La respuesta de Estados Unidos al contexto venezolano ha pasado de una disuasión por sanciones a una coerción cinética activa. A fines de agosto de 2025, se intensificó un aumento de tropas navales en el sur del Caribe.

El Nacional

Este despliegue es de una magnitud considerable, involucrando 20% de la fuerza naval estadounidense movilizada en todo el mundo. El contingente incluye aproximadamente 15.000 soldados, aviones caza F-35 y misiles de largo alcance, incluidos los Tomahawk.

La presencia del portaaviones USS Gerald R. Ford en la región subraya la seriedad de la amenaza militar. Aunque el objetivo declarado es combatir el narcotráfico, la escala y el tipo de armamento sugieren una finalidad primordialmente de coerción política.

La justificación legal para la intervención limitada

Washington ha intensificado sus acusaciones, vinculando a Nicolás Maduro con los carteles del narcotráfico (Cartel de los Soles). El factor legal más relevante es la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO).

Esta designación fue realizada por el secretario de Estado Marco Rubio. Estratégicamente, amplía las facultades legales de Estados Unidos para perseguir a Maduro y su círculo íntimo en virtud de la legislación antiterrorista.

Al calificar a Maduro de terrorista, la administración Trump justifica la posible escalada de acciones militares quirúrgicas contra activos e infraestructura dentro de Venezuela. Esto se puede realizar sin necesidad de recurrir a una declaración de guerra formal.

El rechazo a la transición gradual

La política de la administración Trump se caracteriza por una combinación calculada de amenazas abiertas y un acercamiento insinuado, cuyo fin es maximizar su capacidad de negociación. Trump ha sugerido que la designación FTO permite a su ejército atacar la infraestructura del gobierno.

Días antes, el presidente incluso insinuó que ya había tomado una decisión sobre la acción específica a emprender en Venezuela. Esta postura de confrontación está diseñada para desestabilizar el comando y control del régimen venezolano.

Esta interpretación se valida con el rechazo categórico de la Casa Blanca a una propuesta de transición ofrecida por funcionarios venezolanos en noviembre de 2025. La oferta incluía la salida de Maduro tras un período de dos a tres años.

La propuesta también mencionaba que Delcy Rodríguez asumiría de forma interina, comprometiéndose a no postularse a la reelección. Washington rechazó la oferta por considerar el tiempo de transición excesivo.

Exigencia de salida inmediata

Estados Unidos enfatizó que cualquier transición debería implicar una salida inmediata de Nicolás Maduro. El rechazo a la oferta de transición de 2-3 años es una señal inequívoca.

La presión militar no busca un compromiso político a largo plazo, sino la capitulación a corto plazo. La estrategia busca forzar al régimen para que acepte una salida inmediata y protegida para evitar la cárcel.

Esto cierra la puerta a un escenario de transición «suave» que pudiera ser controlada por el chavismo. La estrategia dual de Washington está diseñada para mantener la presión máxima sin incurrir en el alto costo de una invasión.

El alto riesgo para el ciudadano común

El análisis estratégico identifica que el principal riesgo es la espiral de riesgo accidental. Un error de cálculo grave por parte de Estados Unidos al ejecutar una operación encubierta autorizada podría ser un motor de escalada.

Un incidente marítimo que resulte en víctimas significativas también podría provocar una respuesta escalada del régimen. Este ambiente de seguridad se deteriorará, manteniendo la preocupación por el riesgo físico para la población.

El más reciente Boletín SAMAN de Cáritas Venezuela (agosto de 2025) ofrece una radiografía descarnada del país. Los números son fríos, pero el contexto los vuelve devastadores: Venezuela sigue atrapada en una crisis humanitaria que no cede, y lo que muestra el estudio es que la desnutrición infantil ha regresado a niveles equivalentes a los peores años del colapso, cuando en 2016 comenzó la respuesta humanitaria de emergencia. A casi una década, nada ha mejorado lo suficiente y muchos indicadores, incluso, han vuelto a empeorar.

La Gran Aldea

El informe evaluó a 2.502 niños menores de cinco años y a 740 mujeres embarazadas o lactantes en 20 estados del país, una cobertura que no pretende ser representativa de toda Venezuela, pero sí es considerada un termómetro preciso de las zonas más vulnerables, aquellas donde el deterioro siempre se siente primero.

Los resultados son inequívocos. El 9,1% de los niños evaluados presenta Desnutrición Aguda Global (moderada y severa), lo que equivale a unos 228 niños con una condición que, sin tratamiento rápido, puede significar un daño irreversible e incluso la muerte. Si se suman aquellos en riesgo de desnutrición, la cifra asciende a 29,5%, es decir, alrededor de 738 niños. En términos de la clasificación internacional IPC, Venezuela se ubica en Fase II (Estrés), pero el mapa interno revela algo peor: uno de cada cinco estados ya está en Fase IV (Emergencia) y otro cuarto del país en Fase III (Crisis).

El más reciente Boletín SAMAN de Cáritas Venezuela (agosto de 2025) ofrece una radiografía descarnada del país. Los números son fríos, pero el contexto los vuelve devastadores: Venezuela sigue atrapada en una crisis humanitaria que no cede, y lo que muestra el estudio es que la desnutrición infantil ha regresado a niveles equivalentes a los peores años del colapso, cuando en 2016 comenzó la respuesta humanitaria de emergencia. A casi una década, nada ha mejorado lo suficiente y muchos indicadores, incluso, han vuelto a empeorar.

El informe evaluó a 2.502 niños menores de cinco años y a 740 mujeres embarazadas o lactantes en 20 estados del país, una cobertura que no pretende ser representativa de toda Venezuela, pero sí es considerada un termómetro preciso de las zonas más vulnerables, aquellas donde el deterioro siempre se siente primero.

Los resultados son inequívocos. El 9,1% de los niños evaluados presenta Desnutrición Aguda Global (moderada y severa), lo que equivale a unos 228 niños con una condición que, sin tratamiento rápido, puede significar un daño irreversible e incluso la muerte. Si se suman aquellos en riesgo de desnutrición, la cifra asciende a 29,5%, es decir, alrededor de 738 niños. En términos de la clasificación internacional IPC, Venezuela se ubica en Fase II (Estrés), pero el mapa interno revela algo peor: uno de cada cinco estados ya está en Fase IV (Emergencia) y otro cuarto del país en Fase III (Crisis).

A esta situación se suma la precariedad creciente en los hogares. En las encuestas familiares aplicadas en ocho estados, 76% de las familias ha tenido que liquidar sus ahorros para comer, 54% se ha endeudado, y 59% ha experimentado privación en cantidad y calidad de alimentos. A ello se agrega otro elemento detonante: más del 90% de los hogares no cuenta con acceso continuo al agua potable, un colapso del servicio que dificulta todo, desde la lactancia y la preparación de alimentos hasta la prevención de enfermedades gastrointestinales que profundizan la desnutrición.

El comportamiento histórico de la desnutrición en Venezuela completa el cuadro. Según el informe, hubo dos momentos de empeoramiento agudo: el colapso económico, político y social entre 2017 y 2018, y luego el impacto de la pandemia, seguido por un repunte severo desde 2023, un periodo marcado por mayor deterioro, menor financiamiento humanitario y menos organizaciones capaces de dar respuesta. Lo más grave es la constatación de fondo: ni siquiera en los mejores periodos de “mejoría” fue posible salir de las Fases II y III de severidad humanitaria, lo que significa que las condiciones estructurales nunca fueron resueltas.

Esto lleva a la pregunta fundamental: ¿cómo llegó Venezuela a este punto? Los datos humanitarios solo muestran la superficie; la causa está en las decisiones de un poder político que administró los mayores ingresos petroleros de la historia del país y los dilapidó en corrupción, clientelismo y represión. Durante los años de bonanza, el régimen tuvo recursos suficientes para haber construido un sistema de salud sólido, un modelo productivo diversificado, una red de protección social y una institucionalidad capaz de evitar esta catástrofe. En lugar de eso, instauró una estructura autoritaria cuya principal política pública ha sido el control social y el terrorismo de Estado.

Es imposible separar la desnutrición infantil de la destrucción institucional, la hiperinflación, la persecución política, el colapso de los servicios y —sobre todo— la sistemática desviación de recursos públicos. Ningún fenómeno humanitario ocurre en el vacío. Y en Venezuela, los niños que hoy no pueden acceder a una alimentación mínima son la consecuencia directa de décadas de saqueo y represión. Cáritas lo explica en cifras; la vida diaria lo confirma en cada hogar.

Por eso, cualquier camino para revertir este dolor exige abordar la raíz de la crisis. Mientras en Venezuela persista un régimen que destruyó las bases económicas del país, que se robó los fondos públicos en los años de mayor prosperidad petrolera, y que opera mediante mecanismos de violencia y control, no habrá recuperación posible. Ayuda humanitaria, sí; atención urgente, indispensable. Pero una salida sostenible solo será viable cuando el país recupere instituciones, Estado de derecho y un mínimo de libertad cívica, condiciones incompatibles con la permanencia del régimen que llevó a Venezuela a esta tragedia.

Los niños venezolanos siguen creciendo en emergencia. Y ninguna nación puede reconstruirse si condena a su infancia al hambre. Por eso, la salida del régimen no es un deseo político: es la condición más básica para que Venezuela pueda empezar a sanar.

El audio de la entrevista entre Daniel Basteiro, corresponsal de Bloomberg, y Rosa Villavicencio, canciller colombiana, salió a la luz este jueves después de que el Palacio de San Carlos negara en un comunicado que apoye una salida consensuada de Nicolás Maduro para que evite la cárcel.

La Patilla

Las controvertidas declaraciones se dieron en medio del cerco militar del presidente estadounidense, Donald Trump, quien espera acabar con el tráfico de drogas en el mar Caribe, un delito del que acusa a Maduro.

Después de la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN-78) a la región, el mandatario norteamericano ha aceptado escuchar las peticiones de Maduro antes de escalar la tensión bélica.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha apoyado a Maduro y cuestionado el hundimiento de narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico.

Pregunta: Si hubiera un plan que diera garantías a Maduro de una transición sin él en el poder, ¿usted cree que el presidente Maduro debería considerarlo?

Respuesta: Sí, yo creo que, de hecho, lo ha considerado, que puede haber una salida, una transición, donde pues él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que haya alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones, pues que estén legitimadas con un proceso transparente. Pues sería lo más sano y es lo que nosotros decimos y lo que se le está proponiendo. Y creo que Maduro estaría por aceptarlo.

Pregunta: ¿Estaría por aceptarlo?

Respuesta: Yo creo que ya lo aceptaría. Ese es el planteamiento.

Pregunta: ¿Y qué le lleva a usted a pensar eso? Porque hasta ahora, evidentemente, es algo que…

Respuesta: No, porque, bueno, eh, ha estado buscando mediaciones, pero otra cosa es que Estados Unidos quiera aceptar, que para mediar las dos partes deben aceptar.

Pregunta: Claro. ¿Por qué no es posible una alianza con Brasil o México sobre esta cuestión, de Colombia también? Es decir, que haya una especie de, de posición más o menos común sobre este asunto, como sí hubo en otros, en otros momentos.

Respuesta: Brasil ha propuesto ser el mediador, y lo ha dicho el presidente (Luiz Inácio) Lula (Da Silva) y sería bueno que aceptaran, pero,como le digo, en esto no solamente Venezuela debe aceptar, también, digamos el gobierno Maduro, también debe aceptar la oposición. Y si las dos partes aceptan la mediación, pues podría llegarse a algún acuerdo, ¿no? Yo creo que en eso seguimos insistiendo, en que haya esa posibilidad de mediación. 

Crisis diplomática, metida de pata

Tras una entrevista publicada por Bloomberg de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, con un supuesto apoyo oficial de Colombia a un plan para la salida negociada de Nicolás Maduro, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado para aclarar la situación y marcar distancia frente a versiones que sacarían de contexto las declaraciones.

La polémica comenzó cuando se expuso una entrevista que la canciller habría concedido a Bloomberg en Madrid, España. Allí, la funcionaria señaló que Colombia respaldaría una propuesta para que el dictador venezolano entregue el poder a un gobierno de transición capaz de convocar nuevas elecciones.

También señaló esa publicación que Maduro “estaría dispuesto a aceptarlo” si se le garantiza seguridad frente a eventuales procesos judiciales.

Ante la difusión de esa información, la Cancillería aseguró que “la información que ha circulado en las últimas horas… no corresponde a lo expresado por la canciller Villavicencio”.

El ministerio también reafirmó que el Gobierno de Colombia respeta el derecho internacional, la no injerencia en asuntos internos y la soberanía de otros países.

El texto también enfatiza que la relación con Venezuela debe preservarse, que no puede verse afectada por informaciones descontextualizadas.

En la entrevista a Bloomberg, Villavicencio había descrito la posibilidad de una salida negociada como “la opción más sana” si se consigue el respaldo de la oposición venezolana y garantías de no persecución para Maduro.

Además, en la misma habría una advertencia del Gobierno colombiano sobre el riesgo humanitario que supondría cualquier intervención militar —en especial una acción directa por parte de Estado Unidos— y el posible nuevo éxodo de migrantes que se podría generar.

La publicación hizo que la entidad inmediatamente saliera a aclarar las versiones que estaban circulando en el medio y otros.