La represión en Venezuela ya no se limita a opositores, disidentes, periodistas o activistas de derechos humanos, sino que puede afectar a cualquier ciudadano. Así lo advirtió la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela (MIIDHV)de Naciones Unidas, la cual denunció que luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio la «maquinaria represiva del Estado» se puso en marcha contra todo aquel que cuestionara los resultados de dicho proceso, algo que, a su juicio, ocurrió gracias a la participación activa de instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público (MP).
Acceso a la Justicia
El señalamiento figura en el informe que la instancia presentó el pasado 17 de septiembre al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el cual instó a la comunidad internacional a «mantener activamente el monitoreo sobre la situación de los derechos humanos» en el país.
Esto se lee en el reporte:
«Desde octubre de 2023, se reactivó la maquinaria represiva del Estado y se intensificó su funcionamiento en anticipación al proceso electoral. Una vez conocidos los resultados electorales, la represión no sólo continuó enfocada en acallar a los miembros de la oposición política, sino que se tornó masiva e indiscriminada y se dirigió contra cualquier persona que expresó su rechazo a los resultados electorales anunciados por las autoridades o reclamó transparencia en los mismos, participó de manera activa en las protestas o era considerada sospechosa de haberlo hecho».
Tras considerar «sin precedente» el número de detenciones que se han registrado en Venezuela desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Nicolás Maduro ganador de los comicios presidenciales, sin presentar los resultados electorales como exige la ley, la MIIDHV denunció la actuación de los jueces y fiscales, quienes, según se lee en el informe, «Abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo», se afirma en el informe.
De los tribunales, comenzando por el TSJ, el grupo investigador afirmó que siguieron operando «con falta de independencia y sometidos a las injerencias del Ejecutivo», una situación que permitió la ocurrencia de «violaciones sistemáticas del debido proceso».
En el reporte, la MIIDHV informó que volvió a registrar situaciones de las que ya tuvo constancia en el pasado, como las detenciones de personas sin la debida orden judicial o sin que estuvieran cometiendo un delito en flagrancia. También recibió información de que varios de los detenidos fueron puestos a disposición de los jueces mucho después del plazo de 48 horas fijado por el marco legal, y que no se les permitió contactar a sus familiares ni a estos se les ofreció información sobre su paradero y situación.
Por último, indicó que de los más 1.600 detenidos desde el pasado 29 de julio, según los datos de Foro Penal, solamente tuvo constancia de que a 10 se les permitió designar a un abogado de confianza y no se les impuso un defensor público como al resto. Todas estas irregularidades, así como otras también reportadas por la MIIDHV, se produjeron sin que los jueces tomaran acciones para corregirlas.
La punta de lanza de la opresión
La instancia internacional no solo criticó la actuación de los juzgados, sino también la de los fiscales, a quienes acusó de «dotar de una apariencia de legalidad a las graves violaciones de derechos humanos» ocurridas en el país.
«Tras las protestas, el Fiscal General lideró la acción del Estado que condujo a violaciones de derechos humanos, incluidas las detenciones en masa, al amparo de la narrativa del Ejecutivo de la lucha contra un “golpe de Estado” y el “fascismo”».
La MIIDHV criticó el anuncio de Tarek William Saab de que todos los aprehendidos durante la ola de protestas que estalló tras el anuncio del CNE serían imputados por instigación al odio y terrorismo, por cuanto esto «se hizo sin haber individualizado la responsabilidad por las conductas alegadas».
Como ya denunciamos semanas atrás, esta decisión explica por qué la inmensa mayoría de los detenidos desde el 29 de julio sigue tras las rejas, ya que los delitos que se les achacan tienen unas penas tan elevadas que dificultan otorgarles alguna medida menos gravosa que el encarcelamiento mientras se decide si se les enjuicia o no.
¿Y el habeas corpus?
En septiembre de 2021, el parlamento venezolano aprobó la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal. En su artículo 2 establece la posibilidad de una acción judicial en los siguientes términos:
«Toda persona tiene derecho a ser amparada por los Tribunales en el goce y ejercicio de sus derechos a la libertad y seguridad personal ante cualquier hecho, acto u omisión de los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal, Municipal o de personas naturales y jurídicas, que implique una amenaza grave e inminente o violación a estos derechos.
El ejercicio de la acción de amparo a la libertad y seguridad personal no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales».
Aunque la acción de amparo ya era posible antes de esta ley en Venezuela, sin duda es positivo que se haya hecho una ley especial para el caso de violación a la libertad o seguridad personal, lo que ocurre cuando hay una detención arbitraria.
A pesar de este esfuerzo legislativo, la situación del habeas corpus no ha mejorado a partir de la aprobación de la ley, sino que ha empeorado, en especial a partir de las elecciones del 28 de julio, como lo denunció la MIIDHV en su informe:
«la Misión investigó casos en los que las autoridades judiciales ni siquiera aceptaban recursos de habeas corpus, porque los funcionarios alegaban no tener autorización para aceptar denuncias relacionadas con “guarimbas” (protestas). El riesgo de desintegración del Estado de derecho es muy alto».
Esto significa que no solo se niega lo que ha sido la regla desde hace años, sino que ahora ni los reciben, y lo que importa no es lo que dice la ley y la Constitución, que lo prevé en su artículo 27, sino la orden que proviene desde las altas autoridades.
Otros que también fueron criticados
El rol de la Defensoría del Pueblo fue igualmente cuestionado por la instancia de la ONU, que expresó preocupación por «la falta de acción» del organismo encargado de velar por los derechos humanos de los venezolanos frente a las denuncias de abusos. Esto reportó al respecto:
«La Misión constató diversos casos en los que los familiares y/o abogados de las personas detenidas arbitrariamente y/o desaparecidas presentaron denuncias ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Estas nunca obtuvieron respuesta y, en algunos casos posteriores a la crisis postelectoral, ni siquiera fueron recibidas».
Seguidamente puso la mirada sobre el CNE, cuya actuación en los pasados comicios consideró que no se ajustó a «las medidas básicas de transparencia e integridad». Sobre la Asamblea Nacional (AN) se limitó a decir que siguió aprobando leyes restrictivas del espacio cívico y democrático «sin que medie un debate genuino y democrático», en clara alusión a normas como la cuestionada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines (también conocida como Ley Antisociedad).
El silencio, la gran meta
«Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena». Esto decía Mahatma Gandhi (1869-1948), padre de la resistencia pacífica y líder del movimiento independentista indio. Sin embargo, el silencio parece ser el objetivo que persiguen las autoridades venezolanas, de acuerdo con la MIIDHV.
«Las autoridades llevaron a cabo, de forma consciente y planificada, acciones encaminadas a desarticular y desmovilizar la oposición política organizada; a inhibir la difusión de información independiente y opiniones críticas al Gobierno, y a impedir la protesta ciudadana pacífica. La brutalidad de la represión sigue generando un clima de miedo generalizado en la población».
Por último, insistieron en que lo ocurrido en el país no son hechos aislados o casos excepcionales de abusos cometidos por individualidades, sino que forman parte de «un plan coordinado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al Gobierno del presidente Maduro».
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El último informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela expone al mundo la evidente falta de voluntad de las autoridades para restablecer el Estado de derecho y el régimen democrático en Venezuela. En el reporte se deja en claro que los poderes públicos, comenzando por el Judicial, están completamente cooptados y alineados con los intereses del Gobierno, una situación que pone a los ciudadanos en total indefensión frente al Estado.
El documento es otra prueba de la importancia de la supervisión internacional, pues, aunque las autoridades lo rechazaron «de manera categórica» mediante un comunicado de la Cancillería, lo cierto es que fue producto de un arduo trabajo que incluyó entrevistas con 383 personas (203 hombres y 180 mujeres) y la consulta de decenas de expedientes judiciales y otras fuentes documentales y audiovisuales, mientras que para referirse a los sucesos ocurridos tras las elecciones los miembros de la instancia estudiaron más de 1.000 evidencias, incluidos testimonios, videos, audios, fotografías, documentos, denuncias, informes de organizaciones defensoras de derechos humanos y noticias, provenientes tanto de fuentes abiertas como confidenciales.
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Lula da Silva (REUTERS/Mike Segar)