Han pasado siete años desde que Beatriz Salas escuchó por última vez a su hijo Hugo Marino. El caso encaja dentro de un patrón de desapariciones forzadas de presos políticos en Venezuela que defensores de derechos humanos denuncian desde hace años.
AFP
El destino de Marino despierta aún más preocupación luego de que se supo de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, un comerciante de 50 años de edad detenido en enero de 2025 y cuyo deceso bajo custodia del Estado se mantuvo oculto durante nueve meses.
Su madre, Carmen Teresa Navas, de 81 años, lo buscó incansablemente durante 16 meses, hasta que el 7 de mayo el gobierno notificó su muerte. Diez días después murió ella.
Lo ocurrido a Quero es «un caso emblemático y tememos que ese haya sido el lamentable destino de estas personas», indica Érika Guevara Rosas, de Amnistía Internacional.
«Nuestra experiencia en todo el mundo nos ha dicho que el crimen de desaparición forzada es conducente a otros crímenes como la ejecución extrajudicial», añade.
La preocupación de que casos como el de Quero se repitan está «latente», comenta a la AFP Diego Casanova, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), organización que estima unas 50 desapariciones forzadas.
Sin embargo, no hay certeza sobre la cifra total, en parte porque muchas familias se han negado a denunciar por miedo, afirma Casanova.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos luego de la captura de Nicolás Maduro en enero, dijo que ofrecerá resultados de una investigación para «esclarecer lo ocurrido» con Quero.
«Política de Estado»
Los órganos de justicia están obligados a ofrecer información sobre una persona detenida y cumplido un lapso de 48 horas celebrar una audiencia de presentación ante un tribunal, explica Oscar Murillo, de la ONG Provea.
Además, las cárceles deben tener listados visibles con los nombres de los privados de libertad para que su familia y defensores puedan ubicarlos.
Pero en Venezuela esto no se cumple. Los familiares se ven obligados a recorrer cárceles y comandancias policiales sin respuestas, ni acceso a listas de prisioneros.
Fue lo que vivió Carmen Teresa Navas cuando peregrinó por varias cárceles en busca de su hijo. En todas se lo negaron.
Marino Alvarado, también de la ONG Provea, comenta que «la desaparición forzada se convirtió en una política de Estado en Venezuela».
Amnistía Internacional documentó 17 desapariciones forzadas en Venezuela en su informe de 2025. De esas al menos 11 siguen en paradero desconocido.
Hugo Marino, nacido el 27 de agosto de 1964, vivía en Miami, Estados Unidos. Llegó a Venezuela en abril de 2019 en un viaje que debía ser de apenas unos días. Se comunicó poco después de aterrizar en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas. Fue la última vez.
Inquietos por la falta de noticias sobre él, sus familiares lo buscaron en hospitales, estaciones policiales y morgues.
Gracias a dos conocidos que tenían contactos en el gobierno, su familia logró saber que había sido detenido por agentes de inteligencia.
«Que me lo entreguen vivo»
A sus 82 años Beatriz Salas dice no perder la fe de volver a abrazar a su hijo. «Ellos se lo llevaron vivo y así me lo tienen que entregar», clama durante una videollamada con la AFP.
Desde el 20 de abril de 2019 la familia de Hugo Marino, de nacionalidad venezolana e italiana, especialista en hallar aviones siniestrados, no ha parado de buscarlo.
«Cuando desaparece una persona este régimen se lleva con él la familia. Destruyen al que se llevan y destruyen al núcleo familiar», dice Salas, residenciada en Estados Unidos.
Desde hace siete años el tiempo se detuvo para ella, su nuera y sus dos nietos.
Su búsqueda sigue. «Me tengo que ir de esta tierra para no seguir buscando a mi hijo», afirma.
