Armando Esteban Quito, Author at Morfema Press

Jhoandri Joel Silva, un joven detenido en Venezuela tras las protestas postelectorales del 28 de julio de 2024, habría intentado quitarse la vida en la cárcel de Tocuyito debido a las condiciones de tortura psicológica, aislamiento y desnutrición, según denuncias del Comité de Madres en Defensa de la Verdad. Silva fue arrestado mientras compraba un medicamento para su hija, en un caso que los familiares y activistas califican de injusto y sin debido proceso.

La Izquierda Diario

El Comité, formado por madres y familiares de los detenidos, señala que Silva, al igual que otros presos, enfrenta condiciones inhumanas, incluyendo falta de atención médica y restricciones al acceso de abogados privados. La organización exige su liberación inmediata, denunciando que el Estado venezolano es responsable de la crisis de salud mental y física de los prisioneros. La madre de Silva expresó su angustia, destacando que su hijo no es un criminal, sino una víctima de la represión estatal.

El caso de Silva se suma al de Lindomar Bustamante, otro detenido que murió en custodia, presuntamente por ahorcamiento, tras nueve meses sin audiencia. Las madres han intensificado sus protestas, entregando un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia el 3 de octubre de 2024, como parte de la campaña Basta de Represión – Libertad para los Presos por Protestar. Este movimiento busca visibilizar las violaciones a los derechos constitucionales y la falta de garantías judiciales para los detenidos tras las elecciones.

La situación refleja una escalada en la represión gubernamental, según el Comité, que acusa al régimen de Nicolás Maduro de criminalizar la protesta y negligencia deliberada hacia los presos políticos. Los familiares piden intervención urgente para proteger la vida de Silva y otros en condiciones similares.

La líder opositora venezolana María Corina Machado señaló este domingo al régimen de Nicolás Maduro como el único responsable de la muerte de Lindomar Jesús Amaro Bustamante, un joven detenido bajo circunstancias cuestionadas tras las protestas contra el fraude electoral de Maduro en 2024.

EFE

En un mensaje publicado en X, Machado calificó la muerte de Amaro como un “crimen horrendo” y acusó directamente al régimen chavista de ser el responsable de esta tragedia.

“Este es uno de los crímenes más horrendos que este régimen ha cometido. Que nadie lo dude: esta muerte tiene un solo responsable: Maduro”, expresó María Corina Machado.

La ex diputada agregó que el sufrimiento de Amaro y otros detenidos refleja la represión sistemática que ha caracterizado a la dictadura de Maduro, que ha mantenido una política de persecución contra opositores y disidentes desde su llegada al poder.

La denuncia de Machado ocurrió después de que la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos revelara que Amaro, quien fue arrestado en el contexto de la crisis postelectoral en el estado Cojedes, se quitó la vida el sábado mientras se encontraba bajo custodia en una cárcel del Estado Aragua.

La detención de Amaro, según el Comité, se produjo cuando era interceptado por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) mientras se dirigía a su vivienda en moto.

La ONG señaló que la muerte de Amaro no es un hecho aislado, sino parte de una serie de abusos que sufren los presos políticos en las cárceles venezolanas, particularmente aquellos detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024, cuyas legitimidad fue ampliamente cuestionada tanto dentro como fuera de Venezuela.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos destacó que muchos de estos detenidos han sido sometidos a torturas físicas y psicológicas, en condiciones de encarcelamiento extremadamente severas.

“Este tipo de tragedias nos desgarran el corazón, no solo a los familiares, sino a todos los venezolanos que estamos sometidos al sufrimiento de este régimen”, expresó Machado, quien destacó la necesidad urgente de justicia para todas las víctimas de la represión.

En su mensaje, también pidió a Dios por el descanso eterno de Amaro y expresó su solidaridad con su familia, mientras reiteraba su compromiso en la lucha por detener los abusos del régimen de Maduro.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió al régimen de Maduro una investigación imparcial sobre la muerte de Amaro y de todos los detenidos que han perdido la vida bajo custodia del Estado venezolano.

“Exigimos que se investigue la muerte de Amaro y se sancione a los responsables, entre ellos el actual director del penal, Juan Carlos Quezada, quien ha sido señalado por las familias de los detenidos como uno de los principales responsables de las condiciones infrahumanas», manifestó la organización en su comunicado.

Asimismo, el Comité alertó que, desde 2024 hasta principios de 2025, al menos seis personas han muerto bajo custodia en las cárceles venezolanas. Esta cifra se suma a las denuncias de tortura y maltrato en las prisiones, que han sido documentadas por diversas organizaciones de derechos humanos.

El caso de Amaro se une a una serie de incidentes que han aumentado las críticas internacionales hacia el dictador Maduro, con organizaciones como Foro Penal reportando que al menos 906 personas continúan siendo presos políticos en Venezuela. La mayoría de estos detenidos son opositores, activistas y ciudadanos que han sido arrestados en medio de las tensiones políticas generadas por la reelección de Maduro y las protestas posteriores a los comicios de 2024.

La comunidad internacional, incluidos organismos como la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), ha expresado repetidamente su preocupación por la creciente represión política y la violación de los derechos humanos en Venezuela. Estas organizaciones han solicitado que el régimen venezolano ponga fin a las detenciones arbitrarias y a la persecución de la oposición política, a la vez que han instado a las autoridades a garantizar condiciones de vida dignas para todos los detenidos.

Un joven detenido el año pasado en Venezuela en medio de la crisis desatada tras la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, falleció bajo custodia estatal, denunció el domingo (04.05.2025) la líder opositora María Corina Machado y una ONG.

Lindomar Amaro, de 27 años, estaba recluido en la cárcel de Tocorón, un penal de máxima seguridad ubicado en el estado Aragua (centro). Lo habían arrestado por «incitación al odio, hostigamiento y tenencia de arma de guerra», según el parte militar de julio pasado, que señaló que tenía antecedentes por «hurto genérico común».

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos afirmó el domingo que Amaro murió el 3 de mayo en la cárcel de Tocorón.

«La causa reportada fue ahorcamiento dentro de su celda», escribió la ONG en la red social X, y recordó que Amaro «ya había atentado contra su vida».

Una docena de «presos políticos» fallecidos bajo custodia del Estado

Las autoridades venezolanas atribuyeron a Silva los mismos delitos que a Amaro y un registro por «violencia física y tráfico de drogas.

Desde 2014, al menos una docena de «presos políticos» han fallecido bajo la custodia del Estado venezolano, según activistas de derechos humanos.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos dijo el domingo que, con la muerte de Amaro, al menos seis detenidos fallecieron entre 2024 y lo que va de 2025 «confirmando una política de abandono e impunidad dentro del sistema penitenciario».

La ONG Foro Penal cifra en 906 los presos en Venezuela por razones políticas.

Hay una especie de regresión en la política. Antes de la Revolución Francesa, el poder, salvo algunos matices y minúsculas diferencias, era rotundamente absoluto. Quienes lo detentaban, lo alcanzaban por vía de la guerra, la imposición, la herencia o mediante la distribución de prebendas o beneficios. El poder en aquellos tiempos no tenía límites ni se atenía a ciertas normas prestablecidas. El rey o el gobernante de turno decidían, por lo general, de manera unipersonal y a su real saber y entender. Esta suerte de autocracia, más allá de algunas “actas”, acuerdos, declaraciones de derechos, se fue haciendo frágil, llegándose a cuestionar, incluso, sus fundamentos y procederes. Entonces, advino, a partir de 1789, la famosa igualité, legalité y fraternité de los galos, y el ejercicio del poder omnímodo cambió para siempre, o al menos eso pensamos. De ahora en adelante, a pesar de ciertas resistencias de las viejas coronas y monarquías europeas, los derechos de los ciudadanos, las constituciones y los límites al poder se abrieron, poco a poco, camino hasta adquirir una asombrosa vigencia.

En nuestro caso, el poder siempre ha sido algo mágico, atrayente, su búsqueda, a toda costa, ha tenido salpicaduras de violencia, vulneración del orden jurídico y un diabólico propósito que en muchas ocasiones ha causado daños colectivos y personales, lamentablemente, en su mayoría irreparables.

A partir de 1958, por más que algunos abjuren de sus beneficios y que los menos hayan cometido desafueros y delitos contra la cosa pública – entre otras ilicitudes- la verdad es que el poder estuvo atado a una constitución y a una serie de leyes que permitieron la pacífica convivencia y un avance significativo como país.

Sí, 40 años en los que creímos que el mandado político estaba hecho; que nada ni nadie nos podría arrebatar la riqueza que nos proporcionaba el petróleo y que la sociedad venezolana daba firmes demostraciones en su afán por superar lo rural, las necesidades básicas, las carencias del pasado y, sobre todo, del querer vivir en libertad y democracia.

Desafortunadamente, la tarea no se hizo como Dios manda. El poder, con formas absolutistas, lleno de personalismos y dispuesto a brincarse a la torera cualquier amarre legal, salió de su merecido y apropiado encierro para regresarnos a etapas que creímos superadas.

Recalcamos lo que han dicho destacados estudiosos de lo público: La democracia es un sistema político que no tiene seguro de vida.

Da la impresión que occidente está coqueteando con el autoritarismo. Ejemplos y casos sobran. En la misma nación norteamericana se están dando situaciones que contradicen abiertamente su conocida e histórica voluntad democrática. Obviamente, esto pone en peligro a aquellas naciones que pujan por establecer un sólido sistema republicano, en las cuales debemos incluirnos por más que estemos atravesando momentos harto difíciles y regresivos.

Es cierto que el mundo está cambiando y -por tanto- las democracias deben adaptarse a estas nuevas realidades, pero eso de desenterrar totalitarismos, cultos a la personalidad, gobiernos autocráticos, por todo y en todo, resulta un contra sentido, rayano en la idiotez.

El problema del poder político en la actualidad se halla en este inevitable debate entre lo que podríamos denominar la “restauración” o “resurgimiento” de cierto absolutismo, y la adaptación de las democracias y sus instituciones a las modernas e innovadoras exigencias de los ciudadanos. Nosotros, aquí, no escapamos de esta peliaguda polémica y engorrosa circunstancia. La historia nos hace un permanente llamado a tomar en serio este delicado asunto.

Ricardo Ciliberto Bustillos

La vicepresidencia Ejecutiva de Nicolás Maduro anunció este viernes, 2 de mayo, la extensión por dos semanas más del horario reducido de la Administración Pública como parte de un Plan de Ahorro Eléctrico implementado desde el mes de marzo ante variaciones climatológicas en el país.

El Pitazo

De acuerdo con la información publicada por la Vicepresidencia, la medida se acordó durante un encuentro con autoridades gubernamentales «para evaluar la situación energética del país y establecer nuevos lineamientos en materia de protección social». No precisaron el estado actual de los embalses del país ni ofrecieron un balance sobre la generación de energía eléctrica.

Durante la reunión también revisaron las estrategias de prevención ante la temporada de lluvias. En ese sentido, señala la Vicepresidencia, los equipos técnicos presentaron medidas para garantizar la seguridad y mitigar posibles impactos en sectores vulnerables.

Ahorro energético en la Administración Pública

El pasado 23 de marzo, la Administración de Maduro anuncio un horario laboral reducido en la Administración Pública que buscaba contribuir a la estabilización del Sistema Elétrico Nacional (SEN) porque «la emergencia climática» ha afectado los embalses y la producción de energía.

El nuevo horario comenzó a regir desde este lunes 24 de marzo, con un horario de 8:00 AM a 12:30 pm, en principio, durante seis semanas. La medida también incluyó un esquema 1×1, donde los trabajadores públicos alternan días de trabajo con días no laborables para reducir el consumo de energía.

El horario reducido no aplica para los sectores prioritarios, entre ellos salud. Tampoco incluye al sector educativo.

«La medida se toma debido al aumento significativo de las temperaturas globales, que ha afectado los niveles de agua en los embalses, especialmente en la región andina. El objetivo es garantizar el uso responsable de los recursos energéticos y mantener la estabilidad del sistema eléctrico», dice el comunicado compartido el 23 de marzo.

La actual confrontación entre Nicolás Maduroy Nayib Bukele, desatada a raíz de lasituación de los migrantes venezolanos deportados por el gobierno estadounidensea centros penitenciarios de máxima seguridad en El Salvador, expone una inquietante paradoja: el régimen responsable del mayor éxodo de la historia latinoamericana se presenta ahora como defensor de sus propias víctimas.

Por: Ramón Cardozo – DW

El mismo poder que forzó la migración de alrededor del 25% de la población venezolana —tragedia que negó sistemáticamente durante años— intenta instrumentalizar a su favor los sufrimientos de los migrantes y la delicada situación de los deportados. Con esta maniobra, busca proyectarse como garante de derechos humanos, mientras desvía la atención de sus propias violaciones y crímenes en Venezuela.

Esta instrumentalización no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia sistemática del régimen de Maduro que, en lugar de abordar las causas de fondo que han forzado la salida de millones de venezolanos, aprovecha deliberadamente los efectos devastadores del éxodo para consolidar su control político sobre el país. Un reciente estudio publicado por el Banco Mundial confirma esta realidad.

De negar la crisis a explotarla

Durante años, el régimen de Maduro negó el éxodo masivo venezolano, minimizando su magnitud, estigmatizando a los migrantes y desestimando las cifras de organismos como ACNUR y la OIM. En 2018, cuando estas agencias de la ONU estimaban que más de 2,5 millones de venezolanos habían huido del colapso económico y la represión gubernamental, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció una «campaña internacional” para presentar «el flujo normal” migratorio de los venezolanos como una crisis humanitaria que justificara una intervención. Mientras tanto, Nicolás Maduro tildó el éxodo de «noticia falsa” y se burló de los migrantes, pidiéndoles que «dejaran de lavar pocetas” en el extranjero y regresaran a Venezuela.

A medida que el volumen de migrantes aumentaba de forma alarmante, el discurso oficial mutó hacia la minimización de la crisis. En 2021, cuando los migrantes ya superaban los seis millones según datos de organismos internacionales, Maduro aseguraba que apenas «unos 600.000 venezolanos” vivían fuera del país. En 2023, con más de 7,5 millones de migrantes reportados por la Plataforma R4V y los sistemas de acogida regional desbordados, el régimen dio un nuevo giro al discurso oficial: evadir su responsabilidad y atribuir el origen de la crisis exclusivamente a las sanciones internacionales y al «bloqueo económico” promovidos por la oposición.

En su etapa más reciente, la narrativa del régimen de Maduro ha girado hacia una manipulación oportunista de la crisis migratoria. Dos factores clave han impulsado este cambio: por un lado, la fragmentación de millones de familias venezolanas debido a la migración forzada ha debilitado el respaldo de las bases del chavismo, convirtiendo la reunificación familiar en una demanda emocional poderosa, capitalizada por María Corina Machado durante la campaña presidencial de 2024. Por otro lado, la creciente visibilidad de venezolanos deportados o detenidos en el extranjero ha hecho insostenible seguir ignorando la tragedia migratoria ante el país, lo que ha llevado al régimen a presentarse como defensor de los derechos de los migrantes e intentar sacar provecho político del drama humano del cual él mismo es responsable.

Una cínica paradoja

La crisis migratoria venezolana ha alcanzado dimensiones históricas. Según la última actualización de la Plataforma R4V (03.12.2024), 7,9 millones de venezolanos viven actualmente como refugiados y migrantes en el extranjero. Esta catástrofe demográfica se agrava por la pérdida irreparable de vidas humanas. El Informe Anual 2024 del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM documenta que, en la última década, al menos 555 venezolanos han muerto y otros 209 han desaparecido en rutas migratorias.

Más allá del profundo impacto que supone para el desarrollo del país la pérdida de una cuantiosa parte de su capital humano más valioso, la tragedia venezolana se agrava porque el propio responsable de esta catástrofe ha sabido explotar sus efectos perversos para afianzarse en el poder. El estudio «Forced Displacement, the Perpetuation of Autocratic Leadership, and Development in Origin Countries”, publicado por el Banco Mundial en enero de 2025, evidencia cómo la migración forzada en Venezuela ha debilitado a la oposición, desarticulado los mecanismos de presión social y facilitado el auge del crimen organizado y de redes de financiamiento ilícito que hoy apuntalan al régimen de Nicolás Maduro.

El éxodo debilitó a las fuerzas opositoras

De acuerdo con el estudio del Banco Mundial, la gran mayoría de quienes se vieron forzados a abandonar Venezuela son votantes críticos del régimen, por lo que su éxodo ha debilitado significativamente a las fuerzas opositoras dentro del país. La investigación revela que, después de 2013, los municipios con mayores índices de desplazamiento forzado experimentaron una disminución sustancial tanto en la participación electoral como en el respaldo a candidatos opositores. Esta caída fue especialmente explotada por el régimen durante las elecciones presidenciales de 2024, cuando bloqueó sistemáticamente la participación del 99% de los casi cinco millones de migrantes con derecho a voto en el exterior.

Además de debilitar a la oposición, el éxodo limitó significativamente la capacidad colectiva para exigirle al régimen reformas políticas y sociales. La migración forzada provocó la salida de una parte sustancial de los ciudadanos más educados y productivos, afectando el capital humano que sostenía la organización comunitaria. Esta pérdida disminuyó la participación política local y redujo las posibilidades de control ciudadano.

Auge del crimen organizado

La desarticulación del tejido social venezolano producida por el éxodo también generó condiciones propicias para la expansión del crimen organizado. El estudio del Banco Mundial señala que los municipios más afectados, especialmente en zonas fronterizas, registraron un aumento de actividades vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas. La salida masiva fue aprovechada por grupos criminales para ocupar territorios sin vigilancia ni control ciudadano. El vacío social y la debilidad institucional facilitaron la expansión de estructuras como el ELN, las disidencias de las FARC, el Cártel de los Soles, el Cártel de Paraguaná y el Tren de Aragua.

Lejos de combatir la expansión del crimen organizado, el régimen de Maduro lo ha integrado estratégicamente a su estructura de poder. El estudio del Banco Mundial documenta cómo políticos, fuerzas de seguridad y narcotraficantes han tejido redes simbióticas en las que los funcionarios estatales ofrecen protección e impunidad a grupos criminales, a cambio de recursos financieros, capacidad de movilización electoral y colaboración en la represión de la protesta y de la disidencia. Estas alianzas han permitido al chavismo perpetuarse sin necesidad de aplicar reformas económicas o sociales, apoyándose en mecanismos informales de control. Según el Índice de Economías Ilícitas 2023 de «Transparency Venezuela”, aproximadamente el 15 % del PIB nacional proviene directamente de actividades criminales.

El cínico aprovechamiento que ha hecho el régimen de Maduro de los perniciosos efectos de la migración forzada venezolana explica por qué no ha intentado remediarla; por el contrario, ha profundizado las causas fundamentales que la originaron —la represión política y la crisis humanitaria—. Con ello, ha perpetuado un círculo vicioso de deterioro institucional y descomposición social que hoy mantiene al país sumido en un estado de colapso generalizado, mientras el régimen consolida su control autoritario.

La preocupación entre los migrantes venezolanos en Estados Unidos por ser vinculados a la banda criminal El Tren de Aragua ha generado un aumento significativo en la demanda de remoción y cobertura de tatuajes.

El Nacional

En los últimos meses, muchos buscan borrar cualquier diseño que pueda interpretarse como una conexión con la organización delictiva, por temor a ser deportados.

Según una consulta realizada por el diario El País a tatuadores en Texas, cada vez más personas buscan ocultar diseños específicos por temor a ser identificados por las autoridades migratorias y potencialmente deportados.

El medio español relata la historia de Olga, una joven venezolana de 20 años residente en Texas, quien busca borrar las siglas «RHLM» («Real Hasta La Muerte») que tiene tatuadas. Aunque popularizadas por el reguetonero Anuel AA, la administración Trump incluyó este diseño en una lista de tatuajes que supuestamente identifican a miembros del Tren de Aragua.

Diseños comunes

Por su parte, Manuel Fernández, un tatuador cubano en Houston, ha notado un incremento en clientes que buscan cubrir tatuajes incluidos en la lista. Recientemente atendió a un hombre que solicitó tapar un AK-47, otro de los diseños señalados. Si bien Fernández no tiene conocimiento directo de casos de problemas migratorios por tatuajes, percibe una postura gubernamental estricta sobre «algo que todo el mundo tiene y seguirá teniendo».

Artistas como Keon Ostby, en Arizona, critican la lógica de usar tatuajes comunes como prueba para la deportación, señalando que diseños como trenes o coronas son populares y carecen inherentemente de mensajes de odio. «Usar tatuajes como prueba para la deportación es una tontería. Ninguna de las imágenes de la lista incita al odio, y son diseños muy comunes», afirmó Ostby.

Cómo son los tatuajes vinculados con el Tren de Aragua

Las autoridades de Texas han identificado una serie de tatuajes distintivos presuntamente utilizados por miembros del Tren de Aragua. Estas marcas, que incluyen símbolos específicos y frases en español, representan la lealtad al grupo y su estructura jerárquica interna, convirtiéndose en elementos clave para la identificación y detención de sospechosos vinculados a actividades delictivas.

Entre los diseños más comunes identificados por las autoridades se encuentran imágenes de trenes, armas y frases que aluden a la fuerza y unidad del grupo, como «Hijos de Dios» y el popular lema «Real hasta la muerte»

Edmundo González Urrutia utilizó sus redes sociales para destacar la valentía de los periodistas venezolanos y denunciar el bloqueo de decenas de portales informativos, además, del cierre de más de 400 medios por parte del gobierno de Nicolás Maduro. El mensaje lo publicó este sábado, 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.

El Nacional

El líder de oposición subrayó la importancia de la libertad de prensa para la democracia de un país. «Una prensa libre no es una amenaza para la democracia. Es su columna vertebral», afirmó, al tiempo que denunció que más de 370 periodistas se han visto obligados al exilio por cumplir con su labor informativa.

«En medio de la censura, la intimidación y el miedo, la prensa libre ha resistido. Y esa valentía será fundamental para la reconstrucción democrática que todos anhelamos. Estoy comprometido a garantizar el derecho a informar, a opinar y a disentir sin miedo», agregó González Urrutia en la red social X (antes Twitter).

El líder opositor también reafirmó su compromiso con la reconstrucción democrática del país y la contribución a la libertad de prensa. «Que este día sea un compromiso con la libertad, con la verdad y con el país que estamos por reconstruir juntos», señaló.

Situación crítica para la prensa en Venezuela

El mensaje de González Urrutia coincide con las denuncias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que advierte sobre un «deterioro sistemático» de las condiciones para el ejercicio del periodismo en Venezuela. A través de la red social X, el SNTP alertó sobre la criminalización de periodistas y el cierre de medios.

Diversas ONG recordaron en este Día Mundial de la Libertad de Prensa que 15 periodistas se encuentran privados de libertad en el país, 12 están bajo medidas cautelares y al menos 8 son objeto de interrogatorios o se encuentran huyendo de órdenes de detención.

Hablemos de un dolor en el trasero. El número de casos de cáncer anal en los EE. UU. está aumentando, y un nuevo estudio sugiere que el perfil típico del paciente está cambiando.

The New York Post

Los investigadores dicen que los hallazgos desafían las suposiciones sobre qué grupos demográficos se consideran de alto riesgo para esta enfermedad rara pero mortal, y quiénes deberían realizarse pruebas de detección.

Un aumento sorprendente

En el estudio, los investigadores analizaron datos del Instituto Nacional del Cáncer de 2017 a 2021.

Durante el período de cinco años, descubrieron que el cáncer anal aumentó un 2,9% para las mujeres y un 1,6% para los hombres.

“Las tasas de cáncer anal están aumentando más rápidamente entre las mujeres blancas e hispanas mayores de 65 años, grupos que tradicionalmente no se consideran de alto riesgo”, dijo la autora principal, la Dra. Ashley Robinson , residente de medicina interna de segundo año en el Advocate Lutheran General Hospital.

Las mujeres blancas mayores de 65 años experimentaron el aumento más significativo, con un incremento del 4,3% durante el período de cinco años, alcanzando los 11,4 casos por cada 100.000 personas en 2021.

Las mujeres hispanas del mismo grupo de edad no se quedaron atrás, con 7,5 casos por cada 100.000 y un aumento anual más gradual del 1,7%.

Si esta tendencia continúa, dijeron los investigadores, el número de casos de cáncer anal en mujeres mayores de 65 años podría duplicarse en menos de 17 años.

La conexión con el VPH

La razón por la cual las tasas de cáncer anal están aumentando entre las mujeres mayores aún no está clara, pero Robinson tiene una teoría.

“La mayoría de las mujeres mayores ya habían superado la edad recomendada para la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) cuando esta se volvió ampliamente disponible por primera vez”, explicó.

Dado que aproximadamente el 90% de los cánceres anales están relacionados con infecciones por VPH, es difícil pasar por alto ese vínculo potencial.

El VPH es un virus común que se transmite generalmente por contacto sexual. En la mayoría de las personas, no causa problemas y desaparece por sí solo. Sin embargo, en algunas, causa cambios celulares que pueden derivar en diversos tipos de cáncer, incluyendo el de ano, según la Clínica Mayo .

La vacuna contra el VPH se volvió ampliamente disponible en los EE. UU. en 2006. Los CDC recomiendan que los adolescentes y adultos jóvenes de hasta 26 años reciban la vacuna, idealmente antes de que se vuelvan sexualmente activos.

Si bien algunos adultos mayores de entre 27 y 45 años pueden considerar vacunarse si no lo hicieron antes, los beneficios son más limitados debido a que probablemente ya hayan estado expuestos al VPH.

La vacuna se considera muy eficaz para prevenir las infecciones por VPH y los cánceres relacionados, incluidos los de vagina, vulva, pene, ano, boca, garganta y cuello .

«Es fundamental que promovamos la vacunación contra el VPH como una herramienta clave para prevenir el cáncer anal, y al mismo tiempo mantengamos informados a los proveedores de atención médica a medida que evolucionan las pautas de detección», dijo Robinson.

En la actualidad, se recomienda la detección del cáncer anal en grupos de alto riesgo (como personas con VIH, quienes han recibido trasplantes de médula ósea y otros individuos inmunodeprimidos), pero las mujeres mayores no están incluidas.

“Estos hallazgos resaltan grupos específicos de pacientes que podrían beneficiarse de la detección específica del VPH anal y el cáncer anal”, afirmó Robinson.

Raro pero en ascenso

El cáncer anal aún se considera poco común, representando solo el 1% de todos los cánceres gastrointestinales. Pero no se deje engañar: los casos en EE. UU. han aumentado constantemente en los últimos años, al igual que el número de muertes.

La Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS) predice que en 2025 se diagnosticarán 10.930 nuevos casos de cáncer anal y 2.030 personas perderán la vida a causa de esta enfermedad.

La buena noticia: si se detecta a tiempo, el cáncer anal a menudo se puede tratar con éxito, e incluso curar, con una combinación de quimioterapia, radiación y, a veces, cirugía, según la Clínica Cleveland .

Sin embargo, si no se trata, el cáncer puede propagarse, lo que hace que sea mucho más difícil combatirlo.

Por ejemplo, aproximadamente el 83 % de las personas diagnosticadas con cáncer anal en etapa temprana siguen vivas cinco años después. Sin embargo, una vez que la enfermedad se propaga a tejidos distantes, esa tasa de supervivencia se reduce a tan solo el 36 %, según la ACS.

Es por eso que los médicos e investigadores están enfatizando la necesidad de examinar a los pacientes vulnerables y aumentar la concienciación sobre los posibles síntomas del cáncer anal.

Los signos a los que debe prestar atención incluyen sangrado del ano o el recto, sangre en las heces, dolor, picazón o un crecimiento cerca de la abertura anal.

Además, esté atento a cualquier cambio en los movimientos intestinales, como cambios en la frecuencia o consistencia o la sensación persistente de necesidad de defecar.

Los presidentes del partido de derecha soberanista Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel y Tino Chrupalla, han descrito como un «golpe para la democracia» la decisión de los servicios de Inteligencia alemanes de designar a la formación como «organización extremista» y abrir así la puerta a su ilegalización.

La Gaceta de la Iberosfera

Así, han restado legitimidad a la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV): «Al Gobierno federal le quedan solo cuatro días y la agencia de Inteligencia ni siquiera tiene presidente», han señalado en un comunicado.

El presidente de VOX, Santiago Abascal, se ha sumado a quienes han condenado la decisión: «Pretenden ilegalizar al que ya es primer partido de Alemania. Hace muchas décadas que la democracia en Europa no estaba tan amenazada. Si denunciar la inmigración masiva, la dictadura woke o el expolio fiscal es causa de ilegalización… van a tener que ilegalizar a la gran mayoría de los europeos», ha manifestado.

En la misma línea, el jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, manifestó su rechazo. En toda Europa. El sistema del bipartidismo, socialdemócrata y globalista se revuelve y busca censurar y aniquilar. Prueba de su derrota ideológica. En Rumanía, en Francia, en Alemania o en España sancionando con el TCu (Tribunal de Cuentas) por vender pulseras, «pins” o bolígrafos y pegatinas».

Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito