El 28 de julio de 2024, millones de venezolanos acudieron a las urnas con el corazón encendido, confiados en rescatar su país del abismo al que lo ha arrastrado Nicolás Maduro y sus cómplices. 

Por: Omar González – El Nacional

Fue un día de coraje, de filas interminables bajo un sol abrasador, de miradas cargadas de fe. 

Pero ese sueño, ese anhelo de un futuro libre, fue aplastado por un régimen sin escrúpulos. 

Las elecciones presidenciales no fueron un ejercicio de democracia, sino un zarpazo brutal que arrancó la esperanza de una nación y dejó una herida abierta en la confianza del voto como herramienta para lograr el cambio.

Un pueblo que desafió al miedo 

Ese día, más de 12 millones de venezolanos votaron, desafiando el hambre, la represión y el exilio que ha desangrado al país. 

Con un registro electoral de 21.4 millones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reportó una participación del 59.97%, pero esta cifra oculta una verdad dolorosa: entre 3 y 4 millones de emigrantes no pudieron votar debido a las trabas burocráticas impuestas por el régimen en el exterior. 

Cada voto fue un acto de resistencia, un desafío directo al régimen de Nicolás Maduro, que ha sumido a Venezuela en la miseria.

El proceso prometía transparencia con 16.025 centros de votación, máquinas electrónicas y actas en papel.

Sin embargo, la realidad fue un campo de batalla.

Cientos de testigos de la oposición fueron bloqueados, la prensa fue silenciada y observadores internacionales, como los de la Unión Europea, por ejemplo, fueron expulsados por el CNE, liderado por Elvis Amoroso, un fiel aliado de Maduro. 

El régimen no quería testigos de su farsa y giró instrucciones a sus seguidores civiles y militares para que no permitieran ningún tipo de verificación.

La verdad contra la mentira

Confiados en que civiles y militares cumplirían sus instrucciones, prosiguieron con sus planes engañosos.

El CNE proclamó a Maduro ganador con un supuesto 51.95% (5.15 millones de votos) frente al 43.18% de Edmundo González, el candidato opositor (4.45 millones). 

Pero esos números fueron solo una invención. El CNE no publicó actas ni datos desglosados por mesa, violando todas las normas de transparencia.

Amoroso justificó la opacidad con una excusa absurda: un supuesto “ataque cibernético” desde Macedonia del Norte, sin presentar pruebas.

Lo que nunca imaginaron es que la oposición, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, no se quedó de brazos cruzados.

En tiempo récord, recopilaron el 85.18% de las actas electorales, que revelaron una verdad aplastante: Edmundo González Urrutia arrasó con 7.4 millones de votos frente a los 3.3 millones de Maduro. 

Estas actas, verificadas por el Centro Carter y expertos independientes, desnudaron así el inmenso fraude cometido. 

Por si fuera poco, análisis estadísticos internacionales, avalados por reputadas instituciones especializadas y prestigiosas universidades, calificaron los resultados del CNE como “matemáticamente imposibles”.

Represión criminal 

El día siguiente de las votaciones, mientras el pueblo celebraba en las calles la victoria de Edmundo González Urrutia con el apoyo de María Corina Machado, el régimen respondió con sangre.

La respuesta de Maduro fue una ola de violencia brutal, que dejó como saldo 25 muertos, cientos de heridos y más de 1.300 detenciones arbitrarias, incluyendo a menores de edad.

Las calles, que vibraban con cacerolazos y banderas tricolores, se convirtieron en el escenario de una brutal represión por parte de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado y de los llamados “colectivos”, bandas paramilitares armadas por el régimen. 

Familias lloraron a sus seres queridos, mientras el régimen intentaba sofocar la verdad con balas y terrorismo de Estado que sembraban el miedo.

El mundo clama justicia 

El fraude de Maduro y sus cómplices desató una tormenta internacional.

Estados Unidos, a través del secretario de Estado Antony Blinken, afirmó que Edmundo González había sido el claro ganador y exigió la publicación de las actas. 

Canadá y la Unión Europea también reconocieron la victoria de Edmundo González Urrutia con el decisivo apoyo de María Corina Machado.

Nueve países latinoamericanos —Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay— demandaron transparencia y una auditoría completa.

Panamá dio un paso más allá, cortando relaciones diplomáticas con Venezuela. 

La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó los resultados, denunciando la falta de imparcialidad del CNE. 

El Centro Carter y un panel de expertos de la ONU documentaron la represión brutal, incluyendo torturas y detenciones arbitrarias.

Sin embargo, los aliados de Maduro —Rusia, China, Irán y Camboya— reconocieron su falsa “victoria”. 

China prometió fortalecer los lazos, y Serbia agradeció el apoyo de Maduro contra el reconocimiento de Kosovo.

Estas divisiones reflejaron el aislamiento del régimen de Maduro en América y Europa, pero también su capacidad para tratar de mantener apoyos geopolíticos estratégicos.

La voz del pueblo 

Las actas electorales en poder de la oposición, desde entonces, se transformaron en el arma más importante de esta lucha. 

La oposición digitalizó y publicó más del 85.18% de ellas, permitiendo al mundo verificar la verdad mesa por mesa. 

A pesar de que el régimen confiscó algunas actas y amenazó a testigos, las copias digitales, resguardadas por la oposición y verificadas internacionalmente, se han convertido en un símbolo de resistencia. 

Las actas originales son la prueba irrefutable de que Venezuela eligió a Edmundo González Urrutia como presidente de la República. 

Ruta de las actas

La oposición, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que recopiló el 85,18% de las actas, digitalizándolas y publicándolas en el sitio web resultadosconvzla.com, demostraron así una victoria de González Urrutia con 7,4 millones de votos frente a los 3,3 millones de Nicolás Maduro.

Estas actas, validadas por observadores internacionales como el Centro Carter y la MOE Colombia, fueron presentadas en la OEA y entregadas al gobierno de Panamá para su resguardo, simbolizando la soberanía popular.

Mediante un complejo y meticuloso sistema de seguridad, María Corina Machado y sus aliados lograron sacar del país las actas originales que demostraban sin lugar a dudas el contundente triunfo obtenido por Edmundo González Urrutia en esas presidenciales.

Después de mostrarlas ante organismos internacionales como la OEA y la ONU, así como mandatarios y parlamentos de diversos países fueron depositadas para su resguardo en el Banco Central de Panamá, donde permanecen en sus bóvedas. 

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, no publicó las actas, y solo emitió boletines con resultados agregados que daban a Maduro el 59,97% de los votos, considerados estadísticamente improbables y señalados como fraudulentos por expertos y la comunidad internacional. 

La falta de publicación de las actas por parte del CNE, sumada a denuncias de represión y arrestos, intensificó la crisis política, con protestas masivas y un boicot opositor a posteriores elecciones.

Un año después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, los derrotados se atornillan cada vez más en el poder y los vencedores tienen a su líder, María Corina Machado, en la clandestinidad; al presidente electo, Edmundo González Urrutia, en el exilio; a una parte notoria de su dirigencia tras las rejas y pareciera que ni una hoja se mueve para poner en jaque el mandato ilegítimo de Nicolás Maduro. Se ganó pero se sigue sin cobrar.

Por: Javier Conde – La Gran Aldea

No es, sin embargo, una experiencia inédita en la tozuda lucha de la oposición, u oposiciones, por alcanzar el poder en Venezuela y recuperar los signos vitales de la vida en democracia. A los éxitos han seguido períodos de reflujo, dispersión y desaliento. El régimen con el uso abusivo de todo el poder y alguna ayuda impropia de sus adversarios —enemigos apátridas en el lenguaje oficial—, ha triturado liderazgo tras liderazgo pero nunca ha visto enarbolada la bandera blanca de la rendición. Hace menos de tres años, a finales del año 2022, en la predecible agonía del interinato, nadie (o casi nadie) pudo advertir el surgimiento de ese torbellino político y electoral que se expresó en la primaria opositora de octubre de 2023 y en la elección del 28J. Es presumible pensar que en Miraflores se dormirá con un ojo en vela.

El régimen en el poder estaba enfrascado en aquel año 2023 en la lucha por erradicar a una de sus facciones internas, la de Tareck El Aissami y sus 40 ladrones (o más), que desangró las arcas petroleras en un monto nunca oficializado, y perdió de vista o despreció, o ambas cosas, el tsunami de María Corina Machado en el ámbito opositor. Obligado por esas circunstancias, más económicas que políticas, a firmar el Acuerdo de Barbados -una suerte de regularización del conflicto-, lo desconoció muy pronto, tras consumarse la primaria opositora que produjo un vuelco en el liderazgo opositor y lograr un alivio en las sanciones. ¿Sería entonces cuando interiorizó que había perdido al pueblo y que no habría forma de ganar “por las buenas” la elección presidencial?

Aún inhabilitada para aspirar a un cargo público, nada menos que la presidencia, Machado se echó sobre los hombros la campaña electoral que hizo posible que Edmundo González Urrutia, diplomático de carrera, ajeno a la política de masas y desconocido para la mayoría, se impusiera de manera rotunda el 28J, con una diferencia (siete votos de cada diez) nunca vista en elecciones presidenciales, ni en los tiempos gloriosos de Carlos Andrés Pérez y de Hugo Chávez. 

Un atípico traslado de votos, que pudo ser mayor si se hubiera conocido el 100% de las actas electorales, que expresó el muy hondo y muy extendido rechazo a la hegemonía oficial, cuyo saldo más visible es el exilio de cerca de nueve millones de personas en una nación en emergencia humanitaria. Se pensaba que una victoria muy amplia sería una garantía para abrir el período de transición para la entrega del poder cinco meses después, un excesivo lapso que el régimen, dueño de las fechas, se concedió para ejecutar el quiebre político que la Conferencia Episcopal Venezolana identificó en febrero de este año como el paso de una autocracia hegemónica a una autocracia cerrada. En lenguaje de Chávez, para entendernos, de Guatemala a Guatepeor. 

La oposición liderada por Machado, con el respaldo de todas las organizaciones de la Plataforma Unitaria, aunque con algunas tibiezas aguas arriba, estaba preparada para ganar y también preparada como nunca antes para probar su victoria, como lo hizo dentro y fuera del país, resultado de una eficiente organización para recopilar las actas en las mesas de votación y transmitirlas en tiempo récord.

Pero la oposición no pudo asumir la conducción del gobierno. No hubo fuerza para concretar la voluntad popular expresada en los votos. ¿Se sorprendió el liderazgo opositor con la ola represiva desatada para contener las espontáneas protestas populares contra el fraude electoral? Maduro la había anunciado el 18 de julio, diez días antes de la elección, cuando micrófono en mano, en una de sus arengas sin público, dijo: “si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo.”

“La más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo” ocurrió pero favoreció a los empecinados adversarios del “proceso bolivariano”, aún mayor que la elección parlamentaria de 2015 que dejó al oficialismo en franca minoría en la Asamblea Nacional. El radical desplazamiento de la voluntad política y electoral de los venezolanos el 28J solo podía ser paralizado con el desconocimiento de esa voluntad y la brutal operación “tun-tun” que apresó a cerca de 2000 personas e instaló el terror como política oficial. Ni siquiera hizo falta adulterar las máquinas de votación que, contrario a lo que se suponía, arrojaron las actas con la verdad del resultado. 

En síntesis, varios mitos se derrumbaron el 28J: uno, que la supuesta maquinaria oficialista podía ganar la elección presidencial; dos, que una aplastante victoria opositora obligaría a negociar la transición. Maduro ahora y Chávez antes solo aceptaron negociaciones para ganar tiempo. Entregar el poder no está en su ADN; tres, las máquinas electorales no eran el peligro sino los dueños del proceso electoral; cuatro, se compitió en una elección presidencial con las peores condiciones de cuantas se han realizado desde 1958. No fue ni limpia ni transparente como tanto se había exigido, se anularon candidaturas opositoras, secuestraron tarjetas de partidos políticos, todo en un ambiente de persecución política que incluyó, nada menos, que la amenaza de detención del núcleo de dirección de Vente Venezuela (el partido de Machado) que se asiló en la Embajada de Argentina donde permaneció más de un año hasta su sorpresivo escape. Y en esas terribles condiciones Maduro fue derrotado.

¿Cerrada la vía electoral?

Moisés Naím por estos días lo ha reiterado con crudeza: “Venezuela es un país ocupado por otras potencias, donde los carteles criminales no van a dejar el poder simplemente porque haya una votación”. En ese contexto, esperar una respuesta institucional de las Fuerzas Armadas –“organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación”, reza el artículo 328 de la Constitución– ha sido (por ahora) una aspiración fallida. No estamos en el Chile de 1988 donde el alto mando militar le hizo saber al general Augusto Pinochet que había perdido el plebiscito para su continuidad en el poder. En aquel mundo aún de la Guerra Fría el enfrentamiento era ideológico y en nuestra aldea global es cualquier cosa menos eso, como lo pinta Naím. 

No hubo pronunciamiento militar ni el 28J, ni el 9 de enero, y menos el 10 de enero cuando Maduro fue juramentado para cumplir un nuevo período presidencial ante la presencia de los otros dos dictadores latinoamericanos, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel. La comunidad democrática internacional presenció la usurpación del poder y se negó a reconocer al mandatario mientras no se mostraran las actas de la victoria que le asignó el Consejo Nacional Electoral. 

Los que mandan se aprovecharon de la cultura democrática de los venezolanos que durante 40 años cambiaron de presidente en períodos de cinco años, cuyo ejercicio tenía fecha de caducidad desde su primer día en Miraflores.  El desconocimiento del resultado del 28 de julio evidenció para todos que una parte de los venezolanos, minoritaria pero armada, no comparte esa cultura democrática. El desconocimiento abrió escenarios tanto para quienes usurpan el poder como para quienes persisten en ejecutar el mandato del 28J. 

Cruzado el Rubicón del fraude, un punto de no retorno, el régimen se plantea desarrollar su proyecto autocrático. Controla la fuerza armada y todo el entramado institucional, tiene tentáculos en el mundo productivo y aliados internacionales (Cuba, Rusia, Irán, Turquía) que juegan de local en eso que el proyecto Variedades de la Democracia (V-Dem) identifica como la ola autocrática que ensombrece el mundo global en los últimos 20 años: las democracias liberales son menos comunes, tres de cada cuatro personas viven en autocracias, la libertad de expresión disminuyó en 44 países el año pasado, las elecciones limpias están en declive en 25 países, la libertad de asociación en 22 y el Estado de Derecho en 18. 

El proyecto de “actualización del entramado institucional” de la Constitución de 1999, que suena a eufemismo para podar derechos y garantías ciudadanas, ya muy restringidos en el día a día de las organizaciones políticas y sociales, es la gran baza del oficialismo para concretar una apretada camisa institucional donde se reservará el derecho de admisión. Anunciado en febrero pasado, el proyecto fue pospuesto para el año próximo. ¿Cuál pudiera ser la explicación? Seguir golpeando los cuadros directivos de Vente Venezuela y de organizaciones afines con el objetivo de aislar y debilitar el liderazgo en rebeldía, en cuyo plan encajan los adelantos electorales, respondidos con una mezcla de hastío y desaprobación, pero que suman siglas y figuras políticas que hasta hace nada jugaban en el equipo contrario.  

Una dispersión opositora pronosticada antes de la victoria del 28J, cuando se buscaba la candidatura sustituta de Machado, que se produjo, paradójicamente, luego de consumado el formidable éxito electoral. A la oposición le ha costado administrar sus avances. El régimen aprovechó las fisuras para usar la agenda electoral como un mecanismo de control político -participan los que admite el régimen y se suprimen los derechos más elementades, como la presentación de resultados verificables-  y en paralelo descabezar los liderazgos en torno a Machado, con el apresamiento de Juan Pablo Guanipa y otros cuadros de la estructura orgánica de Vente Venezuela. En el curso de estos acontecimientos que han marcado el primer semestre de 2025, ocurrió la denominada Operación Guacamaya, que dejó sin efecto el severo cerco montando por agentes policiales y de inteligencia militar para lograr la rendición de los cinco dirigentes de Vente en la embajada de Argentina. La fuga, cuya ejecutoria, en la que Estados Unidos admitió su participación, se desconoce en sus detalles dejó sin explicaciones al régimen y permite pensar en fisuras en la en apariencia inexpugnable estructura del poder.

Maduro piensa en un plan a 30 años, como Chávez ofreció en 1994 ante las barbas de Fidel Castro un proyecto estratégico a 20 o 40 años en el que los cubanos tenían -dijo cautivado- “mucho que aportar”: nada menos que seis décadas ahora y contando de férreo control del poder, aun cuando se expanda la miseria y se reduzca y envejezca la población. Ya rondaba por allí el germen del plan autocrático, que el comandante supremo emparentó con el “sueño bolivariano”, en el que no se desechaba el uso de las armas del pueblo que estaban en los cuarteles. El heredero del poder está cumpliendo la tarea de su padre político y los fiscalizadores de la metrópoli habanera el suyo.

Naím en su comentada entrevista con La Nación de Buenos Aires, también publicada en La Gran Aldea, advierte sobre la brecha entre el tiempo para resolver un problema (en el caso venezolano es un problemón) y el tiempo político para que eso ocurra. El tiempo juega a favor de los que tienen el poder, que no tienen ninguna prisa para soltarlo y parecen sentirse cómodos gobernando sin apoyo popular. 

La oposición liderada por Machado confía hasta el final en una victoria sin fecha en el calendario, como resultado de la maduración de varios factores: el hartazgo de la población frente a una durísima realidad social y económica junto a un proceso de organización subterránea, la única posible en un ambiente represivo como el actual,  que tendrá que desarrollar capacidad para estimular la protesta en un contexto que pueda ser favorable y la cuadratura de actores internacionales, con la administración Trump a la cabeza,  que tienen una agenda repleta de problemas mayúsculos, Gaza, Irán, Ucrania y la guerra comercial desatada desde Washington. Una administración Trump con la que Miraflores negocia y saca rédito de su disparatada política sobre la migración.  Un escenario complejo, donde lo imprevisible será su signo más visible.

Si la vía electoral para el cambio político luce cerrada, ¿qué se puede esperar? ¿Será el proyecto de “actualización constitucional” un escenario para la acción y movilización política en defensa de la vida en democracia? ¿La amenaza de consolidar el proyecto autocrático abrirá un espacio para recomponer alianzas internas y sumar voluntades alejadas de la contienda política?  ¿Se resignarán los venezolanos a vivir en una sociedad sin libertades donde la dádiva suplante a los derechos?  ¿Defenderán los venezolanos su victoria del 28J y el liderazgo que se dieron y confirmaron en elecciones sucesivas?