Un año después de las disputadas elecciones presidenciales en Venezuela, en las que se cuestionó el triunfo de Nicolás Maduro entre denuncias de fraude de la oposición, el chavismo goza de un poder absoluto pese a la crisis de legitimidad.
Por: Juan Francisco Alonso – BBC
Después de que la oposición demostrara con las actas el triunfo de Edmundo González hace un año, su dirección ha llamado a la abstención.
Y eso se tradujo en que en las elecciones regionales de mayo el chavismo lograra gobernar en 23 de los 24 estados del país y a que este domingo, en los comicios locales, resultara ganador en 285 de los 335 municipios del país (85%), anunció Maduro en la madrugada de este lunes.
Las versiones encontradas de los resultados de las presidenciales de 2024 desataron protestas que fueron duramente reprimidas e hicieron que Estados Unidos, la Unión Europea (UE), y numerosos países latinoamericanos exigieron a las autoridades venezolanas la publicación de los resultados desglosados, mesa por mesa, como tradicionalmente ha ocurrido.
Sin embargo, un año después, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, no ha presentado las pruebas que demuestran el triunfo de Maduro, una decisión que se ha saldado con el control político casi absoluto del oficialismo, la cuetionada legitimidad del presidente y una oposición deprimida con González en el exilio y con la líder María Corina Machado en la clandestinidad.
Pero sobre todo, Venezuela ha visto recrudecer la crisis política y social que lleva sufriendo desde hace años el país y eso se refleja con retrocesos en varias áreas.
1. La economía
Las dudas sobre los comicios fueron una de las razones esgrimidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para anular, a principios de año, la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar en Venezuela.
Sin embargo, a final de la pasada semana, Trump decidió revertir esa medida que explicaba en parte la recuperación de la producción petrolera que había experimentado Venezuela y que es fundamental para las arcas del Estado.
Como la caída de la producción ha sido tan marcada en los últimos años, los expertos consultados descartan que el permiso a Chevron se traduzca en un repunte significativo de la producción y, por ende, de los ingresos petroleros.
«Hay muchísima incertidumbre sobre los detalles de la licencia. Si abarca solo a Chevron o también a las empresas europeas (Eni de Italia y Repsol de España)», afirmó a BBC Mundo el economista Francisco Monaldi, profesor de la Universidad de Rice (EE.UU.).
«El gobierno de EE.UU. dice que no le van a pagar en dólares a Venezuela, por lo que queda la pregunta: ¿cuál es el incentivo para que Venezuela envíe petróleo a EE.UU.? Hay quienes creen que podría darse una especie de trueque: petróleo por diluyentes», explicó.
Los datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) confirman que Venezuela produce 910.000 barriles diarios frente a los 863.000 de julio de 2024.
Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró este mes que la producción petrolera venezolna, de abril a junio, promedió 1.062.000 barriles por día (bpd), 27.000 bpd más que en los primeros tres meses del año, cuando fue de 1.035.000.
Desde la salida de Chevron, el grueso del crudo venezolano se ha estado vendiendo a China, por lo que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) debe pagar más por flete y por el seguro para transportarlo, pero además debe ofrecer menores precios a las refinerías chinas debido a las sanciones de EE.UU.
«Si el barril está a US$66, Venezuela cobra US$40», aseguró un exdirectivo del Banco Central de Venezuela (BCV), quien pidió no revelar su identidad.
¿Por qué esta reducción? «Porque el crudo se está vendiendo en el mercado negro asiático, debido a las sanciones y allí se paga a un menor precio», agregó Monaldi.
La expectativa de que el fisco venezolano fuera a recibir menos petrodólares explica por qué en los últimos doce meses la moneda nacional se ha depreciado y la inflación repuntado, aseguraron los expertos.
El BCV dejó de publicar estadísticas sobre la variación de los precios en octubre pasado, pero firmas independientes sostienen que han crecido un 250% en el último año.
Lo que sí ha venido publicando el banco es la cotización del bolívar y en ella deja en claro que la moneda se devaluó 52,2% entre enero y junio de este año.
Por su parte, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el llamado mercado negro ronda entre el 20 y 30%, según los expertos consultados.
En un intento por revertir esta situación, las autoridades han bloqueado los sitios web donde aparecían cotizaciones de la moneda diferentes a la oficial, y han arrestado a algunos de sus responsables, así como a varios economistas que han presentado pronósticos desfavorables.
La devaluación y la inflación golpean con particular fuerza a los asalariados del sector público y a los jubilados. El salario mínimo, por su parte, permanece congelado desde 2022 en 130 bolívares (poco más de US$1 al cambio oficial), y el gobierno solo ha ajustado los bonos que otorga a sus funcionarios activos y los pensionados hasta los US$130.
Sin embargo, los incrementos son insuficientes para cubrir la canasta alimentaria, la cual para el primer trimestre de este año rondaba los US$527, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Tanto Monaldi como el exdirectivo del BCV creen que la decisión a favor de Chevron hará que la depreciación del bolívar se frene y la posibilidad de una nueva hiperinflación se aleje.
Las autoridades, por su parte, se muestran optimistas sobre el futuro.
«Venezuela sigue la senda de crecimiento», aseguró Maduro a mediados de este mes, cuando dijo que en el segundo trimestre del año el Producto Interior Bruto (PIB) se expandió 6%.
El mandatario incluso restó importancia a la nueva autorización a Chevron.
«No necesitamos licencias para producir y hemos aprendido», dijo en días pasados.
La veracidad de las cifras oficiales y del optimismo del mandatario son puestos en duda por los expertos consultados.
«El panorama hacia futuro es negativo, aunque ahora (tras la decisión a favor de Chevron) es bastante mejor», afirmó Monaldi, quien, no obstante, advirtió que «para que Venezuela crezca sostenidamente se deben flexibilizar las sanciones; pero eso no va a ocurrir mientras sus autoridades no sean reconocidas internacionalmente».
EE.UU., los países de la Unión Europea (UE) e incluso gobiernos cercanos ideológicamente como los de Brasil o Colombia han condicionado el reconocimiento y la legitimidad del gobierno de Maduro a la presentación de evidencias que comprueben su triunfo en las urnas.
2. El miedo
En Venezuela, hoy muchos ciudadanos borran constantemente sus conversaciones por WhatsApp en previsión de un policía les revise sus teléfonos, evitan expresarse sobre determinados temas en público y participar en protestas.
Este clima de temor fue sembrado con la respuesta a las protestas que se registraron en rechazo al anuncio del CNE y en reclamo de las actas de escrutinio. La dureza de la acción estatal fue calificada como «terrorismo de Estado» por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En cuestión de semanas, 2.400 personas fueron arrestadas, entre ellas decenas de niños y adolescentes.
Los detenidos, muchos de ellos residentes en barrios que eran considerados bastiones del chavismo, fueron acusados de «terrorismo», delito que se castiga con hasta 30 años de prisión.
Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que «prácticamente la totalidad» de las aprehensiones «fueron arbitrarias y motivadas por razones políticas», pues se produjeron lejos o mucho después de ocurridos los disturbios que se registraron posterior a los comicios.
Y aunque las autoridades aseguran que desde finales del año pasado, 2.006 personas han sido excarceladas, solo se ha confirmado unas 1.500, informó el alto comisionado de la ONU, Volker Türk, en junio pasado.
No obstante, el reciente acuerdo con EE.UU., que permitió el canje de 252 migrantes venezolanos que estaban encarcelados en El Salvador, a cambio de diez estadounidenses y un grupo venezolanos detenidos tras las presidenciales, las autoridades han seguido con los arrestos.
En lo que va del año, decenas de dirigentes estudiantiles, activistas de derechos humanos, periodistas, economistas y miembros y testigos de mesas de votación, o sus familiares han sido aprehendidos.
Por su parte, otras 126 personas han debido dejar el país o esconderse por temor a ser encerrados, denunció el Alto Comisionado de la ONU.
BBC Mundo ha solicitado entrevistas con el gobierno de Venezuela, pero de momento no ha obtenido respuesta.
En entrevista con BBC Mundo en febrero, el fiscal general Tarek William Saab desacreditó las denuncias de violaciones de derechos humanos que hacen los organismos internacionales.
«Usan los derechos humanos para dañar nuestra imagen, porque no formamos parte de la órbita de los centros de poder», dijo.
La CIDH, la ONU y activistas venezolanos han denunciado también las llamadas «desapariciones forzadas de corta duración» que, aseguran, se han expandido en el último año.
Esta técnica, considerada «crimen de lesa humanidad», consiste en aprehender a personas sin orden judicial ni estar cometiendo un delito flagrante; y, una vez capturadas, no se les permite contactar a sus familiares ni abogados de inmediato, como establece la Constitución.
Tampoco se lleva a los detenidos ante un juez en el plazo legal de 48 horas, ni se informa de su paradero ni condición durante días, semanas o incluso meses.
El Alto Comisionado de la ONU ha documentado 84 desapariciones de esta naturaleza en el último año, y reportó que en una de ellas no se tuvo ninguna noticia de la víctima hasta 159 días después de su captura.
Las autoridades no reconocen la práctica.
«Una desaparición forzada exprés no existe», aseguró el fiscal Saab en febrero a BBC Mundo.
«(En Venezuela) Se detiene a personas porque cometieron hechos punibles y entonces ya quieren buscar la figura que no consiguen. Ahora quieren inventar una nueva figura de desaparición forzada. No, son detenciones y las personas luego son presentadas ante los órganos correspondientes, son imputadas y se les hace el juicio», agregó, sin explicar por qué los plazos legales no se cumplen.
La posibilidad de ser detenido sin saber por cuánto tiempo y sin tener contacto con familiares ni seres queridos es una herramienta eficaz para inhibir a la disidencia, denuncian activistas venezolanos.
«Con este terrorismo de Estado, como bien lo ha calificado la CIDH, se ha expandido el miedo a opinar, a exigir derechos, a organizarse e incluso a denunciar la detención de algún familiar», dijo Marino Alvarado, miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas y reconocidas del país.
Un exmiembro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cercano al oficialismo aceptó hablar con BBC Mundo para este artículo y dar su nombre, pero luego pidió que no se divulgara su identidad.
A Alvarado casos como el del exfuncionario no le sorprenden.
«En Venezuela, toda persona está en riesgo de ser detenida, incluyendo quienes forman parte de la estructura de poder, porque la arbitrariedad se ha extendido a tales niveles que nadie está salvo», dijo.
Para la experta en comunicación política Carmen Beatriz Fernández esta estrategia revela debilidad.
«Con la variable miedo, el chavismo busca darle estabilidad a su régimen autoritario, porque hoy, pese a lo que puede parecer, no es estable», dijo a BBC Mundo.
3. Voto inutilizado
Las dudas respecto a los resultados de las presidenciales de 2024 también han golpeado la confianza en el sistema electoral y en la figura del voto, lo cual se ha traducido en el rechazo de un sector significativo de la oposición a participar en los comicios que se han celebrado en el último año.
«Los dejamos solos el 25 de mayo, este 27 de julio volvemos a dejarlos solos», afirmó la líder opositora María Corina Machado, al llamar a los suyos a abstenerse nuevamente.
«Lo peor que ha pasado en este año es que al robarse esas elecciones de esa manera el chavismo envió un mensaje claro: ‘Nosotros solo jugamos a la democracia siempre y cuando no perdamos el poder'», aseguró Fernández.
«El camino de la alternancia política o del cambio político por la vía electoral en Venezuela se cerró luego del 28J», agregó.
Los datos corroboran la afirmación de la experta. Así, en las pasadas elecciones legislativas y regionales de mayo votó apenas el 25%, aseguró a BBC Mundo el experto en temas electorales Eugenio Martínez, quien estudió con detalle las cifras del CNE.
Por su parte, en las municipales de este domingo el CNE aseguró que la participación de «electores activos» fue del 44%, pero Martínez rebaja esto hasta el 29%.
La desconfianza opositora ha sido aprovechada por el oficialismo para ampliar su poder institucional.
Tras revalidar la amplia mayoría de casi el 90% de los curules que ostentaba en el Parlamento y de hacerse con 23 de las 24 gobernaciones, el oficialismo intentó hacerse con todos municipios del país.
«Vamos por las 335 alcaldías», dijo la semana pasada el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Sin embargo, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no solo no logró teñir enteramente el mapa de rojo, sino que no superó el récord obtenido en las municipales de 2017, cuando se hizo con 309 alcaldías.
Aunque la meta de que un chavista gobernara «en Baruta y Chacao», municipios al este de Caracas que han estado en manos de la oposición durante los últimos 25 años, no se alcanzó, el líder bolivariano calificó de «victoria histórica» haber ganado 285 de las 335 alcaldías.
«De las 24 capitales de estado ganamos en 23», dijo Maduro en la televisión estatal.
El gobernante también anunció que las restantes 50 alcaldías fueron adjudicadas a fuerzas distintas al PSUV, a las que definió como la «nueva oposición».
Fernández calificó los procesos celebrados este año como un «juego de microdemocracia».
«Este tipo de comicios sirven para mantener hacia el exterior una narrativa de una democracia electoral, pero hacia adentro el mensaje está muy claro: puedes jugar siempre y cuando no atentes contra el verdadero poder, que soy yo».
El exmagistrado del TSJ que habló con BBC Mundo cree que la vía electoral no está cerrada, pero admitió que se necesita un pacto entre chavismo y oposición.
«Si no se llega a un arreglo, seguiremos entrampados en este juego donde siempre perdemos todos», dijo.
«Estoy seguro que en el gobierno hay personas con quien buscar una solución consensual, porque ellos saben que no se puede vivir eternamente en la emergencia. Así como en la oposición también hay quienes entienden que pidiendo sanciones y amenazando permanentemente con cárcel a los integrantes del gobierno, será muy difícil llegar al poder sin la fuerza militar», zanjó.
Para Maduro la decisión del TSJ, el cual en agosto de 2024 avaló su triunfo en las presidenciales, puso punto final a la controversia y no parece preocupado por las críticas sobre el modelo político-electoral imperante en el país.
«En Venezuela se construye una democracia nueva, verdadera y completa, donde el pueblo es quien decide», dijo en días pasados.
«La democracia occidental está agotada, esa es la democracia de los multimillonarios, de las élites… En Venezuela, esa democracia falsa se acabó para siempre», remató.
