El presidente ruso, Vladímir Putin, rechazó hoy un posible alto el fuego en Ucrania y también descartó una cumbre con el líder ucraniano, Volodímir ZelenskY, tras acusarle de apostar por el terrorismo contra objetivos civiles en territorio ruso.

EFE

“A día de hoy, en medio de grandes pérdidas, replegándose en todos los sectores del frente, en un intento de amedrentar a Rusia, la cúpula de Kiev ha pasado a organizar atentados terroristas”, dijo Putin durante una reunión con el Gobierno transmitida en directo por la televisión.

El líder ruso aludía al descarrilamiento de dos trenes el pasado fin de semana en las regiones fronterizas de Briansk y Kursk con siete muertos y más de un centenar de heridos, del que Moscú acusa directamente a Kiev.

Al respecto, subrayó que “la decisión sobre tales crímenes, por supuesto, se tomó en Ucrania a nivel político”, en referencia no sólo al Ejército o los servicios secretos, sino al gobierno ucraniano.

“Todos los crímenes que fueron cometidos contra civiles, entre ellos mujeres y niños, en víspera de una nueva ronda de negociaciones de paz propuesta por nosotros en Estambul estaban, sin lugar a dudas, dirigidas a torpedear el proceso negociador. El ataque fue realizado intencionadamente contra la población civil”, dijo.

Un Putin visiblemente enfadado se preguntó de qué puede hablar con alguien (Zelensky), que está interesado en el terrorismo y no en el paz.

“Al mismo tiempo, piden cesar las acciones militares durante 30 o incluso 60 días. Piden una reunión al máximo nivel. ¿Pero cómo celebrar en estas condiciones una reunión como esa? ¿Para hablar de qué? ¿Quién conversa con aquel que apuesta por el terror, con terroristas?”, aseveró.

El jefe del Kremlin añadió que una tregua únicamente serviría para que “se atiborre al régimen con armamento occidental, para continuar la movilización forzosa y preparar otros actos terroristas similares a los cometidos en las regiones de Briansk y Kursk”.

Tampoco le sorprendió que Zelensky rechazara la propuesta de treguas de dos-tres días en algunas zonas del frente para que ambos bandos recojan sus cadáveres, ya que -adujo- todo lo que desean los dirigentes en Kiev es permanecer en el poder.

“Y el poder para ese régimen, por lo visto, es más importante que la paz y la vida de las personas”, resaltó.

Añadió que los últimos ataques ucranianos confirman el temor de Rusia de que “el régimen ilegítimo de Kiev, que usurpó el poder, se convierta gradualmente en una organización terrorista y sus patrocinadores en cómplices de los terroristas”.

A su vez, rechazó las críticas de Kiev al nivel del equipo negociador encabezado por su asesor cultural, Vladímir Medinski, que acudió el lunes a Estambul, aduciendo que Zelensky dirige “un régimen totalmente podrido hasta el tuétano por la corrupción”.

Rusia presentó el lunes a Ucrania un memorándum que le exige reconocer la anexión de cinco regiones, incluida la península de Crimea; renunciar a ingresar en bloques militares; reducir el número de efectivos en su ejército y convocar nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias, en el plazo de cien días después de levantar la ley marcial.

En su memorando, Kiev rechazó las principales demandas del enemigo y, en particular, se negó a aceptar su neutralidad.

En víspera del encuentro, Ucrania lanzó una exitosa operación especial llamada Telaraña que permitió la destrucción de varios bombarderos estratégicos rusos en un ataque con drones contra cinco aeródromos, dos de ellos en Siberia.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo una conversación telefónica con el papa León XIV el miércoles, según informaciones del Kremlin. Durante esta primera interacción, Putin reafirmó su deseo de buscar una solución pacífica al conflicto en Ucrania a través de medios diplomáticos y políticos, una promesa recurrente desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

Infobae

León XIV instó al presidente ruso Vladimir Putin el miércoles a hacer un “gesto a favor de la paz” en el marco de las conversaciones sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, señaló el Vaticano.

Durante una llamada telefónica con el mandatario ruso, la primera desde que se convirtió en el jefe de la Iglesia católica, el papa instó a Rusia “a hacer un gesto a favor de la paz”, y subrayó “la importancia del diálogo para la realización de contactos positivos entre las partes y buscar soluciones al conflicto”, añadió la Santa Sede.

En el comunicado oficial, el Kremlin destacó que Putin informó al papa sobre los resultados obtenidos en la segunda ronda de negociaciones entre Moscú y Kiev en Estambul. En esta interacción, Putin agradeció al sumo pontífice su disposición para ayudar a resolver la crisis, afirmando que espera un papel más activo del Vaticano en promover la libertad religiosa en Ucrania, a la cual considera bajo amenaza por parte del régimen de Kiev.

A pesar del tono conciliador, el líder ruso no escatimó en acusaciones hacia el gobierno ucraniano. Puso especial énfasis en lo que describió como esfuerzos de Kiev para escalar las hostilidades, señalando ataques deliberados contra infraestructuras civiles en territorio ruso. “El ataque selectivo contra civiles por parte de Ucrania es claramente catalogado como terrorismo bajo derecho internacional”, subrayó Putin en la conversación, según el comunicado del Kremlin.

Por su parte, el papa León XIV se manifestó a favor de continuar el diálogo entre las dos iglesias, resaltando la importancia de mantener la cooperación respecto a valores espirituales y morales compartidos. Manifestó, además, su intención de actuar como mediador y potencial anfitrión de futuras negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, una iniciativa que fue apoyada por Donald Trump, quien previamente comentó sobre el interés del Vaticano en facilitar conversaciones.

La intención del papa de acoger las negociaciones fue posteriormente confirmada por el Gobierno italiano, lo que destaca el rol crucial que el Vaticano podría desempeñar en un nuevo intento por estabilizar la región. La perspectiva de una solución diplomática impulsada desde la Santa Sede refuerza las expectativas de una resolución pacífica, aunque enfrentada a la complejidad geopolítica y las narrativas conflictivas de ambas partes involucradas.

El diálogo también abordó la posibilidad de profundizar la cooperación cultural y humanitaria, con un enfoque particular en la protección de cristianos y lugares sagrados en diversas regiones, especialmente en el Medio Oriente. Putin, cumpliendo una petición del patriarca Kiril de Rusia, transmitió sus deseos de éxito al papa en su servicio pastoral, sugiriendo un futuro de colaboración para construir un “orden mundial más justo y equitativo”.

Mientras la situación en Ucrania continúa representando un desafío global, los esfuerzos diplomáticos y los canales de comunicación directa entre figuras influyentes como Putin y el papa León XIV son esenciales para cualquier avance hacia la paz. La conversación, descrita como constructiva, concluyó con el compromiso de ambas partes de mantener el contacto continuo, ofreciendo al menos una tenue esperanza de progreso en medio de un conflicto persistente.

Una disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana está tornándose violenta tras los ataques contra las fuerzas de seguridad guyanesas. ¿Podría el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro estar utilizando a bandas criminales para provocar una crisis internacional?

InSightCrime

El Esequibo, una región dotada de una densa selva amazónica en Guyana reclamada por Venezuela, se ha convertido en un terreno fértil para el crimen organizado, lo que complejiza aún más una situación diplomática que ya es potencialmente explosiva.

Mientras los grupos criminales amplían sus operaciones desde Venezuela, del lado guyanés el Estado es débil y está poco preparado para enfrentar las economías criminales que proliferan en la zona en disputa.

La riqueza en oro y otros minerales del Esequibo lo hacen atractivo para la minería ilegal y el contrabando, mientras que su compleja y remota geografía costera ofrece rutas estratégicas para el tráfico de drogas. Además, el tráfico y la trata de personas van en aumento, a medida que más venezolanos ingresan al Esequibo y a Guyana en medio de la agitación política y económica en su país.

El crimen organizado venezolano ha logrado penetrar en el Esequibo, y está aliado con el Estado, provocando el temor de que el gobierno venezolano esté aprovechando la estela de sus socios criminales para adentrarse en el Esequibo.

En los últimos años, el gobierno de Nicolás Maduro ha revivido un reclamo centenario sobre el Esequibo, una región que comprende la mayor parte del territorio guyanés. Aunque la disputa es mediada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y se espera que emita una decisión para agosto de 2026, Venezuela no reconoce la autoridad de la corte sobre el caso. El régimen de Maduro ya ha desplegado un arsenal de medidas para respaldar su reclamo, incluyendo, como sugiere la evidencia, sus alianzas con actores criminales.

La disputa ha alcanzado relevancia internacional y ha captado la atención de potencias mundiales. Además del oro, la región del Esequibo alberga importantes yacimientos de petróleo. La multinacional estadounidense ExxonMobil opera decenas de pozos frente a las costas del Esequibo y planea construir más. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajó a Guyana en marzo de 2025 y advirtió en una rueda de prensa que sería “un muy mal día” para Venezuela si atacaba a su vecino. El gobierno británico también se ha posicionado del lado de su antigua colonia, Guyana, y envió un buque de guerra de la Marina Real en 2023 como muestra de apoyo.

InSight Crime viajó a ambos lados del Esequibo para comprender mejor las principales economías criminales que afectan al territorio y cómo estas se cruzan con las tensiones geopolíticas actuales.

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Asociaciones de migrantes venezolanos en Estados Unidos denunciaron este miércoles que se hallan entre la espada y la pared por la adversidad migratoria que enfrentan en EE.UU., que los sitúa al borde de la deportación a Venezuela, donde critican que serían fruto de una represión atroz.

EFE

«Estamos siendo perseguidos de lado y lado y no sabemos a dónde ir», dijo en una conferencia de prensa en Florida el presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), José A. Colina.

«No se puede llegar a Venezuela porque es un país hostil, pero tampoco se puede quedar en los Estados Unidos porque le están quitando todas las protecciones que tiene para poder permanecer», agregó, en referencia a las consultas que recibe su organización de parte de migrantes que desconocen cómo actuar.

En el fondo se encuentra la retirada del Estatus de Protección Temporal (TPS) de unos 350.000 migrantes venezolanos decretado por el Gobierno de Donald Trump, y que recibió en mayo el fallo favorable del Tribunal Supremo.

Según Colina, quien estuvo acompañado por otros líderes comunitarios y activistas, la solución se encuentra en buscar una protección migratoria o en la aprobación de la iniciativa Venezuela TPS Act of 2025, presentada el pasado 9 de mayo en el Congreso, con el objetivo de proteger de la deportación a unos 600.000 venezolanos.

Y es que a la retirada del TPS se sumó la semana pasada el cese del llamado «parole humanitario», un permiso temporal humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que retiró la protección legal concedida por la Administración de Joe Biden (2021-2025) a 532.000 migrantes.

Ambas medidas del nuevo Gobierno están dirigidas, agregó el activista, a forzar a los venezolanos «a que se autodeporten» a Venezuela, donde los líderes comunitarios indicaron que persiste un clima de represión y tortura.

Respetar el principio de no devolución

En un comunicado conjunto leído por la presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX), Helene Villalonga, las asociaciones exigieron a las autoridades de Estados Unidos «respetar el principio de no devolución» y proteger a las familias venezolanas.

Villalonga dijo que en 2019 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Refugiados (Acnur) reconoció oficialmente a Venezuela como «una nación donde se viola sistemáticamente los derechos humanos», lo que indicó que establece que «los venezolanos son personas refugiadas y no removibles».

«Exigimos una respuesta humana, legal y responsable. La migración forzada venezolana no puede tratarse con indiferencia ni medidas punitivas. Lo que está en juego son vidas», añadió.

En este sentido, los activistas lamentaron el doble juego de la Administración Trump, recordando que los llamados a la calma que el secretario de Estado, Marco Rubio, hizo a la comunidad venezolana no se habían materializado.

«Una cosa es lo que se dice para la comunidad y otra la que se hace dentro del Gobierno con respecto a esa comunidad», cuestionó Colina.

Para ejemplificar la represión que denuncian que se vive en Venezuela, los líderes comunitarios se refirieron a ataques del régimen a las ONG Provea o Foro Penal, así como el arresto de activistas.

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, vinculó el miércoles de la semana pasada al Foro Penal, junto a las ONG Provea, Médicos Unidos y Maracaibo Posible, en una presunta «estructura terrorista» que tendría planes para sabotear las elecciones regionales y legislativas que se celebraron el 25 de mayo.

Un acto que, según la activista venezolana Zarai Maza, de la fundación Guardians of Human Rights (Guardianes de los Derechos Humanos), supone una «afrenta directa a la legalidad y la ética y a la lucha de la dignidad humana».

«Ambas organizaciones con años de trayectoria intachable han acompañado a miles de víctimas de violaciones de derechos humanos humanas en Venezuela», dijo, insistiendo en que «cuando el estado se convierte en verdugo, que es lo que está pasando, la sociedad civil se convierte en la última línea de resistencia».

Nicolás Maduro, quien asumió un tercer mandato en medio de una reelección fuertemente cuestionada, anunció la captura de un «grupo de terroristas» que intentaba ingresar al país desde Trinidad y Tobago con un “lote de armas de guerra”.

Infobae

Durante una transmisión televisiva, Maduro declaró: “El día de ayer (lunes) capturamos a un grupo de terroristas, por acá por el oriente del país, con un lote de armas de guerra, ingresando desde Trinidad y Tobago, entre los cuales la mitad son colombianos, sicarios colombianos, traídos por el mar Caribe para entrar (a Venezuela)“.

El dictador no especificó el número de detenidos, pero instó a los ciudadanos a mantenerse alertas, con ”mil ojos, mil oídos, porque no han podido ni podrán los terroristas“.

Maduro señaló al «fascismo de los apellidos“, en referencia a la oposición mayoritaria, como autor de varios «ataques terroristas» realizados durante el primer cuatrimestre del año, afirmando que su administración ha conseguido neutralizarlos y capturar a los “más importantes capos de los grupos terroristas”.

El 23 de mayo, el ministro de Interior y Justicia del régimen, Diosdado Cabello, comunicó la detención del ex diputado opositor Juan Pablo Guanipa. Este arresto se produjo tras un operativo que frustró un supuesto plan dirigido a “boicotear” las elecciones del 25 de mayo y a ejecutar “actos terroristas”.

Según informó Cabello, más de 70 personas han sido arrestadas por este caso, incluyendo varios extranjeros.

Guanipa, quien fue primer vicepresidente del Parlamento y uno de los principales impulsores del alegato de victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, permanecía en la clandestinidad por lo que llamó persecución contra él y “todos los dirigentes políticos”.

El pasado miércoles, Cabello aseguró que este «grupo terrorista» planeaba atacar residencias y sedes diplomáticas de Colombia, España, Francia y oficinas de la ONU.

Además, el dirigente oficialista involucra en este supuesto plan a varias ONG venezolanas: Provea, Foro Penal, Médicos Unidos y Maracaibo Posible, basándose en pruebas extraídas de uno de los tres teléfonos incautados a Guanipa, a quien identifica como el “jefe de esta red”.

Por otro lado, la organización Amnistía Internacional (AI) denunció un «incremento alarmante» en las detenciones de activistas en Venezuela y exigió la liberación de quienes considera encarcelados de manera arbitraria.