La agresión rusa contra Ucrania no solo requiere de respuestas políticas y militares. Solo una investigación independiente podría garantizar justicia. ¿Podrá existir un tribunal así?
¿Tendrá Rusia que rendir cuentas alguna vez por sus crímenes en Ucrania? Ya hay planes para crear un tribunal especial, pero aún no se ha decidido nada en términos políticos. Detalles del tribunal, que tendrá su sede en el Consejo de Europa, aún son secretos. Lo que es seguro es que Vladimir Putin no puede ser procesado mientras sea presidente, pues los jefes de Estado gozan de inmunidad. Sin embargo, extraoficialmente se le conoce como «Tribunal Putin», porque en la jurisprudencia internacional, el más alto mando de un país es considerado responsable de una agresión contra otro Estado.
El tribunal podría ya investigar a los dirigentes rusos y posiblemente a los bielorrusos, dice Jörg Polakiewicz, jefe del Departamento de Asesoramiento Jurídico y Derecho Internacional del Consejo de Europa. Empero, el Consejo de Europa no tiene las mismas atribuciones que el Consejo de Seguridad de la ONU, que puede levantar la inmunidad de los tres funcionarios de mayor rango de un país: el presidente, el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores.
«El Tribunal Especial no juzgará a Putin en ausencia mientras sea presidente de Rusia», confirmó un representante de la Unión Europea (UE) en Bruselas. Lo mismo aplica para el primer ministro, Mijail Mishustin, y el ministro de Exteriores, Serguei Lavrov. «Esto es, por supuesto, absurdo», critica Oleksandra Matwijtschuk, directora del Centro para las Libertades Civiles, quien espera que el tribunal sea capaz de castigar a los responsables de los crímenes. Ella y sus colegas llevan once años reuniendo evidencias, desde que comenzó la agresión rusa en el este de Ucrania.
¿Quién puede ser investigado?
También se están llevando a cabo investigaciones contra unas dos docenas de funcionarios rusos que figuraban en una lista elaborada por Ucrania, según una fuente que pidió permanecer en el anonimato. En consecuencia, el tribunal se centrará en los altos funcionarios políticos y militares responsables de la planificación y ejecución de la agresión.
Matwijtschuk recuerda que los juicios de Núremberg contra la Alemania nazi no se limitaron a los principales dirigentes del régimen. «Estaba claro que no solo tres personas eran responsables de los crímenes», dice. En lo que respecta al «Tribunal Putin», todavía falta determinar quiénes componen el círculo de toma de decisiones en Rusia.
Gleb Bogush, del Instituto de Derecho Internacional de la Paz y la Seguridad de la Universidad de Colonia, en Alemania, cree que probablemente hay unas veinte personas implicadas. «El tribunal debería aclarar eso», enfatiza.
Críticas al Tribunal Especial
Bogush cree que los creadores del tribunal han reconocido en la práctica los privilegios que tiene Putin y han confirmado así su tesis de que es intocable. También critica al Consejo de Europa por no declarar a Putin presidente ilegítimo. La decisión de concederle inmunidad es una señal peligrosa que podría interpretarse como una invitación a ignorar las órdenes de la Corte Penal Internacional (CPI), que emitió una orden de arresto contra Putin.
Sin embargo, el Consejo de Europa considera que «la fórmula encontrada para el tribunal será suficiente para garantizar la rendición de cuentas y combatir la impunidad». La inmunidad personal no es, en modo alguno, una «licencia para la impunidad», dijo la entidad a DW. La pregunta que queda es qué período considerará el tribunal. «La guerra no empezó en febrero de 2022, sino en febrero de 2014», subraya Matwijtschuk. Ella teme que la anexión ilegal de Crimea y la guerra en el este de Ucrania pasen inadvertidas, lo que tendría consecuencias jurídicas para quienes sufrieron en esos ocho años previos a la invasión a gran escala, así como para el restablecimiento del derecho internacional y la devolución de los territorios ucranianos ocupados.
El tribunal se ubicó en el Consejo de Europa porque la ONU no fue considerado el sitio idóneo, debido a que allí, en último término, Rusia podría bloquear un proyecto de ese tipo en el Consejo de Seguridad. La CPI tampoco fue considerada debido a que su jurisdicción se extiende solo a los países firmantes del Estatuto de Roma, y Rusia no se encuentra entre ellos.
Si bien Rusia fue expulsada del Consejo de Europa debido a su ataque contra Ucrania, los expertos estiman que el hecho de que agresor y agredido formaran parte de la entidad al comienzo del conflicto le otorga la suficiente legitimidad.
Los próximos pasos están en manos de los políticos
El plan para el tribunal debe ahora ser examinado por los políticos, lo que marca el inicio de un período de incertidumbre, pues todo indica que Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, no apoyará ni política ni financieramente la propuesta. Hungría también está en contra, y no hay claridad sobre la postura que tomarán Azerbaiyán, Turquía y Serbia, países que mantienen estrechas relaciones con Rusia.
Una decisión final requerirá una mayoría de dos tercios del Consejo de Europa. Los parlamentos de los Estados miembro tendrían entonces que ratificar la decisión, lo que podría llevar meses. Bogush advierte que ciertos sectores políticos en distintos países podrían ver la instauración del tribunal como una escalada del conflicto o como un paso que podría dificultar eventuales negociaciones, lo que podría «retrasar significativamente o incluso enterrar por completo el proceso».