La declaración conjunta de expresidentes y destacados líderes del Grupo Libertad y Democracia respaldó este 25 de agosto la decisión de Estados Unidos -a las que se sumaron Ecuador y Paraguay– de declarar como organizaciones terroristas al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua, dos estructuras vinculadas con delitos transnacionales en la región. La medida fue celebrada por figuras políticas de alto nivel del continente, quienes destacaron el alcance hemisférico de las amenazas representadas por ambos grupos.

Infobae

El grupo de exmandatarios expresó: “Los expresidentes y miembros del Grupo Libertad y Democracia celebramos la designación del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua como organizaciones terroristas. Su entramado criminal amenaza la seguridad hemisférica, respalda dictaduras y atenta contra la democracia. Respaldamos a Estados Unidos y a la comunidad internacional en las acciones que se adelanten para someter a sus cabecillas”.

Según detalla la declaración difundida por el Grupo Libertad y Democracia, la denominación de estos grupos como organizaciones terroristas busca frenar su influencia en el crimen organizado regional. El comunicado, al que accedió Infobae, advierte que estos grupos “utilizan el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y los vínculos con distintas dictaduras” para fortalecer su estructura.

La declaración enfatiza: “El Cartel de los Soles ha tejido su red criminal desde las más altas esferas de la Fuerza Pública de Venezuela, mientras que el Tren de Aragua ha expandido su estructura fuera del territorio venezolano”.

“Estas estructuras son los máximos narcotraficantes de la región, financiando sus operaciones criminales y terroristas a través del tráfico internacional de drogas, la trata de personas, la minería ilegal y diversas economías ilícitas que alimentan la violencia, la corrupción y la desestabilidad institucional”, señala el texto.

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El texto cobra especial importancia al tomar distancia crítica frente a gobiernos de la región. Según la agrupación, existe preocupación por la relación de estos grupos con estados que enfrentan cuestionamientos internacionales por su política interna, en referencia directa al régimen venezolano. Además, la declaración destaca: “Manifestamos nuestra solidaridad con las naciones democráticas de la región, víctimas de la acción de estos conglomerados terroristas”.

Entre quienes firmaron figuran los expresidentes Iván Duque (Colombia), Guillermo Lasso (Ecuador), Jorge Quiroga (Bolivia), Vicente Fox (México), Laura Chinchilla (Costa Rica), Mauricio Macri (Argentina), Jorge Quiroga (Bolivia), Mariano Rajoy (España), Jeanine Añez (Bolivia), Rafael Calderón (Costa Rica), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jamil Mahuad (Ecuador), Mireya Moscoso (Panamá), Juan Guaidó (Venezuela), Luis Fortuño (gobernador de Puerto Rico) y Mario Abdo Benítez (Paraguay).

El comunicado también incluyó una mención a la resistencia democrática venezolana, con expreso reconocimiento a la labor de María Corina Machado y Edmundo González, figuras de la oposición. “Reiteramos, además, nuestro reconocimiento a la resistencia democrática encabezada por María Corina Machado, cuya valentía ha abierto camino a la victoria democrática de Edmundo González, símbolo de la esperanza del pueblo venezolano para recuperar su libertad”.

“El Grupo Libertad y Democracia reafirma su compromiso de seguir alzando su voz por el respeto de los derechos humanos, la soberanía, la seguridad y la dignidad de nuestros pueblos”, concluye el documento.

Presión regional

En las últimas semanas, además de la designación de la Casa Blanca, también Paraguay y Ecuador declararon al Cartel de los Soles de Maduro como organización terrorista.

El presidente paraguayo Santiago Peña firmó el decreto número 4465 que señala: “Desígnase a la organización delictiva transnacional denominada ‘Cartel de los Soles’ como organización terrorista internacional. Refréndese el Ministerio de Relaciones Exteriores“.

El Senado de Paraguay fue el primero que solicitó una medida urgente referida al grupo narco chavista. El tratamiento se aprobó por pedido del legislador Alfonso Noria de la bancada Honor Colorado (HC) quien remarcó los riesgos para el país como consecuencia del flujo financiero, del lavado de activos y la infiltración de redes criminales fronteras adentro.

Días antes, fue el presidente ecuatoriano Daniel Noboaquien había seguido a Washington. Además, ordenó alCentro Nacional de Inteligencia(CNI) investigar sus posibles vínculos conbandas criminalesque operan en el país. La disposición se formalizó mediante un decreto ejecutivo y forma parte del estado de “conflicto armado interno” que el mandatario mantiene desde inicios de 2024.

La Armada y la Policía de Ecuador, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, incautaron 10,3 toneladas de cocaína y detuvieron a 18 personas durante una serie de operaciones realizadas en altamar.

Infobae

Los cargamentos, junto con los detenidos, llegaron este domingo al puerto de Manta a bordo del buque estadounidense USCGC Seneca, donde fueron entregados a la Policía Nacional para su procesamiento.

Las Fuerzas Armadas detallaron que las acciones conjuntas se desplegaron en siete operativos. El Ministerio del Interior precisó que, además de la droga, se destruyeron seis embarcaciones utilizadas por las redes criminales para transportar los bloques de cocaína. Los 18 detenidos son de nacionalidad ecuatoriana, y según fuentes policiales, al menos uno de ellos tenía antecedentes penales.

El coronel Wladimir Acurio, jefe policial de la provincia de Manabí, sostuvo que el valor de la droga en el mercado internacional superaría los 60 millones de dólares. “Estamos hablando de un golpe contundente a las organizaciones criminales”, afirmó, al tiempo que detalló que también se confiscaron dispositivos tecnológicos como GPS y teléfonos satelitales, herramientas esenciales para la navegación y la comunicación en mar abierto.

Este decomiso se suma a otras incautaciones recientes. A mediados de julio, también en operaciones coordinadas con Estados Unidos, llegaron a Manta 14 toneladas de cocaína incautadas frente a las costas ecuatorianas. Según datos oficiales, en el primer semestre del año ya se habían interceptado unas 105 toneladas de droga, en su mayoría cocaína. El Ministerio del Interior ha calculado que, en términos económicos, las incautaciones realizadas en lo que va de 2025 representan pérdidas de más de 2.000 millones de dólares para las mafias internacionales.

Ecuador se ha convertido en los últimos años en un punto clave para el tránsito de la cocaína producida en Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales. La ubicación estratégica del país, con una extensa costa sobre el Pacífico, puertos de gran capacidad como el de Guayaquil y un sistema económico dolarizado, lo han transformado en una plataforma atractiva para el tráfico dirigido principalmente a Europa y Norteamérica. De acuerdo con Insight Crime, solo en enero de 2024 Ecuador decomisó 22 toneladas, el mayor registro mensual de ese año en toda la región, y cerró el período con más de 250 toneladas interceptadas.

El país se ubica ya como el tercero del mundo en volumen de droga incautada, detrás de Colombia y Estados Unidos, con un promedio de 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de casi 300 toneladas en 2024.

Los decomisos en puertos son particularmente significativos. En Guayaquil, que concentra cerca del 70 por ciento de la carga de exportación del país, se han hallado grandes alijos escondidos en contenedores de productos legales como banano, camarón o atún.

La cooperación con la Guardia Costera de Estados Unidos ha sido clave en estas operaciones. Un funcionario estadounidense señaló que los resultados demuestran el trabajo conjunto de ambos países para combatir el narcotráfico, según informó Ecuavisa.

El desafío, sin embargo, trasciende la dimensión marítima. Ecuador enfrenta también una escalada de violencia vinculada al crimen organizado, que busca disputar territorios, puertos y rutas logísticas. En los últimos años, las autoridades han denunciado la infiltración del narcotráfico en instituciones públicas y privadas, y han reforzado los controles en terminales portuarias y aeroportuarias con escáneres y tecnología de rayos X.

La magnitud del problema no deja margen para la complacencia. Aunque Ecuador no produce coca a gran escala —los cultivos son marginales y no representan un factor determinante—, se ha convertido en un punto de tránsito esencial para el tráfico global. Según Naciones Unidas, más del 60 por ciento de la cocaína que llega a Europa occidental pasa por Ecuador en algún punto de la cadena.

Por otra parte, entre enero y julio de 2025, Ecuador sufrió un alarmante aumento de homicidios: fueron registrados 5.268 asesinatos, lo que representa un incremento del 40,36 % respecto al mismo periodo de 2024 (3.753 víctimas), marcando el semestre más violento de la última década. La mayoría de las víctimas tenían entre 25 y 34 años y los asesinatos se cometieron con armas de fuego. Incluso con medidas como despliegues militares y reformas legales más estrictas, la violencia se ha disparado, atribuyéndose en buena parte a disputas territoriales entre bandas criminales por rutas de narcotráfico.

La llegada de buques de guerra de Estados Unidos a las costas de Venezuela, en el marco del escuadrón anfibio ordenado por el presidente Donald Trump, hace parte de una poderosa ofensiva para enfrentar, según dijo, las amenazas de seguridad provenientes de la región, en particular las operaciones de los carteles latinoamericanos que se nutren de la producción cocalera colombiana, sumado a las redes que controlan rutas transnacionales del tráfico de droga.

El Tiempo

El país mantiene en la actualidad más de 230 mil hectáreas de hoja de coca distribuidas en 15 enclaves cocaleros, una extensión que constituye la base productiva del narcotráfico en el país y de la región. Estos territorios se han convertido en el principal motor económico de los grupos armados organizados, que disputan con violencia el control de corredores estratégicos, configurando escenarios de confrontación y dominio territorial en distintas regiones.

EL TIEMPO conoció en exclusiva un informe de inteligencia que describe con precisión cómo se ha configurado una red multinacional de narcotráfico en el continente a la que EE. UU. busca desmantelar.

La articulación, según el documento, se da entre carteles internacionales, Grupos Armados Organizados (GAO) en Colombia, y las organizaciones transnacionales (DTO).

De acuerdo con la información, los carteles mexicanos, venezolanos y brasileños delinquen de manera coordinada en al menos once países, lo que ha expandido de forma significativa el alcance de las economías ilegales en la región.

Los principales grupos

En el plano de los principales actores, el informe menciona al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, además del Cartel de los Soles en Venezuela, a quien Estados Unidos señala a Nicolás Maduro de ser su principal cabecilla y por quien ofrece 50 millones de dólares por su cabeza.

Estas organizaciones sostienen conexiones activas con grupos colombianos y participan en operaciones conjuntas que se extienden hacia Ecuador, Panamá, Perú, Honduras, República Dominicana, México, Chile, Costa Rica y Estados Unidos.

La red no se limita a México y Venezuela. Brasil aparece con estructuras como la Familia do Norte, el Primer Comando da Capital y el Comando Vermelho, cuyos líderes —José Roberto Fernández, alias Ze Roberto; Marcos Williams Herbas Camacho, alias Marcola; y Luiz Fernando da Costa, alias Fernandinho Beira-Mar— se relacionan directamente con las rutas que controlan los carteles mexicanos. Estos vínculos fortalecen el esquema de distribución hacia el Cono Sur y consolidan las conexiones con mercados en Norteamérica y Europa.

De acuerdo con el informe, Venezuela, con el Cartel de los Soles, figura como un gran articulador de las organizaciones transnacionales con los grupos armados, grupos de disidentes de las Farc, grupos delincuenciales de todo el continente.

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En varios casos abiertos en tribunales de Estados Unidos, algunos de ellos iniciados hace más de una década, la Fiscalía ha descrito a Nicolás Maduro no solo como jefe de Estado, sino como cabecilla de un entramado criminal que funciona como un cártel.

Por: David Alandete – ABC

Muchos de estos procesos quedaron paralizados durante la Administración de Joe Biden, cuando se optó por no impulsar las causas más sensibles contra dirigentes del chavismo, en paralelo con intentos de negociación política. Sin embargo, ahora han sido retomados por la Fiscalía y, en esa reapertura, se detalla cómo Maduro dirigió una organización que los fiscales equiparan a una empresa criminal: un sistema en el que altos funcionarios, compañías estatales y estructuras militares operaron de forma coordinada para traficar drogas, lavar dinero y ejercer el poder mediante la violencia y la corrupción.

El expediente más reciente, en Florida, fue registrado el 14 de agosto en Miami. Los demandantes -familias Kenemore y Marval, junto con Jason Saad- presentaron su escrito inicial en el que exigen compensaciones al amparo de la Ley Antiterrorista Federal y la Ley Antiterrorista de Florida. La demanda detalla que los demandantes, canjeados con mediación del Gobierno estadounidense por Alex Saab, fueron capturados por la dictadura entre 2020 y 2023, tras la captura de Saab en Cabo Verde y su posterior extradición a Miami, y que las víctimas estuvieron privadas de libertad durante períodos que van de los 123 a los 643 días. Saab, considerado testaferro de Maduro, contó con representación del juez inhabilitado español Baltasar Garzón.

El documento fue admitido en el registro del tribunal el mismo día de su presentación, y desde entonces se encuentra en trámite con la petición de que se reconozca la responsabilidad de Maduro, el cártel de los Soles, PDVSA y otros altos funcionarios venezolanos por actos de narcoterrorismo, secuestro y tortura.

Según las distintas demandas y acusaciones que ha revisado ABC, el llamado cártel de los Soles aparece descrito como una organización criminal formada por altos mandos militares y políticos de Venezuela, cuyo nombre proviene de los distintivos con la imagen de un sol que llevan los generales en sus uniformes. En las causas abiertas en Nueva York se le atribuye la coordinación, junto con las FARC, de cargamentos de varias toneladas de cocaína destinados a Estados Unidos, utilizando para ello el territorio venezolano, aeropuertos, puertos y rutas seguras controladas por el Estado. La Fiscalía sostiene que Nicolás Maduro ascendió en esa estructura hasta convertirse en su jefe, y por ello fue acusado en 2020 de narcoterrorismo y conspiración para importar drogas.

En paralelo, las demandas más recientes en Florida apuntan al mismo entramado, pero añaden un capítulo distinto: el uso del secuestro y la tortura de rehenes como táctica de presión contra Washington. En ellas se acusa a Maduro y a sus principales colaboradores de dirigir una red en la que también participan PDVSA y su filial CVP, utilizadas como instrumentos de lavado de dinero y financiación del cartel.

Doble frente judicial

De esta manera, Maduro se enfrenta en Estados Unidos a un doble frente judicial: en Nueva York, un macroproceso penal abierto por la Fiscalía, que lo persigue como jefe del cártel de los Soles responsable de inundar de droga el mercado estadounidense; y en Florida, una demanda en la que víctimas directas lo responsabilizan por secuestros y torturas. Ambos procedimientos convergen en la misma idea: que el Estado venezolano, bajo el mando de Maduro, se convirtió en el sostén de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la corrupción y el terrorismo.

Según las acusaciones judiciales y la posición oficial de Washington, Maduro no solo dirige el cártel de los Soles sino que también ha utilizado a otras organizaciones criminales para proyectar poder hacia Estados Unidos. La Casa Blanca lo ha señalado de instrumentalizar al Tren de Aragua, la mayor banda criminal surgida en Venezuela, para inundar el territorio estadounidense de delincuentes y ampliar así la presión del crimen organizado. Esa calificación ha llevado a que tanto el cártel de los Soles como el Tren de Aragua hayan sido incluidos en la lista de organizaciones terroristas globales, lo que habilita al Ejecutivo a movilizar al Ejército en operaciones de seguridad nacional. El cártel que comanda Maduro fue incluido por el Tesoro en esa lista el 25 de julio.

Destructores al Caribe

Este giro coincide con el despliegue inédito de tres destructores Aegis frente a la costa venezolana, autorizado este agosto por Trump. Se trata de la primera demostración de fuerza de este tipo en el Caribe desde 2020, y responde a la estrategia de considerar el narcotráfico y las redes criminales venezolanas como amenazas terroristas. La medida marca un cambio respecto al primer mes del regreso de Trump, cuando aún se tanteaba una negociación con la dictadura, y refuerza la ofensiva judicial y militar contra Maduro.

En las causas abiertas en Estados Unidos, el cártel de los Soles no se presenta como un grupo abstracto, sino como una red concreta de jerarcas venezolanos a los que se atribuye haber convertido al Estado en una maquinaria criminal. Junto a Maduro, los fiscales y demandantes destacan a Diosdado Cabello, considerado uno de los jefes operativos del cartel, con capacidad de articular los envíos de droga y de garantizar protección política y militar a las FARC y a otros socios internacionales. Cabello, sancionado por el Departamento del Tesoro, fue acusado en la misma causa de narcoterrorismo en Nueva York y es descrito en informes de inteligencia como pieza central en la distribución de cocaína hacia Estados Unidos.

También figuran de manera destacada los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, ambos en posiciones de poder dentro del régimen; ella, como vicepresidenta. Según las demandas de Florida, los Rodríguez habrían usado sus cargos para facilitar operaciones de lavado de dinero y blindar institucionalmente a Maduro y al cártel. En la acusación se subraya que su papel no se limita al plano político, sino que han sido claves en mantener la estructura financiera y diplomática que permite al cártel de los Soles operar como una empresa criminal transnacional, combinando recursos estatales, redes de corrupción y apoyo a organizaciones armadas ilegales, eso además de ganarse el apoyo de mediadores internacionales como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

En la causa en Nueva York, el exjefe de Inteligencia militar Hugo ‘el Pollo’ Carvajal se declaró culpable en Estados Unidos de haber colaborado con las FARC y facilitado el tráfico de cocaína, admitiendo su papel en el cártel de los Soles. El general Clíver Alcalá Cordones también aceptó cargos por apoyar con armas y logística a esa red criminal, lo que refuerza la acusación de que la cúpula chavista convirtió al Estado en parte de un cártel transnacional.

Tareck El Aissami, exvicepresidente ejecutivo de Venezuela y exministro de Petróleo, aparece señalado en expedientes de EE.UU. como parte del cártel de los Soles. Fue sancionado en 2017 por narcotráfico, acusado de usar PDVSA para facilitar rutas y lavado de dinero en beneficio de Maduro y sus aliados, y arrestado después por la Fiscalía venezolana por traición, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.