El movimiento Zulia Humana expresó este jueves su “incondicional respaldo” a los acuerdos políticos alcanzados por las fuerzas democráticas de Venezuela en la reunión de Panamá (22 al 24 de mayo) y ratificó a María Corina Machado como líder del proceso de transición y candidata presidencial.
NDP
A través de una declaración firmada por sus equipos políticos regionales y municipales, el movimiento señaló que el único camino para restablecer la democracia es la realización cuanto antes de elecciones presidenciales libres y transparentes.
“La única garantía de que la transición a la democracia sea en paz y en respeto al pluralismo es que se permita al pueblo venezolano ejercer su soberanía a través del sufragio libre y secreto”, indica el texto.
Zulia Humana, que forma parte de los factores que integran la alianza VEN, rechazó cualquier intento de dilatar el proceso electoral, considerándolo “una burda maniobra del régimen o politiqueros para prolongar la usurpación”.
Además, ratificaron su “apoyo absoluto” a María Corina Machado, a quien califican como “premio Nobel de la Paz” y “líder auténtica y legitimada”, y anunciaron que se preparan para participar activamente en su regreso al país, donde la impulsarán como candidata de los sectores humanistas y progresistas del Zulia y Venezuela.
El abogado Omar Mora Tosta denunció este jueves que el Tribunal Primero de Juicio en Terrorismo de Caracas redistribuyó expedientes de causas políticas a tribunales penales ordinarios en el estado Barinas, en lo que califica como un “desmantelamiento de hecho” de la jurisdicción especial de terrorismo.
Entre los afectados se encuentran los ex presos políticos Víctor Castillo, Henry Alviarez y Dignora Hernández, dirigentes de Vente Venezuela y el Comando Con Venezuela, quienes serían acusados ahora por delitos comunes.
En un video difundido por el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (@VenteDDHH), Mora Tosta exigió la nulidad absoluta de estos procesos. Argumentó que la medida viola el debido proceso, el derecho a la defensa y los principios del Estado de Derecho.
“Se están violando todas las garantías procesales. Estos casos no pueden ser remitidos de esta manera irregular a tribunales del interior del país”, señaló el defensor.
Henry Alviarez y Dignora Hernández fueron detenidos en marzo de 2024 y permanecieron por meses en El Helicoide bajo acusaciones de conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir, vinculadas presuntamente a planes contra el gobierno. Organizaciones opositoras y de derechos humanos han calificado estas detenciones como arbitrarias y motivadas políticamente.
La remisión de los expedientes a Barinas se produce en medio de cuestionamientos internacionales a los Tribunales de Terrorismo, frecuentemente señalados por su uso en causas contra opositores.
Hasta el momento, no ha habido pronunciamiento oficial del Tribunal Supremo de Justicia ni del Ministerio Público sobre esta redistribución de casos.
Vente Venezuela y su Comité de Derechos Humanos han reiterado su exigencia de libertad inmediata para todos los presos políticos y el cese de lo que denominan “persecución judicial” contra sus dirigentes.
🚨#Atención | Desmantelan de hecho a Tribunales de Terrorismo y envían los expedientes de las causas al interior del país.
Omar Mora Tosta (@Omar_moratosta), abogado defensor de Víctor Castillo, Henry Alviarez y Dignora Hernández, ex presos políticos, denuncia la remisión de la… pic.twitter.com/1WFE2fnsCC
Una coincidencia digna de novela se vivió en una sede de Farmatodo en Maracaibo, estado Zulia, luego de que una mujer descubriera por casualidad a la amante de su pareja, lo que desató una pelea en el establecimiento comercial.
Todo salió a la luz en la cola para pagar cuando la mujer vestida de negro se dio cuenta de que una desconocida delante de ella, vestida de rojo, tenía un termo como el de ella, de una costosa marca. Además, personalizado con la frase «Propiedad de mi Gordo», exactamente igual como el que le había obsequiado su pareja.
La mujer no pudo evitar hacerle saber a la desconocida sobre la casualidad, y ambas se rieron y bromearon por tener exactamente el mismo termo con la misma frase personalizada, según reportó el periodista Jhorman Cruz.
La mujer no pudo evitar hacerle saber a la desconocida sobre la casualidad, y ambas se rieron y bromearon por tener exactamente el mismo termo con la misma frase personalizada, según reportó el periodista Jhorman Cruz.
Al cabo de unos segundos, la mujer de rojo recibió un mensaje de voz por parte de su pareja y cuando lo reprodujo, la otra señora, que iba vestido de negro, reconoció al instante la voz de su acompañante sentimental, quien justamente la estaba esperando afuera en el estacionamiento.
Tras todo salir a la luz, esta situación desató la acalorada pelea que se registró en el recinto comercial.
Hasta el momento se desconoce la identidad de las implicadas y del «Gordo». Ningún organismo de seguridad se ha pronunciado por lo ocurrido.
#28Mayo | Una coincidencia se vivió en una sede de Farmatodo en Maracaibo, estado Zulia, luego de que una mujer descubriera por casualidad a la amante de su pareja, lo que desató una pelea en el establecimiento comercial.
Las casualidades no existen. Quienes intentan explicar la historia a través del simple azar padecen de miopía espiritual.
Hoy, al conmemorar los 14 años de Vente Venezuela, el altar y la palabra se alinearon perfectamente. Escuchar al querido padre José Luis Lofrano fue recibir una bofetada de lucidez divina.
Para mí no es un extraño; desde hace mucho tiempo, José Luis ha sido la guía espiritual de mi vida y, de manera muy especial, la de mi hija. Le doy gracias a Dios todos los días por haberme puesto a un santo en la tierra para guiarnos en el camino.
Por eso, escucharlo hoy tuvo un significado tan profundo. Él soltó una gran verdad que comparto al cien por ciento: «Las casualidades no existen; la casualidad es el nombre de mujer de Dios». Yo suelo añadir que es la manera elegante en que el Creador hace su trabajo pasando desapercibido. ¡Y vaya trabajo está haciendo!
Sentí una emoción profunda y la firme certeza de que estamos en el lugar adecuado. Que mi guía de tantos años haya oficiado esta misa es la señal inequívoca de Dios de que vamos a salir de esto. No enfrentamos una simple disputa política, sino una lucha espiritual entre el bien y el mal. Y de la mano de Dios, el final ya está escrito. En este tablero providencial, Dios nos ha enviado líderes con misiones colosales.
En esa categoría de almas templadas en el fuego se encuentra María Corina Machado. Su liderazgo ya trascendió lo político; es un fenómeno ético que la proyecta legítimamente como una Premio Nobel de la Paz. Ella es el testimonio vivo de las guerreras que Dios planta en la Tierra para demostrar que la verdad vence a la tiranía. Una guerrera escoltada por el ejército celestial: por el Arcángel San Miguel, desenvainando su espada de justicia, y por San Judas Tadeo, recordándonos que para Dios no existen los imposibles.
Gracias a Vente por este regalo en sus 14 años. Ha sido un bálsamo que nos devuelve la certeza de que la libertad de Venezuela está en camino. Los tiempos de Dios son perfectos. ¡Vamos por más, con la mirada en el cielo y los pies firmes en la tierra!
Vamos Por más… @jgerbasi
La desaparición del fotógrafo venezolano Jorgen Yoneyker Guanares Delgado continúa rodeada de incertidumbre casi dos años después de que se perdiera su rastro en el estado Táchira, pocos días después de las elecciones presidenciales de 2024.
Guanares, quien entonces tenía 33 años, desapareció la noche del 2 de agosto de 2024 en Rubio, municipio Junín, luego de haber documentado actividades políticas vinculadas a la líder política María Corina Machado y colaborar en el conteo de votos durante los comicios presidenciales.
De acuerdo con el testimonio de su madre, María Émely Delgado Acevedo, el joven había permanecido resguardado en su vivienda tras recibir amenazas relacionadas con las publicaciones y el trabajo realizado durante la campaña electoral. Esa noche, tras recibir una advertencia sobre una posible detención, decidió abandonar su casa para buscar refugio. Desde entonces, no se conoce oficialmente su paradero.
Su pareja, Reidy Yenisa Roa Yánez, declaró posteriormente ante el Foro Penal que Guanares le pidió salir junto a él de inmediato, aunque ella decidió quedarse para proteger a sus hijas. Testigos aseguran haberlo visto por última vez en zonas cercanas a la avenida Las Américas, en Rubio, donde habría sido interceptado.
Desde la desaparición, la familia ha recorrido cárceles y centros de detención en distintos estados del país, entre ellos Tocorón, Tocuyito, Yare y Rodeo I, II y III, intentando confirmar si el fotógrafo permanece detenido por organismos del régimen. Sin embargo, ninguna autoridad ha ofrecido información oficial sobre su ubicación.
La madre del joven también denunció obstáculos para presentar recursos judiciales y aseguró que durante meses distintos organismos se negaron a recibir escritos relacionados con el caso. En enero de 2026, Amnistía Internacional incorporó la desaparición de Guanares a sus investigaciones sobre desapariciones forzadas en Venezuela.
El caso ha sido acompañado por activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que exigen una fe de vida y una investigación independiente sobre lo ocurrido con el fotógrafo tachirense.
En mayo de 2026, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió un recurso de amparo introducido por la familia y remitió el expediente a tribunales de primera instancia en Táchira, aunque hasta ahora no existen respuestas concretas sobre el destino de Guanares.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este miércoles que la crisis política y social que atraviesa el país “está llegando al límite” y advirtió que podría recurrir a mecanismos extraordinarios para contener las protestas que desde hace semanas paralizan distintas regiones y exigen su renuncia.
“El país necesita orden y esto está llegando al límite (…) El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo”, declaró el mandatario durante un acto realizado en La Paz, donde presentó un espacio de discusión sobre medidas económicas y sociales.
Bolivia enfrenta desde hace casi un mes una ola de bloqueos y movilizaciones impulsadas por organizaciones campesinas, sindicatos obreros y sectores del transporte que inicialmente reclamaban respuestas frente a la crisis económica y que luego pasaron a exigir la salida del presidente.
Las protestas se concentran principalmente en La Paz y El Alto, donde el desabastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos comenzó a impactar de forma severa sobre la población.
La tensión política aumentó después de que el Congreso eliminara las restricciones legales que limitaban la posibilidad del Ejecutivo de declarar estados de excepción. La modificación habilita al gobierno a utilizar a las Fuerzas Armadas en conflictos internos y aplicar restricciones sobre reuniones y circulación.
“El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución”, afirmó el mandatario boliviano.
Pese a las amenazas de mayores controles, las movilizaciones continuaron durante toda la jornada. Miles de mujeres campesinas indígenas marcharon por el centro paceño en coincidencia con el Día de la Madre en Bolivia. Muchas portaban banderas indígenas y cacerolas vacías como símbolo de la crisis económica.
“No tenemos miedo morir. Vamos a dar nuestras vidas por defender (…) ya le hemos dicho al gobierno que alisten sus maletas y que se vaya”, dijo la dirigente campesina Marta Poma Luque durante la manifestación.
La protesta se unió además con una huelga de transportistas que mantiene parcialmente paralizado el servicio de transporte público en varias zonas de la capital boliviana.
En medio de las marchas, algunos dirigentes pidieron evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. “La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades”, declaró el manifestante Froylán Choque.
Mientras tanto, el vicepresidente Edmand Lara, enfrentado políticamente con Paz, intentó impulsar una instancia paralela de diálogo con representantes de los sectores movilizados. Sin embargo, el encuentro tuvo escasa participación y solo contó con representantes de la Iglesia Católica y de la Defensoría del Pueblo.
Escasez, inflación y pérdidas millonarias
El conflicto comenzó a afectar seriamente el abastecimiento en varias regiones del país. En hospitales de La Paz ya se registran problemas para conseguir medicamentos e insumos médicos.
“Los medicamentos están subiendo o hay otros que se están acabando”, declaró Zulma Hinojosa, madre de un niño con problemas cardíacos y respiratorios que recibe tratamiento en un hospital paceño.
El Gobierno calcula que las pérdidas económicas provocadas por los bloqueos alcanzan los 600 millones de dólares. Bolivia atraviesa además una profunda crisis financiera desde 2023, marcada por la escasez de divisas, el deterioro de las reservas internacionales y una inflación cercana al 15%.
Paz comparó el impacto de la crisis actual con la pandemia. “Es peor que el covid”, sostuvo al referirse al desabastecimiento y al aumento de precios que afectan especialmente a La Paz y El Alto.
En un intento por reducir la tensión social, el mandatario anunció días atrás que reducirá a la mitad su salario mensual. La medida, sin embargo, no logró frenar las protestas.
“Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana”, dijo la manifestante Delta Salinas.
El gobierno acusa al ex presidente socialista Evo Morales de impulsar los disturbios desde la región del Chapare, donde permanece refugiado mientras enfrenta una causa judicial por presunta trata de una menor. Morales exige que el Ejecutivo convoque nuevas elecciones en un plazo de 90 días.
Un corte de luz de dos horas y media generó alarma entre los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) por temor a su captura.
El apagón de energía eléctrica y del sistema de comunicaciones se produjo en la región del Trópico de Cochabamba (centro), bastión del exmandatario, donde sus aliados se movilizaron para reforzar bloqueos e instalar una vigilia en unidad policial donde encendieron llantas en señal de protesta.
“Se registra apagón de energía eléctrica en todo el trópico de Cochabamba (desde) las 19:50 (…) Se alerta a todo el Trópico de Cochabamba ante cualquier movimiento inusual que pueda acontecer”, señala una publicación en redes sociales la emisora cocalera Kawsachun Coca.
Dirigentes campesinos señalaron que el apagón era parte del operativo para aprehender al expresidente que enfrenta una orden de captura por el delito de trata agravada de personas.
“Esto es una amenaza desde el gobierno, una estrategia para aprehender a nuestro hermano Evo”, señaló el dirigente Vicente Choque en un video difundido en redes sociales en el que pidió a los cocaleros y agricultores de la región tomar las carreteras y dirigirse al poblado en el que radica Morales. “Detrás de esto no solo está el gobierno, sino también Estados Unidos y las embajadas”, agregó.
El corte del servicio eléctrico inició a las 19:52 y se extendió hasta las 22:25 afectando a las localidades de Villa Tunari, Shinahota, Chimoré e Ivirgarzama.
El vicepresidente de la Empresa Nacional de Electricidad, Luis Fernando Áñez, explicó al periódico El Deber que se desconocían las causas del corte y hasta la publicación de esta nota no difundió un informe oficial.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló la noche del martes, de manera extraoficial en un programa televisivo de Red Uno, que se presume “la caída de un poste que llevaba alta tensión”, pero que no tenía “mayor información”.
El expresidente boliviano de 66 años se encuentra atrincherado en la región cocalera del país desde septiembre de 2024 para evitar su captura en el marco de una investigación que lo acusa por el delito de trata de personas luego de que se encontraran indicios de abuso contra una menor de edad durante su presidencia.
Según la Fiscalía, Morales tuvo en 2015 una relación con una menor de 15 años con la que tuvo una hija durante su último periodo presidencial. Los padres de la víctima, de acuerdo con la acusación, habrían consentido los hechos a cambio de algunos favores políticos.
Tras no haberse presentado a dos convocatorias a declarar ni al inicio del juicio oral, el líder cocalero fue declarado en rebeldía y se ratificó la orden de captura. Para evitar su aprehensión, cientos de campesinos instalaron anillos de protección alrededor de su residencia y montaron una guardia permanente que impide el ingreso de la Policía.
El corte de luz se produce además en un momento de alta conflictividad en Bolivia en el que varios sectores, entre ellos el evismo, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz en reclamo por algunas políticas de su gobierno y por la falta de representación de organizaciones sociales en su gobierno.
El país lleva más de tres semanas con bloqueos de carreteras que iniciaron en La Paz pero se han extendido a seis de nueve departamentos del país y tienen prácticamente cercada la sede de gobierno, donde se reporta desabastecimiento de alimentos y de combustible.
La administración de Paz ha responsabilizado a Morales y a sus seguidores de desestabilizar el país para retomar el poder y ha denunciado, sin pruebas, que las protestas son financiadas por el narcotráfico.
En una entrevista con la cadena CNN el martes, el presidente Paz señaló que “Evo Morales va a ir a la justicia” y que ése es un “compromiso” de su gestión.
El observatorio Food Monitor Program (FMP) presentó ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación un informe en el que responsabilizó al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) de profundizar la crisis alimentaria en Cuba, al ejercer un monopolio sobre divisas, importaciones y cadenas de distribución de alimentos bajo mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
El documento, dirigido a la relatoría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco de una convocatoria sobre la concentración del poder corporativo en los sistemas alimentarios globales, sostiene que el conglomerado militar representa la expresión más acabada de un modelo de “capitalismo administrativo” que opera en beneficio de la élite militar cubana.
A través de empresas bajo su dirección, como Flora y Fauna S.A., GAESA centraliza el acceso a recursos naturales con valor alimentario —carnes, alimentos del mar, carbón vegetal— y los orienta hacia la exportación, mientras la población que los produce enfrenta desabastecimiento.
Según FMP, el 96% de los cubanos perdió capacidad de adquisición de alimentos en los últimos años, de acuerdo con su encuesta nacional de seguridad alimentaria de 2024.
El informe señaló que GAESA respondió a esa contracción, no con medidas de abastecimiento interno, sino con la digitalización de la comercialización de alimentos, un sistema que orienta la oferta hacia quienes reciben remesas del exterior y convierte a la diáspora cubana en el mercado prioritario. La extracción de divisas, según el documento, se impone sobre el derecho a la alimentación de la población residente.
El monopolio que frena la producción nacional
El impacto del conglomerado sobre la agricultura cubana es cuantificable. Cuba importa el 80% de los alimentos que consume, mientras la producción agrícola nacional registró una caída del 67% en los últimos cinco años, según datos documentados por el observatorio.
El informe atribuye este retroceso a la posición privilegiada de la élite política, sostenida en el monopolio sobre la importación y circulación de mercancías, que desalienta la producción interna y perpetúa la dependencia de los mercados externos.
Los productores cubanos operan bajo un marco normativo centralizado que elimina los incentivos para invertir y crecer. El sector privado enfrenta regulaciones sin consenso: topes de precios, alzas tributarias, restricciones de importación de insumos y una burocracia provincial que bloquea la comunicación entre los agricultores y las autoridades. La toma de decisiones permanece en manos exclusivas del Estado sin mecanismos de participación real para los actores productivos.
Food Monitor Program recogió en el documento un testimonio que refleja esa realidad: «No es justo que nosotros, los que vivimos y trabajamos la tierra, no tengamos el control sobre lo que producimos, cómo lo hacemos o a quién le vendemos“, declaró un campesino a la organización.
Otro productor describió así el proceso de consulta con las autoridades: “Las organizaciones campesinas han tenido su espacio en algunas discusiones de políticas agrarias, pero al final, parece que las decisiones vienen de arriba y nosotros solo estamos ahí para hacer bulto. A veces da la impresión de que solo nos usan para legitimar lo que ya tenían decidido”.
Participación simulada y criminalización de alternativas independientes
El informe dedicó una sección a lo que el Food Monitor Program denominó “participación controlada”. Desde 1961, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) agrupa oficialmente al campesinado cubano bajo la tutela del Partido Comunista, absorbiendo la base voluntaria e independiente de la producción rural.
Dentro de esa estructura, no se toleran el disenso ni la autonomía, y los productores carecen de participación real en las decisiones sobre precios, insumos, acceso a mercados o uso de tierras. Según el escrito, estas organizaciones permiten al régimen cubano simular apertura y consulta, mientras neutraliza la movilización popular genuina y legitima políticas centralizadas.
Las iniciativas que buscan operar fuera de ese esquema enfrentan represalia directa. El informe documentó una serie de casos: el retiro de tierras al campesino Ibar González en febrero de 2020, por denuncias de corrupción en la entrega de usufructos; los operativos y la confiscación de animales y bienes a la familia Carballosa Beltrán en Mayarí, en junio de 2020; y la persecución a la familia Urquiola en la Finca El Infierno, con episodios registrados en febrero de 2024 y mayo de 2025.
Organizaciones independientes como la Cooperativa Transición y la Alianza Nacional de Agricultores Independientes de Cuba, activa desde 1998, han sufrido hostigamientos sistemáticos y detenciones.
Food Monitor Program señaló que estas medidas funcionan como “castigos ejemplarizantes” que desalientan cualquier forma de organización autónoma en el sector alimentario.
Un marco legal sin contrapesos
Ante la pregunta que planteó el informe sobre qué tipo de legislación se necesita para limitar la concentración corporativa y garantizar la rendición de cuentas, el propio reporte fue categórico: en Cuba no existe separación real entre los poderes ejecutivo y legislativo, por lo que el aparato legal opera como respaldo y legitimador de las políticas oficiales, no como herramienta de protección de derechos.
El régimen ha promulgado la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley SAN, Nº 148/2022) y las “63 medidas para dinamizar la agricultura”, aprobadas en abril de 2021. Sin embargo, FMP advirtió que esos instrumentos fueron diseñados y ejecutados sin la participación de los actores interesados, más allá de las instituciones oficiales. Los organismos de sociedad civil controlada han absorbido durante décadas las demandas populares bajo la apariencia de representatividad, sin que exista un mecanismo autónomo que salvaguarde los intereses de los productores con independencia del Estado.
No existe ninguna demanda judicial que haya avanzado contra las corporaciones señaladas en el informe ni fallo alguno en su contra. Las violaciones de derechos socioeconómicos —represión, amedrentamiento por criterios ideológicos, confiscaciones— no encuentran camino en los tribunales nacionales, dado el respaldo de la cúpula de poder a las entidades responsables.
El trabajo de Food Monitor Program y el contexto de colapso institucional
Ante la imposibilidad de operar libremente en el terreno, Food Monitor Program concentró su labor en el monitoreo, la documentación y la visibilización de formas de autonomía popular. La organización brindó asesoramiento sobre conservación de alimentos, potabilización de agua y técnicas de resiliencia comunitaria, aunque advirtió que el trabajo directo con la población es prácticamente inviable por la vigilancia y penalización de las actividades comunitarias fuera del marco oficial.
Este mes, en diálogo con Infobae, el economista Emilio Morales, presidente y CEO de Havana Consulting Group, aportó contexto adicional sobre la expansión de GAESA: el conglomerado tomó el control de corporaciones como CIMEX y ETECSA, acaparó el mercado dolarizado, el turismo y las remesas, y se apropió del Banco Financiero Internacional (BFI), a través del cual circula más del 95% de las transacciones comerciales entre empresas cubanas y extranjeras.
«No hay auditoría, no hay control, ni siquiera la Asamblea Nacional, ni el Ministerio de Economía, ni la Contraloría General de la República pueden acceder a ese banco“, afirmó Morales en una entrevista con este medio.
La presentación del informe de Food Monitor Program ante el Relator Especial de la ONU busca visibilizar esta situación en instancias internacionales y promover acciones que garanticen el derecho a la alimentación en la isla, en un escenario en el que las iniciativas de economía social y solidaria quedan relegadas a los márgenes del sistema controlado por GAESA.
A cualquier niño del mundo, leyendo con una linterna bajo las mantas o escondido en el desván, le hubiera decepcionado que el tesoro de La Isla del Tesoro consistiera en fajos de billetes, no digamos certificados de acciones de Indra.
La palabra tesoro parece exigir no solo que sea rico, sino estético, diverso, brillante. Algo, en fin, que solo pertenece a los cuentos y con lo que la realidad se muestra tan cruel que llama «bonos del Tesoro» a unos instrumentos financieros aburridísimos.
En esa realidad incluyo la zafiedad en la corrupción, que se les llame «chistorras» a los billetes de quinientos euros o que los servidores públicos comprometan su probidad por colocar a una pilingui llamada Jenny o Yenni, que tanto da.
Por eso debo decir que me ha animado considerablemente que en el registro a las cosas de Zapatero hayan salido joyas como de la Gran Duquesa Anastasia Fyodorovna. No sé, no pega, y le da cierto aire de rescate prerrevolucionario, de collares librados de las sucias garras bolcheviques en la caja de seguridad de un banco suizo, para cuando vuelvan los buenos tiempos.
Y esa puede ser su perdición entre los suyos. Recuerden el «casoplón» de los Iglesias-Montero. Para empezar, no era exactamente una mansión eduardiana en la campiña, sino un chalet «aspiracional» para una burguesía acomodada. Para seguir, era perfectamente legal. Lo compró con su dinero y nadie le ha acusado nunca de emplear fondos de origen cuestionable. Y, sin embargo, acabó con su carrera política.
Probablemente algo más audaz y delictivo —un atraco al Banco de España, un coche bomba en el Congreso— no hubiera afectado en absoluto a su popularidad entre la grey izquierdosa radical, que al fin no cree en la propiedad (la de los demás, se entiende) ni valora la vida humana en exceso si su eliminación hace avanzar la causa.
Se lo hubieran perdonado, pero no le perdonaron algo tan pequeñoburgués, con su caseta para que se cambien los invitados. Era la foto misma de todo lo que odian. Le podían haber gritado como Obi-Wan a Anakin: «¡Te has convertido en aquello que juraste destruir!».
Somos animales visuales, qué le vamos a hacer. Si Zapatero se lo lleva calentito en «chistorras» le podrían ver como a un Curro Jiménez cursi y sentencioso. Pero la visión de las joyas —«Cielos, mis joyas!»— es un no, no. No eres tú, José Luis, son ellos. El robo casa estupendamente con la izquierda, no han hecho otra cosa desde que nacieron, no es ese el problema. Uno puede robarle las joyas a la duquesa, faltaría más. Pero no para guardarlas. No para que un día veamos todos las fotos como de catálogo de Christie’s o Ansorena, sabiendo que las atesora el autor de esa frase inmortal: «Los socialistas somos gente que, por lo general, tiene muy poco pero da mucho».
Por lo demás y aunque me gustaría, no me puedo sumar al coro de honestísimos comentaristas que siguen echándose las manos a la cabeza, que no sé qué esperan encontrar ahí. De verdad que les admiro: yo no podría sorprenderme tanto y tan de seguido. «¿¿¿Qué me dice, que el jefe Mugumbo se ha comido a OTRO misionero???!. Vamos, que en nada uno pilla el patrón y lo que sale después, en goteo, le deja a uno frío. De un león no espero que se convierta en vegano mañana, ni de esta caterva que deje de meter la mano en el dinero de todos. No esperen de mí, les ruego, que pida las sales cada vez.
Pero es que, además, es tan nimio este atraco continuado, tan olvidable como una travesura infantil, comparado con sus delitos verdaderamente atroces y que, para nuestra desgracia y vergüenza, no figuran tipificados en el Código Penal: robo de identidad, naciocidio.
¿Quién va a disputar o sulfurarse por unos millones aquí y allá cuando están procurando activamente un crimen tan monstruoso que no cambia meramente nuestras vidas, sino las de todos los que vendrán, que está aniquilando concienzudamente España, una realidad política de quinientos años, una comunidad homogénea de cinco mil?
Denme ladrones, denme gobernantes enjoyados de pies a cabeza con su brillante botín, con chistorras colgándoles de todos los bolsillos. Porque lo otro, que no afecta sólo a España, sino a todos los nativos europeos, no hay manera de pagarlo; cualquier castigo parece demasiado misericordioso. Porque hay indígenas de todas partes, todos los pueblos tienen su patria ancestral. Pero los europeos vamos camino de no tener un lugar donde reposar la cabeza y al que llamar nuestro.
En enero de 2017, un niño de nueve años llamado Avery Jackson se convirtió en portada de la revista National Geographic como símbolo de la “nueva generación trans”. Con cabello rosa y una sonrisa confiada, la publicación lo presentó como una “niña trans” y recogió su frase: “Lo mejor de ser una niña es que ya no tengo que fingir ser un niño”. La imagen dio la vuelta al mundo y convirtió a Avery y a su familia en activistas visibles del movimiento de afirmación de género.
Hoy, con alrededor de 17-18 años, Avery se identifica como no binario y, según reportes recientes y testimonios recogidos en redes, también como asexual. Ha abandonado en gran medida la vida pública. Su caso ha vuelto a la actualidad tras un hilo viral que denuncia los efectos a largo plazo de los tratamientos médicos a los que fue sometido desde edad temprana.
Según el relato de su familia y documentos públicos, Avery inició bloqueadores de la pubertad (análogos de GnRH) a una edad temprana, seguido de estrógenos alrededor de los 11 años. Estos medicamentos detienen el desarrollo puberal natural para “dar tiempo” a la exploración de identidad de género. Sin embargo, la evidencia científica y testimonios clínicos indican que su uso prolongado antes de la pubertad natural puede causar esterilidad, ausencia de desarrollo de genitales adultos, pérdida de capacidad de excitación, de orgasmo e impactos en el desarrollo óseo, cerebral y emocional.
La propia presidenta de WPATH (World Professional Association for Transgender Health) en su momento, Marci Bowers, ha reconocido públicamente que los varones que inician bloqueadores en etapas tempranas de Tanner 2 suelen quedar incapaces de experimentar orgasmo de forma permanente, comparándolo con el efecto de la castración química en delincuentes sexuales.
En un documental de HBO de 2020 (Transhood), el propio Avery expresó frustración por la exposición mediática: “Arruinó mi vida” y calificó parte de su experiencia como “un error tonto y estúpido”. Posteriormente, la familia anunció que Avery se identificaba como no binario y se retiraba del activismo. Han trascendido reportes de que también se declara asexual, lo que algunos atribuyen directamente a la supresión hormonal durante el desarrollo crítico.
Críticas y debate ético
El caso ha reavivado el intenso debate sobre el consentimiento informado en menores, la reversibilidad real de los bloqueadores (que la evidencia actual cuestiona fuertemente cuando se usan de forma prolongada) y la responsabilidad de padres, médicos y medios que promovieron la transición social y médica temprana.
Críticos señalan que Avery pasó su infancia en el foco mediático, posando con figuras políticas y siendo utilizado como ejemplo de “éxito” del modelo afirmativo. Hoy, con un cuerpo que no completó el desarrollo puberal masculino y sin haber experimentado una pubertad natural, enfrenta un futuro marcado por secuelas permanentes.
Organizaciones y voces cada vez más numerosas exigen mayor cautela, revisión de protocolos (como ya han hecho países como Reino Unido, Suecia o Noruega) y priorizar enfoques psicológicos exploratorios antes que intervenciones médicas irreversibles en niños.
La familia Jackson ha defendido siempre su decisión argumentando que “dejaron que el niño liderara”. Sin embargo, el paso del tiempo y el cambio de identidad de Avery plantean preguntas incómodas: ¿puede un niño de 9 años realmente consentir un tratamiento con consecuencias de por vida?
Este caso no es aislado, pero su visibilidad lo convierte en uno de los más emblemáticos de las consecuencias no previstas del activismo de género infantil. Mientras crecen las demandas judiciales de jóvenes arrepentidos (detransitioners) en varios países, la historia de Avery Jackson sirve como recordatorio de que, en medicina, especialmente con menores, “primero no hacer daño” debe seguir siendo el principio rector.
Nota: Algunos detalles exactos sobre la identidad y declaraciones recientes de Avery provienen de reportes de la familia y publicaciones públicas. El joven ha optado mayoritariamente por mantener un perfil bajo.
