Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha respondido a través de X al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras señalar que al terrorismo no se le vence «como está haciendo Israel».

La Gaceta de la Iberosfera

«Claro, Pedro Mafias. Tú has combatido al terrorismo indultándolo, abandonando a las víctimas, metiéndolo en el Gobierno y utilizando ahora a sus sicarios callejeros para detener un acontecimiento deportivo», ha manifestado.

«Igual que has combatido la corrupción, con tu mujer, tu hermano, tus ministros y colaboradores. Igual que has combatido el narcotráfico llevándole las maletas al capo Nicolás Maduro. Igual que has combatido a las mafias del tráfico de personas abriendo las fronteras», ha añadido Abascal en su mensaje.

«Lo de este traidor ya es insoportable. Creo firmemente que España no podrá recuperar la normalidad, la seguridad y la prosperidad hasta que este personaje nefasto esté en la cárcel».

Koldo García se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas (Venezuela) para comunicarle que el PSOE había decidido cortar lazos con Víctor de Aldama. En ese encuentro, el antiguo asesor de José Luis Ábalos explicó a la número dos de Nicolás Maduro que el empresario ya no actuaba como intermediario en las operaciones vinculadas a la petrolera estatal PDVSA ni como representante válido en los contactos entre dirigentes socialistas y el chavismo, según ha avanzado El Español.

La Gaceta de la Iberosfera

Según fuentes próximas a aquellas conversaciones, la propia Rodríguez trasladó después la noticia a Aldama, a pesar de que la vicepresidenta no aceptó apartarlo de las gestiones económicas que mantenía con el PSOE. Hay constancia de que la reunión se produjo el 7 de octubre de 2021 en una sede oficial del Gobierno venezolano, apenas diez días antes de que se celebrara en Sevilla el 40º Congreso Federal del PSOE, en el que Pedro Sánchez consolidó a Santos Cerdán como sucesor de Ábalos en la secretaría de Organización.

El origen del desencuentro fue económico. Tanto Ábalos como Koldo habrían reclamado a Aldama mayores aportaciones, algo a lo que el empresario se negó tras haber abonado, según su propio cálculo, unos tres millones de euros en comisiones entre 2018 y 2021, periodo en el que Ábalos ocupó el Ministerio de Transportes y el cargo orgánico de secretario de Organización.

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha recuperado mensajes y grabaciones en los dispositivos de los implicados que confirman las citas entre García y la vicepresidenta venezolana. En esos intercambios también se alude a pagos procedentes del chavismo dirigidos a cuadros del PSOE mediante operaciones relacionadas con el crudo venezolano. Parte de esas pruebas señalan de forma directa que fue Ábalos quien ordenó a su hombre de confianza volar a Caracas para entrevistarse con Delcy Rodríguez.

Víctor de Aldama, designado en su día como puente por el propio Ábalos y por Rodríguez, ha relatado recientemente en televisión que asistió a encuentros en Venezuela junto a José Luis Rodríguez Zapatero, a quien incluso trasladó en su avión privado hasta Santo Domingo por indicación de la vicepresidenta. Aldama asegura estar «totalmente convencido» de que el PSOE se financió a través de estas operaciones en las que participaban Koldo y Ábalos.

El caso conecta además con otros episodios judiciales previos. El exembajador Raúl Morodo y su hijo Alejo reconocieron ante la Audiencia Nacional haber defraudado millones de euros obtenidos con contratos ficticios de asesoría a PDVSA entre 2013 y 2014. Para ello utilizaron sociedades pantalla y acabaron pactando con la Fiscalía: Morodo fue condenado a diez meses de cárcel y su hijo a dos años, evitando sanciones más severas.

Entre los documentos incautados por la UCO figura una grabación donde Koldo García plantea directamente a Ábalos un proyecto relacionado con el petróleo venezolano, en el que Aldama figuraría de mediador. Ese material refuerza las sospechas de que las relaciones entre altos cargos socialistas y el régimen de Maduro no se limitaron a encuentros políticos, sino que implicaron movimientos financieros de gran calado.

La antigua base naval de Roosevelt Roads, en Ceiba, Puerto Rico, cerró en 2004 luego de más de seis décadas de operaciones militares de Estados Unidos. Durante años se intentó transformarla en un polo de desarrollo turístico y residencial, pero ninguno de esos planes prosperó. Ahora, el enorme complejo militar volvió a recibir aviones de combate en medio de la escalada de tensión entre Washington y Caracas.

CNN

Varios cazas F-35 de EE.UU. aterrizaron la semana pasada en la pista del ahora llamado aeropuerto regional José Aponte de la Torre, que opera sobre la infraestructura de la antigua base.

Según del Departamento de Defensa, los cazas pertenecen al escuadrón de ataque 225 y están “listos para enfrentar a los cárteles”.

La historia de Roosevelt Roads está marcada por sus idas y vueltas. Comisionada como base en 1943, se extiende sobre 3.500 hectáreas en la costa este de Puerto Rico, con carreteras internas, escuelas, hospitales y miles de viviendas para personal militar, según documentos de la Marina de Estados Unidos.

La base llegó a ser “una de las instalaciones navales más grandes del mundo”, según la Marina, que destaca sus más de 160 kilómetros de caminos interiores pavimentados.

Cuenta con una pista de más de 3 kilómetros de largo y un puerto de aguas profundas, la base tiene las condiciones para recibir a aviones y embarcaciones de gran envergadura.

Con el paso de las décadas, fue cayendo en desuso para los militares estadounidenses.

Su clausura en 2004 fue celebrada por sectores que rechazan la militarización de la isla, pero también fue lamentada por comunidades que se beneficiaban de la actividad económica que la base motorizaba.

Tras el traspaso de una parte de los terrenos al gobierno local, la Autoridad para el Redesarrollo Local (LRA) elaboró un plan maestro en 2014 para el uso de 1.375 hectáreas que le fueron asignadas. La expectativa era atraer proyectos turísticos —como una marina ampliada y complejos hoteleros— e inversiones inmobiliarias.

En 2023 el Gobierno de la isla firmó una ley que creó un marco jurídico con incentivos especiales para la rehabilitación de la zona, y en 2024 se abrió una convocatoria internacional para el desarrollo de la marina. Este año, la entidad anunció además una inversión de US$ 79 millones en modernización eléctrica con fondos federales.

A pesar de esas iniciativas, la mayor parte de la antigua base permanece sin uso productivo desde hace 21 años.

El panorama, hasta hace unas semanas, era de abandono casi total. Ahora, aunque no se trate de una reactivación oficial de Roosevelt Roads como base permanente, la frase que se comenta es “back in business”, de vuelta al ruedo.

De todas formas, no es la primera vez que EE.UU. vuelve a utilizarla desde su cierre, como en 2017, cuando las usó como punto de entrada de la ayuda humanitaria tras la devastación del huracán María.

La llegada de los F-35 a Puerto Rico se produce en paralelo a la decisión de Caracas de reforzar su despliegue militar en la frontera y en aguas del Caribe, incluso con una serie de maniobras en la isla La Orchila, 690 kilómetros al sur de Puerto Rico.

Días atrás, después de una visita sorpresa del secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, aseguró que su Gobierno “está comprometido en esta lucha contra el narcotráfico”, y apoyó el despliegue militar estadounidense, lo que fue rechazado enfáticamente por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en libertad al expresidente colombiano Álvaro Uribe, condenado en primera instancia por un caso de sobornos, hasta que resuelva en segunda instancia la apelación presentada por su defensa.

EFE

La Sala de Casación Penal tomó esa decisión al resolver una acción de tutela (recurso de amparo) interpuesta por la defensa del expresidente, y resaltó lo dicho por la Corte desde 2023: «para la privación de la libertad del condenado se requiere una motivación clara de las razones por las que debe ser privado de la libertad».

«En la providencia, la Corte ‘ratifica el carácter excepcional de la restricción de la libertad, su aplicación bajo ciertos criterios y, sobre todo, la carga argumentativa que se necesita para limitarla en casos excepcionales’», agregó el alto tribunal en un comunicado.

Uribe se convirtió a comienzos de agosto en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, tras ser hallado culpable en primera instancia de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La jueza Sandra Heredia, a cargo del llamado ‘juicio del siglo’ en Colombia, condenó al político de 73 años a doce años de régimen domiciliario y lo inhabilitó para ejercer funciones públicas por más de ocho años.

Este caso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó al senador de izquierdas Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos, mientras este preparaba una denuncia en el Senado contra él por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

La Corte no solo decidió no investigar a Cepeda, sino que abrió un proceso contra Uribe al encontrar indicios de que manipuló testigos para evitar que lo relacionaran con el paramilitarismo.

Pese al fallo condenatorio, Uribe, que fue senador entre 2014 y 2020, continúa participando activamente en la vida política colombiana y buscará volver al Congreso en 2026.

El exmandatario será el número 25 en la lista al Senado de su partido, el derechista Centro Democrático, para las elecciones del próximo año.

Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y la primera vuelta de las presidenciales se hará el 31 de mayo. De ser necesaria, la segunda se realizará el 21 de junio.

Desde un acto realizado en La Guaira, Nicolás Maduro se pronunció sobre el despliegue militar del chavismo en la Isla La Orchila, en el marco de la denominada «Operación Caribe 200».

La Patilla

Según sus declaraciones, el ejercicio busca fortalecer la presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) frente a las «amenazas extranjeras» y garantizar la defensa de la soberanía venezolana.

Maduro aseguró que la Fanb está desplegada de manera integral “defendiendo todo el Caribe, alrededor de la isla de La Orchila”, enfatizando la rapidez con la que se pueden movilizar tropas y recursos.

“En 20 minutos se puede llegar volando, en 4 horas en bote, en una hora en parapente, en helicóptero o en avión en un momento, incluso en paracaídas”, dijo el líder chavista.

Maduro calificó el ejercicio como “maravilloso” y aseguró que la maniobra ha sorprendido al mundo por su capacidad para proteger la paz y la soberanía de Venezuela.

“Venezuela y los pueblos del Caribe y de Sudamérica tenemos derecho a la paz; que nadie amenace al Caribe, a Sudamérica ni a Venezuela. Lo que queremos es soberanía, paz y autodeterminación”, expresó.

Este despliegue militar se produce en un contexto de presencia de tropas navales y aéreas de Estados Unidos en el mar Caribe, cuya misión, según Washington, estaría vinculada a la lucha contra el narcoterrorismo asociado al Cartel de los Soles.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que el pasado martes 16 de septiembre falleció Nairkel Botia, un niño venezolano de apenas 4 años de edad que permanecía hospitalizado tras ser brutalmente golpeado por su padrastro.

La Patilla

De acuerdo con el mandatario, el menor luchó por su vida durante tres días en el Hospital General de Medellín, pero finalmente las graves heridas resultaron fatales.

El responsable del atroz crimen fue identificado como Cristian González Gallegoalias “Lámpara”, miembro de la estructura criminal conocida como Los Mondongueros. Según confirmó Gutiérrez, ya fue capturado y enfrentará a la justicia por este acto que ha causado profunda indignación en Colombia.

“Me duele y me da mucha tristeza tener que comunicarles esta triste noticia. No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas acabaron con su vida. Fue asesinado. Qué dolor evidenciar la violencia en contra de nuestros niños”, expresó el alcalde.

Asimismo, aprovechó para agradecer al equipo médico del Hospital General de Medellín por los esfuerzos realizados para salvar al pequeño: “Gracias al personal médico y asistencial del hospital por cuidarlo e intentar salvar su vida”.

El alcalde reiteró que el crimen no quedará impune y que las autoridades están trabajando para garantizar justicia en este caso que ha estremecido al país.

Orlando Moreno, Coordinador Nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, alertó este jueves 18 de septiembre sobre la grave escalada de represión política en el país, denunciando que más de 823 personas han sido secuestradas por motivos políticos, de las cuales cerca de 100 se encuentran en situación de desaparición forzada.

La Patilla

“Quiero empezar con la cruda verdad de la barbarie que hoy estamos viviendo en Venezuela. Esto no es solo una crisis más, es una escalada de terrorismo de Estado donde la crueldad ha sido perfeccionada. Lo que vemos no es represión al azar, sino un patrón sistemático”, señaló Moreno.

El dirigente opositor explicó que el régimen ha adoptado tácticas conocidas históricamente como “Zip and Huff”, un método de castigo por parentesco, en el que los familiares de los líderes políticos son detenidos para afectar su moral y presión sobre los activistas.

Un caso reciente involucra a la madre de Miguel Guillén, Miriam Fernández Ruiz, y su hijo Miguel Ángel Guillén, quienes fueron detenidos durante un allanamiento arbitrario en el estado Carabobo.

La última ola de represión comenzó el 25 de agosto, con el secuestro de Lorena Gutiérrez, líder social, quien fue sacada de su casa por funcionarios encapuchados.

Moreno denunció que Gutiérrez fue sometida a torturas, incluyendo descargas eléctricas, y que su paradero sigue siendo desconocido.

Posteriormente, el 30 de agosto, cinco líderes de Primera Justicia en Barinas —José Luis Machín, Miguel Jorge, José Osorio, Isaida Villamizar y Junio Rivas— fueron secuestrados. Sus familiares no han tenido noticias de ellos desde entonces.

El 2 de septiembre, los coordinadores de Vente Venezuela, José Patricio Mena y Jorge Arnaldo Herrera, fueron desaparecidos, al igual que Julio Velasco, padre de familia vinculado a un activista nacional.

El 11 de septiembre, Alexander José Suárez, quien había participado solo como espectador en una manifestación, fue secuestrado de su hogar sin orden judicial en Trujillo.

“Esto demuestra un patrón sistemático de represión y terrorismo de Estado dirigido contra quienes defienden la democracia en Venezuela”, concluyó Moreno, haciendo un llamado a la comunidad internacional a actuar ante lo que calificó como una grave crisis de derechos humanos en el país.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han desplegado cazas de última generación F-35B Lightning II en Puerto Rico como parte de su operativo para combatir el narcotráfico en el Caribe, medida que ha sido fuertemente cuestionada por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

EFE

El operativo, según explicó el Departamento de Defensa estadounidense a través de un mensaje difundido este jueves en la red social X, busca enfrentar a los carteles cuyas actividades ilícitas han causado “devastadoras consecuencias para los estadounidenses durante décadas”. Los F-35B pertenecen al Escuadrón de Ataque de la Infantería de Marina 225 y ya operan desde territorio puertorriqueño.

La configuración F-35B destaca por su capacidad de despegue en corta distancia y aterrizaje vertical, lo que les permite operar desde cubiertas de buques desplegados al sur del Caribe. De acuerdo con reportes de medios locales difundidos a comienzos de semana, al menos cinco aviones de combate de este modelo aterrizaron en la pista del aeropuerto regional José Aponte de la Torre —antigua base Roosevelt Roads—, en el noreste de Puerto Rico, específicamente en el municipio de Ceiba.

El despliegue militar responde a la intensificación de la lucha antidrogas en la región, tras el anuncio realizado esta semana por el presidente estadounidense Donald Trump, quien informó sobre la destrucción de una tercera lancha en la zona. Según Washington, la acción provocó la muerte de tres ocupantes, identificados como “narcoterroristas” venezolanos que transportaban sustancias ilícitas hacia EEUU.

Ante el incremento del despliegue de medios militares estadounidenses y la ofensiva pública de la administración Trump, el régimen chavista de Venezuela respondió con críticas y maniobras militares en la isla de La Orchila, al norte de Caracas, calificando la presencia militar de EEUU como una “amenaza”.

En línea con estos movimientos, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, realizó el pasado 8 de septiembre una visita sorpresa a Puerto Rico, pocos días después de que se reportaran al menos diez F-35 en la isla. Estuvo acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Dan Caine.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, confirmó la llegada de estos altos funcionarios y agradeció directamente al presidente Trump y su administración por reconocer “la importancia estratégica de Puerto Rico para la seguridad nacional de Estados Unidos y por su lucha contra los cárteles de la droga y el narcodictador de Nicolás Maduro”.

González expresó en la red social X su respaldo a la política de “America First”, enfatizando que estas acciones “garantizan la seguridad de las fronteras y combaten las actividades ilícitas para proteger a los ciudadanos americanos”. Añadió que el operativo posicionará estratégicamente a la isla como la frontera estadounidense en el Caribe y permitirá enfrentar el problema “de raíz, atacando de dónde viene la droga”.

La mandataria puertorriqueña amplió su apoyo, declarando sentirse “orgullosa” de que Puerto Rico pueda respaldar los movimientos militares recientes del Gobierno estadounidense en el marco de su ofensiva contra los cárteles en América Latina.

El operativo ha implicado, además del envío de los cazas, el despliegue de varios buques militares estadounidenses en aguas del Caribe. González apuntó que “durante demasiado tiempo, los cárteles y el régimen narcoterrorista de Venezuela han inundado comunidades con drogas peligrosas”, un problema que, afirmó, ahora enfrenta una estrategia más directa y contundente.

A pesar de la magnitud de la operación, el Departamento de Defensa de EEUU no ha aportado detalles adicionales sobre futuras acciones.

“El Alto Mando militar se percató que la actitud sumisa y débil, demostrada hasta ahora, estaba produciendo un efecto no de debilidad y miedo, a lo interno de la Fuerza Armada Nacional y ordenan el despliegue de la maniobra de campaña ‘Caribe 200‘, como una acción ofensiva ante la presencia de los ocho buques estadounidenses al sur del mar Caribe”, le dice a Infobae un alto oficial del Ejército venezolano.

Por: Sebastiana Barráez – Infobae

El ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, realizó el anuncio de los ejercicios militares en La Orchila, con despliegue de drones artillados, de vigilancia y submarinos para “implementar acciones de guerra electrónica”, según el titular castrense.

El general que habló con Infobae considera que Nicolás Maduro “queda muy mal cuando es el ministro Padrino quien hace ese anuncio, pues en una situación como esa debe ser el comandante en Jefe quien de la orden en público. Fíjese que EEUU en eso cumple el protocolo: primero habla el Presidente, luego el asesor de seguridad y secretario de Estado y luego el secretario de Guerra”.

Considera que Maduro “está jugando con fuego al delegar el mando en una situación como esta. Dejar al estamento militar bajo el liderazgo del ministro Padrino, es peligroso para un comandante en Jefe; si Maduro cree que es el único con capacidad de traicionar, se equivoca”.

Ante el anuncio del vicealmirante de la Armada, Irwin Raúl Pucci, precisando que participarían 12 buques militares, 22 aeronaves y 20 botesde la Milicia especial naval, en coordinación con los otros componentes, el general le dice a Infobae que “este ejercicio o despliegue naval tiene sus riesgos, más aún en una fuerza de tarea como la de Venezuela ahora, sin preparación y entrenamiento conjunto e incluso con cuestionamientos indudables de lealtad y disciplina”.

El alto oficial venezolano, que pide no ser identificado por razones obvias, observa notoria improvisación en los anuncios de las operaciones militares que ha realizado la Fuerza Armada y el régimen.

“Pasaron en 3 semanas de un despliegue de las fuerzas terrestres a la frontera entre Venezuela y Colombia, con la llamada creación de la Zona Binacional, luego anunciaron un despliegue de tropas y milicianos a lo largo de las de 284 puntos críticos, para terminar desplegando una operación naval”.

La Orchila es una isla que destaca por la hermosura de las aguas que la rodean y la belleza del paisaje, por lo que siempre ha sido un lugar de vacaciones de la familia presidencial. Tiene como referencia importante que a ese lugar, durante el golpe del 11 de abril de 2002, fue trasladado Hugo Chávez desde la Base Naval de Turiamo hasta la Base de La Orchila, hasta 24 horas después, cuando regresa a la presidencia.

La ofensiva

El general le dice a Infobae que la nueva maniobra anunciada por el ministro de la Defensa es un pase “a la ofensiva. Se fueron bien al norte, porque la isla de La Orchila está bien arriba. Es un movimiento interesante, pero veamos en qué resulta”.

¿Qué están tratando de hacer? A la pregunta responde haciendo contexto que “el día anterior el régimen venezolano pretendió demostrar, con la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, que recibía una demostración de unidad y apoyo de los sectores políticos y económicos de la nación, junto a Nicolás Maduro, unidos ante lo que consideran es una agresión de EEUU basado en un falso positivo”.

Entonces, a partir de esa narrativa, “parte de la agenda tiene que ser fortalecida, según lo que se dijo en ese Consejo por la Soberanía, con este despliegue de las fuerzas navales en ese ejercicio en la parte norte del mar Caribe, porque la isla de La Orchila está bien al norte”.

Considera que el régimen venezolano trata de enviar un mensaje “no solo a los Estados Unidos, sino a la comunidad internacional como si el pueblo y todo lo que comprende el Estado venezolano, están unidos, sean sectores políticos, bien sea de la supuesta oposición y los que representan el gobierno y materializan la fingida unión en el despliegue de esa Fuerza Armada”.

Agrega lo insólito de la acción porque “sabemos que esos sectores políticos y económicos del país están divorciados de la población venezolana, es decir, no existe tal representación”.

Reflexiona en que lo lamentable, “y produce una sensación muy desagradable, es que esos sectores políticos y económicos, aunque sea por la necesidad de sobrevivir, se tomen la foto y queden retratados en video ante una persona y su grupo, ya señalada por un gran jurado como un narco y líder de un grupo narco terrorista”.

Presume que eso podría tener “una respuesta por parte de los Estados Unidos, que eso no creo que cambie en nada, porque me parece que seguirá siendo el avance de esta y que vendrá un operativo dentro del territorio nacional”.

Pide sumar los tres hechos: la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, el anuncio del ministro de Defensa del despliegue de la maniobra de campaña “Caribe 200” en La Orchila y la rueda de prensa del ministro Diosdado Cabello anunciando que ha incautado tres toneladas de droga.

“Todo eso forma parte de la agenda del régimen de Nicolás Maduro porque estamos muy cerca de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el régimen venezolano pretende llevar esa narrativa”, finaliza diciendo.

El gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Daniel Noboa, decretó un toque de queda nocturno en cinco provincias del país tras el aumento de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel.

EFE

La medida, formalizada este jueves mediante un nuevo decreto ejecutivo, afecta a las provincias de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo, con la finalidad de contener los bloqueos de carreteras y las manifestaciones registradas principalmente en regiones andinas del país.

El toque de queda restringe la circulación de personas y vehículos entre las 22:00 y las 5:00 del día siguiente. Durante esas horas, las fuerzas de seguridad están facultadas para detener a quienes transiten sin autorización. La disposición es uno de los principales instrumentos adoptados por el Ejecutivo ecuatoriano tras la convocatoria de un “paro nacional indefinido” por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

La organización, que aglutina a los mayores colectivos indígenas y campesinos del país, rechaza las recientes decisiones gubernamentales que subieron el precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

La medida de excepción forma parte del Decreto Ejecutivo 146, con el que Noboa amplió el estado de excepción a la provincia de Chimborazo y reiteró la restricción de libertades para controlar las actuales jornadas de protesta. El decreto sostiene que “quienes circulen durante el toque de queda serán detenidos” y que las fuerzas del orden tienen autorización para intervenir en reuniones y manifestaciones públicas cuando exista una amenaza comprobada a la seguridad de la ciudadanía.

El propósito del toque de queda es evitar la obstrucción de vías principales y salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos”, argumentó Noboa según el texto del decreto. El documento afirma que las protestas han obstaculizado el libre tránsito y han tenido impacto directo en la actividad social y comercial de las provincias afectadas.

Las provincias bajo toque de queda concentran un alto número de movilizaciones indígenas y bloqueos registrados en los últimos días, especialmente en áreas de importancia agrícola y de transporte.

“No vamos a abandonar la lucha hasta que se escuche nuestra demanda de justicia y de restitución de los subsidios al diésel”, afirmó el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza.

Ante estos anuncios, el gobierno reiteró la permanencia de las restricciones al derecho de reunión y la acción coordinada entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

El estado de excepción, vigente en ocho provincias durante 60 días, incluye la posibilidad de suspender reuniones públicas y desarticular posibles concentraciones vinculadas a las protestas.

“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen amenazas a la seguridad”, destaca el texto.

Además, la autoridad mantiene la facultad de ampliar o reducir las restricciones dependiendo del desarrollo de los acontecimientos.

La decisión del Ejecutivo se produce en un contexto de alta tensión social y política, con advertencias desde organizaciones de derechos humanos sobre posibles excesos en la aplicación de la fuerza pública.

Hasta el momento se han producido varios arrestos ligados a bloqueos de vías, sin reportarse enfrentamientos de gran magnitud, aunque persiste el riesgo de escalada mientras las demandas sociales no sean atendidas.

El gobierno no informó cuándo se prevé levantar el toque de queda ni si dialogará con la dirigencia indígena para buscar salidas a la crisis. Los organismos multilaterales con presencia en Quito monitorean el desarrollo de los acontecimientos y advierten sobre el posible impacto en la estabilidad democrática y la economía ecuatoriana.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Scroll to Top