El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, anunció este martes una intensificación de la vigilancia sobre importaciones chinas, con especial foco en productos como acero, cobre y litio, para aplicar restricciones vinculadas a los abusos de derechos humanos de los uigures en China, según declaraciones oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicadas en la red social X.
También se añadieron productos como la soda cáustica y los dátiles rojos a la lista de materiales sometidos a mayor escrutinio en virtud de la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur.
“El uso de mano de obra esclava es repulsivo y haremos que las empresas chinas rindan cuentas por los abusos y eliminaremos las amenazas que sus prácticas de trabajo forzoso suponen para nuestra prosperidad”, señaló la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, en su canal oficial. Las restricciones se fundamentan en la ley estadounidense que prohíbe la entrada de productos relacionados con el trabajo forzoso, calificando la situación en Xinjiang como violaciones de derechos humanos y genocidio.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el régimen de Beijing ha instalado sistemas de detención y campos de internamiento donde miles de uigures y otras minorías musulmanas estarían siendo obligados a trabajar en condiciones de alta vigilancia y escasa transparencia. Beijing ha rechazado de manera reiterada las acusaciones, alegando que los programas laborales en la región autónoma de Xinjiang buscan combatir la pobreza estructural y proporcionar desarrollo económico a su población.
Distintos grupos de derechos humanos, así como nuevas investigaciones de organizaciones internacionales y medios como The New York Times, The Bureau of Investigative Journalism y Der Spiegel, han reforzado las denuncias con documentación sobre el traslado forzoso de trabajadores uigures a fábricas distribuidas por todo el país. Según estos reportes, el régimen chino implementó un sistema que desplaza a miles de personas fuera de Xinjiang, en un esfuerzo por dificultar el control internacional de las cadenas de suministro, permitiendo eludir restricciones impuestas por EEUU y otros socios occidentales.
La Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur, instaurada en 2021, prohíbe la importación de productos desde Xinjiang salvo demostración fehaciente de ausencia de trabajo forzoso. Sin embargo, la extensión de los desplazamientos de trabajadores uigures a otras provincias complica la labor de detección por parte de auditores y agentes de aduanas. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio -impulsor de la normativa- advirtió que es necesario “cerrar las brechas legales que permiten que prácticas laborales deshonestas pasen desapercibidas”.
La Unión Europea ha adoptado medidas similares, con normativas que se espera entren en vigor en 2027. La nueva investigación expone que más de 100 compañías internacionales estarían adquiriendo productos fabricados al menos en parte por uigures sometidos a estos programas de transferencia laboral.
La situación ha puesto en alerta a multinacionales debido al riesgo de incautación de mercancía en puertos estadounidenses si se confirma su origen vinculado al trabajo forzoso. Documentos, publicaciones oficiales y testimonios de personal de seguridad en fábricas permiten rastrear el movimiento de trabajadores desde Xinjiang, frecuentemente bajo estricta vigilancia y con opciones limitadas para rechazar las asignaciones. Activistas insisten en que, pese a que las autoridades chinas presentan los desplazamientos como voluntarios, la mayoría de los afectados carecen de posibilidades reales de decisión y se exponen a represalias si muestran desacuerdo.
Más de 10 millones de uigures siguen afectados por políticas específicas en Xinjiang y todo el territorio chino.
En el plano comercial, la administración Trump renovó la semana pasada una orden ejecutiva para prorrogar 90 días el plazo de entrada en vigor de aranceles a productos procedentes de China, en medio de negociaciones diplomáticas que buscan aliviar la guerra comercial entre ambos países. El Ministerio de Comercio chino acogió la extensión y expresó su deseo de lograr “un resultado positivo basado en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo”. Como parte del enfrentamiento arancelario, EEUU llegó a imponer tributos del 145% a productos chinos, mientras Beijing elevó los suyos al 125% sobre bienes estadounidenses.
Reuniones recientes entre delegaciones en Ginebra, Londres y Estocolmo han derivado en ajustes arancelarios y compromisos de revisión de exportaciones estratégicas, como tierras raras y componentes tecnológicos. Sin embargo, las perspectivas de acuerdo se ven tensadas por posibles sanciones a China por continuar importando petróleo ruso en un contexto de conflicto en Ucrania, y por exigencias de Washington para aumentar las compras de soja estadounidense.
El endurecimiento de restricciones estadounidenses y la posible adopción de medidas similares en Europa anticipan más controles aduaneros y exigencias de transparencia para los principales actores del comercio global, en un escenario de vigilancia internacional sobre el cumplimiento de estándares laborales y de derechos humanos en la economía china.
