El régimen venezolano arrecia la represión y las violaciones a los derechos humanos, y frente a semejante iniciativa, Omar González Moreno afirmó que “Maduro se hunde en un mar de equivocaciones”.

Vente Venezuela

El asilado en la Embajada de Argentina en Caracas fue enfático en asegurar que “si continúa por ese camino se le vendrá el mundo encima a Maduro”.

El representante de Vente Venezuela aseveró que ya la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos y varios países de América Latina han condenado la persecución política contra los venezolanos y la orden de captura del régimen contra el presidente electo, Edmundo González Urrutia.

“Y, no solo esto. Sino que los entes internacionales, entre ellos las Naciones Unidas, han empezado a dejar ver que no permitirán mas atropellos de ese tipo y mucho menos la detención del hombre que salió electo el pasado 28 de julio o de la lider Maria Corina Machado”.

Si Nicolás Maduro –continuó– sigue por ese rumbo, tendrá el mismo destino de los tiranos que se pensaron invencibles y terminaron en las peores circunstancias.

Clima de miedo

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU se declaró en alerta por el «clima de miedo» en Venezuela, pues desde el 28 de julio el régimen desató su ira en contra de la disidencia democrática.

“Todo el mundo democrático está en alerta por lo que pudiera ocurrir en Venezuela, debido a que el régimen en su desespero puede hacer cualquier cosa”, subrayó.

Fractura

Agregó que la resistencia política y moral que están llevando adelante María Corina Machado y Edmundo González Urrutia está generando reacciones dentro de los acólitos del régimen.

“Muchos, asustados, no quieren ser partícipes de lo que están llevando adelante Maduro y sus cómplices mas cercanos, abriéndose así, y aún más, las fisuras internas en el PSUV”.

Además –prosiguió– el empoderamiento de algunos factores en el poder, luego del fraude, ha generado preocupación en grupos que ahora se sienten desplazados dentro del mismo partido oficialista.

“No sabemos si este es el primer ejercicio de trabajar en condiciones de clandestinidad”, es la más contundente oración con la que “Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento” explica lo que debieron enfrentar para la realización y publicación del Informe Crisis postelectoral y de DDHH 2024 en Venezuela que llaman “El Libro Negro de la Dictadura 2024″, llevándolos a asegurar que “la actuación de las autoridades luego del 28J ratifica la continuación de la comisión del delito de persecución política en Venezuela, calificado como crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma”.

Por: Sebastiana Barráez – Infobae

El grupo de organizaciones de Derechos Humanos que hizo posible el mencionado informe no deja lugar a dudas que en Venezuela se está aplicando terrorismo de Estado. Recuerdan que “sobre Venezuela pesa una investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual debe incorporar todos los elementos y actuaciones estatales ocurridas luego de los comicios”, destacando que “hay suficientes evidencias para determinar las responsabilidades de la cadena de mando”.

El informe es un trabajo conjunto de varias organizaciones defensoras de DDHH

Destacan que “Nicolás Maduro ha sido el vocero oficial de la estrategia represiva implementada, anunciando públicamente una cuota de personas a ser detenidas, que los mismos serían trasladados a cárceles de máxima seguridad, como Tocuyito y Tocorón, crea y repite las narrativas para generar temor generalizado en la población, mostrando videos de personas detenidas gritando consignas progubernamentales y felicitando la actuación de los organismos policiales y militares del país”.

Entre todo lo revelador del informe resalta la “cadena de mando del operativo post 28-J”, destacando que “el 18 de abril de 2024 fue divulgada una resolución conjunta entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior y Justicia en la que el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) gira instrucciones sobre el operativo de seguridad a realizarse durante el proceso electoral y días posteriores”.

Nicolás Maduro con el GB Ruben Darío Santiago Servigna

Se refieren en particular al artículo 7 de esa resolución donde se señala que “la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos estadales y municipales, quedarían ‘bajo la dirección, control operacional y supervisión’ del Ceofanb: ‘Cada cuerpo de policía dará continuidad a la prestación de sus servicios para garantizar la seguridad en la jurisdicción correspondiente, cumpliendo con las instrucciones impartidas por el Ceofanb’”.

Hacen énfasis en el artículo 8: ‘El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y los Cuerpos de Policía Estadales y Municipales, sólo podrán intervenir o actuar previa autorización expresa y específica del Ceofanb, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, debidamente comunicada a través del canal regular o supervisor que designe el Ceofanb’.

Momentos del funeral de Julio Valerio García, una de las víctimas durante el proceso electoral

Quiénes son y dónde están

La resolución desmenuzada en el Informe del Libro Negro de la Dictadura 2024, estableció́ a los responsables en la cadena de Mando, según la resolución conjunta del Ministerio Defensa y Ministerio Interior y Justicia.

Cuerpo Policia Nacional Bolivariana (CPNB): General Brigada (GB) Ruben Darío Santiago Servigna.

Según cada uno de las circunscripciones estadales:

Trujillo: Coronel Yassert Arafat Montiel González.

Portuguesa: GB Marcos José Salas Chirino.

Miranda: GB Héctor Gabriel Alviarez Blanco.

Lara: GD Hector Jesús Pernía Perdigón.

Yaracuy: Coronel (Cnel.) Eduardo Gamez Flores.

Carabobo: Cnel. Jesús Rafael Giunta Betancourt.

Aragua: Cnel. José Gregorio Viloria Arcaya.

Nueva Esparta: GB Gilberto José Malavé Salazar.

Falcón: GB Numa Alberto Coss F.

Zulia: Cnel. José Salvador Viloria Sosa.

Sucre: GB Julian José Campos Lozada.

Monagas: Cnel. Eduardo Alberto Almerida Padrón.

Táchira: GB Edinson Antonio Miquilena M.

Delta Amacuro: Cnel. Angel José Castillo Muñoz.

Mérida: GB Jerry José Camacaro Salazar

La Guaira: Cnel. Ángel Roberto Puerta Saiz.

Bolívar: GD Jesús Andrés Arteaga Simancas.

Barinas: GB Cristhiam Abelardo Morales Zambrano.

Guárico: GD Luiger Neil Ugas M.

Cojedes: GB Ricardo José Yanez Rosetti.

Anzoátegui: Cnel. Franklin José Rivero Bayone.

Apure: Cnel. Luis Adolfo Marcano Martínez.

Amazonas: Cnel. Euclides Rafael Gómez Salazar.

En este mapa del informe se observan los incidentes con grupos de civiles armados el día de las elecciones del 28J

Los encargados de policías municipales durante operativo de seguridad ciudadana electoral son:

Libertador del Distrito Capital: Cnel. Franklin Martín Melendez Rivas.

Maracaibo, Zulia: Cnel. César Augusto Marcano Dugarte.

Municipios Sucre, Chacao y Baruta, estado Miranda: GB Rafael Yastrenky Ludovich Betancourt Rivas.

Municipios Los Salias, Carrizal, Guaicaipuro, Plaza y Zamora del estado Miranda: GB Héctor Gabriel Alviarez Blanco.

Municipio Valencia, San Diego y Naguanagua del estado Carabobo: Cnel. Jesús Rafael Giunta Betancourt.

Municipios Maneiro y Mariño del estado Nueva Esparta: Cnel. Gilberto José Malavé Salazar.

Leonardo Infante del estado Guárico: Cnel. Carlos Javier Pacheco Blanco.

Maturín del estado Monagas: GB José Rolando Ruiz Muñoz.

Iribarren del estado Lara: Cnel. Orlando Antonio Gomez Crespo.

Barinas del estado Barinas: GB Gustavo Javier Bustos.

Urbaneja del estado Anzoátegui: Cnel. Franklin José Rivero Bayone.

Libertador del estado Mérida: GB Jerry José Camacaro Salazar.

San Cristóbal del estado Táchira: GB Edinson Antonio Miquilarena Marcano.

Así se estableció la cadena de mando para el 28 de julio

ONG y Cabello

El informe, con fecha de corte del 29 de agosto de 2024, resalta que “por primera vez, desde su aparición como parte del tejido asociativo del país, diferentes organizaciones de derechos humanos nacionales se abstienen de firmar, con su nombre, un reporte unitario sobre la situación de la dignidad humana”.

“El clima de terror impuesto por las autoridades luego de las elecciones del 28 de julio de 2024 ha ocasionado que el trabajo de las ONG, basadas en la fórmula de las “Tres D” (documentar, denunciar y difundir) se haya tenido que limitar, en condiciones adversas, casi exclusivamente a documentar”.

Expresan que personas del entorno de las organizaciones son parte de los más de 2.200 detenidos en el marco de las elecciones presidenciales del 28 de julio 2024. Dos hechos puntuales de las causas: la ley contra las ONG y el nombramiento de Diosdado Cabello como Ministro del Interior.

En el caso del vicepresidente del partido de Gobierno y ahora ministro del Interior y Justicia es revelador, ya que Diosdado Cabello es quien “desde hace años ha liderado la confrontación y persecución contra los y las defensoras de derechos humanos, ha obligado a disminuir el perfil público y tomar todo tipo de cuidados para la mayoría de las organizaciones”.

Agrega el Libro Negro de la Dictadura Venezolana 2024 que “diferentes activistas, periodistas y líderes de sociedad civil han salido del país en las últimas semanas, incluyendo aquellas que tienen sus pasaportes anulados”.

Pero también hay otros que preparan sus maletas. “Los defensores, acostumbrados a hablar “alto y claro”, deben moderar sus afirmaciones y hablar en público con metáforas y subterfugios. Aunque en Venezuela nunca ha sido sencillo, el trabajo de levantamiento y verificación de información se ha vuelto más complicado de lo que ya era”.

El jefe del Ceofanb y el ministro Padrino López, máximos responsables militares

La euforia del general Santiago

A juicio de Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, en su informe, “retrospectivamente esta resolución es importante porque describe cómo funcionó parte del operativo de seguridad ciudadana implementado inmediatamente después de las elecciones del 28-J, con su cadena de mando, como lo expresa el artículo 12: Se podrá ‘prorrogar los períodos y horarios establecidos en esta Resolución, si es necesario’”.

Así mismo, el artículo 9 hace un inventario de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “que ejercerían ‘la dirección y supervisión directa del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y de los Cuerpos de Policía Estadales y Municipales’, bajo órdenes del Ceofanb”.

Analizaron el perfil de la red social X del oficial encargado a nivel nacional de la implementación del operativo electoral de seguridad ciudadana, General de Brigada Rubén Darío Santiago Sevigna, “revela la desprofesionalización ideológica del funcionario”.

“El 04.07.24, día del inicio formal de la campaña, amplificó 6 mensajes en apoyo a la candidatura de Nicolás Maduro, violando la ley electoral. 3 de ellos fueron RT a la cuenta de Nicolás Maduro, 2 a la cuenta de Jorge Rodríguez y 1 de contenido propio, con el texto: ‘Este es el candidato del PUEBLO @nicolasmaduro. Venezuela se llenó de una extraordinaria marea chavista, en todo el país el pueblo salió a celebrar el inicio de la campaña electoral presidencial. La Furia Bolivariana arrazará (sic) este #28Jul’”.

Dicen que el GB Santiago Sevigna, “a partir de ese momento, hasta el 28 de julio, divulgó la cantidad de 51 mensajes de contenido electoral apoyando al candidato Nicolás Maduro. En el período, algunos de los mensajes de contenido propio reprodujeron la narrativa estigmatizante hacia la oposición y violaron la normativa electoral”.

Algunos de los mensajes del funcionario militar hablan por sí solos: “‘Con orgullo defendemos el tricolor venezolano, somos una tierra de gente valiente, luchadora y que echa pa’lante. Por eso, el #28Jul votamos por el hombre que ha sacado el pecho por su pueblo, votamos por @nicolasmaduro’, con una imagen de la Furia Bolivariana”.

Otro mensaje: ‘Vamos Nico, Venezuela unida por un futuro lleno de prosperidad, yo voto por el hombre que le dedica su vida al pueblo venezolano. Yo voto por @nicolasmaduro’.

“Luego del 28 de julio sus mensajes avalaban los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (”Te lo prometimos Comandante y cumplimos, felices 70 años. Con 51,20% de los votos del pueblo #GanóLaPazYLaEsperanza, @nicolasmaduro es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones presidente, cuente con todo el #CPNB para avanzar en la recuperación”.

No faltaron muchos mensajes del general Santiago Sevigna sobre las actas que el CNE no presentó, pero descalificando las publicadas por la Oposición venezolana. “El reforzamiento de la narrativa estigmatizante (‘Se han encontrado miles de actas sin las respectivas firmas que las validen. Esas mismas actas que, según le dan la victoria a la derecha, no son más que una farsa’)”.

“Y la justificación de las acciones represivas (‘Las guarimbas no son manifestaciones pacíficas, tal como los violentos quieren hacer creer. Guarimbear es terrorismo, es destrucción, es violencia. Los funcionarios del #CPNB se pegan estrictamente a las leyes venezolanas y defienden tu seguridad. #PaísDeOcho- Estrellas’)”.

El “Informe Crisis postelectoral y de DDHH 2024 en Venezuela: el Libro Negro de la Dictadura 2024″ completo:

El kirchnerista Alberto Fernández enfrenta una nueva causa judicial. El fiscal Carlos Stornelli lo imputó por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en relación con la gestión de la dictatorial cuarentena decretada durante la pandemia de Covid en 2020 y 2021.

La Derecha Diario

La imputación surge a partir de una denuncia presentada por Yamil Santoro, legislador porteño, quien utilizó las recientes declaraciones públicas de Martín Guzmán en el canal de streaming Cenital en donde, respecto a las causas de las medidas de aislamiento, confesó los crímenes del gobierno kirchnerista.

Stornelli, que lidera la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, ha indicado que se investigarán «las posibles conductas delictivas» de Fernández, quien está acusado de «extender de manera indebida» las restricciones, con graves consecuencias sociales y económicas.

«De acuerdo con los escritos de denuncia, el exministro de Economía de la administración, Martín Guzmán, habría afirmado en una entrevista periodística que ‘(…) dada la información técnica que poseía, la cuarentena fue más prolongada de lo necesario‘ y que esta extensión obedeció a motivos de conveniencia política, o a una especie de ‘bandera política’, ya que estaba ‘bien con la sociedad‘ y que ‘la gestión de la pandemia era lo que fortalecía al Gobierno‘. Guzmán incluso habría mencionado: ‘Entonces, por mucho tiempo era no, no, no se puede  (relajar la cuarentena)’”, destacó Stornelli en su solicitud de instrucción a la jueza federal María Servini.

Entre las medidas solicitadas para avanzar en la investigación, Stornelli ha pedido que se obtengan todas las normas dictadas por el Ejecutivo para imponer restricciones durante la cuarentena. También ha solicitado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) información estadística sobre las medidas sanitarias adoptadas por otros países durante la pandemia, especificando su duración, impacto sobre las libertades civiles y resultados en la prevención de contagios.

Además, requirió al gobierno de Javier Milei que informe si existe documentación sobre encuestas que la administración anterior pudo haber solicitado (a organismos públicos o consultoras privadas) para conocer la opinión pública sobre la cuarentena.

La denuncia a Alberto Fernández 

La denuncia Yamil Santoro fundamentó su denuncia contra Alberto Fernández en la presunta comisión de delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad.

Esta denuncia cuenta con el respaldo de José Magioncalda, director del equipo legal de la Fundación Apolo, que ha llevado a cabo varias demandas durante la pandemia, y del abogado Ignacio Falcón.

«No podemos permitir que las libertades de los ciudadanos sean manipuladas con fines políticos. Las decisiones tomadas durante la pandemia no solo impactaron negativamente en la economía y la salud de los argentinos, sino que, según estos nuevos testimonios, se usaron como herramientas de marketing político. Esto no es negligencia, es un abuso de poder que debe ser investigado y sancionado«, subrayó Santoro, legislador de Republicanos Unidos y director general de la Fundación Apolo.

La denuncia señala que «las normas restrictivas de las libertades públicas aplicadas durante la pandemia del COVID-19 tuvieron un impacto negativo en la economía, la educación y la salud de muchos ciudadanos» y sostiene que «la libertad de circulación, de trabajo y de acceso a establecimientos educativos fue severamente limitada durante un período que muchos expertos consideraron excesivo«.

Asimismo, se considera que «los comentarios del exministro de Economía, Martín Guzmán, sugieren que lo mencionado no sería simplemente un error de cálculo, sino que respondería a una finalidad política, y que la prolongada duración de las restricciones a los derechos de los argentinos durante la pandemia se realizó sabiendo que no había datos técnicos que justificaran tal extensión«.

Por ello, se argumenta que el expresidente, al firmar al menos parte de los DNU con las restricciones establecidas durante la pandemia de COVID-19, podría haber incurrido en los delitos tipificados en los artículos 248, 249 y 142 del Código Penal.

El fiscal Guillermo Marijuan también presentó una denuncia similar contra Alberto Fernández y otros funcionarios de su gobierno involucrados en las autoritarias decisiones. «Esto confirma, a través de un hecho nuevo, que hubo una gestión extremadamente deficiente de la situación en ese momento tan doloroso para la población«, destacó.

El III Encuentro Regional del Foro Madrid en Buenos Aires albergó este jueves un panel titulado ‘Venezuela en Libertad’, en el cual opositores al Ejecutivo de Nicolás Maduro dialogaron sobre el presente y futuro de ese país y coincidieron en el llamado a una rebelión por parte del Ejército.

EFE

El panel estuvo moderado por la periodista Nitu Pérez Osuna e integrado por Orlando Avendaño, escritor y periodista; Vladimir Petit Medina, escritor y catedrático universitario; y Alejandro Peña Esclusa, también escritor.

Avendaño describió al Gobierno de Maduro como «una dictadura», aunque consideró que no se trata de «una dictadura normal», sino que «es un cartel, es un grupo del crimen organizado y se comporta como el crimen organizado».

«Si no lo entiende la comunidad internacional, desafortunadamente el caso de Venezuela se va a eternizar y va a seguir siendo un foco de desestabilización regional», agregó, y cerró: «Por eso la causa venezolana no es solo nuestra, la causa venezolana es una causa regional porque las implicaciones son regionales».

Petit hizo un larga exposición argumentando que el Gobierno venezolano es una sociedad integrada por «un socio político y un socio militar», e instó al Ejército a soltar la mano al chavismo.

«El liderazgo de Maduro está caído y no tiene salvación», opinó, y aseveró que «el socio militar está hoy deliberando si sigue cargando con el socio político o lo entrega».

Petit Medina se mostró confiado en que este último escenario se materialice tras evidenciarse «la verdad del país» en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, en los que el Consejo Electoral Venezolano dio el triunfo a Maduro, resultado cuestionado por parte de la comunidad internacional, que reconoce el triunfo del candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

Por su parte, Peña Esclusa agradeció, como sus compañeros, al Foro Madrid y al presidente argentino, Javier Milei, el apoyo a su causa y por «arropar a los venezolanos».

El escritor se mostró «convencido de que se acerca un quiebre entre el Ejército y el Gobierno» de Maduro y destacó que para eso es necesario que la comunidad internacional reconozca a González Urrutia como presidente electo y que presione a la Corte Penal Internacional (CPI) para que «dicte una orden de captura contra Maduro y sus aliados».

«Esas dos condiciones lograrían el quiebre del socio militar y el socio político y ahí se produciría el cambio de Gobierno en Venezuela», señaló.

Por otra parte, atacó a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; México, Andrés Manuel López Obrador; y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, por estar «saboteando» el reconocimiento del candidato de la oposición.

El Foro de Madrid, iniciativa de la Fundación Disenso, laboratorio de ideas del partido de la ultraderecha española Vox, reúne este jueves y viernes en Buenos Aires a líderes iberoamericanos, como el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el excandidato presidencial chileno José Antonio Kast.

Este encuentro regional toma el relevo de las ediciones que se celebraron en Bogotá (2022) y Lima (2023), y congregará a «las fuerzas patrióticas iberoamericanas y europeas que se oponen al socialismo y defienden la libertad», según la organización.

Argentina lanzó este viernes un régimen especial de admisión y regularización migratoria para los venezolanos con documentos vencidos, ante las dificultades que tienen estos ciudadanos para obtener sus cédulas de identidad o pasaportes por las restricciones que impone el régimen de Nicolás Maduro y por el cierre del Consulado de Venezuela en Buenos Aires.

La Patilla

La resolución de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que fue publicada en el Boletín Oficial, fue celebrada por la activista Elisa Trotta Gamus, secretaria general del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), quien -junto a la ONG Alianza por Venezuela- impulsó esta flexibilización de los trámites migratorios para los venezolanos, dada la crisis política y humanitaria que atraviesa el país.

“Esta medida busca dar cobijo a aquellos que huyen de la nueva ola represiva del régimen de Maduro después del 28 de julio, y que los que ya viven en Argentina puedan regularizar su situación para vivir y trabajar legalmente aquí mientras seguimos luchando juntos por una Venezuela libre. Además, esta medida que logramos también viene a corregir el limbo migratorio en el que quedaron más de 10 mil venezolanos durante el gobierno de Alberto Fernández, tras la derogación de la resolución 520/2019, promulgada por el gobierno de Mauricio Macri, que había flexibilizado los requisitos de ingreso y radicación”, explicó Trotta Gamus.

En sus fundamentos, la DNM destaca que los venezolanos “han abandonado su país de origen en condiciones de extrema vulnerabilidad y con documentación de viaje vencida o sin documentación alguna” y que esta situación actualmente “se ha visto drásticamente agravada por el cierre en forma indefinida de la representación diplomática de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país”.

Es por ello que la resolución autoriza, por un lapso de 90 días renovables, el ingreso de venezolanos a la Argentina con cédula de identidad o pasaporte venezolanos vencidos, siempre que no excedan los 10 años de vencimiento.

También se autoriza que niños y niñas venezolanos menores de 9 años puedan ingresar al país excepcionalmente con la partida de nacimiento, cuando no posean cédula de identidad o pasaporte venezolanos.

Asimismo, la medida permite realizar el trámite de radicación para obtener la residencia temporal de dos años o residencia permanente, según el caso que corresponda, con cédula de identidad o pasaporte venezolanos vencidos, siempre que no excedan los 10 años de vencimiento. Y en caso de que no se cuente con ninguno de estos documentos, podrá acreditarse la identidad mediante una declaración jurada, siempre que la persona haya ingresado al país en forma regular y esté registrada en la base de datos de Migraciones.

La resolución también flexibiliza la exigencia de otros documentos venezolanos para el trámite de radicación, como los antecedentes penales. En caso de no poder obtenerse el certificado de antecedentes penales de Venezuela, se podrá realizar una declaración jurada, cuya veracidad será corroborada por la Dirección Nacional de Migración. Además, quedará eximida la presentación de las legalizaciones de documentación oficial de Venezuela, es decir las apostillas, cuando esta fuera de imposible cumplimiento.

“Agradecemos al Gobierno argentino por su constante apoyo a la comunidad venezolana y a la causa por nuestra libertad. Este logro, que buscamos seguir ampliando incluso para trámites de títulos universitarios, es un paso significativo en nuestro compromiso de apoyar a los venezolanos en Argentina, al tiempo que seguimos trabajando incansablemente por el rescate de la democracia en Venezuela, que es la única, definitiva y verdadera solución. Seguiremos adelante con estos esfuerzos, no solo en pro de la restitución de la democracia en Venezuela, sino también en apoyo a nuestros compatriotas que han tenido que huir de su país y han encontrado en Argentina un segundo hogar.”, dijo Elisa Trotta, quien en las últimas semanas sostuvo varias reuniones con diversos funcionarios del Gobierno argentino, incluyendo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; miembros de la Cancillería, directivos de la Dirección Nacional de Migraciones y el vicejefe de Gabinete del Ministerio de Interior, Lisandro Catalán, para impulsar esta flexibilización de los trámites migratorios para los venezolanos.

De acuerdo a registros de Naciones Unidad, cerca de 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos han abandonado su país en los últimos años. De ellos, más de 220 mil lo han hecho hacia Argentina.