La Administración de Donald Trump pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos que garantice la inmunidad judicial a la encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez, en lo que respecta a la demanda civil abierta contra ella en Florida.

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Así lo solicitó el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, en una carta enviada el pasado 11 de julio al fiscal general adjunto de Estados Unidos, Brett Shumate.

En la misiva, el Departamento de Estado recuerda que «desde el pasado 5 de marzo reconoce oficialmente a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela» tras asumir el poder de forma interina después de la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

«En consecuencia, el Departamento de Estado solicita que el Departamento de Justicia presente cuanto antes ante el tribunal distrital una sugerencia de inmunidad, informándole de lo anterior a la mayor brevedad», apunta el documento.

Rodríguez enfrenta una demanda civil ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, en Miami, por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas vinculados al chavismo.

El pasado 15 de julio, tras la carta enviada por el Departamento de Estado, el juez ordenó una indemnización de 314 millones de dólares en este caso, aunque Delcy Rodríguez fue excluida del fallo, que sí afecta a Maduro y a otros cargos chavistas.

El Gobierno de Trump pidió en la carta a la fiscalía que tome nota de «la especial importancia» que tiene para Estados Unidos que el caso contra Rodríguez sea desestimado, dadas «las significativas implicaciones de política exterior que tendría una actuación de ese tipo».

La carta revela que la Embajada de Venezuela en Estados Unidos ha pedido al Departamento de Estado que certifique la inmunidad de Rodríguez en este caso.

«La presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso», considera la Administración de Trump.

El Ministerio de Salud confirmó este martes la muerte de tres pacientes diagnosticados con hantavirus en el estado Anzoátegui.

El Nacional

El virus, explicó el organismo, es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas. El contagio ocurre principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva presentes en espacios cerrados, pero no existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en Venezuela.

La confirmación se produjo después de que la Federación Médica Venezolana (FMV) alertó sobre una patología que habría causado muertes en Anzoátegui y Barinas.

La FMV señaló que los pacientes presentaron deterioro severo del estado general y falla aguda del sistema cardiorrespiratorio, con evolución rápida que ocasionó los fallecimientos.

En el caso de Barinas, el Ministerio de Salud confirmó la muerte de dos profesionales de la medicina. Sin embargo, indicó que las causas de esos fallecimientos se encuentran bajo investigación.

Describió lo ocurrido en esa entidad como eventos focalizados que no representan riesgo para la población en general.

“Ambos eventos no guardan relación entre sí y queda descartada cualquier conexión entre las situaciones registradas”, afirmó el organismo.

La Federación Médica Venezolana, que que se refirió recientemente a la muerte en Barinas de los médicos, Jhovanny Silva, Rafael Díaz y Cecilia Chávez, cuestionó la actuación de las autoridades sanitarias regionales y denunció falta de transparencia en el manejo de la información.

El ministerio aseguró que el Sistema Nacional de Salud Pública está desplegado y operativo para garantizar la seguridad sanitaria de la población.

“Los resultados definitivos de la investigación serán comunicados oportunamente a través de los canales oficiales”, agregó.

Visto el récord histórico del régimen chavista en cuanto al respeto a la libertad de expresión, debe reconocerse que sin duda ha habido una apertura tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Por: Pedro Pablo Peñaloza – Infobae

Este “nuevo momento político” -así definido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez– ha coincidido con el doblete sísmico del 24 de junio, cataclismo que ha concitado el interés mundial, con medios de todas partes aterrizando en Venezuela para cubrir la tragedia.

El gobierno ha permitido el ingreso de corresponsales que en los tiempos de Maduro estaban absolutamente vetados. Y no ha puesto demasiadas trabas a la labor periodística en el terreno. Sin embargo, la tolerancia chavista se agota rápidamente.

Fiel a su costumbre, el oficialismo arrecia su ofensiva contra la prensa independiente y atribuye todas las críticas a su gestión del desastre a “matrices de opinión” que buscarían socavar su estabilidad.

“La primera decisión ese día fue militarizar el estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate”, apuntó Delcy Rodríguez en una rueda de prensa.

Los ataques y limitaciones al trabajo de los reporteros encienden las alarmas del gremio periodístico venezolano y de organizaciones de la sociedad civil, que rechazan los insultos y exigen eliminar la censura que aún afecta a las plataformas digitales.

Límites

“Lo peor del palangrismo mundial quiso hacer en Venezuela una fiesta de sangre, de muerte”, disparó el ministro de Interior, Diosdado Cabello, afirmando que los medios internacionales “vinieron con un guion preparado, buscando alebrestar a los venezolanos”. Palangre es el término que se utiliza en Venezuela para referirse al pago ilícito que recibiría un periodista por publicar una información a favor o en contra de cierta persona.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó las palabras de Cabello, “que descalifican y estigmatizan a periodistas y medios de comunicación”.

“Este tipo de señalamientos desde altas autoridades alimenta un clima de hostilidad contra la prensa y puede incrementar los riesgos para quienes ejercen labores informativas en el terreno”, manifestó el SNTP.

Luego trascendió que el gobernador chavista del estado Monagas, Ernesto Luna, solicitó a los comunicadores no entrevistar a los sobrevivientes del terremoto que se están trasladando a esa entidad del oriente venezolano, advirtiendo que quien desafíe esta prohibición se expone a acciones judiciales.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) respondió a Luna que “el intento de prohibir o restringir las entrevistas a los ciudadanos damnificados por los recientes terremotos es una violación flagrante al derecho humano y constitucional de informar y estar informado, especialmente en situaciones de vulnerabilidad y emergencia donde la visibilidad de los afectados es clave para la ayuda humanitaria y la contraloría social”.

Los voceros gremiales han denunciado amenazas contra periodistas venezolanos y extranjeros por parte de cuerpos de seguridad en el estado La Guaira, declarado zona de desastre tras el doblete sísmico, y hasta la detención por dos horas de una reportera que hablaba con vecinos afectados por la paralización de los ascensores en las torres residenciales más altas del país.

Bloqueo

La ONG Provea recordó a Delcy Rodríguez que “tiene la obligación de ordenar el desbloqueo de los más de 90 medios digitales independientes que siguen censurados en Venezuela”. Entre los afectados está Infobae.

“Necesitamos transparencia y acceso a información ante emergencias nacionales. Las personas en zonas afectadas necesitan información verificada sobre réplicas, rutas de evacuación y servicios activos. El acceso a la información está reconocido en el artículo 58 de la Constitución. Los bloqueos informativos deben cesar”, demandó Provea.

La mandataria encargada instaló el 23 de enero el Programa para la Convivencia y la Paz, instancia que abrió un proceso de diálogo con el gremio periodístico para abordar, entre otros temas, el caso de los medios bloqueados. Hasta la fecha, ese asunto sigue sin resolverse.