Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

A continuación extractos de la entrevista a Nicolás Maduro Guerra realizada por Marian Blasberg y publicada en el diario ABC de España, un vistazo a la mente del primogénito del ahora detenido Nicolás Maduro Moros.

Nicolás Maduro Guerra, de 35 años, el único hijo de Maduro, también está acusado de narcotráfico por el Departamento de Justicia de Donald Trump. Nicolasito, como lo llaman los venezolanos, fue tratado durante mucho tiempo como ‘príncipe’, como heredero de un presidente que se mantuvo en el poder a través de elecciones fraudulentas y una tremenda represión contra los opositores. Ahora está en otra etapa, dice Maduro Guerra, centrado en defender a su padre. Nos recibe en Caracas, en el octavo piso de una torre de oficinas, en cuyos pasillos hay numerosos guardias de seguridad.

XLSemanal. Señor Maduro, ¿cómo se encuentra?

Nicolás Maduro Guerra. La respuesta automática sería: bien. Pero, en realidad, llevo muchas cosas dentro. Intento mantener la calma, estar a la altura de mi responsabilidad y seguir luchando por el chavismo y nuestra revolución, pero no me resulta tan fácil.

XL. ¿Qué es lo más difícil?

N.M.G. Imaginar a mi padre en prisión. Cuando como, me ducho o estoy sentado en alguna reunión, me pregunto cómo estará.

XL. ¿Y cómo está?

N.M.G. También aquí la respuesta automática sería: bien. Pero, naturalmente, estoy preocupado, sobre todo por su salud. Mi padre siempre se alimentó de manera muy sana. Mucha verdura, poco azúcar. Ahora consume sobre todo carbohidratos, alimentos ultraprocesados, demasiada sal. Por teléfono intenta transmitirnos fortaleza. «Mirad hacia delante», dice. «No dejéis que nadie os robe la felicidad».

XL. ¿Cómo es posible que las fuerzas especiales cubanas encargadas de proteger a su padre no abatieran a un solo soldado estadounidense?

N.M.G. No tengo una respuesta.

XL. ¿Qué sospecha?

N.M.G. Es difícil decirlo; todavía se está investigando. Lo cierto es que utilizaron tecnologías que nunca habíamos visto aquí. Yo, Nicolás Ernesto, subestimé sus capacidades. Y, al mismo tiempo, sobrestimé de lo que nosotros éramos capaces. Aunque sabíamos que en caso de ataque no tendríamos control del espacio aéreo, vivirlo es otra cosa. Tendríamos que haber hecho más para proteger a mi padre. En ese sentido, fracasamos.

XL. Poco después de la detención, Donald Trump declaró que, a partir de entonces, él gobernaría su país.

N.M.G. No se preocupe: todo lo que está ocurriendo ahora responde a una iniciativa nuestra. La ley de amnistía, la apertura del sector petrolero… Nuestro principal socio petrolero son los Estados Unidos. Siempre lo han sido. Yo nunca he quemado una bandera estadounidense. Ahora hemos sido atacados y debemos encontrar una forma de estabilizar el país. A veces hay que dar un paso atrás para luego poder dar un salto hacia delante.

XL. Desde fuera da la impresión de que hacen estas concesiones, sobre todo, para mantenerse en el poder.

N.M.G. Venezuela ya no soporta más sanciones. Podemos tener diferencias ideológicas, debatir sobre distintos modelos económicos o sociales, pero, como país situado en el norte de Sudamérica, nuestros socios naturales están en Europa y en Estados Unidos. Necesitamos a Occidente para desarrollarnos.

XL. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, pidió a los venezolanos que huyeron al extranjero que regresaran y perdonaran. ¿A qué se refería?

N.M.G. Su hermana, la presidenta Delcy, también lo dijo cuando firmó la ley de amnistía: debemos perdonar. Y también debemos aceptar las peticiones de perdón. Para mí eso también vale: perdonaré a todos los responsables de lo ocurrido el 3 de enero. ¿Cuándo ocurrirá? No lo sé, pero en mi corazón no hay odio ni rencor. Mi padre sabía a qué se exponía.

XL. ¿Es posible que Jorge Rodríguez estuviera aludiendo a las elecciones presidenciales supuestamente robadas? ¿O a la violencia con la que el Estado reprimió después a los manifestantes?

N.M.G. Muchos de los venezolanos que se marcharon al exilio son embajadores del apocalipsis. Se dejaron intoxicar por los medios internacionales. Pero no me malinterprete: sí hubo momentos muy duros, errores que cometimos, excesos por los que, como chavismo, debemos pedir perdón. La responsabilidad de dar el primer paso nos corresponde a nosotros.

XL. ¿A qué se refiere exactamente con «excesos»?

N.M.G. Por ejemplo, a la actuación de la Policía. O de la Justicia, que no siempre garantizó procesos justos. El derecho a la defensa. Eso es muy grave.

Lea la entrevista completa siguiendo este enlace al ABC

La convocatoria de elecciones ha dejado de ser el principal desafío de la política española, siendo muy importante, porque el mayor problema es que al frente del Gobierno continua una persona lastrada por numerosos casos de corrupción en el partido, en la administración y en su ámbito particular. Sánchez debería haber dimitido hace tiempo y tras la imputación del principal inspirador de su mandato, Zapatero, deshonra el cargo que ocupa y desprestigia la vida pública.

Editorial ABC

Sánchez llegó a La Moncloa invocando una exigencia moral. La moción de censura de 2018 contra Rajoy se articuló sobre una frase del juez De Prada incluida en la sentencia de la Gürtel que afirmaba que el PP se había convertido en un «auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional».

Aquella formulación no fue un mero razonamiento jurídico. Se convirtió en el detonante que permitió al entonces líder socialista construir un discurso de deslegitimación moral del Gobierno del PP y alcanzar la presidencia. Años antes, en el debate electoral de 2015, el propio Sánchez había dirigido a Rajoy otra frase que quedó grabada en la memoria política española: «Usted no es un hombre decente». Esa fue la vara de medir con la que el hoy presidente exigió responsabilidades a sus adversarios. Y es esa misma vara la que hoy se vuelve inevitablemente contra él. Todo lo que achacó a Rajoy no es nada comparado con las investigaciones de corrupción que afectan a su hermano y a la Diputación de Badajoz, a su esposa y al aparato presidencial de Moncloa, a Ábalos como su primer secretario de Organización, a Cerdán como su segundo secretario de Organización, al exfiscal general del Estado condenado, a los rescates de la SEPI, a dirigentes del PSOE como Leire o Zarrías, a la extorsión a jueces y agentes de la autoridad, a las sospechosas relaciones con Venezuela, y finalmente a todo lo que ha tocado el expresidente Zapatero. Nunca antes y en tan poco tiempo se creó una telaraña de tramas corruptas simultáneas y emparejadas, con la desgraciada coincidencia de una similitud entre los cabecillas de cada red: ninguno tenía una persona interpuesta entre ellos y el presidente del Gobierno, Sánchez era el jefe directo de todos ellos. La acumulación de casos coincidentes y parejos viene a significar que políticamente toda esa corrupción, por recurrente, señala a Pedro Sánchez como responsable último. Nunca nadie manchado con tantas señales de corrupción se había mantenido al frente del Gobierno democrático de manera empecinada, con el apoyo deshonroso, por cierto, de sus socios parlamentarios, a los que les ha venido bien el plan socialista para desmontar, de paso, los resortes que unen y protegen a los españoles.

Porque la realidad ya no admite compartimentos estancos. La entrada de la UCO en la sede del PSOE marca un salto cualitativo. Ferraz ha dejado de ser el escenario desde el que el Gobierno se defendía políticamente para convertirse en objeto directo de diligencias judiciales. El auto del juez Santiago Pedraz describe una investigación por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental y actuaciones contra las instituciones del Estado.

La tesis central ya no puede despacharse como una exageración de la oposición. Todos los caminos políticos conducen a los círculos más cercanos al presidente. La investigación judicial sostiene que determinadas actuaciones tenían como finalidad «desestabilizar» procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. El propio auto recoge reuniones celebradas en Ferraz y atribuye a Santos Cerdán un papel de dirección y coordinación política que alcanza a la SEPI. También menciona presuntos pagos articulados mediante sociedades interpuestas y cargos del partido. Todo ello deberá ser acreditado judicialmente. Pero la responsabilidad política no puede esperar eternamente a una sentencia firme cuando el deterioro institucional es tan evidente. La acumulación de sumarios, imputaciones y diligencias judiciales compromete políticamente al presidente del Gobierno

Sánchez insiste en que no convocará elecciones por «interés partidista». La afirmación resulta difícilmente sostenible en quien adelantó las generales de 2023 por puro cálculo político. La apelación actual a la estabilidad no es un ejercicio de responsabilidad institucional, sino una estrategia de supervivencia. En un Estado de derecho, corresponde a los tribunales determinar culpabilidades. Pero la responsabilidad política sí alcanza al presidente que nombró, protegió y sostuvo a quienes hoy aparecen en el centro de las investigaciones. La degradación institucional ya es demasiado profunda. España no puede acostumbrarse a convivir con un Gobierno permanentemente rodeado de diligencias judiciales, autos, registros y sospechas sobre interferencias en investigaciones policiales y judiciales. Sánchez utilizó en 2018 la corrupción como fundamento moral para desalojar al PP del poder. Esa misma exigencia democrática le obliga hoy a asumir que su autoridad política está exhausta y terriblemente contaminada. Cuando toda la corrupción acaba conduciendo al mismo núcleo de poder, el problema deja de ser únicamente judicial. Es, sobre todo, un problema de legitimidad política.

La diputada chavista Iris Varela reconoció públicamente que la cúpula del régimen no contempla realizar elecciones presidenciales mientras Delcy Rodríguez permanezca al frente del poder tras la caída de Nicolás Maduro, actualmente preso en Estados Unidos.

La Patilla

Durante una declaración en un podcast, Varela aseguró que Maduro es un “prisionero de guerra” y calificó el proceso judicial en su contra como “un juicio montado”. Según afirmó, el eventual regreso del exmandatario dependería del “tablero geopolítico”.

Sin embargo, la dirigente chavista dejó clara la línea interna del régimen sobre el control del poder. “Vamos a cuidarle la silla”, expresó al recordar una frase de Aristóbulo Istúriz, antes de afirmar que la única figura autorizada para ocupar Miraflores es Delcy Rodríguez.

“Ahí no se va a sentar otro que no sea Delcy mientras tanto”, sostuvo Varela, en una declaración que deja al descubierto cómo el chavismo cierra filas alrededor de la actual sucesora de Maduro.

Además, la exministra lanzó un mensaje directo a la oposición al descartar cualquier posibilidad de elecciones presidenciales en el corto plazo. “Olvídense que aquí va a haber elecciones presidenciales”, afirmó.

La investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre la presunta red impulsada desde el entorno del PSOE para recopilar información comprometedora contra jueces, fiscales, mandos policiales y adversarios políticos acerca cada vez más el foco judicial al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Distintas fuentes jurídicas consideran que, a medida que avance la instrucción dirigida por el juez Santiago Pedraz, resultará difícil evitar su citación al menos como testigo.

La Gaceta de la Iberosfera

El nombre de Sánchez aparece de forma recurrente en el auto con el que el magistrado avaló los registros practicados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acordó requerimientos de información e imputó a varios de los principales responsables de la trama. La investigación se encuentra todavía en una fase inicial, pero ya apunta a una estructura organizada que, según los indicios recogidos por el juez, habría operado con apoyo logístico y económico del propio PSOE.

La situación contrasta con las declaraciones realizadas por Sánchez cuando fue preguntado directamente sobre Leire Díez. Entonces respondió: «Que me conste a mí, desde luego que no«, negando que actuara para el partido y amparándose en una fórmula que ahora vuelve a cobrar relevancia a la luz de los avances de la investigación.

Las referencias al «uno»

Uno de los elementos que más interés despierta entre los investigadores son las continuas referencias al «uno«, «one«, «jefe» o «superjefe» que aparecen en los dispositivos electrónicos intervenidos a Leire Díez, al empresario Antxon Alonso y a otros integrantes del entramado.

Según la investigación, los miembros del grupo trasladaban a sus interlocutores que el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, les aseguraba que Pedro Sánchez conocía las actuaciones que estaban desarrollando. Los mensajes y conversaciones incorporados a la causa apuntan a que la protección del presidente y de su entorno constituía uno de los principales objetivos de la operación.

Las pesquisas se apoyan en el análisis de teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos incautados durante los registros. Fuentes cercanas al caso sostienen que las referencias al máximo responsable político son más numerosas de las que han trascendido hasta ahora en las resoluciones judiciales.

El entorno más próximo de Sánchez

Otro de los aspectos que sitúan al presidente en una posición delicada es la aparición de personas pertenecientes a su círculo de máxima confianza.

El juez menciona en sus resoluciones a Juanma Serrano, antiguo jefe de gabinete de Sánchez, y a Juan Francisco Serrano, ambos vinculados al entorno de Santos Cerdán. El instructor considera que existen indicios de colaboración con los investigados y deja abierta la puerta a determinar posteriormente su eventual responsabilidad penal.

También figura en la investigación el exdirector de Comunicación del PSOE, Ion Antolín.

La presencia de personas que ocuparon puestos estratégicos en el núcleo político de Sánchez dificulta la tesis impulsada desde Moncloa y Ferraz para presentar el caso como una actuación limitada exclusivamente a Santos Cerdán.

Ferraz como centro de operaciones

La investigación también pone el foco sobre el propio PSOE. Según los indicios recogidos por el magistrado, el partido habría proporcionado soporte estructural y logístico a las actividades del grupo investigado.

Además de sufragar determinadas actuaciones, dos trabajadoras de la Secretaría de Organización habrían colaborado en la gestión de desplazamientos y alojamientos. La sede nacional del PSOE en la calle Ferraz también habría servido para celebrar más de una veintena de reuniones vinculadas a las actividades bajo sospecha.

La UCO permaneció durante cerca de doce horas en la sede socialista esta semana recopilando documentación. Entre los requerimientos realizados figura la entrega íntegra de los programas de cumplimiento normativo y de prevención de delitos correspondientes a 2024 y 2025, así como la identificación de los responsables encargados de supervisarlos.

La eficacia o inexistencia de esos controles resulta especialmente relevante, ya que podría abrir la puerta a una eventual imputación del PSOE como persona jurídica.

La protección de la familia del presidente

El auto judicial sostiene que una de las prioridades de la organización era neutralizar investigaciones que afectaban al entorno más cercano del presidente del Gobierno, especialmente aquellas relacionadas con su familia.

Esa motivación aparece como uno de los elementos centrales de la investigación y constituye otro de los argumentos que llevan a diversos juristas a considerar probable una futura declaración de Sánchez en la causa.

En caso de ser citado como testigo, el presidente podría acogerse a la posibilidad de responder por escrito debido a su condición institucional. La Audiencia Nacional tampoco puede investigarle directamente al estar aforado ante el Tribunal Supremo.

María Corina, Edmundo González Urrutia, Plataforma Unitaria y Alianza Con Vzla suscribieron en Ciudad de Panamá el llamado “Manifiesto de Panamá”, un documento con el que plantean una ruta política para la restauración de la democracia en Venezuela y la construcción de un Gran Acuerdo Nacional.

Vente Venezuela

El texto sostiene que Venezuela vive la hora decisiva de su historia republicana y reivindica el resultado del 28 de julio de 2024, cuando, según el comunicado, la voluntad soberana expresada de manera incontestable por el pueblo consagró la elección de Edmundo González Urrutia.

Las fuerzas reunidas en Panamá señalaron que actuarán bajo el liderazgo de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y las fuerzas democráticas unificadas para impulsar una transición democrática “con sentido de urgencia, firmeza, inteligencia y cohesión histórica”.

El documento indica que María Corina Machado convocó el encuentro y que las organizaciones participantes asumieron el compromiso de traducir la soberanía popular en una ruta concreta, ordenada y efectiva hacia la libertad.

El manifiesto también expresa respaldo al Plan de Tres Fases propuesto por el Gobierno de los Estados Unidos, y anunciado por el Secretario de Estado Marco Rubio, al que califican como un marco estratégico esencial para la recuperación de la democracia en Venezuela.

La propuesta plantea dos procesos simultáneos: una negociación política seria, firme y responsable con el régimen interino y la construcción de un Gran Acuerdo Nacional para la Recuperación de la República.

Según el texto, las negociaciones serán lideradas por María Corina Machado “en su rol de conductora del proceso democrático del país”, en articulación con la Plataforma Unitaria Democrática y organizaciones de la sociedad civil.

Entre las medidas planteadas para crear un ambiente político favorable, el documento menciona la liberación plena de los presos políticos, civiles y militares, el retorno seguro de los exiliados por razones políticas y la normalización del espacio cívico y político, incluyendo el desmantelamiento del aparato represivo, y de los grupos armados, ilegales o terroristas.

Asimismo, propone la realización de una elección presidencial libre, transparente y soberana, para lo cual consideran necesaria la designación previa de un nuevo Consejo Nacional Electoral y la publicación de un cronograma electoral viable y verificable.

Gran Acuerdo Nacional

En paralelo, el manifiesto convoca a ciudadanos, partidos, gremios, sindicatos, iglesias, universidades, organizaciones sociales y venezolanos dentro y fuera del país a incorporarse a un Gran Acuerdo Nacional que sirva de base para “la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico sostenido, la prosperidad compartida y el reencuentro nacional”.

“La transición democrática nos exige unidad y visión de Estado”, señala el documento. “Esa unidad de la nación no es una consigna: es un compromiso, un modo de obrar, una responsabilidad y la herramienta más poderosa al servicio de la libertad”.

El texto concluye proclamando el “Manifiesto de Panamá” como “el comienzo de una nueva y definitiva recuperación de la República libre y democrática”.

El panorama político venezolano ha entrado en una fase de reconfiguración profunda. Los acontecimientos que sacudieron el tablero institucional a principios de enero no solo evidenciaron las fracturas de la dirigencia tradicional, sino que pusieron de manifiesto una realidad incómoda pero innegable: la persistencia de una estructura de conducción política fuertemente vinculada, monitoreada y coordinada bajo la influencia directa del gobierno de los Estados Unidos.

Ante este escenario de reajustes institucionales, surge una pregunta incómoda pero obligatoria: ¿Dónde queda el ciudadano común en el diseño de la Venezuela que viene?

Durante años, los procesos de negociación, las estrategias de presión y los mapas de ruta hacia una transición democrática se han debatido en despachos cerrados, cancillerías extranjeras y cúpulas partidistas. Se ha operado bajo una suerte de tutela geopolítica que, si bien ha sido un salvavidas internacional, también ha terminado por desplazar el músculo más importante de cualquier cambio sostenible: la sociedad civil organizada.

El pánico de la mayoría independiente

Fundamentamos este llamado urgente en nombre de una Venezuela que pocas veces es consultada o escuchada: la de la inmensa mayoría de ciudadanos independientes. Es una población que hoy entra en un estado de justificado pánico al presenciar los intentos desesperados de la clase política tradicional —corresponsable del desgaste y la fragmentación— por reciclarse y volver a protagonizar el cambio y la transformación del país.

Tras años de saqueo institucional y económico, el país no resiste más de lo mismo. La ciudadanía no espera un simple relevo de nombres en los cargos públicos; espera, exige y tiene el derecho de ver cumplida la promesa de un liderazgo alternativo. La reconstrucción nacional debe estar protagonizada por figuras relevantes de reconocida solvencia moral y ética, dirigentes y profesionales probos con las cualidades técnicas y humanas necesarias para asumir las responsabilidades de un poder en ascenso que debe nacer de la pulcritud y la honestidad, no de las componendas.

Una transición democrática diseñada exclusivamente desde arriba, y con los mismos actores cuestionados del pasado, no es más que un acuerdo de élites con fecha de caducidad. La comunidad internacional, y de manera muy particular el gobierno estadounidense a través de sus oficinas diplomáticas para Venezuela, debe comprender que el éxito de una transición no se mide únicamente por el cambio de firmas en el poder, sino por la solidez moral de quienes asumen las riendas.

Es imperativo abrir de forma inmediata mecanismos reales y vinculantes de conexión e integración para la sociedad civil. Esto no se trata de pedir «un asiento de oyente» en las mesas de diálogo, sino de exigir canales estructurales:

Auditoría y Contraloría Ciudadana: Los factores políticos que aspiran a conducir la transición deben rendir cuentas no solo a sus aliados externos, sino a la mayoría independiente a la que pretenden representar. La transparencia debe ser la primera regla del juego.

Ventanillas de Postulación y Filtros Éticos: Crear espacios donde la academia, los gremios y la sociedad civil puedan proponer y validar a esos perfiles de solvencia moral intachable para los cargos clave del gobierno en ascenso, cerrándole el paso al clientelismo de la vieja política.

Consulta Directa frente al Tutelaje: Si la política exterior aliada busca de verdad una salida democrática, sus canales de escucha activa deben diversificarse. La diplomacia no puede limitarse a validar agendas de partidos desgastados; debe conectar con las demandas de la sociedad civil que sufre la crisis en el día a día.

La historia reciente demuestra que los esquemas políticos basados en el aislamiento ciudadano y el reciclaje de liderazgos desgastados tienden al fracaso. Los hechos de enero nos recuerdan que las fórmulas institucionales impuestas se agotan, pero el tejido social permanece.

El llamado a la comunidad internacional —y a la Embajada de los Estados Unidos como actor clave en este proceso— no es a que retiren su apoyo, sino a que cambien radicalmente el enfoque.

Es hora de entender que la soberanía y el futuro de Venezuela no se deciden tutelando a las viejas cúpulas, sino empoderando a sus ciudadanos más calificados y honestos. La transición no puede seguir siendo un negocio de pocos, debe convertirse en un punto de encuentro y entendimiento de las mayorías.

El Modelo moribundo, ineficaz y corrupto que ha sustentado a la partidocracia existente es antagónico a la transformación del estado que plantean cientos de movimientos e individualidades que obviamente por su carácter renovador buscan ser invisibilizados reiteradamente en favor del continuismo perverso y lacerante, cuyos resultados cada uno de los venezolanos conoce, siente, padece y lucha por superarlo.

La embajada norteamericana debe relacionarse y responsabilizarse con la sociedad venezolana y no exclusivamente con la clase política -la cual también combate- por conocer de sus acciones, contradicciones y nulos resultados. Le podemos garantizar que se llevaran una gran sorpresa al descubrir el potencial represado que existe y no se le permite presentarse como elementos fundamentales para cubrir las demandas medulares de la nación.

El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, en el poder entre 2004 y 2011, es sospechoso de haber influido, a cambio de dinero, en el rescate, con 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares), de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de covid-19.

NTN24

La declaración del exmandatario como investigado ante la Audiencia Nacional ha sido reprogramada para el 17 y 18 de junio, después de que su defensa solicitara un aplazamiento al conocer el volumen y complejidad del sumario.

La diligencia estaba inicialmente prevista para el próximo martes, tras la imputación decidida por el juez central de instrucción número 4, José Luis Calama.

Al respecto, la eurodiputada española por el Partido Popular (PP), Dolors Montserrat, habló en el programa Club de Prensa de NTN24.

«Con el tiempo vamos a saber más cosas… Zapatero hizo negocio con el hambre de los venezolanos», expresó Montserrat.

«España es una gran sociedad, pero con el peor gobierno de la historia. El gobierno de Sánchez es un error de nuestra democracia, es un autócrata indecente que ha aprendido de Zapatero, Maduro y Xi Jinping», añadió.

La investigación judicial explora además presuntos vínculos del expresidente del gobierno de España con el manejo de recursos naturales venezolanos, incluyendo oro, petróleo, carbón, gas y níquel, durante el régimen de Nicolás Maduro.

Los nexos de la aerolínea española Plus Ultra con el régimen de Venezuela abarcan dos ejes principales: conexiones directas con empresarios y altos cargos cercanos a la dictadura para operar sus rutas, y una profunda investigación judicial en España por presunta corrupción, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

El dirigente político venezolano Carlos Paparoni aseguró que la entrega de Alex Saab a las autoridades estadounidenses representa uno de los golpes más importantes contra la estructura financiera del chavismo y podría abrir una nueva etapa en la presión judicial internacional contra figuras cercanas al poder en Venezuela.

La Patilla

Durante una extensa entrevista concedida a La Patilla, Paparoni explicó cómo, a su juicio, el empresario colombiano terminó convirtiéndose en el principal operador económico de Nicolás Maduro y por qué considera que su caso apenas comienza.

“El problema que tienen ellos es narrativo. No saben cómo explicar cómo terminaron entregando a Alex Saab a la justicia estadounidense”, afirmó Paparoni al inicio de la conversación, haciendo referencia a las recientes declaraciones de dirigentes del chavismo intentando minimizar la relación con Saab.

Según el dirigente opositor, Saab no era un actor secundario dentro del aparato chavista, sino una pieza central de toda la estructura financiera que permitió al régimen mantenerse operando pese a las sanciones internacionales.

“Alex Saab era la cabeza financiera de muchas de las estructuras de negocio de Nicolás Maduro”, sostuvo.

El ascenso de Alex Saab dentro del chavismo

Paparoni explicó que el crecimiento de Saab dentro de la estructura del poder venezolano tuvo dos momentos clave. El primero ocurrió tras las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Samark López, señalado como operador financiero de Tareck El Aissami.

De acuerdo con su análisis, la salida temporal de Samark López permitió que Saab ocupara espacios estratégicos relacionados con PDVSA, importaciones, alimentos y los CLAP.

El segundo gran salto ocurrió entre 2018 y 2019, cuando la administración de Donald Trump modificó el enfoque de las sanciones y comenzó a perseguir directamente las estructuras financieras y empresariales vinculadas al chavismo.

“Estados Unidos entendió que la estructura de Maduro se parecía más al crimen organizado que a una organización política tradicional”, explicó Paparoni.

A partir de allí, según dijo, Saab asumió un rol todavía más poderoso al encargarse de diseñar mecanismos para violar sanciones internacionales y mover capitales a través de redes internacionales.

“Alex Saab es un delincuente”

Durante la entrevista, Paparoni rechazó las teorías que señalan que Alex Saab habría trabajado para agencias de inteligencia estadounidenses.

“No vale, Alex Saab es un delincuente”, respondió tajantemente.

El dirigente afirmó que Saab intentó negociar con la DEA luego de ser presionado judicialmente y que incluso habría entregado información sensible sobre las finanzas del chavismo.

Citando declaraciones del exfiscal Michael Nadler, Paparoni aseguró que Saab habría revelado que “cada dólar que se robaba, la mitad iba a cuentas relacionadas con Nicolás Maduro”.

A su juicio, el empresario colombiano intentó convertirse en colaborador de la justicia estadounidense, pero el proceso se rompió cuando no cumplió con condiciones pactadas para entregarse en 2019.

Lea la entrevista completa siguiendo este enlace a La Patilla

El director ejecutivo de la corporación energética estadounidense Chevron, Mike Wirth, proyectó este jueves un incremento de 50% en sus niveles de producción petrolera en Venezuela de cara al cierre del año 2028.

AFP

La estimación operativa se enmarca en el nuevo escenario de flexibilización de las sanciones económicas dictadas por Washington, consolidado tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro en enero de este año.

Durante su intervención en una conferencia financiera sectorial, Wirth destacó la velocidad de recuperación que han experimentado las operaciones de la compañía en el territorio suramericano mediante sus esquemas de asociación.

«Hemos incrementado la producción de nuestras empresas conjuntas de aproximadamente 50.000 barriles diarios a más de 250.000 diarios en los últimos dos años», detalló el alto ejecutivo.

Precisó que la planificación estratégica y las adecuaciones técnicas adoptadas por Chevron desde principios de este año sientan las bases para «aumentar la producción en 50% más para finales de 2028».

El líder de la multinacional supeditó la viabilidad de una expansión mayor a la consolidación de garantías jurídicas y contractuales específicas, así como a la estabilidad del entorno político para «tener la confianza necesaria para incrementar nuestros niveles de inversión allí».

El dilema de las petroleras estadounidenses

Hasta la captura y remoción de Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses a comienzos de año, Chevron figuraba como la única firma petrolera de origen estadounidense que contaba con licencias especiales del Departamento del Tesoro de EE UU para extraer crudo en suelo venezolano.

Tras la quiebra institucional, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumió la jefatura del Ejecutivo e impulsó un giro radical en las relaciones diplomáticas y comerciales con Washington.

Como hito de esta apertura, el Parlamento venezolano sancionó el 29 de enero una reforma integral a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, modificando el marco legal para otorgar mayores libertades de control y comercialización a los capitales privados internacionales.

A raíz de estas reformas, la administración de Donald Trump ha comenzado a alentar a las corporaciones estadounidenses a reinsertarse en el mercado energético venezolano, el cual alberga las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, estimadas en más de 303.000 millones de barriles.

Pese al respaldo de la Casa Blanca, el sector corporativo mantiene una postura cautelosa debido al severo deterioro de la infraestructura industrial del país y a los precedentes históricos de nacionalizaciones forzosas.

En la misma conferencia, el gigante ExxonMobil -compañía que mantiene litigios de larga data tras haber sido expropiada en dos oportunidades por administraciones pasadas en Venezuela- confirmó que analiza opciones de retorno bajo estrictas auditorías de riesgo.

«Estamos evaluando la situación en Venezuela, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos; llevará tiempo determinar si vale la pena invertir capital y llegar a un acuerdo con las autoridades venezolanas», advirtió el vicepresidente de ExxonMobil, Neil Chapman.

La reactivación de estos megaproyectos privados se perfila como el principal motor para elevar de forma significativa la producción actual de Venezuela, la cual se sitúa en un promedio limitado de 1,2 millones de barriles por día, de acuerdo con los balances técnicos provistos por el secretario de Energía de EE UU, Chris Wright.

María Corina Machado continúa liderando como la figura política con mejor imagen dentro de Venezuela, manteniéndose prácticamente intacta en comparación con las últimas mediciones. El estudio también refleja que nombres vinculados al escenario internacional comienzan a ganar espacio dentro de la percepción pública venezolana.

NDP

Según los datos publicados por Atlas Intel y Bloomberg, María Corina aparece en el primer lugar de imagen positiva, seguida por Marco Rubio, Edmundo González y Donald Trump. El resultado vuelve a mostrar cómo parte importante de la opinión pública venezolana sigue conectando el escenario político nacional con factores externos y presión internacional.

Pero la parte más llamativa del estudio aparece en los niveles de rechazo. Leopoldo López, Henrique Capriles y Juan Guaidó encabezan la lista de dirigentes con peor imagen dentro del país, reflejando un desgaste político enorme después de años ocupando espacios centrales dentro de la oposición venezolana.

Mientras tanto, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello también mantienen niveles muy altos de rechazo, en una encuesta que deja algo claro: Venezuela sigue atravesando una etapa de desgaste profundo hacia gran parte de la dirigencia política tradicional, tanto del chavismo como de sectores opositores.

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