Regresa Jordi Wild en The Wild Project con una de las invitadas más destacadas de toda su historia: María Corina Machado. En este podcast, María Corina, candidata inhabilitada a la presidencia de Venezuela, quien aún sigue resistiendo en su país, explicará la crítica situación que se vive allí, cómo Nicolás Maduro está destruyendo la sociedad, la represión actual con detenciones, torturas y muertes, y las amenazas y peligros que enfrentan tanto ella como su gente al seguir en la lucha. Aún así, no pierde la fe ni la ilusión de cambiar las cosas para que su patria pueda empezar a recuperarse.
Vox ha registrado este viernes en el Congreso una iniciativa en la que reclama al gobierno que embargue el patrimonio, cuentas bancarias, tarjetas y otros de las autoridades de Venezuela, sus testaferros y familiares en España, después de la crisis diplomática abierta con el país caribeño.
La tensión entre Madrid y Caracas ha escalado en las últimas horas, tras calificar la ministra de Defensa, Margarita Robles, de «dictadura» al gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela ha convocado al embajador español en Venezuela y ha llamado a consultas a su representante diplomática en España.
Pero, el jueves, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ya había pedido a los diputados que aprobaran una resolución para cortar relaciones diplomáticas y comerciales con España. La petición llevó al líder de Vox, Santiago Abascal, a advertir a las autoridades de Venezuela con la confiscación de los bienes que puedan tener ellos o sus familias en España si la ruptura de relaciones se materializaba.
En la proposición no de ley registrada para su debate en el Pleno, Vox destaca «el fraude electoral» del 28 de julio, que dio como vencedor a Maduro y ha desembocado en el exilio en España del líder opositor Edmundo González, y recuerda el paquete de sanciones impuesto contra «el régimen» por «graves violaciones o abusos de los Derechos Humanos o de represión de la sociedad civil y de la oposición democrática».
Pero para Vox estas sanciones han resultado «fútiles» porque «gran parte de los jerarcas del régimen han podido sortear estas sanciones trasladando su patrimonio personal fuera de Venezuela». Además, los de Santiago Abascal destacan que el gobierno de Sánchez «propuso incluso el levantamiento de dichas medidas restrictivas».
Vox pide remitir a la CPI la situación de Venezuela
Por todo ello, Vox exige al gobierno localizar todos los bienes pertenecientes a familiares, miembros y testaferros del régimen dictatorial ubicados en España e impulsar todas las medidas necesarias para proceder al «embargo inmediato» del patrimonio, cuentas bancarias, tarjetas y otros bienes de familiares, miembros y testaferros del régimen dictatorial venezolano que se encuentren en nuestro país.
Además, reclaman que el Ejecutivo de Sánchez promueva en el seno de las instituciones de la Unión Europea la ampliación temporal y subjetiva de las medidas restrictivas existentes adoptadas por el Reglamento del Consejo 2017/2063, de 13 de noviembre de 2017, «a todos los miembros de la dirección del régimen y funcionarios que colaboren en la represión a la oposición ganadora de las elecciones acaecidas el pasado 28 de julio de 2024».
También, Vox pide remitir a la Corte Penal Internacional la situación de Venezuela para que inicie una investigación y que dicte una orden de detención contra Maduro y el resto de dirigentes y funcionarios del Gobierno de Venezuela «que hayan cometido crímenes de lesa humanidad». Por último, los de Santiago Abascal piden que el Gobierno muestre «su apoyo inequívoco» al pueblo venezolano.
El más reciente pedido de juicio político contra el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), presentado por parlamentarios de la oposición, se basa en acusaciones de uso político de la Justicia para perseguir a opositores, periodistas y ciudadanos comunes, además del avance de la censura y medidas autoritarias.
El documento, de 53 páginas, fue presentado en el Senado el 9 de septiembre de 2024 y formaliza las quejas de la oposición, que consideran que Moraes ha cometido abusos de poder. El proceso fue recibido por el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), quien ahora tiene la responsabilidad de decidir si avanza o no con el pedido.
Antecedentes: el 7 de Septiembre y el aumento de la insatisfacción con el autoritarismo
La creciente insatisfacción con la actuación de Moraes alcanzó un nuevo nivel tras los eventos del 7 de septiembre de 2024. En este feriado, el contraste entre las manifestaciones populares y el desfile oficial del gobierno fue evidente. En Brasilia, el Gobierno de Lula y sus aliados, incluido Moraes, intentaron demostrar fuerza con un desfile militar. Sin embargo, como relató el periodista J.R. Guzzo, «el desfile Lula-Moraes del 7 de septiembre tuvo tanque de guerra, misiles, tropas marchando, pero no tuvo pueblo«. La baja adhesión popular contrastó con la fuerte presencia de militares y autoridades, lo que reforzó la percepción de un distanciamiento entre el Gobierno y la sociedad.
Mientras tanto, en São Paulo, miles de manifestantes llenaron la Avenida Paulista en una protesta contra el avance del autoritarismo y la censura, clamando por el juicio político a Moraes y la amnistía para los presos políticos de los actos del 8 de enero. La pauta central de la protesta no era meramente una divergencia política, sino una reacción contra lo que los manifestantes consideran una escalada de la persecución judicial promovida por Moraes, que estaría violando derechos fundamentales y restringiendo la libertad de expresión.
El bloqueo de la plataforma X (anteriormente Twitter), determinado por Moraes a finales de agosto de 2024, fue uno de los actos más criticados e intensificó la presión para su destitución. El bloqueo fue visto como una medida autoritaria y desproporcionada, y la reacción fue inmediata, incluyendo manifestaciones públicas de Elon Musk, quien calificó la decisión como un ataque a la libertad de expresión.
El pedido de juicio político: detallando las acusaciones
El documento que respalda el pedido de juicio político contra Alexandre de Moraes enumera una serie de acusaciones graves contra el ministro. Firmado por 152 diputados y respaldado por 31 senadores, el pedido fue elaborado por el exjuez Sebastião Coelho y parlamentarios como Marcel Van Hattem (Novo-RS), Bia Kicis (PL-DF) y Rogério Marinho (PL-RN). Entre los crímenes de responsabilidad citados, se encuentran:
1. Emitir juicio cuando, por ley, es sospechoso en la causa: se acusa a Moraes de no declararse sospechoso en investigaciones y procesos que involucran a figuras públicas conservadoras, lo que violaría el principio de imparcialidad. La denuncia afirma que habría conducido investigaciones fuera de sus atribuciones y con motivación política.
2. Negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo: el documento señala que el ministro habría ignorado solicitudes de liberación de presos de manera injustificada, prolongando la detención de personas sin antecedentes penales y con problemas de salud. Uno de los casos citados es el de Cleriston Pereira da Cunha, conocido como «Clezão», quien murió en la prisión de Papuda después de que se ignoraran sus solicitudes de liberación, a pesar de la recomendación de la Procuraduría General de la República de que fuera liberado con el uso de una tobillera electrónica.
El documento señala: «La fatídica y completamente evitable muerte de Cleriston Pereira da Cunha es solo un ejemplo de las infinitas injusticias y rupturas del Estado Democrático de Derecho con el objetivo de imponer una falsa narrativa de golpe de Estado, en la cual se acusó a numerosos padres, madres, abuelos y abuelas. La gran mayoría de ellos fueron víctimas de los eventos, atrapados en pleno domingo (08/01/2023) en medio de una ola de violencia lamentable. Ciudadanos dignos, sin antecedentes penales, muchos portando solo una bandera de Brasil y una Biblia, fueron tratados como peligrosos terroristas».
3. Proceder de manera incompatible con el honor, la dignidad y el decoro de sus funciones: según el pedido, las acciones de Moraes, como el bloqueo de cuentas en redes sociales, la retención de pasaportes y la censura a figuras públicas, constituyen abuso de poder. Los mensajes revelados por Folha de Sao Paulo muestran que Moraes encargó informes informales del Tribunal Superior Electoral (TSE) sobre figuras conservadoras, como el periodista Rodrigo Constantino y el ex-presentador Paulo Figueiredo, después de finalizado el período electoral, algo que la oposición clasifica como una persecución sistemática.
El documento también recuerda el caso de Débora dos Santos, una humilde peluquera de 38 años, acusada de «atentar contra el Estado Democrático de Derecho» por escribir con «lápiz labial» la frase «perdiste, idiota» en la estatua de la Justicia frente al STF el 8 de enero. El mensaje era una referencia a una declaración del presidente de la Corte, Luís Roberto Barroso, a los votantes de Bolsonaro en noviembre de 2022, en Nueva York. Débora, una mujer religiosa, madre de dos niños pequeños (uno de 6 años y otro de 9), ha estado encarcelada desde el 17 de marzo de 2023, habiendo sido acusada formalmente 15 meses después de su arresto, a pesar de los repetidos pedidos de su familia y abogado (ocho solicitudes de arresto domiciliario).
Otro caso destacado es el de Karina Rosa dos Reis, quien vio «denegada su solicitud» para retirar su tobillera electrónica para realizar exámenes y «tratamientos contra un cáncer con metástasis en el hígado».
El documento también menciona los casos del exasesor internacional de Bolsonaro, Filipe G. Martins, y del exdirector de la Policía Federal de Carreteras, Silvinei Marques, quienes estuvieron detenidos varios meses sin cargos, así como el del exayudante de órdenes de la Presidencia, Mauro Cid. Martins demostró que nunca había salido de Brasil, lo que había sido motivo de su arresto preventivo. Además, Moraes le prohibió dar entrevistas a la prensa tras su liberación. Mauro Cid fue liberado solo después de firmar un acuerdo de delación premiada. Tras la publicación en el medio Veja de audios en los que hablaba de la presión indebida de la policía para incriminar a Bolsonaro, fue nuevamente arrestado.
Además, el documento menciona el «bloqueo de los bienes de Starlink» (empresa de Internet por satélite de Elon Musk, sin relación con X y «la imposición de multas diarias de 50.000 reales a quienes utilizaran VPNs para acceder a la plataforma en Brasil», como ejemplos de decisiones desproporcionadas y que generan inseguridad jurídica.
El pedido también alega los siguientes crímenes cometidos por Moraes:
– Emplear pruebas manifiestamente ilícitas.
– Requerir investigaciones sin indicios de la práctica de un crimen.
– Prolongar injustificadamente la investigación, perjudicando al investigado.
– Negar al investigado o al abogado el acceso a los autos de la investigación.
– Ordenar arrestos sin base legal.
– Iniciar o proceder con una persecución penal, civil o administrativa sin causa justificada o contra alguien sabidamente inocente.
– Exigir información o cumplimiento de obligaciones sin amparo legal expreso.
La posibilidad de que prospere el juicio político: obstáculos políticos y maniobras
Aunque el pedido de juicio político contra Moraes ha generado una gran movilización, su aceptación depende exclusivamente de la voluntad política del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco. Hasta el momento, Pacheco se ha mostrado reacio a poner el pedido en la agenda, y según informó Poder360, la posibilidad de que el proceso avance es prácticamente nula. Pacheco, que mantiene una relación cercana tanto con Moraes como con el Gobierno de Lula, declaró que tomará una «decisión fundamentada» y que tendrá en cuenta «criterios técnicos y políticos».
Para presionar a Pacheco, la oposición ya está articulando estrategias más incisivas. Una de las principales amenazas es la obstrucción de las votaciones en el Congreso, especialmente de la reforma tributaria, que se considera una prioridad para el gobierno. La reforma, que ya fue aprobada en la Cámara y ahora está en el Senado, es una de las mayores apuestas del Gobierno de Lula para dar un nuevo impulso a la economía. Parlamentarios de la oposición, como el senador Carlos Portinho (PL-RJ), afirmaron que presionarán a Pacheco diariamente para que responda al pedido de juicio político. «El presidente debe convocar a la Mesa Directora para deliberar», dijo Portinho.
Otra estrategia de presión involucra «manifestaciones populares en el bastión electoral de Pacheco, Minas Gerais«. Después del acto del 7 de septiembre en la Avenida Paulista, los líderes de la oposición planean nuevas movilizaciones en territorio minero, con el objetivo de aumentar la presión sobre el senador. Sin embargo, el avance del juicio político dependerá de la capacidad de la oposición para movilizar al Senado y aumentar el desgaste político de Pacheco.
Analistas políticos creen que la oposición podría haber encontrado un punto débil en Pacheco al condicionar la aprobación de la reforma tributaria al avance del juicio político a Moraes. Según el especialista Marcus Deois, de la consultora política Ética, «si el presidente quiere aprobar el proyecto este año, necesitará negociar más».
Sin embargo, otros analistas, como el profesor Antônio Flávio Testa, son escépticos sobre las posibilidades reales de que prospere el juicio político, ya que el Ejecutivo, aliado con el Poder Judicial, «no escatimará esfuerzos para impedir el proceso».
El pedido de juicio político a Alexandre de Moraes refleja el clima de insatisfacción con lo que la oposición considera un uso político de la Justicia y el avance de la censura en Brasil. La aceptación del pedido depende de una compleja articulación política en el Senado, pero la oposición ya ha demostrado que no pretende retroceder fácilmente, utilizando estrategias como la obstrucción de agendas y la presión popular. Si el proceso avanza, sería la primera vez que un ministro del STF enfrenta un juicio de esta naturaleza, lo que podría marcar un nuevo capítulo en las relaciones entre los poderes en Brasil.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha insistido este jueves en la existencia de un supuesto plan para derrocarle en tres meses tan sólo unos días después de haber pedido una movilización popular frente a un «golpe de Estado» respecto al que ya se ha pronunciado en numerosas ocasiones, si bien ha vuelto a insistir en ello de forma reciente.
«La orden ya está dada: en los tres próximos meses asesinar al presidente o tumbarlo«, ha expresado Petro, tras lo que ha insistido en responder con una «revolución», según ha recogido la emisora colombiana W Radio.
Además, ha acusado a diferentes medios de comunicación de manipular sus palabras «para que lo digan lo contrario de lo que diga» e incluso de «silenciarle» como forma de satisfacer al «gran poder económico».
De igual forma ha criticado la decisión del Consejo de Estado colombiano de «despojarle de su fuero» para permitir la investigación «ilegítima» sobre la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial.
«Quieren instalar en la mente de los colombianos la idea de que el presidente violó la ley, pero el presidente no violó la ley», ha añadido. Petro también ha asegurado que este supuesto plan pretende nombrar como mandatario al actual presidente del Senado, Efraín Cepeda.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este jueves las detenciones arbitrarias de niñas, niños y adolescentes por parte de las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, tras su fraude electoral del pasado 28 de julio.
Según la información proporcionada por la organización Foro Penal, al menos 152 adolescentes fueron arrestados, y hasta el 6 de septiembre solo 86 habían sido liberados. Los arrestos se produjeron en el contexto de protestas por la falta de transparencia en los resultados electorales, lo que ha generado preocupación internacional.
En su comunicado, la CIDH subrayó que estos menores fueron privados de su presunción de inocencia y se vulneraron sus garantías judiciales, ya que fueron calificados como “terroristas” y sometidos a condiciones de detención inadecuadas, compartiendo celdas con adultos y, en algunos casos, sin separación por género.
A muchos se les impuso un defensor público sin acceso a un abogado de confianza, y fueron presentados virtualmente ante tribunales en materia de terrorismo, sin la presencia de familiares.
“La CIDH expresa especial preocupación por algunas denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tal es el caso de una adolescente embarazada, que fue sujeta a violencia de género mientras se encontraba bajo custodia del Estado”, denunció la Comisión mediante un comunicado publicado en su página web.
“Agentes le insinuaron que la harían abortar para no tener hijos terroristas. Asimismo, fue obligada a realizar ejercicios físicos y a ponerse en posiciones incómodas y humillantes”, agregó.
El órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también documentó que un menor con autismo permanece privado de su libertad sin acceso a su familia ni a atención médica, mientras que otro niño, presuntamente agredido durante su detención, sufre de parálisis facial debido a los golpes recibidos.
“La CIDH reitera que el derecho de las niñas, niños y adolescentes a participar en los asuntos que les afecta puede ser ejercido de manera colectiva, lo que implica el derecho de ser escuchados como grupo y participar de la vida pública. En este sentido, existe un deber del Estado de especial de protección para asegurar espacios seguros para su participación efectiva. Al mismo tiempo, recuerda la obligación de los Estados de adoptar medidas efectivas para para proteger la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad”, señaló la CIDH en su comunicado.
Subrayó, además, que estos casos exigen una “separación por categorías en los centros de detención, especialmente por edad y género”, así como la obligación de “garantizar condiciones de detención compatibles con la dignidad y el trato humanos”. Además,
La CIDH hizo un llamado a “proporcionar servicios de salud oportunos, adecuados y especializados” y reiteró la “prohibición absoluta de toda forma de tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
En el comunicado, la CIDH también condenó la persecución política en Venezuela y sus impactos en niñas, niños y adolescentes que ejercen su derecho a manifestarse y participar en protestas sociales.
“En Venezuela no existe separación ni independencia de los poderes públicos, lo que se evidencia en la falta de control judicial efectivo sobre las detenciones arbitrarias y las condiciones de detención. Es urgente que el Estado venezolano adopte medidas para reestablecer un orden democrático comprometido con prevenir, investigar, juzgar y sancionar estas violaciones de derechos humanos”, señaló la Comisión.
El organismo denunció en días pasados un aumento de la represión en Venezuela posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuestionadas por gran parte de la comunidad internacional.
La presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, presentó un informe ante un Consejo Permanente de la OEA celebrado en la ciudad de Washington sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño.
Esta reunión fue convocada a petición de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay.
Clarke denunció en ese informe que la represión ocurrida después de los comicios presidenciales, en los que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por las autoridades electorales, “refleja patrones ya observados por la CIDH en las protestas de 2014 y 2017?.
La CIDH dijo haber observado “uso arbitrario de la fuerza” que ha causado al menos 23 muertos y decenas de heridos, así como detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas, con el arresto de más de 1.600 personas, entre ellas un centenar de menores de edad.
El Grupo del Partido Popular Europeo en la Eurocámara insta a los Estados miembros de la Unión Europea a que reconozcan a Edmundo González Urrutia como presidente “legítimo y democráticamente elegido de Venezuela” y que hagan “todo lo posible” para que pueda asumir el cargo el 10 de enero de 2025.
El grupo que preside el alemán Manfred Weber pide también en una propuesta de resolución sobre Venezuela, registrada hoy y a la que tuvo acceso EFE, a “la UE y a sus Estados miembros que soliciten una orden de arresto internacional contra Nicolás Maduro por crímenes contra la humanidad por todas las graves violaciones de los derechos humanos que cometió”.
Al mismo tiempo, pide que se le apliquen sanciones específicas a Maduro y su círculo íntimo, sus familias y todos los responsables de violaciones de los derechos humanos en el país.
La Eurocámara debatirá el martes sobre la crisis en Venezuela tras solicitarlo los grupos del Partido Popular Europeo (PPE), Socialistas y Demócratas (S&D), Patriotas y Renovar Europa, indicaron a EFE fuentes parlamentarias, y se votará una resolución al respecto el jueves.
Los diferentes grupos políticos en el Parlamento Europeo preparan sus aportaciones al debate y la resolución que votarán en sesión plenaria la semana que viene sobre la crisis política en Venezuela, con discrepancias sobre el reconocimiento del candidato opositor en las últimas elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia.
En su propuesta, el Grupo PPE reconoce a González Urrutia como presidente “legítimo y democráticamente” elegido de Venezuela; reconoce también a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela, ya que “fue elegida en las primarias de la Plataforma Unitaria en 2023 con el 92,35 % de los votos”.
Por ello, insta “a todos los Estados miembros de la UE a que reconozcan a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela”.
Y pide “a la UE y a sus Estados miembros que hagan todo lo posible para garantizar que el presidente legítimo y democráticamente elegido pueda asumir el cargo el 10 de enero de 2025, de conformidad con la Constitución venezolana”.
Igualmente, “condena enérgicamente y rechaza plenamente el fraude electoral orquestado por el CNE controlado por el régimen, que se negó a hacer público el resultado oficial a través del acta de cada mesa de votación a pesar de los reiterados llamamientos de la comunidad internacional”.
Paralelamente, la propuesta del Grupo PPE apoya plenamente las investigaciones de la Corte Penal Internacional y de la Misión Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los “amplios crímenes y actos de represión del régimen venezolano” y solicita a la UE que apoye las investigaciones, que se están considerando actualmente en virtud del Estatuto de Roma, sobre los presuntos crímenes contra la humanidad, a fin de que los responsables rindan cuentas.
En este contexto, “pide a la UE y a sus Estados miembros que soliciten una orden de arresto internacional contra Nicolás Maduro por crímenes contra la humanidad por todas las graves violaciones de los derechos humanos que cometió”.
La propuesta condena “en los términos más enérgicos posibles los asesinatos, hostigamientos, violaciones y detenciones contra la oposición democrática al régimen y el pueblo venezolano; exige la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas política y arbitrariamente, en particular los menores de edad”.
Tras recordar que en mayo de 2024, la UE levantó las sanciones como gesto de buena voluntad contra los miembros del CNE, los populares europeos subrayan que esta acción “no produjo ningún efecto positivo” y piden que se restablezcan.
Finalmente, insta a los actores regionales a que ejerzan toda la presión posible sobre el régimen de Maduro y su círculo íntimo para que acepten la voluntad democrática del pueblo venezolano y reconozcan también a González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela.
El Grupo del PPE en la Eurocámara está convencido de que, si no se produce una transferencia pacífica del poder y el restablecimiento de la democracia el 10 de enero de 2025, se producirá un nuevo éxodo migratorio hacia los demás países de la región, similar al que ha llevado a cerca de 8 millones de venezolanos a huir del país en los últimos años.
María Corina Machado agradeció al casi medio centenar de países que este jueves presionaron al régimen de Nicolás Maduro ante las Naciones Unidas por el fraude electoral de julio y aseguró que este paso representa “un gran logro” en su lucha por la libertad del país.
“Esta declaración desde la ONU por parte de 49 países junto a la Unión Europea, en respaldo a la soberanía popular de los venezolanos, ejercida el 28 de julio, es un gran logro, una victoria más en el camino a la transición democrática en Venezuela”, comenzó escribiendo la líder opositora en sus redes sociales. “Todo el mundo sabe que Edmundo González Urrutia es el Presidente Electo de Venezuela y deberá ser juramentado el 10 de enero por mandato constitucional”, agregó a continuación, ratificando una vez más el resultado expuesto por el 83,5% de las actas que recopilaron.
“Sabemos cuales son los retos y amenazas que enfrentamos y, por eso, los venezolanos estamos más unidos y decididos que nunca a luchar hasta el final”, concluyó en línea con su promesa de esta semana de no bajar los brazos, luego del exilio a España al que se vio obligado el ex diplomático este fin de semana por la brutal persecución del oficialismo.
Estados Unidos y la Unión Europea encabezaron este jueves una solicitud ante la ONU en la que se exigió a las autoridades venezolanas que difundan los datos oficiales de los comicios de julio, a un mes y medio de su celebración.
El documento insta “al Consejo Nacional Electoral (CNE) a que publique inmediatamente los resultados de la votación de la elección presidencial de todos los colegios electorales y permitan la verificación imparcial de los resultados por observadores independientes en aras de la credibilidad, la legitimidad y la transparencia del proceso electoral”. A su vez, las partes firmantes llamaron al oficialismo y la oposición a “llevar a cabo negociaciones constructivas e inclusivas para resolver este impasse electoral y restaurar, pacíficamente, las normas democráticas (…) y los deseos de los venezolanos”.
Por otro lado, el grupo se hizo eco de las denuncias por violaciones de derechos humanos, arrestos injustificados y violencia desmedida contra la sociedad civil y opositores, manifestaron su “gran preocupación” y pidieron acciones inmediatas para detener las “muertes” y cesar la “negación a garantías judiciales y tácticas de intimidación”.
La declaración, leída por el representante de Panamá ante Naciones Unidas, contó con el apoyo de Australia, Argentina, Canadá, Chile, Bulgaria, Ecuador, España, Francia, Japón, Italia, Marruecos, Paraguay, Portugal, Uruguay, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, entre otros. Sin embargo, ni México, Colombia y Brasil, quienes se posicionaron como los principales mediadores entre las partes enfrentadas, firmaron la iniciativa, como tampoco lo hicieron los aliados de Caracas China, Rusia y estados africanos y árabes, con la excepción de Marruecos.
En las últimas horas, Estados Unidos tomó también la iniciativa propia de sancionar a 16 funcionarios del régimen chavista que “obstruyeron un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela, y violaron los derechos civiles y humanos del pueblo”.
“Hoy, Estados Unidos está tomando medidas decisivas contra Maduro y sus representantes “clave” por su represión del pueblo venezolano y la negación de los derechos de sus ciudadanos a una elección libre y justa”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, antes de presentar la lista completa de alcanzados. “Han arrestado indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles” y “han desplegado una serie de tácticas de intimidación para silenciar a la oposición”, agrega el texto que concluye asegurando que “la Administración Biden-Harris seguirá utilizando sus herramientas para exigir cuentas a Maduro y sus cómplices, y para apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”.
La Casa Blanca estudia suspender la licencia de Chevron que le autoriza extraer petróleo en Venezuela para forzar una mesa de diálogo entre el dictador Nicolás Maduro y la oposición política que permita a Edmundo González Urrutia terminar con su exilio forzado en España y regresar a Caracas para asumir la presidencia el 10 de enero 2025.
Por: Román Lejtman – Infobae
La administración Biden dispuso sanciones legales, financieras y diplomáticas contra toda la nomenclatura del regimen populista, pero esa estrategia para evitar el fraude electoral y la violación constante a los derechos humanos sirvió muy poco.
Las tropas estatales y paraestatales de Maduro torturaron y mataron a decenas de opositores en Venezuela, y el candidato a presidencial González Urrutia debió huir a Madrid por temor a una detención ilegal ordenada por la justicia que responde a la dictadura.
En este contexto, el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el Departamento de Energía de Estados Unidos iniciaron un profundo estudio técnico-político para determinar si la suspensión de la licencia de extracción de petróleo otorgada a Chevron puede servir de palanca para abrir un proceso de negociación que desemboque en la jura de González Urrutia como presidente de Venezuela.
Chevron, Maduro y la oposición venezolana -González Urrutia y María Corina Machado- ya saben que la administración Biden está evaluando suspender la licencia de extracción de petróleo que inició en 2022 y -hasta ahora- se renueva sin obstáculos cada seis meses.
-¿Se está considerando ir más allá de las sanciones individuales y tomar más medidas que afectarían al sector petrolero de Venezuela? Por ejemplo, ¿se está considerando agregar restricciones a la licencia de Chevon o de otras compañías extranjeras que ya operan allí?-, se preguntó ayer en la Casa Blanca.
–Estamos monitoreando constantemente y muy de cerca los acontecimientos políticos y económicos en Venezuela, y estamos comprometidos a calibrar nuestra política de sanciones de manera apropiada en respuesta tanto a los eventos en el terreno como a los intereses nacionales estadounidenses más amplios-, contestó un vocero clave de la administración Biden.
Esta respuesta alambicada encierra una lógica de poder que busca compensar la agenda electoral de Khamala Harris, la estrategia económica-financiera de Chevron y las necesidades políticas de la oposición venezolana.
Biden no tomará ninguna medida que pueda complicar la campaña de Harris. La suspensión de la licencia de Chevron eventualmente podría hacer subir los precios de los combustibles por la eventual caída de la oferta. Y en DC todavía se recuerda que Jimmy Carter perdió la reelección frente a Ronald Reagan por el aumento de la nafta y la crisis de los rehenes.
Los directivos de Chevron ya visitaron el Ala Oeste de la Casa y argumentaron que la suspensión de la licencia puede causar desabastecimiento, incremento de los precios por galón y una nueva ola de inmigración ilegal como consecuencia de la caída de ingresos en la compleja economía venezolana.
Mike Wirth, director ejecutivo de Chevron, completó los argumentos de la empresa estadounidense durante una conferencia telefónica que protagonizó a comienzos de agosto. “Estamos allí (Venezuela) para ayudar a desarrollar la economía, apoyar a la gente, crear empleos y no involucrarnos en la política, que puede oscilar en cualquier país de un partido a otro”
.Y remató: “No tenemos un papel en la selección de gobiernos. Somos un actor comercial, no un actor político”.
El Consejo Nacional de Seguridad y el Departamento de Estado tienen suficiente evidencia para responder a los argumentos del staff de Chevron que desembarcó en la Casa Blanca para sugerir que una eventual suspensión de la licencia puede causar un caos en la oferta energética.
La empresa petrolera produce cerca de 200.000 barriles por día, una cifra que no impacta en el mercado global si finalmente Chevron ya no puede extraer en Venezuela. Y respecto a los precios del barril, es poco probable que se disparen los precios en Estados Unidos ante la caída de la demanda.
En cambio, la suspensión de la licencia puede causar conmoción económica y política en la dictadura venezolana. Los 200.000 barriles por día implican el 20 por ciento de las exportaciones nacionales de crudo, y cerca de un 30 por ciento de los ingresos petroleros del regimen populista.
“El régimen de Maduro se aferra al poder utilizando los ingresos petroleros que dependen de la intervención de Estados Unidos”, señaló el senador demócrata Dick Durbin, líder de la mayoría en la Cámara alta.
“El mensaje debe enviarse alto y claro: Estados Unidos no hará más negocios con la dictadura de Maduro”, sostuvo la representante republicana María Elvira Salazar, al presentar un proyecto de ley para evitar que empresas de Estados Unidos hagan negocios con la dictadura de Maduro.
Pese a la campaña presidencial que enfrenta a Harris con Trump, senadores y diputados de ambos partidos coinciden en la necesidad de aplicar sanciones económicas al regimen populista. Se trata de asfixiar a la dictadura para que acepte una mesa de negociación con González Urrutia y María Corina Machado.
La Casa Blanca comparte la estrategia parlamentaria. Pero tomará su tiempo para decidir.
Maduro asume el 10 enero.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció en un comunicado que el Departamento del Tesoro restringirá el visado de casi dos mil personas por ayudar a Nicolás Maduro a socavar la democracia en Venezuela.
La notificación de Blinken surge minutos después de que la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés) incluyera al menos a 16 altos funcionarios del chavismo, incluida una rectora electoral y una magistrada, por su relación con la manipulación de resultados de los comicios presidenciales y la subsiguiente represión en las calles.
A continuación, el comunicado íntegro:
“Estados Unidos está tomando medidas hoy para promover la rendición de cuentas de Nicolás Maduro y sus representantes por obstruir una elección presidencial competitiva e inclusiva en Venezuela y abusar de los derechos humanos del pueblo venezolano. En lugar de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes han reclamado falsamente la victoria mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza.
El Departamento del Tesoro está imponiendo sanciones a 16 personas afiliadas a Maduro, incluidos líderes del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional afiliada a Maduro. Estos funcionarios impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado está tomando medidas para imponer nuevas restricciones de visado en virtud de la Proclamación Presidencial 9931 a funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y son responsables de actos de represión.
Incluyendo las acciones de hoy, el Tesoro ha sancionado a más de 140 funcionarios venezolanos actuales o anteriores por contribuir a la situación en el país. Hasta la fecha, el Departamento de Estado ha identificado a casi 2.000 personas como potencialmente sujetas a restricciones de visa bajo diversas autoridades por su papel en el socavamiento de la democracia, la participación en corrupción significativa o la violación de los derechos humanos del pueblo venezolano.
Estados Unidos continuará promoviendo la rendición de cuentas por aquellos que socavan la democracia en Venezuela.”
El 12 de septiembre se celebra el Día Internacional de Acción contra la Migraña, para concienciar a la población sobre esta patología incapacitante que afecta a miles de personas en el mundo, caracterizado por dolores de cabeza y cefaleas.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se cataloga a la migraña entre una de las veinte enfermedades más incapacitantes en todo el mundo.
¿Qué es la migraña?
La migraña es una patología que puede ser hereditaria, caracterizada por un fuerte dolor pulsante o palpitante en uno de los lados de la cabeza, generalmente acompañado por náuseas y vómitos. Se presenta con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres.
La duración de la migraña puede variar desde unas horas hasta días, dependiendo de cada persona. Pueden repetirse con una frecuencia periódica aproximada de 15 días. Las migrañas pueden hacerse crónicas, por el abuso del uso de fármacos para tratarlas.
Las migrañas ocurren debido a que las células nerviosas del cerebro generan actividad eléctrica intensa, que afecta algunas funciones como la vista, el equilibrio, la coordinación muscular, la sensibilidad y el lenguaje.
El dolor de cabeza se produce debido al estímulo del quinto par craneal (nervio trigémino), liberando sustancias que ocasionan inflamación en los vasos sanguíneos cerebrales y las capas de tejido que cubren el cerebro (meninges).
Algunas de las causas que pueden desencadenar una migraña son las siguientes:
- Cambios en los niveles hormonales, debido al uso de píldoras anticonceptivas o al ciclo menstrual en las mujeres.
- Estrés y ansiedad.
- Modificación de los patrones del sueño.
- Ingesta de alcohol.
- Sensibilidad a ruidos fuertes o luces brillantes.
- No ingerir alguna de las comidas.
- Sensibilidad a olores fuertes.
- Consumo de tabaco.
- Consumo de ciertos alimentos: productos lácteos, chocolate, productos que contengan glutamato monosódico (GMS), frutas cítricas, alimentos procesados, maní, nueces.
Los síntomas más característicos de la migraña son los siguientes, los cuales pueden comenzar a ocurrir en la pubertad:
- Náuseas y vómitos.
- Sensibilidad a la luz y al sonido.
- Dolor punzante en un lado de la cabeza.
- Alteraciones visuales, acompañados por destellos de luz o puntos ciegos.
- Hormigueo en un lado de la cara, un brazo o una pierna.
¿La migraña tiene cura?
La migraña no tiene cura, pero es una patología controlable, mediante la utilización de fármacos prescritos por un médico, tales como analgésicos y betabloqueantes para aliviar el dolor de cabeza y disminuir la intensidad de la migraña.
Igualmente se recomienda la práctica de actividad física relajante como el yoga, ya que combina posturas físicas que estiran y fortalecen los músculos con la respiración profunda, la relajación y la meditación.