Armando Esteban Quito

El país amaneció hoy con la noticia del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, senador de la República y precandidato presidencial, quien murió en la madrugada de este lunes en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras complicaciones derivadas del atentado que sufrió el pasado 7 de junio durante un acto político en la capital.

Por: Dahana Ospina – Infobae

Uribe Turbay, de 38 años, permaneció durante más de dos meses en estado crítico luego de recibir varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, mientras saludaba a simpatizantes en un evento de campaña. Desde entonces, su evolución presentó breves momentos de mejoría, que incluso permitieron el inicio de una fase de neurorehabilitación, pero su salud se deterioró nuevamente en los últimos días debido a una hemorragia en el sistema nervioso central.

El mensaje de su esposa tras la pérdida

La muerte del congresista fue confirmada minutos antes de que su esposa, María Claudia Tarazona, compartiera un emotivo mensaje en redes sociales. En él, publicó una foto junto a su esposo y dedicó unas palabras que resonaron entre sus seguidores:

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

El atentado en Bogotá

El ataque contra Uribe Turbay ocurrió el sábado 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. El senador participaba en un evento de campaña y se dirigía a la multitud cuando un adolescente, camuflado entre los asistentes, le disparó a muy corta distancia. El congresista recibió tres impactos de bala: uno en la pierna y dos en la cabeza. El atentado se produjo mientras hablaba sobre la importancia de la salud mental.

Los presentes actuaron de inmediato. Uribe Turbay fue trasladado primero a la Clínica Medicentro y, ante la gravedad de las heridas, remitido a la Fundación Santa Fe para su atención de emergencia.

Reacciones y rechazo a la violencia política

El asesinato de Uribe Turbay generó respuestas de rechazo en todo el país y reavivó la indignación contra la violencia política. El domingo 15 de junio miles de personas marcharon en distintas ciudades como Cartagena, en silencio, para pedir justicia y manifestar su repudio.

La senadora María Fernanda Cabal expresó: “Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de nuestro compañero y precandidato Miguel Uribe, tras dos meses de valiente lucha por su vida. Mi corazón y mis oraciones están con su familia y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de inmensa tristeza. Colombia pierde hoy a un hombre íntegro, con todas las capacidades y el compromiso para ayudar a construir un mejor país”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lamentó la tragedia: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.

Perfil: la vida de Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay nació en Bogotá el 28 de enero de 1986, en el seno de una familia con larga trayectoria política. Su abuelo materno fue el expresidente Julio César Turbay y su abuelo paterno, Rodrigo Uribe Echavarría, dirigió el Partido Liberal. A los cinco años perdió a su madre, la periodista Diana Turbay, durante una fallida operación de rescate tras su secuestro ordenado por Pablo Escobar.

Se formó en el colegio Los Nogales y estudió Derecho en la Universidad de los Andes, cursando después una maestría en Políticas Públicas. A los 25 años fue elegido concejal de Bogotá, luego ocupó la Secretaría de Gobierno en la alcaldía de Enrique Peñalosa. En las elecciones de 2022 fue el senador más votado del país por el Centro Democrático.

Miguel Uribe Turbay deja a su esposa, María Claudia Tarazona, y a su hijo, Alejandro. Su vida y su carrera quedaron interrumpidas por un acto de violencia, en un hecho que ha vuelto a poner en discusión la seguridad de los líderes políticos en Colombia y la persistencia de la violencia como amenaza a la democracia.

Evolución clínica: dos meses de lucha

Durante más de dos meses, el equipo médico mantuvo a Uribe Turbay bajo estrictos cuidados en la Unidad de Cuidados Intensivos. Los cirujanos realizaron varias intervenciones, ante el daño causado por los disparos, en especial los dos que impactaron el cráneo. Incluso, en las últimas semanas, los médicos habían comenzado el proceso de retirar la sedación.

La situación se agravó durante el fin de semana del 9 de agosto, cuando sufrió una fuerte hemorragia intracraneal. “En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, reportó en su momento la Fundación Santa Fe. El lunes 11 de agosto su fallecimiento fue informado oficialmente.

Autoridades: investigación y detenciones

Las autoridades actuaron con rapidez. El presunto autor material, un joven de 15 años, fue detenido minutos después de los disparos. En videos viralizados se observó al adolescente, quien reconoció haber disparado “por plata” y “por su familia”. Además, la Fiscalía vinculó a otros cinco adultos, sospechosos de participar como coautores y encubridores. Entre ellos fue capturado Elder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’, señalado como supuesto coordinador del crimen.

La organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció una “escalada represiva” del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela tras un ataque a familiares de presos políticos durante una vigilia pacífica en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, según un comunicado publicado este sábado. El hecho, reconocido por la Defensoría del Pueblo, involucró a un grupo de madres, niños, activistas y defensores que participaban en la protesta para exigir justicia y la liberación de los detenidos por motivos políticos.

AFP

De acuerdo con el CLIPP, el martes pasado “fuerzas policiales se retiraron” de los alrededores del TSJ, lo que permitió que “colectivos paramilitares afectos al oficialismo agredieran brutalmente a madres, niños, activistas y defensores” presentes en la vigilia. En su comunicado publicado en la red social X, la organización relató que los manifestantes “fueron reprimidos a golpes, con disparos y bajo insultos de ‘fascistas’ y ‘traidoras de la patria’”, mientras ejercían su derecho a la protesta pacífica.

El CLIPP afirmó que el ataque ocurrió a pesar de la presencia de cámaras de seguridad en las instalaciones del TSJ, cuya directiva no ha emitido ningún pronunciamiento respecto al incidente ni ha “identificado ni procesado” a los responsables de la agresión. La ONG también criticó la falta de postura del Ministerio Público (MP, Fiscalía), lamentando “la ausencia de condena a esta escalada represiva contra víctimas de violaciones de derechos humanos”.

La vigilia, en la que participaron alrededor de 50 familiares de detenidos tras las elecciones de julio de 2024 —en su mayoría madres—, se realizó para reclamar la libertad de los arrestados, al cumplirse un año de su detención. Las protestas se intensificaron luego de la reelección del dictador Nicolás Maduro, denunciada como fraudulenta por sectores de la oposición. Las manifestaciones posteriores dejaron 28 muertos, cerca de 200 heridos y más de 2.400 detenidos.

Las personas arrestadas enfrentan cargos de “incitación al odio” y “terrorismo”, delitos que pueden conllevar penas de 10 a 30 años de prisión, la máxima en Venezuela. La organización Foro Penal indicó que aún permanecen 807 personas privadas de libertad por razones políticas, mientras que el régimen y la Fiscalía insisten en que los detenidos enfrentan causas por diversos delitos y no por motivaciones políticas.

Las protestas también desencadenaron la detención de Martha Lía Grajales, activista de la ONG SurGentes, según denunció el CLIPP y confirmaron otras organizaciones como Provea. SurGentes informó que Grajales fue aprehendida de manera “arbitraria” tras asistir a una manifestación en solidaridad con las personas agredidas el martes. Provea detalló que Grajales, de nacionalidad colombiana y venezolana, fue detenida por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cerca del lugar de la concentración y “obligada a abordar una camioneta de color gris, sin placas”.

El CLIPP vinculó la detención de Grajales a la serie de agresiones sufridas días antes durante la vigilia convocada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad. Hasta el momento, se desconoce el paradero de Grajales y las autoridades venezolanas no han emitido declaraciones públicas sobre el caso.

La organización reiteró su demanda al Estado venezolano por la “liberación inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas” y exhortó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en especial a la Oficina del Alto Comisionado y a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, a continuar “documentando y visibilizando ante el mundo” la situación de los derechos humanos en el país. El CLIPP pidió mantener activa la denuncia nacional e internacional para evitar el silenciamiento de los abusos cometidos contra los presos políticos en Venezuela.

El Comité Pro Santa Cruz, en Bolivia, alertó sobre el «ingreso masivo de venezolanos» en vuelos chárter a solo una semana de las elecciones generales en ese país. Stello Cochamanidis, presidente de la institución cívica, exigió una explicación oficial al Ministerio de Gobierno.

El Nacional

De acuerdo con el medio El Potosí, Cochamanidis señala que esta situación podría comprometer la seguridad y transparencia del proceso electoral. La denuncia, difundida en las redes sociales del Comité Cívico, cuestiona la falta de control sobre estos ciudadanos extranjeros.

«¿Quién da la seguridad y la transparencia del proceso electoral? ¿A qué vienen? ¿Cuál es el destino de estas personas?», se lee en la publicación.

Cochamanidis informó que la alerta provino directamente de trabajadores del aeropuerto, quienes observaron la llegada de estos ciudadanos sin los mismos controles que se aplican a otros viajeros.

«Vemos que entran y salen ciudadanos extranjeros uniformados como ‘Pedro por su casa’», declaró Cochamanidis, quien expresó su preocupación por la aparente falta de supervisión por parte de Aduana y Migración.

Ante esta situación, el Comité inició consultas formales al Tribunal Supremo Electoral (TSE), al Tribunal Electoral Departamental (TED) y al Ministerio de Gobierno para obtener información detallada sobre los vuelos y el propósito de los visitantes, según el medio.

El dirigente cívico enfatizó la importancia de garantizar que solo los ciudadanos bolivianos participen en los comicios. Su principal temor es que los militares venezolanos que están ingresando al país puedan estar «mandados por el MAS» (el partido oficialista) para influir en los resultados, una acusación que ha añadido más tensión al clima preelectoral.

En la primavera de 2018, algo inesperado llamó la atención en el Centro Médico Banner Desert, ubicado en Mesa, Arizona. Una tras otra, 16 enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos anunciaban que estaban embarazadas. La coincidencia no pasó desapercibida: representaban cerca del 10% del personal de enfermería de la unidad. La noticia no tardó en volverse viral y fue replicada por medios internacionales, sorprendidos por la simultaneidad del fenómeno.

Por: Brisa Bujakiewicz – Infobae

Aunque el embarazo no es contagioso, el caso generó un revuelo que incluso llevó a que el hospital organizara una conferencia de prensa para aclarar la situación. Las protagonistas tomaron el hecho con humor. “Debe ser algo en el agua”, bromearon frente a los micrófonos, riendo entre ellas, según testimonios recogidos por BBC. También deslizaron la idea de un supuesto “pacto secreto” o una estrategia grupal para coordinar las licencias durante las fiestas de fin de año. Ninguna de esas explicaciones era real, pero daban cuenta del asombro compartido.

Una de ellas, Rochelle Scherman, comentó que recién tomaron conciencia de cuántas estaban embarazadas cuando decidieron crear un grupo privado en Facebook para compartir sus experiencias. “Es como si tuviéramos algún tipo de pacto”, declaró, aún incrédula ante la magnitud de la coincidencia.

Otra de las madres, Paige Packard, aportó un dato importante al señalar que algunas de ellas habían atravesado tratamientos de fertilidad. Esa información ayudó a comprender que no se trataba de un fenómeno espontáneo ni coordinado, sino de una serie de decisiones individuales que, por circunstancias particulares, terminaron coincidiendo en el tiempo.

Repercusión interna y apoyo institucional

La noticia provocó un revuelo tanto dentro como fuera del hospital. El personal médico y los directivos manifestaron sorpresa, pero también entusiasmo, y rápidamente comenzaron a organizar un sistema de reemplazos para cubrir las futuras licencias. Las autoridades destacaron que, pese a la coincidencia, el servicio de cuidados intensivos nunca se vio comprometido.

Desde el hospital se difundieron imágenes de las enfermeras luciendo orgullosas sus embarazos. Lo que podría haberse vivido como un problema de logística se transformó en un motivo de celebración, tanto para las protagonistas como para la institución.

La historia también puso en primer plano el rol de las enfermeras en la salud pública, así como la necesidad de políticas laborales que contemplen la planificación familiar y los derechos de las trabajadoras en contextos de alta exigencia como el hospitalario.

Casos similares

Aunque el episodio en Arizona fue el primero en captar la atención internacional, en años posteriores ocurrieron hechos similares en otros centros de salud de Estados Unidos. En 2024, por ejemplo, el hospital HSHS Saint Vincent de Green Bay, Wisconsin, informó que 14 de sus enfermeras del área de maternidad estaban embarazadas al mismo tiempo.

Amy Bardon, directora del Centro para Mujeres y Bebés del hospital, destacó el simbolismo del hecho: “Este es un momento increíble de cierre del círculo para muchas de nuestras enfermeras, algunas de las cuales están a punto de convertirse en madres primerizas. Cada una de ellas ya era experta en bebés, pero ahora lo vivirán en primera persona. Es una experiencia transformadora”.

Bardon señaló que el hospital se encontraba trabajando activamente en los ajustes necesarios para garantizar la cobertura de las tareas durante las licencias. “Estamos muy emocionados por el viaje que cada una de nuestras enfermeras está por comenzar. Esperamos que tengan una Semana de la Enfermera y un Día de la Madre realmente especiales”, concluyó.

Coincidencia, no contagio

Aunque estos casos puedan parecer extraordinarios, los especialistas en salud y en dinámicas laborales coinciden en que no hay factores biológicos que expliquen una “cadena de embarazos”. Lo que puede influir, según algunos estudios sociológicos, es un entorno laboral compartido donde se habla abiertamente de maternidad, se visibiliza el deseo de formar familia y se generan redes de apoyo entre colegas. Esto puede crear un clima de contención que facilite la toma de decisión, especialmente en profesiones que suelen estar atravesadas por un alto nivel de estrés y una fuerte demanda emocional, como la enfermería.

Según detalló BBC, el caso de las dieciséis enfermeras en Arizona es recordado no solo por lo llamativo de la cifra, sino también porque visibilizó las condiciones de trabajo de las profesionales de la salud y abrió un debate sobre cómo las instituciones deben prepararse para acompañar los procesos de maternidad de su personal.

La coincidencia fue extraordinaria, pero el impacto real fue mucho más profundo: mostró que detrás del uniforme hay mujeres que enfrentan desafíos personales, que planifican, que se apoyan entre sí y que, incluso en uno de los entornos más exigentes, encuentran espacio para construir nuevos comienzos.

La líder opositora María Corina Machado agradeció este domingo al gobierno de Estados Unidos por la decisión de aumentar la recompensa a 50 millones de dólares por información que permita capturar a Nicolás Maduro.

La Patilla

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Machado calificó al régimen como una “empresa criminal” que ha destruido a Venezuela:

“Los venezolanos estamos inmensamente agradecidos con el Presidente Trump por su firme y valiente decisión de desmantelar la empresa criminal que se ha apoderado de nuestra nación.”

La dirigente denunció que Nicolás Maduro es jefe de una red criminal que involucra crimen organizado (Tren de Aragua), carteles de droga (“Cartel de los Soles”) y terrorismo, y lo responsabilizó por la profunda crisis que vive el país, que ha provocado miseria, violencia y obligado a millones a huir. También advirtió que el régimen chavista ha convertido a Venezuela en un satélite del régimen iraní.

María Corina Machado sostuvo que la Venezuela democrática que está emergiendo traerá estabilidad regional y seguridad para Estados Unidos, además de una enorme oportunidad económica estimada en 1.7 billones de dólares como hub energético de las Américas.

Finalmente, la opositora lanzó un mensaje de esperanza y reconstrucción:

“Y por encima de todo, vamos a tener dignidad, seguridad, oportunidades y LIBERTAD para todos los venezolanos. Millones regresarán para construir una gran nación, y lograremos la Paz a través de la Prosperidad. VAMOS A TRAER A NUESTROS HIJOS DE VUELTA A CASA!!!!”

El pasado jueves, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el aumento de la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares, desde los 25 millones iniciales, señalándolo como líder de una red internacional de narcotráfico y terrorismo.

Bondi explicó que Maduro está implicado en el “Tren de Aragua”, el “Cartel de los Soles” y alianzas con el cártel de Sinaloa, y que representa una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió este domingo que una operación militar contra Venezuela sin la aprobación de «países hermanos» será una agresión contra América Latina y el Caribe.

EFE

«Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe», señaló Petro en su cuenta de X.

Petro también republicó un mensaje del Ejército Bolivariano de Venezuela en contra de Estados Unidos y la fiscal general de ese país, Pam Bondi, quien anunció el jueves pasado una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro.

El pronunciamiento de hoy se suma al que hizo Petro el sábado, en el que aseguró que Maduro ha respaldado la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

«En relación con Venezuela, he recibido apoyo de Maduro y del general (Vladimir) Padrino, ministro de Defensa, para derrotar los grupos narcotraficantes de la frontera con ese país», escribió Petro en redes sociales.

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 kilómetros en la que hay presencia de las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados que controlan los eslabones del narcotráfico y el paso de personas indocumentadas, entre otros delitos.

Petro añadió que no cree que la «solución de los problemas políticos de los venezolanos pase por poner dinero para matar o capturar líderes políticos», en alusión a la nueva recompensa que Estados Unidos ofreció por Maduro.

Estados Unidos acusó a Maduro en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo, y en enero de 2025, la actual Administración aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares.

La posición de Petro fue criticada por la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, quien consideró que no se debe confundir la hermandad entre países con la «complicidad con una dictadura».

«¿Hermandad de pueblos o complicidad con una dictadura? Decir que cualquier operación en Venezuela es agresión a Colombia no es diplomacia: es volcar al país y a sus Fuerzas a defender a un dictador y a un delincuente. Defender a los pueblos hermanos no es blindar dictadores», manifestó Lacouture. EFE

En una economía donde más de tres cuartas partes de los ingresos en divisas provienen del petróleo, la caída del precio del barril ha intensificado su fragilidad estructural.

Por: Víctor Salmerón – El Observador

Durante el primer semestre de este año, el crudo Merey, el principal producto de las exportaciones venezolanas, registró un descenso del 15% respecto al mismo período de 2024. El resultado es evidente: restricción en la oferta de dólares, depreciación de la moneda y aceleración de la inflación.

Si bien el precio del petróleo es volátil y proclive a giros drásticos, por ahora no parece claro que el barril vaya a repuntar significativamente en lo que resta de 2025. Las preocupaciones sobre el impacto del aumento de aranceles en el crecimiento de la economía global empañan las expectativas de demanda, justo cuando la OPEP+ ha decidido incrementar la oferta. En consecuencia, los venezolanos podrían enfrentar un segundo semestre sin un cambio de tendencia.

El crudo Merey se cotizó en un promedio de 59,6 dólares por barril durante el primer semestre, frente a los 69,9 dólares del mismo período de 2024. Además de enfrentar esta caída de precios, Venezuela vende buena parte de sus exportaciones en Asia con descuentos significativos para eludir las sanciones de Estados Unidos. Como resultado, aunque la producción petrolera aumentó en el primer semestre, el ingreso de divisas es insuficiente para cubrir la demanda de dólares.

A comienzos de año, los venezolanos podían adquirir un dólar con 52 bolívares; hoy necesitan 129 en el mercado oficial, donde la prioridad la tienen las empresas de alimentos básicos, medicinas y productos de cuidado personal. En el mercado paralelo, que opera principalmente a través de criptomonedas en plataformas como Binance y atiende la demanda insatisfecha, el dólar se cotiza entre un 30% y un 40% por encima del tipo de cambio oficial.

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La orden secreta de Donald Trump al Pentágono autorizando operaciones militares contra cárteles latinoamericanos, incluido el Cártel de los Soles que «lidera» Nicolás Maduro, marca un punto de inflexión peligroso en la crisis venezolana.

Editorial El Español

Mientras es innegable que el dictador caraqueño ha superado en tiranía y alcance criminal al propio Manuel Noriega, la tentación de repetir la ‘Operación Causa Justa’ de 1989 constituiría un error estratégico de consecuencias impredecibles.

La comparación entre ambos déspotas resulta esclarecedora. Noriega controló Panamá durante apenas seis años, limitando su criminalidad al narcotráfico y la corrupción relacionada con el Canal.

Maduro, en cambio, lleva más de una década consolidando un aparato criminal diversificado que abarca desde el tráfico de cocaína hasta la minería ilegal de oro y coltán.

El Cártel de los Soles, según la DEA, maneja 250 toneladas de cocaína anuales y ha exportado su modelo delictivo a través de organizaciones como el Tren de Aragua, que opera desde Colombia hasta Estados Unidos.

La designación del Cártel de los Soles como organización terrorista internacional no es una decisión menor. Otorga a Washington la base legal para operaciones que van más allá del ámbito policial, equiparando al régimen venezolano con ISIS o Al-Qaeda.

Como ha declarado el secretario de Estado Marco Rubio, esta catalogación «nos da autoridad legal para atacarlos de maneras que no se pueden hacer si son sólo un grupo de delincuentes».

Sin embargo, la autorización legal no convierte automáticamente una intervención militar en una decisión acertada.

Las diferencias estructurales entre el Panamá de 1989 y la Venezuela actual son abismales. Mientras Noriega enfrentó múltiples intentos de golpe y carecía de respaldo internacional significativo, Maduro mantiene cohesión militar interna y cuenta con el apoyo explícito de Rusia, China, Cuba e Irán.

Venezuela posee además las mayores reservas petroleras del mundo y un territorio siete veces mayor que Panamá, donde Estados Unidos necesitó 27.000 soldados para una operación que duró cuarenta y dos días.

La respuesta adecuada no radica en aventuras militares, sino en intensificar el sistema de sanciones más extenso aplicado contra un país latinoamericano en décadas. Las más de trescientas personas sancionadas internacionalmente y los aranceles del 25% a países que compren petróleo venezolano representan herramientas más efectivas que los misiles para socavar el régimen.

El fraude electoral del 28 de julio pasado, donde Maduro se proclamó ganador sin presentar actas mientras la oposición documentaba su derrota con más de cuatro millones de votos de diferencia, demuestra que el régimen carece de legitimidad democrática.

La coordinación internacional del 10 de enero, cuando Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá aplicaron sanciones simultáneas, evidencia que existe consenso global sobre la naturaleza criminal del chavismo.

La presión económica sostenida, el aislamiento diplomático progresivo y la recompensa récord de cincuenta millones de dólares por Maduro constituyen el camino correcto. China ya ha paralizado temporalmente las compras petroleras tras el anuncio de aranceles, demostrando que las medidas económicas pueden fracturar las alianzas que sostienen al régimen.

Venezuela merece libertad, pero esta debe llegar a través de medios legítimos que no conviertan la solución en un problema mayor. La experiencia enseña que las intervenciones militares generan consecuencias imprevistas, mientras que las sanciones coordinadas internacionalmente pueden erosionar gradualmente los pilares económicos del autoritarismo sin derramamiento de sangre.

La dictadura de Maduro debe caer, pero por la vía del Derecho internacional, no por la fuerza de las armas.

La Sociedad Venezolana de Anestesiología (SVA) emitió un comunicado este sábado, 9 de agosto, en respuesta a la muerte en Chile de al menos cinco niños venezolanos luego de recibir anestesia general.

El Nacional

La SVA exigió una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos, al tiempo que condenó cualquier forma de segregación contra la población venezolana.

En su pronunciamiento, la organización venezolana exhortó a que las investigaciones se realicen con una base científica y ética de alto nivel, rechazando especulaciones sin fundamento. «Solo mediante un estudio objetivo y multidisciplinario será posible garantizar la seguridad de los procedimientos anestésicos«, destaca el comunicado.

Este pronunciamiento surge después de que la Sociedad de Anestesiología de Chile (SACH) mencionara la posibilidad de un marcador epidemiológico en los pacientes. La SVA, que mantiene contacto con las autoridades de salud venezolanas y sus homólogos en la región, advirtió sobre los peligros de estas declaraciones.

«Injusto y socialmente perjudicial»

La SACH había señalado la existencia de una «mutación de un gen mitocondrial idéntica a seis casos presentados en España, también con niños de origen venezolano«.

La SVA calificó de «injusto y socialmente perjudicial» culpar a un grupo étnico o nacional sin pruebas concluyentes. Argumentó que segregar los servicios de salud a la población venezolana podría poner en riesgo la seguridad de otros grupos, al enfocar las complicaciones en una población específica.

El comunicado concluyó con un llamado a la prudencia y responsabilidad comunicacional de las organizaciones científicas y profesionales de la salud. La Sociedad Venezolana de Anestesiología extendió sus condolencias a las familias afectadas por esta lamentable situación, esperando que la investigación arroje luz sobre las causas de estas trágicas muertes.

«Sugerimos a todos los anestesiólogos, reportar incidentes clínicos a las autoridades competentes (…) Cualquier pérdida de una vida, especialmente en la infancia, representa una tragedia que debe ser abordada con el mayor rigor científico y humano«, agregó el comunicado.

El Ministerio Público informó el jueves la detención de dos hombres acusados de asesinar a la joven Génesis Medina, de 21 años de edad, en Yaracuy, luego de que se negara a interrumpir su embarazo.

El Nacional

Los detenidos fueron identificados como George Rangel y Keiwart Rangel, uno de ellos funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y pareja sentimental de la víctima. Ambos serán presentados ante los tribunales por el delito de feminicidio agravado.

El fiscal general Tarek William Saab, a través de una publicación en redes sociales, calificó el caso como un hecho de violencia extrema contra una mujer en estado de vulnerabilidad y aseguró que se llevará a cabo una investigación exhaustiva.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Génesis Medina en Yaracuy?

Las primeras pesquisas revelaron que el sábado 2 de agosto, Medina fue citada a un encuentro en una zona apartada del municipio San Felipe de Yaracuy. Según medios locales, la joven fue vista por última vez cuando salió ese día de la panadería donde trabajaba como encargada, ubicada en la avenida La Patria de San Felipe, y abordó una camioneta blanca.

Los hombres le exigieron a Medina que tomara unas pastillas abortivas para terminar con su embarazo, a lo que ella se negó. La situación provocó una discusión que derivó en que la joven fuese amordazada, golpeada y asfixiada. Para ocultar el crimen, los sujetos sepultaron el cuerpo en un área remota.

La desaparición de Medina llevó a que familiares denunciaran el caso ante el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas). El rastreo del celular ubicó la última señal entre los sectores Marín y El Guayabo, antes de que fuera apagado la misma noche del crimen.

La confesión de uno de los detenidos permitió ubicar el cadáver, que fue hallado en una fosa improvisada en una finca del sector Carbonero, municipio Veroes.

El hallazgo se produjo tras un operativo conjunto de Protección Civil, Bomberos y allegados de la joven. Los informes forenses confirmaron que presentaba signos de violencia física, lo que coincide con la versión de los hechos.

Ambos detenidos permanecen bajo custodia del Ministerio Público. Las autoridades trabajan para aclarar la participación específica de cada uno y determinar si hubo más personas involucradas.

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