Dormir en el piso, esposados, junto a presos comunes, sin acceso a familiares ni abogados. Así fue la experiencia de Pedro, de 17 años, y otros adolescentes detenidos y acusados de “terrorismo” en Venezuela, vinculados a protestas contra la reelección de Nicolás Maduro.
Pedro -su nombre es ficticio, ya que pidió el anonimato por razones de seguridad- es uno de los 114 adolescentes que fueron presos en medio de la crisis poselectoral, que suma más de 2.400 detenidos en total.
Pasó un mes en prisión hasta que fue liberado, al igual que otros 85 menores de edad.
“No teníamos derecho a nada”, cuenta a la AFP el joven, que estudia en la secundaria. “El primer día estuve con todos los mayores (adultos) que agarraron por el mismo caso, y ya al segundo día nos llevaron a otro comando y nos tiraron un día ahí en el piso para dormir esposados”.
Maduro fue proclamado presidente reelecto para un tercer período (2025-2031) sin que la autoridad electoral publicara el detalle del escrutinio como obliga la ley. La oposición liderada por María Corina Machado denunció fraude y asegura tener las pruebas que demuestran la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia con más del 60% de los votos.
El anuncio del resultado desató protestas en el país que se saldaron con 27 muertos y 192 heridos, y fueron reprimidas por las fuerzas del orden, que iniciaron operativos para capturar “terroristas”. En las manifestaciones murió un joven de 15 años, Isaías Fuenmayor, según denuncias de Human Rights Watch.
El gobierno habilitó canales para delatar a posibles responsables de la “violencia”.
Oenegés de derechos humanos sostienen que muchos de los detenidos no estaban manifestando, Pedro entre ellos.
“Recibían órdenes”
“Yo estaba viendo una protesta, como a una cuadra”, recuerda el muchacho. “No estaba haciendo nada, y además esa protesta era pacífica”.
Oficiales de la Guardia Nacional, cuerpo militar responsable del orden público, lo detuvo. “Me atacaron físicamente, yo no me quería dejar agarrar”.
La resistencia no funcionó, terminó preso.”Nos tuvieron aislados durante ocho días, aislados en el sentido de que no teníamos derecho a saber absolutamente nada, solo a comida y dormitorios”, recuerda.
Luego fue trasladado a un centro de reclusión de menores, y allí pudo ver finalmente a su familia.
Su defensa está a cargo de un abogado asignado por el Estado, una estrategia común con “presos políticos” que generalmente no tienen permitido acceder a representación privada o de confianza. Lo mismo ocurrió con la mayoría de los jóvenes detenidos, según la ONG Encuentro, Justicia y Perdón.
El abogado “intentaba ayudar en lo posible”, en su caso para el traslado al penal de menores o para separarlo de la población penal común. Pero cuando pedía hablar con su madre declinaba el pedido y le decía que “recibían órdenes” del gobierno, recuerda.
Machado ha tachado las detenciones como “secuestro” de adolescentes y niños. Pero el gobierno lo niega y acusa a la oposición de haber captado a los jóvenes para “cometer delitos”, incluido el homicidio de una mujer “porque había que matar chavistas”, según Maduro.
“Está convicto y confeso el muchacho”, dijo el mandatario el lunes sobre el caso de otro adolescente detenido.
El fiscal general Tarek William Saab denunció que los chicos recibían un pago de 40 dólares por parte de la oposición para que manifestaran.
“En libertad pero con mucho miedo”
Cerca de 30 menores de edad continúan aún detenidos.
Lauriannys Cedeño, de 17 años, fue arrestada el pasado 14 de agosto, luego que una líder comunitaria del chavismo denunciara que recibió mensajes ofensivos y amenazantes por WhatsApp desde varios números, incluido el de la joven.
Al día siguiente del arresto, cuando estaba convocada la audiencia de presentación, se desmayó y la trasladaron al hospital, donde sigue internada bajo vigilancia policial.
“Se la llevaron a la (cárcel) municipal y pasó la noche en el pasillo (…), pero los presos no la dejaron dormir, silbándole y diciéndole obscenidades”, dice a la AFP una fuente relacionada al caso bajo anonimato. “No paraba de llorar”.
Cedeño dijo que envió los mensajes a un número errado, iban para otra seguidora del chavismo. La propia denunciante, Nilsa López, dijo después que el contenido del texto no era amenazante.
No está claro el diagnóstico de su salud, pero a veces puede estar con la mirada perdida o le dan “ataques nerviosos”, cuenta la fuente. El último ocurrió el miércoles cuando la visitó una fiscal.
Cedeño se acaba de graduar con honores en la secundaria, y esperaba estudiar nutrición. Enfrenta ahora desde un hospital una acusación por “terrorismo” e “instigación al odio”.
El futuro de estos jóvenes es incierto. “Es horrible esto”, dice Pedro. “Estamos viviendo en zozobra, en miedo, porque no sabemos qué nos espera, no tenemos nada que nos proteja. Estoy en libertad pero con mucho miedo”.