Armando Esteban Quito, Author at Morfema Press

Pasaron a retiro a generales del Ejército, que habían ocupado cargos y funciones de privilegio, uno de ellos mayor general, cuatro divisionarios y uno general de brigada. Uno sancionado por la OFAC, otros señalados por violación a derechos humanos, incluso por corrupción o tráfico.

Por: Sebastiana Barráez – Infobae

Con la Resolución 60498 son retirados de la vida activa seis oficiales de los privilegiados en la institución. Desde la época de Hugo Chávez, la revolución bolivariana ha prorrogado el tiempo de permanencia en la institución castrense a militares del entorno de poder, como es el caso del GJ (Ej) Vladimir Padrino López, cuya promoción pasó a retiro hace once años.

Mayor General Manuel Enrique Castillo Rengifo: fue uno de los oficiales con mayor poder de fuego al ocupar por dos años consecutivos el cargo de comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Andes, antes había comandado la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Zulia.

Al salir de la REDI, Castillo Rengifo fue designado, el 16 de octubre de 2024, subcomandante y Jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (CEOFANB). El 10 de enero de 2025 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo incluye en la lista de ocho sancionados en cuyas instituciones se llevó a cabo la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro y los abusos a los derechos humanos contra los actores democráticos.

General De División Robinson José Vera Cumare: fue jefe de la Zona de Defensa Integral (ZODI) Apure, en el año 2020, luego del extraño asesinato del general Sergio Negrín Alvarado, horas antes de tomar el Comando de Zona Nr. 35 de Apure.

Meses después de haber sido nombrado en la ZODI Apure, el general Vera Cumare, ejecutó una acción para tomar el control de un campamento de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), cuyo comandante manejaba jugosos negocios del contrabando.

En ese hecho, las disidencias de las FARC mataron a cuatro militares venezolanos: Sgt (Ej) Gabriel Alexander Pérez Silva, Sgt (Ej) Reiber David Chirino Reyes, 1Tte (Av) Augusto David Linares Delgado, Tte (Av) Miguel Ángel Mora García.

Meses después se desató la guerra entre oficiales venezolanos y las FARC, que llevó a la muerte de 16 militares venezolanos de diversos componentes.

Vera Cumare fue comandante de la Brigada 92 Caribe, en Guasdualito, frontera de Venezuela con Colombia.

En diciembre 2017, Dayana Daniela Díaz Piñero presentó denuncia formal, ante organismos venezolanos y el Consulado de Colombia en Guasdualito, Apure, contra el entonces jefe de la Brigada Caribe, Vera Cumare y otros funcionarios, por la desaparición de su concubino César Eduardo Sánchez y de Jeison Pardo León, quien estaba alquilado en la vivienda donde habitaban y que está ubicada en el barrio La Primavera de Guasdualito, municipio Páez de Apure.

Díaz Piñero explicó que los dos hombres fueron sacados de su vivienda, por el Grupo Caribe al mando del General Vera Cumare, y no se supo nunca más de Sánchez y Pardo. Díaz tuvo que huir de Apure y Vera Cumare fue ascendido a jefe de la ZODI Apure.

Un informe de la OCCRP, una de las mayores organizaciones de periodismo de investigación del mundo, con sede en Ámsterdam, que estudia e investiga casos de Delincuencia Organizada y Corrupción, publicó que el general Vera Cumare, según el registro de contratistas mostró, poseía acciones de la Cooperativa Jerusalén 24, fundada en 2005, empresa que ha obtenido decenas de contratos públicos en Venezuela, incluido el suministro de frutas y verduras a un centro educativo público.

General de División Pablo José Bravo Parra: fue el Segundo Comandante de la REDI Los Andes, cuando el jefe de esa región era el General Manuel Enrique Castillo Rengifo. En el 2020 fue nombrado comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Sucre, siendo ratificado en el 2021. En el 2017 fue el primer jefe del Comando de Operaciones Especiales “GJ Félix Antonio Velásquez”.

General de División Marco Tulio Álvarez Reyes, alias Quasimodo, ocupó cargos como jefe de la Unidad Especial de Seguridad y Protocolo de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Rafael Chávez Frías. Estaba ratificado como jefe de la ZODI Anzoátegui cuando, el 5 de febrero de 2022, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se presentaron a una reunión donde el alto oficial se encontraba, en la sede militar de Guanta.

Al término de la reunión, Álvarez Reyes fue detenido, en el marco del Operativo Mano de Hierro, como uno de los que estaría implicado en el contrabando de combustible, junto al alcalde chavista Carlos Rafael Vidal Bolívar, alcalde del municipio Independencia, ubicado en la zona sur del estado Anzoátegui; también otro del grupo del contrabando del combustible fue el exalcalde del PSUV en el municipio Freites, Daniel Florencio Haro Méndez.

Años antes, Álvarez Reyes fue Secretario de Seguridad del estado Falcón, cuando la gobernadora era Stella Marina Lugo Betancourt de Montilla, la actual embajadora de Venezuela en México.

El día antes de ser detenido, Marco Tulio Álvarez estuvo en trote con el personal de la Zona Operativa de Defensa Integral 51, rindiendo tributo a los 30 años de la intentona golpista del 4 de Febrero de 1992.

El alias Quasimodo del general Álvarez Reyes sería con el que lo identificaban en su enlace con la guerrilla colombiana y cuando en el 2018 fue señalado de su presunta participación en el atentado al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

General de División Homero Miranda Cáceres, para el año 2014 era director de la cárcel de procesados militares de Ramo Verde, en el estado Miranda. También, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) Región Andina, desde el año 2020 hasta el 2022. En ese cargo cometió hechos violatorios de derechos humanos y tratos crueles.

La capitana Laided Salazar, detenida por el Golpe Azul, quien ahora está fuera del país, dice del general Miranda “es un asco de oficial. Fue el que me envió sin boleta de traslado por el tribunal al INOF y me acosaba”.

Antes de salir de la Dgcim Los Andes, su último acto en el cargo fue montar una operación de engaño a un joven autista, hermano de un oficial activo de la Fuerza Armada, para involucrarlo en una fabricada conspiración.

En mayo del 2024, el régimen venezolano envió a Colombia las credenciales del general Miranda Cáceres como nuevo agregado militar de Venezuela en Colombia.

General De Brigada Gregorio Alberto Vizaes Ruiz, quien se declara “chavista hasta los tuétanos”, además de “General Revolucionario” y oficial de la intentona golpista como “Soldado 4F”; ha ocupado cargos como Director Conjunto de Adiestramiento y Doctrina de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Nro 6 Guayana.

A nueve meses de los ataques del 7 de octubre de 2023, un nuevo informe sacude los cimientos de la respuesta internacional ante los crímenes cometidos ese día. Un grupo de mujeres juristas y expertas en género, reunidas bajo el nombre de Proyecto Dinah, concluyó que la violencia sexual de los milicianos de Hamas no fue un exceso circunstancial de la guerra, sino un arma aplicada de manera sistemática.

Infobae

La investigación, titulada “En busca de justicia: 7 de octubre y más allá”, no se limita a registrar horrores. Su objetivo es más profundo: redefinir cómo el derecho internacional investiga, prueba y castiga los casos de violencia sexual relacionada con conflictos (VSRC). Las autoras —entre ellas la profesora Ruth Halperin-Kaddari, la coronel Sharon Zagagi-Pinhas y la jueza jubilada Nava Ben-Or— trabajaron sobre una premisa clara: que “la sexualidad, símbolo de vida y continuidad, fue atacada para sembrar muerte y destrucción colectiva”.

“Hamas utilizó la violencia sexual como arma táctica de guerra”, estableció el documento, citado por The Jerusalem Post.

Del horror al registro

El informe documenta lo ocurrido en al menos seis escenarios: el festival de música Nova, la Ruta 232, la base de Nahal Oz, y los kibutzim Re’im, Nir Oz y Kfar Aza. En todos los casos, los testimonios y la evidencia recopilada apuntan a un patrón: las agresiones sexuales fueron generalizadas, planificadas y orientadas a la deshumanización.

“Los ataques fueron todos dirigidos a una deshumanización total de los israelíes y de la sociedad israelí”, reza el informe. Según el medio israelí, los relatos recabados incluyen violaciones, violaciones en grupo, tortura sexual, humillación y amenazas de violencia sexual dentro y fuera del cautiverio.

Sin embargo, las pruebas tradicionales no alcanzan. Las autoras advirtieron que muchas víctimas murieron antes de poder declarar, y que quienes sobrevivieron se encuentran profundamente traumatizadas. “Los enfoques probatorios tradicionales no funcionarán”, afirmaron. Por eso propusieron un marco alternativo, que otorgue peso legal a testimonios circunstanciales, relatos de socorristas, imágenes visuales e incluso el contexto social del ataque.

Patrones, no excepciones

La piedra angular del informe es el reconocimiento de patrones. Según las expertas, para probar la sistematicidad de la violencia sexual, debe observarse la recurrencia de ciertos elementos en múltiples escenas del crimen. Y eso fue justamente lo que encontraron.

“El objetivo es reconocer la violencia sexual ocurrida el 7 de octubre como crímenes de lesa humanidad”, explicaron. De hecho, la Corte Penal Internacional ya emitió una orden de arresto contra el comandante de las Brigadas al-Qassam, Mohammed Deif, acusándolo de violación y otras formas de violencia sexual como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Una verdad incómoda

En enero de este año, una misión de Naciones Unidas, encabezada por Pramila Patten, visitó Israel para investigar lo ocurrido. En marzo, el organismo publicó su primer informe formal sobre el tema, reconociendo “motivos razonables” para creer que hubo violencia sexual, aunque no logró probar su uso sistemático como táctica bélica. No obstante, en abril, un nuevo informe del Secretario General de la ONU fue más claro: vinculó directamente los ataques a Hamas, identificó patrones y delimitó seis zonas clave donde ocurrieron los crímenes.

A pesar de estos avances, queda un vacío importante: el de los abusos cometidos durante el cautiverio de los rehenes. El documento del Proyecto Dinah busca cerrar esa grieta. Testimonios de 15 personas que estuvieron secuestradas indicaron una gama de prácticas aberrantes: agresiones físicas, desnudez forzada, acoso sexual, amenazas de violación y “despojo de la identidad sexual y de género”.

Dos rehenes hombres contaron haber sufrido “humillación sexual” y uno de ellos fue obligado a permanecer desnudo durante el encierro. “La mayoría de las víctimas de primera mano fueron asesinadas, mientras que las que sobrevivieron estaban demasiado traumatizadas para contar la experiencia”, indicó el informe.

Justicia más allá del castigo

La propuesta del informe no se limita a buscar condenas penales. “La justicia para estos crímenes no consiste simplemente en castigar a los perpetradores. Se trata de reconocer el profundo daño infligido a las personas y las comunidades, establecer la verdad histórica y prevenir futuras atrocidades”, aseguraron las autoras.

Por eso insisten en dar más peso a las voces silenciadas: sobrevivientes, rescatistas, personal médico, y trabajadores de la base militar Shura, que funcionó como morgue improvisada tras la masacre.

“Hay una verdad que no debe ser relativizada ni tapada por el ruido político”, señaló el informe, que también realiza una advertencia clara: aunque se reconozca el sufrimiento en Gaza por las operaciones militares israelíes posteriores, esto no puede usarse para minimizar los crímenes sexuales del 7 de octubre. “La violencia sexual en tiempos de guerra no puede ser aceptable, justificable ni contingente al contexto.”

Ahora es más evidente que el brutal ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 no solo fue una masacre, sino también una campaña deliberada de violencia sexual coordinada. Un nuevo informe revela la aterradora magnitud de las violaciones y agresiones perpetradas por terroristas islamistas ese día.

Por: Lauren Smith – The European Conservative

El informe, publicado hoy por el Proyecto Dinah , combina evidencia nueva y existente , así como declaraciones de sobrevivientes, testigos presenciales y personal de primera respuesta, así como pruebas forenses y en video. Documenta incidentes que, en conjunto, demuestran que militantes de Hamás utilizaron la violación como arma de guerra premeditada. Estos no fueron, como muchos activistas pro-Palestina intentaron convencernos, incidentes aislados.

El informe documenta cómo las víctimas fueron encontradas parcial o totalmente desnudas. En algunos casos, fueron atadas, sometidas a violaciones en grupo, mutilaciones y luego ejecutadas. La violencia sexual también fue frecuente en cautiverio, incluyendo desnudez forzada, abusos, amenazas de matrimonio forzado y otros tratos degradantes. El informe relata las experiencias de una sobreviviente, quien afirma que un terrorista la mantuvo cautiva, la obligó a ducharse y, después, la golpeó y agredió sexualmente a punta de pistola. Estuvo cautiva, atada con una cadena de hierro en el tobillo, durante tres semanas. La mujer también dijo que le preguntaron repetidamente sobre su ciclo menstrual.

El trauma que sufrieron estas mujeres es innegable. Otra sobreviviente de cautiverio, hablando en 2024, dijo: «Estuve en una jaula con cinco mujeres jóvenes; todavía están allí, maltratadas y explotadas». Algunas de las que no sobrevivieron fueron encontradas «con objetos extraños insertados en sus genitales» y «con signos de mutilación genital». Citando un informe independiente de la ONU, los autores señalan que «existen otros relatos de personas que presenciaron al menos dos casos de violación de cadáveres de mujeres».

Esta desgarradora evidencia del informe Dinah proporciona el marco legal para, en última instancia, procesar a los responsables de estas atrocidades. También es evidente en su otro objetivo: «esclarecer la historia» y demostrar que «Hamás utilizó la violencia sexual como arma táctica de guerra». Esto es especialmente crucial, dado que, como nos recuerdan con tristeza los autores, «la mayoría de las víctimas fueron silenciadas permanentemente», ya sea por muerte o por estar demasiado traumatizadas para hablar de lo que sufrieron.

Sin embargo, a pesar del peso abrumador de esta evidencia, persiste un esfuerzo persistente en algunos sectores del movimiento pro-Palestina por minimizar, desviar la atención o incluso negar rotundamente las atrocidades sufridas por las mujeres durante el 7 de octubre. Como era de esperar, el liderazgo de Hamás sigue negando que sus fuerzas hayan empleado violencia sexual o maltratado a las rehenes de cualquier manera. Pero activistas, comentaristas e incluso organizaciones enteras que habitualmente se enorgullecen de combatir la violencia contra las mujeres y defender sus derechos también han cuestionado la existencia de agresiones sexuales masivas o se han negado a reconocerlas. Algunos de ellos siguen presentando el 7 de octubre como un acto de resistencia política, y a Hamás como nobles luchadores por la libertad que contraatacan al régimen israelí «opresor» y «apartheid».

Se podría pensar, por ejemplo, que la reconocida feminista estadounidense Judith Butler tendría algo perspicaz que decir sobre la violencia de género durante la guerra. En cambio, describió la brutalidad de ese día como «un acto de resistencia armada». Del mismo modo, se esperaría que ONU Mujeres , la agencia de las Naciones Unidas dedicada a promover los derechos de las mujeres, se apresurara a condenar la brutalización y degradación de las mujeres israelíes a manos de hombres terroristas. Pero ONU Mujeres pasó los dos meses posteriores al 7 de octubre denunciando los «crímenes de guerra» israelíes en Gaza. Fue solo en diciembre de 2023 que se atrevió a mencionar la violencia sexual llevada a cabo por Hamás. La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas , Reem Alsalem, fue más allá de simplemente ignorar la violencia y calificó los relatos de agresión sexual como «desinformación». En cambio, lamentó cómo, desde el 7 de octubre, «el ataque a la dignidad y los derechos de las mujeres palestinas ha adquirido dimensiones nuevas y aterradoras». Hamás es una organización terrorista cuyo objetivo expreso es cometer un genocidio contra los judíos, pero por alguna razón esta gente cree que la violación es el límite.

La realidad es que, por crucial que sea el informe Dinah para recopilarlo y presentarlo, las pruebas de las violaciones masivas de mujeres israelíes por parte de Hamás han estado a la vista de todos desde el pogromo del 7 de octubre. Lo que muchos negacionistas y minimizadores parecen olvidar es que gran parte de esas pruebas provienen del propio Hamás. Fueron imágenes de la cámara corporal de un combatiente islamista las que mostraron a la soldado de las FDI Naama Levy siendo arrojada a un jeep, con sangre cubriendo la parte trasera de sus pantalones deportivos. Fue la propia película de Hamás la que mostró a Levy y a otras jóvenes siendo tomadas como rehenes y retenidas a punta de pistola, mientras una voz masculina le dice al camarógrafo: «Aquí están las chicas, mujeres que pueden quedar embarazadas. Estas son las sionistas». Estas imágenes se publicaron y circularon en redes sociales el día del ataque.

Otra prueba temprana de horror fue el video que mostraba el cuerpo de Shani Louk , un influencer israelí-alemán de 22 años que asistía al Festival Nova cuando Hamás atacó. En un video de propaganda publicado por Hamás, se podía ver a Louk, parcialmente vestido y cubierto de sangre, desfilando por las calles de la ciudad de Gaza en la parte trasera de un camión mientras la multitud gritaba y abucheaba.

Tras la masacre surgieron más pruebas, incluyendo la admisión ante cámaras de un padre y un hijo de Hamás de haber violado a una mujer israelí antes de ejecutarla . En diciembre de 2023, la BBC vio y escuchó el testimonio de un testigo que vio a militantes de Hamás violar brutalmente en grupo a una mujer, matarla y continuar agrediéndola. «Le rebanaron el pecho y lo tiraron a la calle», declaró el testigo. «Estaban jugando con él».

¿Dónde estaban las feministas occidentales para denunciar esta barbarie? Quienes habían pasado gran parte de la última década quejándose de microagresiones misóginas, supuestas brechas salariales y el trauma de ser abucheadas por obreros de la construcción, guardaron un curioso silencio al ser confrontadas con detalles sobre algunas de las violencias más atroces a las que una mujer podría ser sometida. La hermandad, al parecer, tiene sus excepciones; de ahí el lema «#MeToo, a menos que seas judía». El sufrimiento de las mujeres israelíes fue inmediatamente considerado irrelevante y, peor aún, justificado de forma perversa. Existía una actitud tácita entre algunos en la izquierda pro-Palestina de que estas mujeres finalmente estaban recibiendo lo que merecían y recibiendo un castigo por la «ocupación».

El informe del Proyecto Dinah es una llamada de atención, tanto sobre lo ocurrido el 7 de octubre como sobre la podredumbre moral que permitió que tantos en Occidente lo ignoraran. Quienes guardaron silencio o intentaron presentar la brutalidad masiva de las mujeres israelíes como «resistencia» han perdido el derecho a llamarse defensores de las mujeres. El resto de nosotros debemos asegurarnos de que el mundo nunca vuelva a mirar hacia otro lado.

El Gobierno de la República de Panamá informa que, durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), celebrada hoy 9 de julio de 2025, se aprobó el Acto Delegado C (2025) 3815 que enmienda el Reglamento Delegado 2016/1675, retirando a la República de Panamá de la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá

Este resultado obtenido el día de hoy, constituye un importante reconocimiento al compromiso y esfuerzo continuo de nuestro país para fortalecer el marco legal y la efectividad en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, conforme a los más altos estándares internacionales.

Destacamos y agradecemos el trabajo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas y diplomático realizado por los funcionarios panameños, tanto en el ámbito local como en los foros internacionales, que ha sido clave para alcanzar este objetivo. Esta decisión refleja la confianza de la comunidad internacional en las reformas implementadas y en la capacidad de Panamá para garantizar la transparencia y la cooperación efectiva.

Beneficios y ventajas para Panamá al salir de la lista:

Fortalecimiento de la reputación e imagen internacional del país.
Mayor confianza de los inversionistas extranjeros y mejora en el clima de negocios.
Facilidades para realizar transacciones financieras y comerciales con entidades europeas, sin medidas adicionales de diligencia reforzada, lo que se traduce en agilidad corporativa.
Impulso a la competitividad de nuestro centro financiero y logístico.
Facilitación de importaciones y exportaciones, fortaleciendo el comercio y economía del país.

Reiteramos nuestro firme compromiso de continuar implementando medidas que consoliden a Panamá como una jurisdicción responsable, transparente y alineada con los estándares globales.

Alemania se enfrenta a un alarmante aumento de casos de violación. En tan solo cinco años, el número de agresiones denunciadas ha aumentado un 49,5%, superando las 12.000 al año. Sin embargo, la respuesta institucional y académica no apunta a un análisis serio de las causas ni a reformas que protejan eficazmente a las mujeres. En lugar de abordar los factores que impulsan esta violencia —como la inmigración masiva y descontrolada—, la reacción es una grotesca distracción: proponer «condones trampa» con púas internas diseñadas para lesionar el pene del agresor.

Por: Javier Villamor – The European Conservative

La idea, reciclada de un antiguo invento sudafricano llamado Rape-aXe , consiste en un dispositivo vaginal que una mujer puede usar para defenderse. Si es víctima de una violación, el dispositivo se activa, infligiendo dolor y lesiones al agresor y facilitando la posterior identificación médica. La socióloga Julia Wege, de la Universidad de Ciencias Aplicadas Ravensburg-Weingarten, y el médico Urs Schneider, del Instituto Fraunhofer de Tecnología de la Salud de Stuttgart, han anunciado un estudio que pretende investigar las ayudas técnicas contra la violencia sexual, entre ellas esta.

Lo que se presenta como una medida innovadora y empoderadora es una rendición del Estado. Es la admisión tácita de que las calles son inseguras, que el sistema judicial no ofrece protección, que las fronteras están abiertas y que las mujeres deben prepararse para defenderse solas, como si vivieran en una zona de guerra.

¿Se supone que debemos creer que convertir el cuerpo femenino en una trampa explosiva es la solución al aumento de violaciones en Alemania? ¿Es a esto a lo que ha llegado Europa: a acostumbrarse a la barbarie importada y a encontrar formas creativas de soportarla?

Dado que el problema tiene un rostro, un origen y un patrón, las estadísticas son claras, aunque muchos medios de comunicación y políticos insistan en ocultarlas: en gran parte de los casos de violación y agresión sexual en Europa Occidental, los perpetradores no son ciudadanos alemanes, franceses ni suecos. Son jóvenes de culturas que no comparten los valores europeos de respeto a la mujer, civilización ni legalidad. Los mismos hombres que han sido atraídos por millones bajo el paraguas suicida del multiculturalismo, promovido por Bruselas y las élites globalistas que han convertido a Europa en un experimento ideológico sin raíces ni sentido común.

El aumento de la violencia sexual no es casual. Es consecuencia directa del desmantelamiento de fronteras, el debilitamiento de la autoridad, la criminalización del patriotismo y la priorización de la integración de los extranjeros sobre la seguridad de los ciudadanos nativos. Y ahora, como nadie se atreve a cuestionar el dogma migratorio, se nos ofrece un espectáculo: un nuevo dispositivo, una nueva campaña, una nueva ilusión de control: pura fachada.

En Venezuela se registraron 144 violaciones a la libertad de expresión en los primeros seis meses de 2025, según informó este martes la ONG Espacio Público, que advirtió que el mes pasado se “consolidó” una nueva arremetida contra economistas y analistas financieros por difundir datos sobre la inflación y el poder adquisitivo.

Infobae

En una nota de prensa, la organización indicó que durante el primer semestre del año la censura y la intimidación fueron las principales violaciones reportadas.

“Los periodistas, medios de comunicación y personas particulares concentran el mayor número de víctimas. Destacan 23 detenciones, 44 incidentes vinculados al entorno digital y un uso constante del poder estatal para silenciar voces críticas”, añadió.

En junio, la organización documentó tres violaciones al derecho a la libertad de expresión, dos casos de censura y uno de intimidación.

“Los hechos afectaron a periodistas, reporteros y plataformas web, y ocurrieron tanto en el estado Táchira (fronterizo con Colombia) como en espacios digitales”, indicó la nota.

Las instituciones del Estado y cuerpos de seguridad fueron identificados como responsables directos en estos casos.

“Además, se consolidó una nueva arremetida contra economistas y analistas financieros, a quienes se les persigue por difundir datos sobre inflación y poder adquisitivo”, señaló la organización.

Espacio Público apuntó que en junio continuaron las “desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, amenazas por ejercer el periodismo, así como bloqueos de información en zonas fronterizas”.

La organización reportó que al menos cinco analistas financieros fueron detenidos por cuerpos de seguridad del Estado “sin cargos formales, en un contexto de control sobre las cifras económicas y de inflación”.

“El Observatorio Venezolano de Finanzas denunció estos hechos como parte de una política para limitar el acceso a información confiable sobre la realidad económica”, expuso la ONG.

También recordó que un tribunal de Caracas ratificó la privativa de libertad contra la periodista Nakary Mena Ramos, “detenida en abril tras publicar un reportaje sobre la inseguridad”.

“Fue imputada por ‘instigación al odio’ y ‘publicación de noticias falsas’, junto a su pareja Gianni Gionzález”, afirmó.

En el país hay 20 periodistas detenidos, de los cuales 12 afrontan procesos penales con medidas cautelares, según un registro difundido a finales de junio por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que la prórroga del 1 de agosto para la aplicación efectiva de los aranceles individualizados por países no volverá a aplazarse, al tiempo que ha avisado de que se enviarán nuevas cartas a lo largo de estos días.

La Gaceta de la Iberosfera

«Tal y como se menciona en las misivas enviadas ayer a varios países, además de las cartas que se remitirán hoy, mañana y próximamente, LOS ARANCELES COMENZARÁN A PAGARSE EL 1 DE AGOSTO DE 2025. No ha habido ningún cambio en esta fecha y no habrá más cambios. […] No se concederán prórrogas», ha explicado Trump en un post de Truth Social.

Ya en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros reunido en Washington, ha confirmado que, desde el 1 de agosto, «todo el mundo deberá pagar» si quiere comerciar con EEUU. Por otra parte, Trump ha insistido en que pondrá un arancel del 10% a los países miembros del BRICS, entre los que están China, Rusia, Brasil o India, a cuenta de sus «políticas antiamericanas».

El mandatario republicano impuso en la víspera un arancel del 25% a todas las importaciones tanto de Japón como de Corea del Sur. Después, a lo largo de la jornada, desgranó una lista de Estados afectados donde figuraban Kazajistán, Malasia y Túnez (25%); Sudáfrica y Bosnia-Herzegovina (30%); Indonesia (32%); Serbia y Bangladesh (35%); Tailandia y Camboya (36%); y Birmania y Laos (40%).

Trump advirtió a todos de represalias en caso de que sus gobiernos respondiesen con gravámenes propios dado que se sumaría la cifra que estos adopten a la cantidad ya anunciada por EEUU. Asimismo, calificó los déficits comerciales de «insostenibles» y de «graves amenazas» para la seguridad nacional y la economía.

En la noche del 9 de julio de 1958, un terremoto a lo largo de la falla de Fairweather en el Panhandle de Alaska aflojó unos 40 millones de yardas cúbicas (30,6 millones de metros cúbicos) de roca muy por encima de la costa noreste de la bahía de Lituya.

Geology

Esta masa de roca se precipitó desde una altitud de aproximadamente 3000 pies (914 metros) hacia las aguas de Gilbert Inlet. La fuerza del impacto del desprendimiento de rocas generó un tsunami local que se estrelló contra la costa suroeste de Gilbert Inlet.

La ola golpeó con tal fuerza que barrió completamente el espolón de tierra que separa Gilbert Inlet del cuerpo principal de la Bahía de Lituya. Luego, la ola continuó a lo largo de toda la bahía de Lituya, sobre La Chaussee Spit y hacia el Golfo de Alaska.

La fuerza de la ola eliminó todos los árboles y la vegetación de elevaciones de hasta 524 metros (1720 pies) sobre el nivel del mar. Millones de árboles fueron arrancados de raíz y arrastrados por la ola. Esta es la marca más alta jamás registrado para un tsunami.

La Bahía de Lituya es una entrada de marea cubierta de hielo en la costa noreste del Golfo de Alaska. Tiene aproximadamente siete millas de largo (11,3 kilómetros) y hasta dos millas de ancho (3,2 kilómetros). Tiene una profundidad máxima de unos 219 metros (720 pies), pero un umbral de sólo 9,7 metros (32 pies) de profundidad lo separa del Golfo de Alaska entre La Chaussee Spit y Harbor Point.

La falla de Fairweather atraviesa el extremo noreste de la bahía y es responsable de la forma de T de la bahía. La socavación glacial ha explotado la zona débil a lo largo de la falla para producir una larga depresión lineal conocida como Fairweather Trench. El glaciar Lituya y el glaciar North Crillon han arrasado partes de la fosa Fairweather en el área de la bahía de Lituya. Gilbert Inlet y Crillon Inlet ocupan Fairweather Trench en el extremo noreste de la bahía de Lituya.

El desprendimiento de rocas del 9 de julio de 1958 se produjo en acantilados escarpados sobre la costa noreste de Gilbert Inlet. Está marcado en el mapa de arriba en rojo. Las rocas cayeron desde una altura de aproximadamente 3000 pies (914 metros). El impacto de 40 millones de yardas cúbicas (30,6 millones de metros cúbicos) de roca que cayó al agua produjo un tsunami local que barrió toda la bahía de Lituya y sobre La Chaussee Spit. Esta ola arrasó toda la vegetación y el suelo a lo largo de los bordes de la bahía. Esta área dañada se muestra en amarillo en el mapa de arriba. Los números son elevaciones (en pies) del borde superior del área dañada por las olas y representan la elevación aproximada de la ola mientras viajaba a través de la bahía. Mapa rediseñado a partir de datos incluidos en el documento profesional 354-C del Servicio Geológico de los Estados Unidos.

En total, cinco personas murieron en el incidente: tres personas murieron en la isla Khantaak, en la entrada de la bahía de Yakutat, cuando la playa en la que se encontraban se hundió 30 metros por debajo del nivel del mar; las otras dos murieron cuando su barco se hundió por el tsunami en la bahía de Lituya. Otras dos embarcaciones también estaban ancladas en la bahía esa noche; esas cuatro personas lograron capear la ola. Dos fueron rescatadas de un bote inflable después de que su barco se hundiera, las otras lograron salir de la bahía por sus propios medios, pero con gran riesgo, ya que el agua seguía arremolinándose de manera impredecible y estaba llena de millones de troncos de árboles que habían sido arrancados de las orillas.

Lamentablemente, no se pudo hacer nada para evitar las cinco muertes. El terremoto fue tan fuerte y el tsunami llegó tan rápido que no hubo tiempo para llegar a un lugar seguro. Sin embargo, esto pone de relieve la importancia de documentar este tipo de eventos para la posteridad y de tenerlos en cuenta al tomar decisiones de desarrollo para las zonas costeras en áreas con alta sismicidad o vulnerabilidad a los tsunamis.

El Tribunal Supremo ya piensa en imputar a todo el PSOE ante la complejidad del ‘caso Koldo‘ y la posibilidad de haber financiado la organización de forma irregular durante varios años. Según ha adelantado en un programa especial Libertad Digital, la investigación en curso, impulsada por los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, estaría cerca de derivar en una causa general por financiación ilegal del partido que lidera Pedro Sánchez.

La Gaceta de la Iberosfera

El epicentro de esta posible macroimputación se encuentra en las conexiones entre altos cargos socialistas y adjudicaciones de contratos públicos a empresas vinculadas con la trama de corrupción desatada durante la pandemia. En el centro de la investigación están los exsecretarios de organización del partido: José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ambos, según distintas evidencias, habrían dirigido la concesión de obras públicas en función de intereses partidistas.

La UCO señala en sus informes que desde la gerencia del PSOE se habría solicitado directamente a responsables de adjudicaciones públicas «aportaciones económicas» tras la concesión de contratos, lo que constituiría, de confirmarse, una estructura de financiación paralela y presuntamente ilegal. Uno de los ejemplos más llamativos sería la implicación de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, quien aparece mencionada como la encargada de exigir esos pagos —identificados en los informes como “el impuesto”— a los adjudicatarios.

A esta situación se suman los contactos y mensajes privados entre el expresidente de la Audiencia Nacional, el magistrado José Ramón Navarro, y altos cargos socialistas como José Luis Ábalos. Navarro habría filtrado información judicial confidencial sobre sentencias clave, como la absolución del mayor Trapero, incluso antes de su publicación oficial. El propio magistrado ha reconocido la autenticidad de los mensajes publicados por El Mundo.

Los investigadores creen que esta trama no sólo buscaba el enriquecimiento de ciertos cargos, sino que también tenía como objetivo sostener y ampliar el poder político del PSOE. De hecho, según revelaciones recogidas por periodistas de investigación, las obras públicas se habrían planificado y distribuido territorialmente en función de los réditos electorales que pudieran aportar en distintas comunidades autónomas.

Las ramificaciones del caso Koldo no se limitan a las mascarillas. Apuntan también a contratos con la Agencia Tributaria Canaria, adjudicaciones desde el Ministerio de Transportes y una relación estrecha entre miembros del partido y empresas señaladas por la UCO. Las grabaciones y documentos obtenidos ya mencionan de forma directa posibles «donaciones para el partido» como parte de las negociaciones entre políticos y empresarios.

La sospecha de que parte del dinero público habría acabado en una caja B del partido es una de las líneas más sensibles de esta investigación. En palabras de los analistas jurídicos, “todo lo conocido hasta ahora es solo la antesala” de un procedimiento que podría acabar afectando a la dirección del PSOE como persona jurídica. Además, las declaraciones ante el Supremo de empresarios vinculados a la trama podrían acelerar una decisión al respecto en las próximas semanas.

El contexto político complica aún más el escenario: varios miembros de la nueva cúpula del PSOE, como Rebeca Torró —designada recientemente—, han estado relacionados con adjudicaciones a empresas hoy bajo sospecha. Esto alimenta la teoría de que Pedro Sánchez estaría reforzando su núcleo con personas que podrían estar comprometidas o señaladas en las investigaciones, como forma de blindarse políticamente ante una posible caída judicial de gran envergadura.

La figura del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, cada vez más asociada internacionalmente al régimen de Nicolás Maduro, vuelve a estar en el ojo del huracán tras una nueva ola de informaciones que apuntan a su implicación en tramas de corrupción vinculadas a PDVSA y al entorno chavista. Desde Hispanoamérica hasta Estados Unidos, medios internacionales han comenzado a preguntarse si el expresidente español ha sido durante dos décadas algo más que un simple mediador político.

La Gaceta de la Iberosfera

Según reveló PanAm Post, Javier Alvarado, exviceministro de Energía y exdirectivo de la estatal PDVSA, ha entregado documentación clave a la justicia española que vincularía directamente a Zapatero con adjudicaciones millonarias a dedo a la empresa española Duro Felguera. Estos contratos, que habrían sido pactados a puerta cerrada entre altos funcionarios del chavismo y el Gobierno de Zapatero, habrían supuesto la construcción de infraestructuras energéticas valoradas en más de 1.500 millones de euros. «No se trató de una licitación abierta y pública», denunció Alvarado, señalando que la adjudicación fue autorizada por «las más altas instancias políticas».

El caso ha generado un renovado interés en otra figura clave: Hugo «El Pollo» Carvajal. El exjefe de inteligencia del chavismo declaró en 2021 ante la Audiencia Nacional que Zapatero habría recibido beneficios empresariales encubiertos como forma de pago por su colaboración política con el régimen. Según The Objective, Carvajal aseguró que las ganancias provenían de participaciones en empresas venezolanas gestionadas por testaferros. Aunque las pruebas prometidas por Carvajal nunca llegaron a materializarse —debido a su extradición a EE. UU.—, el testimonio sigue generando sospechas.

Por su parte, Diario Las Américas desveló que, ante la existencia de una causa secreta, Zapatero habría utilizado su estrecha amistad con el expresidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, para intentar acceder a información confidencial sobre la investigación. «Estoy ahora mismo con Zapatero y está muy preocupado», le dijo Navarro a un magistrado, quien se negó a compartir detalles sobre la causa.

Desde Mundiario, se señala que Zapatero ha sustituido a Santos Cerdán como operador político del Gobierno de Sánchez en pleno estallido de la trama Koldo, lo que refuerza la idea de que el expresidente sigue moviendo los hilos del sanchismo. «Zapatero entra en escena para seguir el trabajo de Cerdán«, afirman, mientras se agudiza la crisis judicial del PSOE.

En conjunto, los medios internacionales ya no retratan a Zapatero como un “mediador de paz”, sino como una figura gris, cada vez más asociada al poder autoritario chavista y a la corrupción. Su nerviosismo, sus contactos judiciales y la gravedad de las acusaciones alimentan la sospecha de que lo que hasta ahora ha quedado en impunidad podría finalmente pasar factura.

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