Amnistía Internacional (AI) denunció que las autoridades del régimen venezolano cometieron, y siguen cometiendo, desapariciones forzadas como parte de su política de represión a la disidencia y a quienes perciben como tales.
Por: Gastón Calvo – Infobae
En su informe “Detenciones sin Rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela”, la organización analizó la situación de 15 personas desaparecidas forzadamente desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 hasta el 15 de junio de este año.
“La violencia de las autoridades venezolanas sigue perpetuándose con una crueldad sin límites. La desaparición forzada implica no tener información alguna sobre el destino de una persona, ni siquiera saber si sigue con vida, lo cual genera un daño irreparable tanto para ella como para sus seres queridos, quienes enfrentan una incertidumbre insoportable y un dolor constante», expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Y completó: “Ante esta realidad, el mundo no puede permanecer indiferente. La magnitud y gravedad de estas violaciones deben despertar la conciencia internacional y exigir una respuesta contundente por parte de los mecanismos de justicia global. Al tratarse de un crimen que trasciende fronteras, no solo compromete al Estado, sino también a los funcionarios responsables de ejecutarlo”.
La investigación, enviada por la ONG a Infobae, señala que se deben dar tres elementos de forma concurrente para que se configure una desaparición forzada: (1) la detención de una persona; (2) por agentes estatales, o personas actuando con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado; y (3) la negación oficial de la detención o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona detenida.
El marco temporal del informe inició con la elección presidencial del 28 de julio de 2024 e incluyó la represión que siguió al cuestionado resultado anunciado por el régimen de Nicolás Maduro. “Las estrategias del gobierno para reprimir las expresiones a favor de un cambio político siguieron un patrón conocido y recurrente, aunque a una escala no vista anteriormente: 25 personas perdieron la vida, al menos 2.200 fueron privadas arbitraria e ilegalmente de la libertad y, posiblemente, cientos de ellas sufrieron una desaparición forzada al negarse su detención u ocultarse su suerte o paradero», subrayó AI.
En relación con las 15 personas cuyas desapariciones forzadas investigó la organización, destacan la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) como los principales organismos responsables de las detenciones arbitrarias.
El informe remarcó que se desconoce el paradero de 11 de las 15 personas cuyas desapariciones forzadas fueron investigadas por Amnistía Internacional. Se trata de Andrés Martínez, Damián Rojas, Danner Barajas, Dennis Lepaje, Eudi Andrade, Fabián Buglione, Jorgen Guanares, Jose María Basoa, Lucas Hunter, Rory Branker y Yevhenii Petrovish Trush.
Únicamente se logró establecer el paradero de cuatro personas: Alfredo Díaz, quien estuvo sometido a desaparición forzada durante cuatro días; Eduardo Torres, desaparecido forzadamente por ocho días; y Rosa Chirinos y Raymar Pérez, quienes estuvieron desaparecidas de manera forzada durante cuatro meses.
Al cierre del informe, al menos 46 personas podrían estar desaparecidas forzadamente, según información recabada por la organización Foro Penal.
Detenciones arbitrarias y ocultamiento del paradero
En la mayoría de las instancias analizadas por Amnistía Internacional, la detención habría sido arbitraria debido a que no existía base legal para ello. Además, la motivación de la detención en prácticamente todos los casos fue política: las víctimas fueron detenidas por haber participado en protestas, por haber transportado a personas de alto perfil político, o por ser parte de partidos políticos de oposición, activistas, periodistas críticas o defensoras de derechos humanos.
Por ejemplo, se presume que la detención de Rory Branker, arrestado el 20 de febrero de 2025 por el SEBIN y que continúa en paradero desconocido, tuvo como finalidad castigar al medio La Patilla, donde él es editor, conocido por su línea editorial crítica hacia el régimen.
En general, las autoridades negaron información sobre la detención de todas estas personas. Cuando sí las reconocieron, negaron información sobre su suerte o paradero. Sus familias recorrieron sin descanso organismos de gobierno, fiscalía, poder judicial y varios centros de reclusión para intentar localizar a sus seres queridos, sin obtener respuesta, detalló el reporte.
En los casos de las 15 personas, no solo se les negaron de manera sistemática las garantías procesales y el derecho a un juicio justo, sino que ciertos mecanismos del aparato judicial sirvieron para conferir apariencia de legalidad a procedimientos esencialmente arbitrarios e ilegales y facilitar la desaparición forzada. Asimismo, ciertos indicios apuntan a que varias de las personas desaparecidas forzadamente podrían haber sido sometidas a tortura u otros malos tratos con el objetivo de obtener o fabricar una “confesión”, o forzar un “testimonio” que incrimine a terceros.
Detenciones y desapariciones forzadas de extranjeros
Tras las elecciones del 28 de julio del año pasado, el régimen de Nicolás Maduro anunció la detención de más de 150 “mercenarios extranjeros”. El informe sostiene que, al parecer, las autoridades venezolanas estarían utilizando esta práctica para “justificar sus narrativas sobre conspiraciones extranjeras y como moneda de cambio con fines de negociación con terceros países».
Amnistía Internacional documentó varios casos de personas cuya detención habría sido motivada principalmente por su nacionalidad; al tiempo que reiteró que la desaparición forzada es un crimen de derecho internacional cuya prohibición es absoluta y no admite justificaciones bajo ninguna circunstancia, incluso en contextos de supuesta lucha contra el terrorismo.
La investigación recordó que, en 2024, las autoridades del régimen chavista detuvieron arbitrariamente al joven ucraniano Yevhenii Trush, de 19 años, mientras solicitaba refugio en la frontera con Colombia. También fueron arrestados los españoles Andrés Martínez y José María Basoa, acusados sin pruebas de espionaje pese a haber ingresado como turistas. Hasta hoy, los tres permanecen desaparecidos, sin acceso a información oficial ni garantías procesales.
Por otro lado, Nahuel Agustín Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela desde Colombia para visitar a su esposa e hijo. Desde entonces, permanece privado de libertad en la cárcel de El Rodeo I sin imputación formal ni acceso a defensa, lo que constituye una violación grave al debido proceso. Su detención ha sido denunciada por el gobierno argentino ante la Corte Penal Internacional, mientras que organismos internacionales como la OEA la calificaron como un crimen de lesa humanidad. La familia de Gallo, que logró regresar a Argentina, continúa reclamando su liberación y visibilizando la situación ante la comunidad internacional.
Un ataque generalizado y sistemático
A la luz de la investigación en curso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el análisis de Amnistía Internacional también se centra en el crimen de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad en base al Estatuto de Roma de la CPI.
En 2019, la ONG concluyó que en Venezuela existía un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, y que se habían cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde 2014. En ese momento, identificó las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, y las lesiones por uso excesivo de la fuerza como elementos de una política de represión del Estado. Posteriormente, también incluyó el posible crimen de persecución.
En su nuevo informe, Amnistía Internacional concluyó que al menos algunos de los actos de desaparición forzada documentados fueron cometidos como parte del ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Venezuela, y que también constituyen un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma.
Recomendaciones
Frente a la persistencia de crímenes de derecho internacional y la impunidad estructural en Venezuela, Amnistía Internacional instó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a avanzar con firmeza en su investigación, incluyendo la desaparición forzada como posible crimen de lesa humanidad.
La organización exigió al Estado venezolano que ponga fin de inmediato a esta práctica y garantice el derecho de las familias a conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos. Además, llamó a la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos.
Por último, instó a la comunidad internacional a utilizar todos los canales diplomáticos y jurídicos disponibles —incluida la jurisdicción universal— para presionar por rendición de cuentas, así como a reforzar el respaldo político, técnico y financiero a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera del país, quienes siguen resistiendo en un entorno cada vez más hostil.
La organización recordó que en Argentina se encuentra en curso ante la justicia federal una causa para investigar, perseguir y sancionar penalmente a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Amnistía Internacional se presentó como amicus curiae (amigo del tribunal) ofreciendo argumentos jurídicos para promover el avance decidido e independiente en la investigación sobre estos crímenes.
