En medio de las crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, en cuyo centro se encuentra el despliegue de al menos ocho buques de guerra estadounidenses en el Caribe, la Aviación Militar Bolivariana (AMB) difundió el lunes imágenes de aviones de caza de fabricación rusa Sukhoi Su-30 equipados con misiles antibuque.

CNN

La AMB publicó en su cuenta de Instagram un video de las aeronaves, primero en tierra, donde pueden verse los misiles colgando de las alas, y luego volando.

Al menos una parte del video había sido compartida en redes sociales ya en 2024, según pudo constatar CNN. No está aclarado cuándo se tomaron las restantes imágenes. CNN contactó al Ministerio de Defensa de Venezuela para pedir más información y espera respuesta.

Según la publicación, se trata de cazas rusos Sukhoi Su-30 MK2 del Grupo Aéreo de Caza 13 “Leones”, armados con misiles aire-superficie antibuque Kh-31 “Krypton”, también de fabricación rusa.

De acuerdo con un informe del Centro de Análisis de Estrategias y Tecnologías (CAST, por sus siglas en inglés), Venezuela compró a Rusia un número desconocido de ese tipo de misiles, que llegaron al país entre 2007 y 2008.

En tanto, según el Balance Militar 2024 del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), Venezuela cuenta con misiles Kh-31 en sus versiones antibuque y antiradar.

Venezuela opera en total con 21 cazas Su-30MK2, aunque no está claro cuántos están en servicio dados los problemas económicos que ha enfrentado el país en la última década, que han afectado al arsenal venezolano. En un informe de la ONG venezolana Control Ciudadano sobre accidentes aéreos militares en Venezuela en las últimas dos décadas, se destaca tanto la “opacidad” del Gobierno en sus informes como los posibles “problemas de obsolescencia de sistemas y de mantenimiento y falta de repuestos”.

CNN contactó a los departamentos de Defensa y de Estado de Estados Unidos para pedir comentarios y espera respuesta.

La difusión de este video por parte de Venezuela se produce en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos por el despliegue naval que Washington ha hecho en aguas del Caribe con el argumento de combatir al narcotráfico, y poco antes del anuncio por parte de Venezuela de una serie de maniobras militares en la isla venezolana de La Orchila, en el Caribe.

Al menos ocho buques de guerra de EE.UU., incluyendo tres destructores clase Arleigh Burke, el crucero Lake Erie, el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima y un submarino de propulsión nuclear, participan del despliegue iniciado a mediados de agosto.

Venezuela alega que estas maniobras buscan amedrentar y amenazar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, por lo que ha dicho que responderá si es blanco de alguna agresión. Caracas ha desplegado tropas y llamó a ciudadanos a alistarse como reservistas para que actúen si es necesario.

El miércoles el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, anunció el inicio de un ejercicio militar que incluye maniobras aéreas, marítimas y terrestres, y la movilización de más de 2.500 soldados durante tres días en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano, ante la que considera una “amenaza” de Estados Unidos.

El operativo “Caribe Soberano 200” incluye 12 buques de la Armada Bolivariana “en sus diferentes clases y tipos”, 22 aeronaves y una veintena de embarcaciones, según dijo Padrino en la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Un día antes el enviado del presidente Donald Trump para misiones especiales, Richard Grenell, dijo que aún cree posible que Estados Unidos alcance un acuerdo con Venezuela y en “evitar la guerra”, durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Paraguay.

La escalada entre Estados Unidos y Venezuela también está afectando a Brasil. A principios de agosto, Washington desplegó en el mar Caribe ocho buques de guerra equipados con misiles y un submarino nuclear, oficialmente como parte de una estrategia antidroga. Las tensiones se han agravado aún más en las últimas semanas con la destrucción de tres embarcaciones. El presidente Lula comentó las tensiones actuales en una entrevista con el canal de televisión SBT, diciendo que Brasil no tiene “controversias internacionales” y que permanecerá “del lado en el que siempre ha estado, es decir, del lado de la paz”. El ministro de Defensa, José Múcio, también declaró que el Gobierno brasileño sigue de cerca la escalada, pero reiteró que su país no tomará partido en el conflicto. Múcio subrayó que “el compromiso de las Fuerzas Armadas brasileñas a lo largo de la frontera con Venezuela es constante”. Comparó la situación con una disputa entre vecinos y afirmó que Brasil no quiere que se toque su territorio ni que la región fronteriza se convierta en una “trinchera”. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, ha defendido en los últimos días la idea de que Brasil desarrolle armas nucleares para su defensa nacional.

Por: Maria Zuppello – Infobae

En una entrevista concedida el lunes a CNN en Español, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, también se refirió a Venezuela, con la que el Gobierno brasileño “espera poder continuar el diálogo”, manteniendo incluso a su embajadora. Refiriéndose a las elecciones presidenciales del año pasado, dijo que “Brasil no reconoce gobiernos, sino solo Estados” y que, por esta razón, no ha habido un reconocimiento oficial del ejecutivo de Nicolás Maduro. Mientras tanto, en la COP30, la delegación venezolana, junto con Cuba y otros 11 países, todos sancionados por Washington, no podrá alojarse en el barco de Costa Cruceros contratado por el Gobierno brasileño, ya que es propiedad del grupo estadounidense Carnival Corporation. En un comunicado, el Comité Nacional de la COP30 reiteró que las restricciones se deben a “una necesidad internacional, que no deriva de la decisión de la empresa encargada de la operación, del Gobierno brasileño, de Embratur (la entidad brasileña de turismo) ni del Comité Nacional de la COP30”.

Sobre el tema del narcotráfico con el que Trump está justificando su estrategia hacia Venezuela, intervino ayer también el asesor de Lula para la política exterior, Celso Amorim. “La lucha contra las drogas debe llevarse a cabo, pero sobre la base de la cooperación y la acción soberana de los Estados. Se puede aceptar la cooperación, pero no a través de amenazas militares”, dijo Amorim, quien también se refirió a la presión de Washington para que se designe a grupos criminales como el brasileño Primer Comando de la Capital (PCC) como organizaciones terroristas. “Creo también que, por grave que sea, la lucha contra las drogas no puede confundirse con el terrorismo, que es algo completamente diferente, destinado a destruir los Estados. Es una cuestión diferente y debe ser un concepto diferente”, concluyó Amorim. Sus declaraciones se producen menos de 48 horas después de una de las peores ejecuciones contra funcionarios del Estado que ha vivido Brasil en los últimos años, la del exjefe de la Policía Civil de San Pablo, Ruy Ferraz Fontes, de 63 años, asesinado con 69 disparos mientras se encontraba en su coche en la costa de São Paulo, en Praia Grande. Fontes, que estaba jubilado y trabajaba como secretario de Administración del Ayuntamiento de Praia Grande, fue uno de los primeros en investigar y procesar hace 25 años a los líderes del PCC.

Según han revelado fuentes investigativas a Infobae, el PCC colabora desde hace tiempo con su homólogo venezolano, el Tren de Aragua, nacido en 2014 dentro de la cárcel de Tocorón. Surgido como una banda carcelaria dedicada a la extorsión y la corrupción, el Tren de Aragua se ha convertido en una estructura transnacional con ramificaciones en varios países del continente, entre ellos Brasil. Sus actividades incluyen el tráfico de drogas, la extorsión, la prostitución y el contrabando de migrantes, así como el control de la minería ilegal en la frontera con Brasil. La administración Trump lo ha clasificado como grupo “narcoterrorista”.

Entre los buscados por Estados Unidos se encuentra el líder máximo del grupo que, aprovechando la porosidad de la frontera con el estado brasileño de Roraima, podría encontrarse en Brasil o viajar allí con frecuencia, según las investigaciones. Se trata de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, de 41 años, condenado por asesinato, tráfico y contrabando. Se le considera el responsable de haber convertido la banda en una organización con influencia en todo el hemisferio. Washington ofrece 5 millones de dólares por su captura. Tras la operación de 2023 en la prisión de Tocorón, de la que escapó a través de un túnel con la ayuda de agentes corruptos, es un fugitivo. Otros dos buscados también podrían moverse por la frontera brasileña. Se trata del brazo derecho de Guerrero, Yohan José Romero, alias Johan Petrica, de 47 años. Gestiona las minas de oro ilegales del grupo en Venezuela, especialmente en la zona de Las Claritas, en el estado Bolívar, una de las zonas auríferas más ricas del mundo, en la frontera con Brasil y Guyana. Petrica también suministra armas militares a la banda para reforzar el control territorial y hacer frente a la guerrilla colombiana. Estados Unidos ofrece 4 millones de dólares por información sobre él. Giovanni Vicente Mosquera Serrano, de 37 años, también entró en la lista de los 10 más buscados por el FBI en julio de 2025 y podría haber pasado por Brasil. Según las acusaciones, coordina operaciones del grupo que van desde el tráfico de drogas y personas hasta el contrabando de armas y delitos violentos en Estados Unidos. Washington ofrece 3 millones de dólares por su captura. En territorio brasileño, el Tren de Aragua opera en los estados de Roraima, Amazonas, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, especialmente en zonas cercanas a la frontera. Según la policía de Roraima, la ausencia de controles sistemáticos en la frontera permite la entrada de personas sin documentos ni registro, lo que abre la puerta a la presencia de los líderes de la banda en territorio brasileño.

Otros grupos criminales venezolanos también están entrando en territorio brasileño, como lo demuestra el caso de Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, de 43 años, líder de la Banda de Juancho, una de las principales organizaciones criminales del estado de Bolívar, en Venezuela, activa sobre todo en el contrabando de oro y el control de las minas en la zona de Las Claritas. También está acusado de asesinato, tráfico de armas, extorsión y violencia contra comunidades indígenas, en particular los arahuacos. Detenido en Brasil en noviembre de 2023, estaba recluido en Boa Vista, la capital de Roraima. Venezuela había solicitado su extradición, que fue concedida en abril de 2025 por el Tribunal Supremo Federal, con la condición de que no se le aplicaran penas contrarias a la legislación brasileña. A la espera de las garantías formales de Caracas, su prisión preventiva se transformó en arresto domiciliario con tobillera electrónica en enero de 2025. Pero el 10 de mayo de 2025, Juancho logró escapar de forma espectacular haciendo que un doble con rasgos físicos similares llevara su tobillera electrónica y eludiendo así los controles. A día de hoy, sigue en paradero desconocido.

Mientras tanto, el narcotráfico continúa sin cesar entre los dos países. En los últimos días, la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) interceptó un avión Beechcraft 58 Baron procedente de Venezuela que transportaba 380 kg de skunk tras entrar ilegalmente en el espacio aéreo brasileño cerca de Presidente Figueiredo, ciudad del estado de Amazonas. El skunk es una variedad de marihuana muy potente, obtenida mediante selecciones genéticas y cultivos específicos, a menudo en invernaderos cerrados. No está claro si se había producido en Venezuela o en el vecino Caribe. El avión fue perseguido por cazas, pero el piloto desobedeció las órdenes militares y estrelló el avión en el embalse de Balbina, cerca de Presidente Figueiredo. No se trata de un episodio aislado. El pasado mes de febrero, otro avión se estrelló en la Amazonia, también procedente clandestinamente de Venezuela y con cocaína a bordo.

La frontera entre los dos países, que se extiende a lo largo de 2199 km a través de los estados de Amazonas y Roraima, representa cada vez más un problema para Brasil. Es una frontera compleja por sus características naturales, ya que se encuentra en el corazón de la Amazonia, y porosa por la dificultad de controlarla, también debido al importante flujo de migrantes venezolanos que ha vuelto a dispararse tras las elecciones legislativas y administrativas de este año. Por ella pasa de todo: drogas, oro y dinero.

También la vecina Guyana, objeto de conflicto con el gobierno de Maduro, que reclama la soberanía sobre la región de Essequibo, está interviniendo para reforzar la protección de la frontera junto con Brasil. La construcción en curso de su nueva superautopista de 500 km para conectar la capital, Georgetown, con la frontera del estado de Roraima, y completada por una red de puentes y puertos, reducirá drásticamente no solo los tiempos de transporte hacia el gigante latinoamericano, sino que garantizará una mayor seguridad. De hecho, la carretera atravesará zonas remotas y sensibles, en particular la región del Essequibo, en cuyas proximidades Maduro está intensificando no solo la retórica, sino también las presiones militares.

Además de haber ratificado la movilización de 25.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera con Colombia y en la costa que da al mar del Caribe desde hace semanas, el régimen venezolano también está provocando a Guyana, enviando a la frontera con Essequibo militares que realizan maniobras y construyen pequeños campamentos. Por lo tanto, la Operación Atlas 2025 de las Fuerzas Armadas brasileñas, iniciada en agosto en Manaos y que se prolongará hasta el 9 de octubre en Roraima, es muy importante para Brasil. Se trata del mayor ejercicio militar de la historia del país, en el que participan unos 10.000 militares de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. La operación se lleva a cabo en un momento delicado, no solo en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, sino también entre Washington y Brasil. En un contexto ya tenso en el plano diplomático debido a las fricciones entre los gobiernos de Lula y Trump, los militares estadounidenses cancelaron un evento conjunto con la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) y no respondieron a la invitación para participar en otra operación de ejercicios militares conjuntos, la Formosa 2025. Poco después, el Gobierno brasileño canceló, oficialmente por motivos económicos, la segunda fase de la misma operación y la Operación Core 2025 prevista en el noroeste del país. A pesar de la reciente colaboración en el ejercicio militar Tápio 2025, crece la preocupación en Brasilia de que este deterioro pueda comprometer la participación en el programa FPS de Estados Unidos, que permite a los países socios adquirir a precios reducidos equipos estratégicos como aviones y misiles.

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, pidió el miércoles a las Naciones Unidas (ONU) que impida que Estados Unidos inicie una guerra en la región, en medio de crecientes tensiones debido a una acumulación militar en el Caribe para contrarrestar a los cárteles de la droga.

Por: Marc Frank y Nelson Acosta – Reuters

«Hago un llamado a la Asamblea General de las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad para que cumplan con sus obligaciones y ejerzan sus prerrogativas bajo el mandato de la Carta para preservar la paz en nuestra región», dijo Rodríguez en una conferencia de prensa en La Habana para lanzar su campaña anual por una resolución de las Naciones Unidas que condene el embargo comercial.

El canciller dijo que combatir el narcotráfico en nombre de la seguridad nacional de Estados Unidos era un «pretexto crudo y ridículo» para la agresión.

«Estados Unidos es hoy el principal centro financiero y el principal centro de lavado de activos extranjeros que se originan en el crimen organizado transnacional, fundamentalmente el narcotráfico», acusó.

Las tensiones han ido en aumento entre Washington y Venezuela, el aliado político y económico más importante de Cuba, después de los ataques militares estadounidenses en el Caribe contra tres lanchas que salían de Venezuela que, según afirmaba, transportaban drogas.

«La interceptación y destrucción de barcos, la ejecución extrajudicial de civiles, la interceptación de buques pesqueros… crear una situación peligrosa que amenace la paz y la seguridad», dijo Rodríguez.

Antonio Ledezma presentó su nueva obra escrita titulada “Operación Guacamaya y el Retorno de los Desterrados”, un libro, según lo expuesto por el escritor “que honra la memoria de las víctimas de las detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”. Antonio Ledezma reivindicó el derecho de todo preso político a procurar su libertad. Y eso fue lo que llevaron adelante los asilados en la sede diplomática de Argentina. Para Antonio Ledezma, “cuando no existe el debido proceso el estado de necesidad se impone por encima del terrorismo de estado”.

La Patilla

El evento contó con una nutrida con concurrencia en la que ha destacado la presencia del presidente electo Edmundo Gonzalez Urrutia, a quien el autor calificó como “el líder de la transición legítima que se inició el pasado 28 de julio de 2024”, afirmando que “Edmundo y María Corina son depositarios de la confianza de más del 90 % de los venezolanos, su mandato está vigente y lo cumplirán cabalmente, ese liderazgo es innegociable”. El expresidente de Costa Rica y premio nobel de la paz, Oscar Arias, también se hizo presente en el evento.

Ledezma se mostró optimista con relación a lo que está pasando en Venezuela, y no ocultó su confianza en que “esa dictadura se desplome definitivamente para dar paso a una era de libertad para la cual se ha venido articulando el Plan Tierra de Gracia, con proyectos que contemplan soluciones para las primeras 100 horas y los primeros 100 días, esas ideas son el fruto del esfuerzo de centenares de mujeres y de hombres que han trabajado con una pasión venezolanista encomiable y contagiosa, aseguró Ledezma”, agregando que “la garantía de que todo se hará bien es que “tanto María Coria como Edmundo Gonzalez están curados de la fatal arrogancia y del pernicioso mesianismo”.

Ledezma aclaró que “no se tratan de operativos basados con los fetiches de las falacias de la seguridad social, son programas sostenibles que conducirán a que los ciudadanos salgan de la pobreza y sean generadores de riquezas como emprendedores y propietarios en ese país de oportunidades que será Venezuela, dejando atrás las estelas negativas de las desigualdades, la informalidad, el aberrante clientelismo, el déficit fiscal, las endémicas devaluaciones, eso se acabara junto con la reducción del escandaloso tamaño y gigantismo burocrático de ese Estado intervencionista que dará paso a una economía libre con acento social”.

Ledezma se refirió a los proyectos que aseguren el control del territorio, levantar de sus ruinas las instituciones ahora devastadas, ya que según su criterio “no habrán posibilidades de reconstruir la economía, ni sacar a la gente de la pobreza, si no hay seguridad jurídica, libertad de expresión, respeto a la propiedad privada y garantías a los recursos que sectores privados estén dispuestos a invertir en Venezuela para edificar el Hub Energético de Las Américas y el Hub Tecnológico que muestre a nuestro país como El Silicon Valley tropical”, para Ledezma “todo será posible aprovechando el capital  humano, tecnológico y financiero disponible para desarrollar polos de biotecnología, telemedicina o centros de fibras ópticas”.

Para avanzar en esa ruta Antonio Ledezma explicó que los equipos ya han adelantado camino con los planes para renegociar la deuda externa, reinsertar a Venezuela en las operaciones de financiamiento ante los organismos multilaterales, esquemas que contemplan superar la recesión, poner a crecer económicamente al país, impulsar reformas fiscales, monetarias y comerciales, a la vez que se aplicaran soluciones urgentes para remediar la tragedia humanitaria compleja, ya que para María Corina y Edmundo Gonzalez vencer el rezago educacional, la desnutrición, instalar buenos servicios de salud, agua potable, luz eléctrica y crear empleos con salarios dignos, es una línea prioritaria en el Plan Tierra de Gracia”.

Antonio Ledezma puso como ejemplo de esas deformaciones, “la existencia de decenas de ministerios que deben ser reformulados y más de 900 empresas del estado, muchas innecesarias o que deben ser transferidas a sectores que las administren con eficiencia”. Con relación a las bases legales para instrumentar esos proyectos y la fuente de los recursos financieros, Antonio Ledezma fue enfático al comentar que “las bases legales para hacer viables todos esos planes están bien estudiadas y los recursos financieros se procurarán en los entes multilaterales y las inversiones privadas que motivamos ofreciendo, no solo nuestros minerales como el petróleo, el gas, el oro, las tierras raras, sino la estabilidad y seguridad jurídica que estarán en capacidad de garantizar el gobierno de transición”.

No faltó el tema del saqueo de los dineros de Venezuela, sobre lo cual Ledezma dijo que “se van a rescatar esos capitales robados, son más de 600 mil millones de dólares, ese dinero retornará a la patria para financiar la recuperación de escuelas, universidades, hospitales, vacunación masiva, acueductos, sistemas eléctricos, en la recuperación general de los servicios públicos y en el apalancamiento de los sectores agrícolas y pecuarios ahora muy acosados”.

Antonio Ledezma fue categórico al “calificar a Maduro como un terrorista que hoy es objetivo militar por parte de esa coalición internacional que combate el narcotráfico”. Ledezma aportó cifras que ponen a la vista la gravedad de ese fenómeno al comparar las cifras de bajas de 62. 859 personas que murieron en las guerras de Vietnam, Kuwait e Irak, frente a los 550 mil seres humanos que, entre 1999 y julio de este a;o, han perdido la vida por consumo de ese opioide sintético, el fentanilo, mezclado con otras drogas como cocaína y heroína”.

Finalmente, Ledezma hizo mención de los presos políticos “cuya liberación será inmediata y sus derechos humanos violados deben ser reparados; habrá justicia lo cual no implica convertir en las víctimas en verdugos, pero no debe haber impunidad y esa justicia se hará sentir en el marco del debido proceso ahora inexistente”. No faltaron las palabras del escritor para los millones de venezolanos que forman parte de la diáspora, comunicando la buena noticia de que tanto Edmundo González como María Corina machado harán anuncios en los que la diáspora jugará un rol estelar en la ejecución de la transición y que los venezolanos que están en el destierro serán atendidos con el interés y respeto que merecen”.

El nuevo libro de Antonio Ledezma, bajo el sello de Kalathos ediciones que dirige el Dr. David Malavé, fue presentado por el destacado periodista y escritor español Álvaro Nieto para quien “Ledezma hace una mezcla de ficción y realidad que nos deja un sabor de esperanza que anticipa la democracia y libertad que viene para Venezuela”. El evento fue clausurado con un mensaje de María Corina Machado alentando a los venezolanos a seguir en la lucha hasta el final.