadounidense reunida en el Caribe es de un tamaño y composición que brinda al comandante una gama de opciones hasta operaciones decisivas para capturar o eliminar incluso figuras sustancialmente protegidas del Cartel de los Soles.

En el núcleo de la fuerza de los EEUU se encuentra una Fuerza de Tarea Aire-Tierra de la Marina (MAGTF). Incluye el U.S.S. Iwo Jima, un buque de asalto de helicópteros de desembarco (LHA) clase Wasp capaz de transportar rápidamente un número significativo de infantes de marina embarcados simultáneamente a múltiples objetivos en Venezuela, a través de aeronaves como el MV-22 Osprey, MH-53 o MH-60, apoyado por cazas de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) AV-8 y F-35, helicópteros de ataque UH-1 y AH-1. La MAGTF en el Caribe también incluye dos de los buques más nuevos del Muelle de Transporte Anfibio (LHD) de la Clase San Antonio de la Armada, cuya especialidad es el lanzamiento de lanchas de desembarco rápido sobre la playa (LCAC) que transportan contingentes aún más grandes de infantes de marina y sus vehículos. Es probable que más de 2.000 infantes de marina, equipados y entrenados para operaciones expedicionarias aéreas y terrestres tan rápidas, se embarquen en estos tres barcos como parte de una fuerza mayor de aproximadamente 4.500 infantes de marina y marineros. Ese paquete de fuerza se complementa con un submarino de ataque rápido de la clase Los Ángeles, tres destructores de la Armada, incluidos dos de sus barcos más nuevos de la clase Arleigh Burke, y el crucero de la clase Ticonderoga U.S.S. Lake Erie. Si bien una misión clave de estos barcos es proporcionar una envoltura de protección a los barcos anfibios, también contienen más de 400 tubos de misiles entre ellos, capaces de realizar ataques de precisión que neutralizarían fácilmente el S-300 suministrado por Rusia de la generación anterior y el número limitado de radares chinos JYL-1 de 20 años de antigüedad que todavía están en funcionamiento, así como nodos de comando y control, cazas Sukhoi-30 y F-16 suministrados por Rusia más antiguos y mal mantenidos, botes de ataque Zolfaghar suministrados por Irán u otros objetivos que podrían presentar amenazas para la fuerza u obstáculos para la operación.

El reciente despliegue adicional de 10 F-35 de Estados Unidos, el caza de superioridad aérea más sofisticado y sigiloso de la Fuerza Aérea, en Puerto Rico, proporciona una mayor garantía de neutralizar cualquier amenaza aérea venezolana o externa, y posiblemente ilustra el grado de seriedad y detalle con el que Estados Unidos está planeando operaciones de combate con la fuerza reunida. Estados Unidos también tiene amplias opciones para enviar cazas, bombarderos y otras fuerzas directamente desde los Estados Unidos continentales a la lucha según sea necesario para asegurar aún más el éxito en prácticamente cualquier operación contemplada.

Las actividades de entrenamiento de los EEUU por parte de los infantes de marina embarcados en Puerto Rico también sugieren preparación para acciones e incluso podrían usarse como parte del inicio de dicha acción. Además, la visita a la isla del Secretario de Defensa Peter Hegseth y el Comandante del Estado Mayor Conjunto, General Daniel Caine, sugiere la atención de alto nivel que se está prestando a los preparativos para una posible acción en el Caribe.

Es importante señalar que la fuerza reunida no es del tamaño para una ocupación a largo plazo de Venezuela o incluso el tipo de toma temporal involucrada en la Operación Causa Justa de 1989 que derrocó al narcodictador panameño. Por lo tanto, es consistente con la postura general de la administración actual de evitar costosos compromisos militares a largo plazo siempre que sea posible.

La perspectiva de éxito de una operación aérea y terrestre a gran escala de Estados Unidos para capturar a Maduro y llevarlo ante la justicia se ve reforzada por la recompensa récord de 50 millones de dólares ofrecida a quienes faciliten su captura. Aunque incluso esta considerable cantidad de dinero es posiblemente insuficiente para una operación militar independiente al estilo de “Eric Prince”, puede ser más que suficiente para comprar la cooperación de muchos en el equipo de seguridad y el círculo íntimo de Maduro, así como para persuadir a unidades militares venezolanas selectas para que se retiren temporalmente, donde de otro modo tendrían que ser eliminadas para reducir el riesgo de entrada y/o salida de cualquier fuerza estadounidense.

La lógica militar elemental descrita en este artículo es posiblemente bien conocida por los militares venezolanos y los compinches de Maduro, así como por los cubanos y otros partidarios. De hecho, este autor ya ha oído hablar de acercamientos por parte de los militares venezolanos y otros a personas vinculadas al gobierno electo de jure. Las unidades individuales y las élites afiliadas a Maduro entienden cada vez más que, de una forma u otra, es poco probable que la situación actual termine con su patrón en el poder y, por lo tanto, están pensando en cómo salvarse del enfrentamiento de una fuerza estadounidense muy superior y/o de la prisión por los crímenes cometidos bajo Maduro, una vez que se restablezca el estado de derecho.

Al igual que con el enfoque de la actual administración estadounidense en otras partes del mundo, como los ataques militares estadounidenses de junio de 2025 contra Fordow y otros sitios nucleares en Irán, la voluntad de la actual administración estadounidense de amenazar, pero el deseo de evitar la acción militar cuando sea posible, implica que la fuerza estadounidense en el Caribe puede no lanzar inmediatamente una operación importante. Pero llevar a cabo una serie de acciones con esa fuerza, basadas en cómo respondan Maduro y los leales al régimen, aprovechando las oportunidades que se presenten, y solo llevando a cabo una operación importante si se han agotado otras alternativas, pero conservando el elemento sorpresa estratégica.

El gran número de marines estadounidenses y otros embarcados en buques de guerra en el Caribe implica que el horizonte temporal de Estados Unidos para resolver la confrontación actual no es infinito. Aún así, podría decirse que Estados Unidos tiene flexibilidad de tiempo y numerosas opciones para una respuesta gradual, y con el uso de fuerza letal contra un presunto barco narcotraficante afiliado al Cartel de los Soles, Estados Unidos ha demostrado su disposición a actuar de esta manera.

Si Estados Unidos se compromete a una operación a gran escala, la mayor incertidumbre probablemente no sea el éxito operativo sino la extracción de Maduro vivo. Podría decirse que hay muchos en Venezuela que preferirían que los secretos de Maduro mueran con él, en lugar de salir a la luz en los interrogatorios en los Estados Unidos con el Departamento de Justicia y la comunidad de inteligencia.

El mayor riesgo de una operación militar en Venezuela que capture o elimine a Maduro y a una parte de sus compinches es la escalada de violencia. El predecesor de Maduro, Hugo Chávez, y el propio Maduro posiblemente han establecido al país como una franquicia criminal en la que los militares, los compinches de Maduro y otros han sido cómplices durante mucho tiempo. Como consecuencia, como se señaló anteriormente, es menos probable que la desaparición de Maduro y sus allegados facilite una transición a la democracia que una lucha de los numerosos actores criminales del país para tomar el poder por sí mismos y socavar cualquier establecimiento de orden por parte de un gobierno democrático que pueda hacerlos responsables de sus crímenes. Estas dinámicas problemáticas también se complicarían con otras como Rusia, Cuba y China, cada una con un interés personal en negar a Estados Unidos una “victoria” sobre Venezuela, y sembrar el caos que distrae a Estados Unidos, consume sus recursos y lo contamina en el tribunal internacional de la opinión pública, buscando explotar el papel percibido de Estados Unidos en desatar el caos en Venezuela a través de sus acciones militares.

A pesar de esta perspectiva pesimista, la acción militar de Estados Unidos aún le daría al gobierno democrático legítimo venezolano de Edmundo González una oportunidad escasa y fugaz para restaurar la democracia que deberían reconocer y para la que deberían prepararse. Su recepción empíricamente demostrada del 67% de los votos del pueblo venezolano durante las elecciones nacionales del 28 de julio de 2024 les da una legitimidad inherente que llevaría a muchos, incluidos incluso elementos criminales que buscan estabilidad, a intentar construir un nuevo gobierno a su alrededor.

Después de una intervención estadounidense, probablemente no mantendría fuerzas militares significativas en el país más tiempo del necesario. Como consecuencia, la responsabilidad recaería en Edmundo González o en cualquier gobierno de transición para establecer rápidamente el orden y abordar las necesidades inmediatas y los desafíos fiscales, económicos y legales. Cualquier nuevo gobierno tendría que construir un ejército confiable, probablemente trabajando con unidades cuestionables del régimen anterior, mientras convence a los actores criminales, las milicias ciudadanas y otros actores previamente afiliados al chavismo de que es de su interés a largo plazo apoyar la restauración pacífica de la democracia en lugar de sabotearla.

El frágil nuevo gobierno también tendría que trabajar rápidamente para generar y capturar ingresos, incluida la restauración de la producción y el refinamiento de petróleo, así como la futura ampliación de la capacidad de producción. Para hacerlo, tendrá que tomar decisiones difíciles para llegar no solo a Estados Unidos y otras empresas occidentales, sino posiblemente también a actores clave existentes como Rusia y China.

El nuevo gobierno también tendría que abordar rápidamente la crisis financiera del país, incluida una deuda pendiente estimada de 140.000 millones de dólares incurrida por las expropiaciones y la mala gestión de los regímenes de Chávez y Maduro. Del mismo modo, tendría que lidiar con acciones legales urgentes y sentencias en múltiples tribunales internacionales contra el gobierno si quiere restaurar el acceso de Venezuela a los mercados comerciales y financieros externos.

Si esto no fuera suficiente, el nuevo gobierno también enfrentará la onerosa tarea de reunificar a un país profundamente fracturado y polarizado, construyendo un sentido de unidad nacional venezolana de propósito.

Conclusiones

Puede que se acerque la hora en que los venezolanos tengan la oportunidad de rehacer su país en una nueva tradición democrática, forjada en más de dos décadas de sufrimiento después de permitir que su anterior democracia imperfecta fuera secuestrada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El camino de Venezuela hacia adelante será peligroso. La gran mayoría del trabajo y el riesgo probablemente tendrán que ser asumidos por los propios venezolanos sin las barreras de un apoyo militar o financiero significativo de Estados Unidos. De hecho, a la fecha de publicación de esta obra, no está garantizada ni la caída de Maduro, ni el éxito ni el carácter democrático de lo que sigue.

Si hay una fuente de esperanza, la Venezuela post-Chávez nunca ha tenido una mejor perspectiva de liberación o un libertador más improbable. Tampoco ha tenido anteriormente un gobierno de “oposición” de jure con un mandato o estilo de forjar la unidad nacional mayor que el que tiene actualmente con Edmundo González y María Corina Machado y sus valientes partidarios. Las victorias nunca están aseguradas, pero ninguna tragedia dura para siempre.

El demoledor informe elaborado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, órgano del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, documenta una política sistemática de represión estatal en Venezuela entre julio de 2024 y agosto de 2025. El documento, que será presentado este lunes expone con detalle asesinatos en protestas, muertes bajo custodia estatal, más de 2.200 detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual, todo ello enmarcado en una estrategia de persecución política que, según la Misión, constituye crímenes de lesa humanidad.

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El informe, elaborado tras una investigación que abarcó el periodo posterior a las elecciones presidenciales de 2024, sostiene que la represión desatada a partir del 29 de julio de ese año representa una continuación agravada de un plan estatal para aniquilar a opositores reales o percibidos.

“La Misión considera que la represión desatada a partir del 29 de julio de 2024 es una continuación exacerbada del plan de aniquilamiento de personas opositoras o percibidas como tales, que se ha traducido en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes internacionales, constituyendo el crimen de lesa humanidad de persecución por razones políticas”, señala el informe.

La Misión atribuye la responsabilidad de estos hechos al régimen venezolano y a sus fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Las víctimas identificadas abarcan opositores, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, familiares, niños, niñas y adolescentes, así como personas extranjeras.

Detenciones arbitrarias y persecución política

Durante el periodo analizado, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos documentó más de 2.200 detenciones arbitrarias, muchas de ellas en dos momentos clave: la toma de posesión presidencial de enero de 2025 y las elecciones regionales y parlamentarias de mayo de ese año. Las detenciones afectaron a políticos de oposición, defensores de derechos humanos, periodistas, familiares de opositores y personas extranjeras. El informe subraya que estas detenciones no solo se produjeron en el contexto de manifestaciones, sino también de manera selectiva y como represalia contra voces críticas, extendiéndose incluso a familiares de opositores.

La Misión identificó patrones de actuación de los agentes estatales: detenciones violentas, uso de fuerza desproporcionada, irrupciones en domicilios por parte de individuos encapuchados y armados, y traslados en vehículos sin identificación. En muchos casos, los captores no presentaron órdenes judiciales ni explicaron los motivos de la detención. El informe recoge testimonios de víctimas que relatan haber sido arrestadas en la vía pública o en sus casas, sin justificación legal y bajo amenazas.

El uso de la legislación antiterrorista y de la Ley contra el Odio para criminalizar la disidencia se mantuvo como práctica habitual. La Misión sostiene que el Ministerio Público utilizó de forma arbitraria sus facultades investigativas y acusatorias con motivaciones políticas, y que el sistema judicial avaló y perpetuó estas detenciones.

Asesinatos en protestas y muertes bajo custodia estatal

El informe atribuye al menos 30 víctimas fatales a la represión estatal, de las cuales 25 murieron durante protestas y cinco bajo custodia del Estado. Además, tres personas fallecieron tras su excarcelación debido al deterioro de su salud, consecuencia directa de las condiciones de detención. La Misión documentó el uso de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones, así como la falta de investigaciones independientes sobre la responsabilidad de los agentes estatales en estas muertes.

En casos emblemáticos, como la protesta en la redoma del obelisco de San Jacinto en Maracay, la Misión identificó a miembros de la cadena de mando militar y policial presentes durante la represión, y concluyó que los disparos que causaron la muerte de manifestantes provinieron de las fuerzas de seguridad. El informe también señala la falta de participación de los familiares de las víctimas en las investigaciones y la existencia de amenazas y represalias contra quienes intentaron denunciar los hechos.

Tortura, aislamiento y tratos crueles

La Misión de la ONU documentó el uso sistemático de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas. Los métodos incluyeron golpes, asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas, aislamiento prolongado en celdas de castigo y privación de alimentos y agua. El informe destaca el uso del aislamiento y la incomunicación como castigo y herramienta de represión, en condiciones que, según los estándares internacionales, pueden constituir tortura.

Las condiciones de detención en centros como Tocorón y Tocuyito fueron descritas como inhumanas: hacinamiento, falta de acceso a agua potable, alimentación deficiente, ausencia de atención médica y castigos colectivos. La Misión identificó casos de muertes bajo custodia estatal directamente relacionadas con la falta de atención médica y las condiciones insalubres.

Desapariciones forzadas y violencia sexual

El informe recoge 30 casos de desaparición forzada, de los cuales 12 fueron confirmados como tales según los estándares internacionales. Las desapariciones afectaron tanto a opositores como a personas extranjeras, quienes permanecieron incomunicadas durante semanas o meses, sin acceso a abogados ni contacto con sus familias. La Misión subraya la falta de cooperación de las autoridades venezolanas y la negativa sistemática a recibir recursos de habeas corpus o denuncias de desaparición forzada.

La violencia sexual y de género fue identificada como un patrón de represión, especialmente contra mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT privadas de libertad. El informe documenta casos de sexo transaccional coercitivo, desnudez forzada, abuso sexual y amenazas de violación por parte de funcionarios estatales. La Misión concluye que estos actos no son incidentes aislados, sino parte de una política de represión y humillación dirigida a silenciar a la disidencia.

Impacto en niños, niñas y adolescentes

La Misión documentó la detención arbitraria de 220 niños, niñas y adolescentes en el contexto de las protestas postelectorales y la toma de posesión presidencial. Las detenciones se produjeron sin considerar el interés superior de la niñez, y los menores fueron sometidos a tratos crueles, incomunicación, violencia sexual y procesos judiciales sin garantías. El informe señala que las condiciones de detención y la falta de acceso a defensa técnica adecuada agravaron la vulnerabilidad de este grupo.

Restricción al espacio cívico y ataques a defensores y periodistas

El informe denuncia la aprobación y aplicación de leyes restrictivas para las organizaciones no gubernamentales, la criminalización de la defensa de derechos humanos y el hostigamiento a periodistas y trabajadores de la prensa. Se documentaron detenciones arbitrarias, amenazas, censura y bloqueos digitales, así como el uso de tecnología para vigilar y reprimir a la disidencia. Las organizaciones defensoras de derechos humanos enfrentaron obstáculos legales, amenazas públicas y detenciones de sus miembros, en un contexto de creciente inseguridad jurídica y autocensura.

Impunidad y reacción internacional

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos concluye que la impunidad y la falta de acceso a la justicia son estructurales. El Estado venezolano no ha investigado ni sancionado a los responsables de las violaciones documentadas, y las víctimas y sus familias enfrentan obstáculos insalvables para obtener reparación. El informe destaca la falta de cooperación de las autoridades y la ausencia de garantías judiciales, así como la persistencia de un clima de miedo y represión que afecta a toda la sociedad civil.

El documento, que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluye como anexo 19 casos ilustrativos que, según la Misión, representan solo una fracción de un universo mucho más amplio de violaciones, y reflejan la magnitud, extensión y gravedad de la crisis de derechos humanos en Venezuela.

Los ataques militares estadounidenses de este mes contra tres embarcaciones que, según funcionarios del gobierno de Donald Trump, traficaban drogas en el mar Caribe, han puesto de relieve la considerable armada naval y la flota aérea de aviones espía que el Pentágono ha enviado a la región en lo que dice ser una misión antinarcóticos y antiterrorismo.

Por: Eric Schmitt – The New York Times

Funcionarios militares, diplomáticos y analistas dicen que uno de los principales objetivos de la fuerza es aumentar la presión sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya que altos cargos del gobierno de Trump lo califican de líder ilegítimo y lo acusan de dirigir las acciones de bandas criminales y cárteles de la droga.

“No vamos a tener a un cártel, operando o haciéndose pasar por un gobierno, operando en nuestro propio hemisferio”, dijo el secretario de Estado Marco Rubio en Fox News esta semana, y añadió que Maduro había sido imputado en Estados Unidos y era “un fugitivo de la justicia estadounidense”.

“Hay una recompensa por su captura”, dijo.El presidente de Estados Unidos difundió el video por redes sociales

La fuerte presencia militar en el Caribe, que incluye cazas F-35 en Puerto Rico, sugiere que Estados Unidos planea hacer algo más que volar pequeñas embarcaciones, dijeron los analistas. Pero el alcance de la operación sigue sin estar claro.

La fuerza de 4500 miembros que actualmente se encuentra a bordo de ocho buques de guerra es demasiado pequeña para invadir Venezuela o cualquier país que albergue traficantes. Y no está operando en la principal masa de agua para llevar a cabo una gran campaña de interceptación de drogas. Esa sería el océano Pacífico oriental, según los expertos regionales. El despliegue clandestino de fuerzas de élite de Operaciones Especiales sugiere que podrían estar preparándose ataques o incursiones de comandos dentro de la propia Venezuela, señalan los expertos.

Los funcionarios del gobierno se niegan a decir cuál podría ser la próxima acción militar estadounidense. Cuando se le preguntó el jueves en el Air Force One, de camino a Washington desde el Reino Unido, si había hablado de un cambio de régimen en Venezuela con Rubio o con alguno de sus líderes militares, el presidente Trump dijo que no.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo recientemente que el gobierno estaba “dispuesto a utilizar todos los elementos del poder estadounidense para impedir que las drogas inunden nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”.

En una conferencia de prensa celebrada esta semana, Maduro condenó el primer ataque, llevado a cabo contra un barco venezolano el 2 de septiembre, como un “crimen alevoso” y “un ataque de carácter militar sobre unas personas civiles que no estaban en guerra y no estaban amenazando militarmente a ningún país”.

Dijo que si Estados Unidos creía que los pasajeros del barco eran narcotraficantes, deberían haber sido detenidos. Acusó al gobierno de intentar iniciar una guerra. Poco después de la conferencia de prensa, el ejército estadounidense atacó una segunda embarcación.

Varios militares, diplomáticos y oficiales de inteligencia actuales y anteriores dicen que, aunque la lucha contra las drogas es el pretexto de los recientes ataques estadounidenses, el objetivo real es expulsar a Maduro del poder, de una forma u otra.Donald Trump dijo que “tres narcoterroristas de Venezuela” murieron tras un ataque en el Caribe

“La enorme flotilla naval frente a las costas de Venezuela y el traslado de cazas F-35 de quinta generación a Puerto Rico tienen poco que ver con una interdicción real de las drogas, representan un exceso operativo”, dijo el almirante James G. Stavridis, ex jefe del Mando Sur del Pentágono.

“Más bien, son una clara señal a Nicolás Maduro de que este gobierno se toma cada vez más en serio la posibilidad de lograr un cambio de régimen o de comportamiento por parte de Caracas”, dijo Stavridis. “Ha vuelto la diplomacia de las cañoneras, y puede que funcione”.

Tanto Rubio como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han dicho que el ejército llevaría a cabo más ataques en las próximas semanas como parte de lo que describen como una campaña antinarcóticos y antiterrorismo. El ejército atacó una tercera embarcación el viernes, y causó la muerte de tres personas, dijo Trump.

“Los narcoterroristas son enemigos de Estados Unidos, que traen activamente la muerte a nuestras costas”, dijo Hegseth esta semana en redes sociales tras el segundo ataque, y añadió: “Los rastrearemos, los mataremos y desmantelaremos sus redes en todo nuestro hemisferio, en el momento y el lugar que elijamos”.

Ese es el tipo de lenguaje que los dirigentes del Pentágono han utilizado durante años en su batalla contra grupos terroristas como Al Qaeda y el Estado Islámico en Medio Oriente, el suroeste de Asia y África.

“Dado el gran número de medios militares estadounidenses que se han desplegado en el Caribe, está claro que el gobierno tiene la intención de continuar dichas operaciones”, dijo el jueves en una audiencia en el Senado el senador Jack Reed de Rhode Island, principal demócrata en el Comité de Servicios Armados.

El refuerzo militar estadounidense en el Caribe tiene en vilo a la región.

“Hasta ahora, los ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes se están interpretando en la región como disparos de advertencia que presagian la posibilidad de una nueva escalada”, dijo Elizabeth Dickinson, analista principal del International Crisis Group en Bogotá.

A principios de este mes, ese punto álgido parecía inminente, después de que dos cazas venezolanos F-16, armados pero antiguos, sobrevolaron un destructor de misiles guiados de la Armada en la región, en una demostración de fuerza que aumentó las tensiones entre Washington y el gobierno de Maduro.

En respuesta, el Pentágono envió 10 cazas furtivos F-35 a Puerto Rico para disuadir más sobrevuelos venezolanos y para estar preparados en caso de que Trump ordene ataques aéreos contra objetivos en Venezuela.

Trump afirmó el lunes que el barco que el ejército estadounidense destruyó el 15 de septiembre se dirigía a Estados Unidos y lo vinculó a “cárteles del narcotráfico” que, según dijo, suponían una amenaza para el país. El presidente dijo que las personas muertas habían sido “identificadas positivamente”, pero no mencionó ninguna organización concreta con la que pudieran estar relacionadas.

En declaraciones a los periodistas en el Despacho Oval, Trump dijo que se había basado en información de inteligencia concluyente para determinar que el barco atacado estaba cargado de drogas. “Somos muy cuidadosos: los militares han estado increíbles”, dijo, y añadió: “Hemos registrado pruebas y evidencias. Sabemos a qué hora salían, cuándo salían, qué llevaban y todas las demás cosas que te gustaría tener”.

“Tenemos pruebas”, dijo. “Todo lo que tienes que hacer es mirar la carga que había, salpicada por todo el océano. Grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes”.

Pero la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado no han ofrecido ninguna prueba que respalde las afirmaciones de Trump.

Especialistas jurídicos y congresistas demócratas han tachado de ilegales los ataques estadounidenses.

“La decisión del presidente de utilizar la fuerza militar letal contra civiles basándose en afirmaciones no probadas de que son narcotraficantes es moralmente reprobable y estratégicamente insensata, y acabará dificultando la prevención de la entrada de drogas peligrosas en nuestras comunidades”, dijo el representante Jim Himes, de Connecticut, principal demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

En la Casa Blanca y en el Capitolio está circulando un proyecto de ley que otorgaría a Trump amplios poderes para librar una guerra contra los cárteles de la droga que considere “terroristas”, así como contra cualquier país que, según él, los haya albergado o ayudado, como informó anteriormente The New York Times.

Funcionarios del Departamento de Defensa informaron el miércoles a los miembros del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes sobre los dos ataques. El representante Adam Smith de Washington, el demócrata de mayor rango en la comisión, dijo que los funcionarios del Pentágono no habían ofrecido pruebas de justificación legal, aparte de la afirmación de Trump de “defensa propia” para los dos ataques, y no habían proporcionado ninguna información sobre la ubicación de los ataques o quién y qué había en los barcos.

Smith también dijo que los funcionarios no habían ofrecido detalles sobre lo que los militares pensaban hacer a continuación. “Si tienen planes, no los comparten”, dijo en una entrevista telefónica.

En julio, Trump firmó una orden aún secreta que ordenaba al Pentágono que empezara a utilizar la fuerza militar contra determinadas bandas criminales y cárteles de la droga latinoamericanos. En agosto, la Marina estadounidense envió una gran cantidad de potencia de fuego al sur del mar Caribe.

Hasta ahora, el ejército ha desplegado en la región ocho buques de guerra, varios aviones de vigilancia P-8 de la Marina y un submarino de ataque. El Pentágono ha ofrecido pocos detalles sobre los objetivos y la ubicación de la fuerza, aparte de la lucha contra los narcotraficantes.

El grupo anfibio conocido como Iwo Jima Amphibious Ready Group —que incluye el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale, con 4500 marineros— ha estado navegando cerca de Puerto Rico. También lo ha hecho la Unidad Expedicionaria de Marines 22, con 2200 infantes de marina.

El Iwo Jima está equipado con aviones de ataque AV-8B Harrier. Hegseth y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, visitaron Puerto Rico la semana pasada para reunirse con los mandos.

Dos destructores de misiles guiados de la Marina —el USS Jason Dunham y el USS Gravely— operan en el sur del Caribe. Ambos buques de guerra se unieron recientemente a la campaña contra las milicias hutíes en el Mar Rojo. Un tercer destructor, el USS Sampson, ahora en el Pacífico oriental, podría unirse pronto, dijo un funcionario de la Armada.

Estos buques de guerra son de la clase Arleigh Burke, equipados con más de 90 misiles, incluidos misiles tierra-aire. Pueden realizar guerra antiaérea y antisubmarina, y derribar misiles balísticos.

Además, el crucero de misiles guiados USS Lake Erie y el buque de combate litoral Mineápolis-St. Paul también operan en el Caribe.

Los historiadores militares señalan otras condiciones provocadoras que precedieron a importantes episodios militares estadounidenses en la segunda mitad del siglo XX.

En diciembre de 1989, el gobierno del presidente George H. W. Bush envió más de 20.000 soldados estadounidenses para invadir Panamá y detener a su caudillo, Manuel Noriega, quien había sido imputado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Noriega fue condenado en 1992 y murió en Ciudad de Panamá en 2017.

La Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas presenta este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos un informe que documenta detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia en Venezuela durante el periodo posterior a las elecciones presidenciales de 2024. El documento también detalla la represión intensificada contra opositores, periodistas y manifestantes por parte del régimen chavista.

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La presentación oficial del informe comenzó a las 11:30, hora local de Ginebra. El archivo presentado abarca el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 y tiene como objetivo mostrar ante la comunidad internacional los patrones de represión sistemática que, según la Misión, persisten en el país caribeño. El documento sostiene que la represión posterior a los comicios representa la continuación de un plan orientado a suprimir a la oposición o a quienes sean percibidos como tal.

Principales hallazgos: detenciones, torturas y muertes bajo custodia

Entre los hallazgos más relevantes, la Misión documenta graves violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias de adultos y adolescentes, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas y muertes de manifestantes. El informe indica que entre el 28 de julio de 2024 y el 12 de enero de 2025 se registraron 220 detenciones de menores de edad: 187 niños, 22 niñas y 11 personas cuyo género no pudo determinarse, con edades entre 12 y 17 años. Además, se reportaron 30 casos de posible desaparición forzada, de los cuales 12 cumplen con la definición estricta de este delito, afectando a seis hombres, dos mujeres y cuatro menores.

En el contexto de las protestas poselectorales, el informe destaca la muerte de dos adolescentes, Isaías Fuenmayor (15 años) y Ángel Mora (17 años), así como la detención continuada de otros cuatro menores. En total, la Misión registró 25 muertes durante el periodo postelectoral, sin encontrar evidencia que las vincule con las principales figuras de la oposición, sus organizaciones políticas o los denominados “comanditos”. También se documentaron cinco muertes bajo custodia y tres fallecimientos relacionados con negligencia estatal y falta de atención médica oportuna.

Violencia sexual, represión a la prensa y contexto postelectoral

El informe dedica un apartado específico a la violencia sexual y de género, identificando 22 casos documentados en seis estados del país. Las víctimas incluyen mujeres, niñas, adolescentes y hombres privados de libertad, quienes sufrieron estos abusos en el contexto postelectoral. Entre los patrones identificados figuran sexo transaccional coercitivo, posibles actos de esclavitud sexual o prostitución forzada, descargas eléctricas en genitales y desnudez forzada.

La represión contra periodistas y trabajadores de la prensa también ocupa un lugar destacado en el informe. Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, la Misión documentó al menos 18 detenciones arbitrarias de comunicadores, realizadas sin órdenes de captura ni en situaciones de flagrancia. Según la organización Espacio Público, en 2024 se reportaron 99 detenciones de trabajadores de la prensa, lo que representa un incremento del 254 % respecto a los 28 casos registrados en 2023. Al cierre del informe, 11 periodistas (10 hombres y una mujer) permanecían detenidos por ejercer su labor periodística, mientras que otros tres seguían privados de libertad por su activismo político y opiniones. Además, se contabilizaron 199 casos de intimidación, 127 de censura y 80 de hostigamiento judicial contra comunicadores y medios.

El contexto postelectoral venezolano, según la Misión, se caracteriza por una represión exacerbada y la criminalización de la expresión digital, así como por la restricción del espacio cívico. El informe subraya la continuidad de un plan sistemático para silenciar a la oposición y a quienes sean percibidos como disidentes, afectando de manera particular a menores de edad y manifestantes.

En respuesta a la inminente presentación del informe, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, instó a la comunidad internacional a prestar atención a la exposición ante el Consejo de Derechos Humanos y a implementar acciones para frenar los crímenes documentados.

La presentación de estos hallazgos ante el Consejo de Derechos Humanos marcará un momento clave para la comunidad internacional en la evaluación de la situación de los derechos humanos en Venezuela, proporcionando evidencia detallada sobre la persistencia de violaciones sistemáticas en el país.