Las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio continúan arrojando hechos inéditos. Pese a que el presidente de la República, Nicolás Maduro, resultó vencedor en los comicios conforme al primer boletín anunciado por el Consejo Nacional Electoral, y todavía faltaba por totalizar 20 % de los votos, este introdujo un recurso contencioso electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 31 de julio en relación con las elecciones, y no lo hicieron en cambio los otros aspirantes a la silla del Palacio de Miraflores.

Acceso a la Justicia

«He traído un recurso contencioso electoral contenido en la Constitución, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento del golpe de Estado utilizando el proceso electoral, y aclare todo lo que haya que aclarar».

Esto declaró el gobernante a su salida de la reunión que mantuvo con los miembros de la Sala Electoral y de la directiva del máximo juzgado. A ello agregó lo siguiente:

«Estoy dispuesto a ser convocado, interrogado en todas sus partes, investigado por la Sala Electoral como candidato presidencial, ganador de las elecciones del domingo, y como Jefe de Estado doy la cara, me someto a la justicia, y he dicho más allá, como jefe político, líder revolucionario de Venezuela, hijo del Comandante Chávez, que el Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos».

Menos de 24 horas después, la Sala Electoral, mediante decisión n.º 25 del 1 de agosto, atendió su petición, al admitir el recurso presentado y citar a todos los que compitieron a la Presidencia de la República para acudir ante ella el 2 de agosto, a las 2 de la tarde. Nueve candidatos lo hicieron, pero no así el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, quien justificó su decisión alegando que buscaba «evitar que (la) voluntad popular sea desconocida» y por considerar que la actuación del TSJ supone una intromisión «en las facultades constitucionales del CNE», al cual le exigió que «cumpla con la obligación constitucional y legal de publicar las actas de escrutinio, la totalización y las auditorías».

Por su parte, Maduro dejó en claro que su acción persigue que el máximo juzgado declare con «absoluta claridad y sentencia los resultados definitivos que me dan como ganador de la elección».

El mismo día de la audiencia, en horas de la noche, la Sala Electoral dictó otra decisión, la n.º 26, en la cual le solicitó al CNE presentar, dentro de los siguientes 3 días de despacho (hábiles para el tribunal) a su notificación, las actas de escrutinio, totalización, adjudicación y proclamación de las elecciones presidenciales del 28 de julio. A tal efecto, la Sala señaló en su decisión que «para este caso en particular queda habilitado el despacho de este órgano de lunes a domingo, ambos días inclusive, durante las veinticuatro (24) horas».

El organismo electoral se presentó ante el TSJ el lunes 5 de agosto al final de la tarde para consignar los documentos solicitados, como señaló la presidenta de la Sala Electoral, la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, en el acto respectivo transmitido por la televisora estatal.

El 5 de agosto, por medio de la decisión n.º 27, la Sala declaró iniciar:

«el proceso de peritaje del material consignado por un lapso de hasta quince (15) días, prorrogables; para lo cual hará uso de todos los mecanismos disponibles en nuestro ordenamiento jurídico en tal propósito. Asimismo, para la debida consignación de todos los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de los partidos políticos y de los candidatos, se procede a citarlos intuitu personae, en cuyo acto deberán consignar la información requerida y responder las preguntas que les formule este Órgano Jurisdiccional en relación con la presente causa».

El 6 de agosto, la Sala Electoral, mediante el fallo n.º 28 solicitó «la consignación de todos los instrumentos electorales de relevancia jurídica que se encuentren en posesión de los partidos políticos y de los candidatos relacionados con el proceso de Elecciones Presidenciales celebrado el 28 de julio de 2024». También señaló que

«se deja constancia que a esta hora todos los representantes de los partidos políticos así como los ciudadanos que fungieron como candidatos, se encuentran debida y formalmente citados, quienes deberán cumplir con la referida orden judicial, y acudir a este Órgano Jurisdiccional, de acuerdo al cronograma publicado en esa misma fecha».

Acceso a la Justicia tiene seis observaciones sobre el proceso contencioso electoral llevado a cabo hasta ahora por el órgano judicial.

1. ¿Para qué sirve el recurso contencioso electoral?

Como explica el ente electoral en su página web, el recurso contencioso electoral es

«un medio breve, sumario y eficaz para impugnar los actos, las actuaciones y las omisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y para restablecer las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por éste, en relación a la constitución, funcionamiento y cancelación de organizaciones con fines políticos».

La afirmación está en consonancia con lo establecido en el artículo 213 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre).

En otras palabras, el recurso contencioso electoral está concebido para ejercer el control judicial de los procesos electorales, actuaciones u omisiones del CNE derivados de ellos, así como para restablecer o corregir situaciones que afecten derechos o causen daños producto de acciones u omisiones del árbitro electoral.

Resulta un contrasentido que, a la luz del mencionado postulado legal, el presidente de la República ejerza esta acción para constatar los resultados de una elección en la que para el CNE resultó vencedor y, por ello, fue proclamado como el presidente electo para el período 2025-2031. De hecho, Maduro no pidió la nulidad de actuación alguna del CNE, o que este actúe a la luz de una omisión, tampoco que se le repare un daño. De tal manera, cabe la siguiente duda: ¿cuál es el objeto y la finalidad de su demanda?

Aunque el recurso presentado por Maduro no es público, del auto de admisión emitido por la Sala Electoral 24 horas después de introducido el mismo, se puede deducir que su solicitud está dirigida a que se abra un «proceso de investigación y verificación para certificar de manera irrestricta los resultados del proceso electoral realizado el 28 de julio de 2024», o por lo menos eso es lo que indica la Sala Electoral que va a hacer, conforme a la solicitud del recurrente.

No obstante, de conformidad con la Lopre y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), que son las legislaciones que regulan esta materia, el recurso contencioso electoral no tiene esa finalidad, por lo que no queda claro por qué la Sala Electoral lo admitió.

2. Sin interés procesal para actuar

Para ejercer un recurso o demanda y, sobre todo, para que sea admitido, es necesario que quien la presente tenga interés procesal para actuar; en caso contrario, no puede ser admitida. Sin embargo, ¿qué derecho le fue lesionado a Maduro como candidato presidencial con el anuncio del árbitro electoral que lo declaró ganador de los comicios? Ninguno, porque resultó ganancioso como ya se indicó más arriba.

A esto se añade que Maduro no solo no tiene cualidad para actuar por no tener nada que demandar al CNE, pues resultó ganador, sino que tampoco la tiene quien lo representó como abogado en el recurso presentado ante el TSJ: el procurador general de la República, Reinaldo Muñoz, pues no puede presentarse como el apoderado judicial del presidente. El artículo 247 de la Constitución dispone que la Procuraduría «asesora, defiende y representa judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República», pero en ningún lado señala que debe o puede fungir como el abogado personal del jefe del Estado.

3. Usurpando funciones

La decisión de la Sala Electoral de atender la petición del presidente de la República e inmiscuirse en la situación generada por la omisión en la que ha incurrido el CNE en relación con los resultados de las presidenciales es irregular. Hay que precisar que, hasta tanto el órgano comicial no concluya con el proceso de totalización, adjudicación y proclamación del ganador de las elecciones presidenciales, el máximo juzgado carece de jurisdicción.

Aunque el CNE emitió un segundo boletín el 2 de agosto con el 96,87 % de los resultados, asegurando no poder informar sobre todo por un supuesto ataque cibernético al sistema automatizado, conforme a la legislación sobre la materia el órgano electoral no ha concluido con su tarea, pues la ley le otorga hasta 30 días, contados desde el día siguiente a la elección (artículo 155 de la Lopre), los cuales aún no han transcurridos íntegramente. El árbitro electoral tampoco ha cumplido con su obligación constitucional de publicar los resultados desglosados y hacer las auditorías respectivas, tal y como establece la normativa en la materia en los artículos 146 y 150 de la Lopre.

Por ello, al admitir el TSJ un recurso contencioso electoral para «certificar de manera irrestricta los resultados del proceso electoral realizado el 28 de julio de 2024», la Sala Electoral usurpa funciones del CNE, ya que este no ha concluido su labor según la ley. Sin embargo, esto no debería sorprender, pues no es la primera vez que lo hace. Basta recordar, por ejemplo, que varias veces sustituyó a la Asamblea Nacional al designar a los rectores del CNE, usurpando funciones del Parlamento.

4. Adelanto de opinión

Como ya se indicó, la Sala Electoral, en la noche del 2 de agosto, solicitó al CNE que le entregara en un lapso de 3 días de despacho los siguientes documentos: las actas de escrutinio de las mesas electorales a nivel nacional, el acta de totalización definitiva, el acta de adjudicación y la de proclamación.

En esa decisión también hizo referencia a la entrega de todos los «elementos de prueba» del «ataque cibernético contra el sistema informático del CNE», lo que la Sala calificó como un «hecho público, notorio y comunicacional».

Se trata sin duda de un adelanto de opinión de la Sala. Con esta declaración, en la que no figura la palabra «presunto» o «supuesto», el máximo juzgado parece validar la tesis oficial antes de que inicie sus investigaciones, con lo cual muestra su falta de independencia.

A lo anterior debe añadirse que el hecho «notorio, público y comunicacional» ha sido desarrollado jurisprudencialmente en el sentido siguiente, entre otros, por sentencia n.º 98 del 15 de marzo del año 2000 de la Sala Constitucional:

«Los medios de comunicación social escritos, radiales o audiovisuales, publicitan un hecho como cierto, como sucedido, y esa situación de certeza se consolida cuando el hecho no es desmentido a pesar que ocupa un espacio reiterado en los medios de comunicación social».

En la información que circula en los medios de comunicación no hay unanimidad respecto a que haya ocurrido un ataque cibernético que haya afectado la transmisión de los resultados electorales, cómo se produjo y si tal ataque alteró los resultados de los comicios del 28 de julio.

Además, un ataque cibernético per se y sobre todo si ocurrió o no, y con «un proceso (en curso) de investigación y verificación para certificar de manera irrestricta los resultados del proceso electoral realizado el 28 de julio de 2024» (paréntesis nuestro), como indicó la Sala Electoral en la admisión del recurso, no procede calificarlo como un «hecho público, notorio y comunicacional», porque se trata de un asunto de índole técnica para el que la Sala debe ordenar hacer una auditoría al sistema informático, lo que es competencia del CNE y no se ha realizado. De hecho, no se ha hecho ninguna de las auditorías de ley, lo que el TSJ debería ordenar al CNE para que realmente se compruebe la veracidad de lo ocurrido el 28 de julio.

5. Sin debido proceso

La manera cómo la Sala Electoral ha tramitado este asunto tampoco se ajusta a lo que establecen las leyes y procedimientos en la materia. Así, en su auto de admisión del recurso, emitido en la sentencia n.º 25 del 1 de agosto, convocó a los candidatos a una audiencia pública a través del canal del Estado, en lugar de citarlos según lo previsto en la normativa correspondiente y la propia jurisprudencia en la materia, es decir, por escrito, telefónica o electrónicamente y de manera oficial y personalizada. A esto se añade que el máximo tribunal debió haber publicado un cartel para que cualquier otro interesado en el asunto expresara, si era el caso, su deseo de participar.

También llama la atención que los candidatos hayan sido convocados intuitu personae, es decir, que deben comparecer personalmente, cuando en este tipo de casos, que no tienen carácter penal, el citado puede ser representado por su abogado sin tener la obligación de asistir.

Aunque en teoría el recurso contencioso electoral presentado por el mandatario no fue ejercido en contra de los demás candidatos, sorprende cómo fueron citados a una audiencia no prevista en la ley y tampoco se conoce si hay algún alegato en su contra en vista de que no pudieron conocer el contenido del recurso, ni tuvieron acceso al expediente como denunció el candidato Enrique Márquez en su declaración a los medios de comunicación al concluir el acto.

Lo anterior va en contracorriente del debido proceso previsto en el artículo 49 numeral 1 constitucional, ya que, al no tener el escrito de la demanda ni ser las decisiones de la Sala Electoral publicadas con su texto íntegro, ¿cómo los candidatos podrían ejercer su derecho a la defensa?

A esto se añade que, después de que el CNE se presentara el 5 de agosto para consignar los documentos que le fueron solicitados por la Sala, esta volvió a citar a los candidatos intuitu personae, así como a los representantes de sus partidos,a una nueva audiencia mediante auto n.º 27 de esa misma fecha, para que consignen los documentos requeridos.

El cronograma establecido en ese auto fija varias audiencias en una apretada agenda que empezó a ejecutarse a partir del miércoles 7 de agosto a las 9;00 a. m. y concluirá el viernes 9 de agosto a las 12:00 del mediodía. Conforme al calendario establecido por el TSJ, deben presentarse todos los candidatos y representantes de sus partidos para consignar la información requerida y responder a las preguntas que les haga el órgano jurisdiccional. Se observa que el primer candidato citado es Edmundo González Urrutia (quien en una comunicación del 7 de agosto informó que no asistiría y dio sus razones para ello) y los partidos que lo apoyaron, y el último es Nicolás Maduro.

Adicionalmente, la Sala advierte que «la falta de comparecencia (…) acarreará las consecuencias previstas en nuestro ordenamiento jurídico vigente», sin especificar cuáles son, lo cual es fundamental, porque como se trata de un procedimiento ad hoc creado por la propia Sala, no queda claro cuáles serían las mismas.

Finalmente, la Sala Electoral, mediante decisión n.º 28 del 6 de agosto, deja constancia de que todos los llamados a presentarse en su auto del 5 de agosto, desde el 7 de agosto en la mañana hasta el viernes 9 de agosto a mediodía, han sido citados, lo cual tampoco queda claro que sea conforme al procedimiento legal.

6. ¿Y el principio de legalidad?

De lo anterior queda claro que la Sala Electoral ha creado un procedimiento ad hoc desde el principio de la tramitación del expediente para lograr la «certificación de resultados electorales», lo que, como se ha señalado, no es parte del objeto ni finalidad de un recurso contencioso electoral, por lo que, sin duda, su procedimiento puede no ajustarse a conseguir lo que se persigue lograr en este caso.

Al respecto, hay que aclarar que los jueces, incluidos los magistrados, deben actuar conforme a la ley y no la pueden modificar, pues solo pueden interpretarla sin cambiarla, como exige el principio de legalidad previsto en el artículo 137 de la Constitución. La potestad de reformar una ley como la LOTSJ que regula el procedimiento del recurso contencioso electoral corresponde a la Asamblea Nacional, siempre que lo haga siguiendo un procedimiento formal previo, también establecido en la carta magna.

Así, la Sala Electoral al no seguir, por lo menos hasta el momento, el procedimiento previsto para el recurso contencioso electoral en el capítulo V de la LOTSJ y crear uno distinto, viola el principio de legalidad.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La estrategia oficialista pareciera estar destinada a buscar que el TSJ declare a Nicolás Maduro como ganador definitivo de las elecciones del 28 de julio, aunque haya dudas sobre los resultados anunciados por el CNE y el recurso contencioso electoral presentado por el mandatario, ya que, según la legislación vigente, no es el adecuado para lograr el fin perseguido por este.

Más que abrir un proceso de certificación de los comicios, lo que ha debido hacer el TSJ es llamar al CNE a cumplir con su obligación constitucional y legal de publicar los resultados totales y detallados, lo que permitiría despejar las dudas en relación con lo ocurrido en los mismos.

Hasta los momentos, la actuación de la Sala Electoral muestra su falta de independencia y su consecuente parcialidad a favor del partido de Gobierno, pues creó un procedimiento para lograr lo que el presidente de la República le solicitó, sin seguir los pasos de la ley sobre la materia y, además, admitió una demanda usurpando la tarea del CNE de publicar los resultados totales y parciales, previas las auditorías de ley, para la cual tiene un lapso de 30 días que aún no han transcurrido íntegramente.

A esto se añade que ninguna de las decisiones dictadas hasta ahora han sido publicadas íntegramente, lo que afecta el debido proceso y denota falta de transparencia en el juicio que se está llevando adelante ante la Sala Electoral en relación con los resultados electorales del 28 de julio.

El robo de las elecciones presidenciales por parte de Maduro es sólo el último acto de un país convertido en dictadura, que apenas conmueve a Jean-Luc Mélenchon.

“La ventaja de ser pobre es que siempre puedes hacerte rico”, escribió el novelista venezolano Miguel Bonnefoy en Sucre noir (Rivages, 2017), un libro con aire de búsqueda del tesoro y olor a ron. Pero la historia, como suele ocurrir, se vuelve corta, superada por el destino, y los sueños de enriquecimiento se transforman en una pesadilla tropical, similar a la que vive el pueblo venezolano desde hace más de dos décadas . La revolución bolivariana del Comandante Chávez pasó por esto, con su cuota de arengas ideológicas y promesas sociales, falsamente cumplidas tomando dinero del abundante petróleo indiscriminadamente.

Por: Eric Chol – L´express

Maldito aceite. El que mantuvo todas las ilusiones, cuando, a mediados de los años 1970, el ingreso per cápita en Venezuela estaba a la cabeza de los países latinoamericanos, impulsado por la cuadruplicación del precio del crudo. El aumento duró poco: la reversión de los precios del petróleo en los años 1980 provocó el inicio de los problemas, con la llegada del FMI a Caracas, un vasto programa de austeridad y dos intentos de golpe organizados por el Movimiento Revolucionario Bolivariano 200 de Hugo Chávez. El soldado finalmente fue elegido presidente en 1998, desencadenando la era chavista, la última etapa antes de la caída del país. Es el momento en que todo lo que queda de comunistas y antiimperialistas en el mundo, desde el continente sudamericano hasta Corea del Norte pasando por China e Irán, da gracias al nuevo Máximo Líder del Caribe. Los revolucionarios franceses no quedaron fuera, y Jean-Luc Mélenchon elogió, tras la muerte de Chávez en marzo de 2013, «el inagotable ideal de la esperanza humanista» y explicó que Chávez «no sólo mejoró la condición humana de los venezolanos, sino que también mejoró significativamente democracia.»

Palabras absurdas que describen exactamente lo contrario de la realidad de Venezuela, bajo el gobierno durante un cuarto de siglo de Chávez y luego Maduro, la que soportan sus 28 millones de habitantes, sin mencionar los 8 millones que se han exiliado. Pero Mélenchon y sus secuaces no hablan de esto. Sobre la democracia pisoteada, las recientes elecciones presidenciales robadas por el clan Maduro, la represión policial, ni una palabra. Venezuela es un desastre político y económico sobre el que el líder de LFI ha decidido no comentar. En diez años, el PIB del país ha caído más del 75%; su deuda se acerca a los 150 mil millones de dólares. El fraude, la corrupción, la hiperinflación y la subinversión son los tristes frutos de la revolución bolivariana: hemos visto mejores resultados. Tomemos como ejemplo a Corea del Sur, cuyo ingreso per cápita igualaba al de Venezuela en 1989. Desde entonces, la joven democracia asiática, apostando por las reglas del capitalismo, se ha transformado en un modelo indiscutible de éxito. Sus habitantes tienen un ingreso 10 veces superior al de los venezolanos. Vivimos mejor en la tierra de las mañanas tranquilas que en la dictadura nacida de las grandes veladas revolucionarias. ¿Pero quizás Jean-Luc Mélenchon prefiera el espejismo de Corea del Norte?

En una ciudad marcada por la desigualdad social y económica, las políticas multiculturales han desencadenado una feroz competencia por los escasos recursos estatales. Los grupos raciales y religiosos se han visto enfrentados entre sí.

Por: Inaya Folarin Iman – Spiked

En este ambiente tenso, un rumor siniestro se arraiga. Sugiere que miembros de una comunidad minoritaria han cometido un acto atroz contra otro grupo racial. El rumor pronto se extiende como un reguero de pólvora, inflamando las tensiones en toda la zona local. Bandas de matones pronto comienzan a inundar la ciudad desde otras partes del país, causando estragos. Estalla un violento disturbio racial. Mientras la ciudad se hunde en el caos, la policía se apresura a disipar la maliciosa mentira, pero sus esfuerzos son inútiles. Reina el caos. Hay personas gravemente heridas y dos mueren antes de que se restablezca el orden.

Puede parecer una descripción de los disturbios que hoy se extienden por ciudades y pueblos de toda Inglaterra, pero en realidad es la historia de los disturbios raciales de Birmingham , que en gran medida han quedado en el olvido . Ocurrieron durante un fin de semana de octubre de 2005, cuando miembros de la comunidad jamaiquina británica se enfrentaron con británicos paquistaníes en la zona de Lozells y Handsworth de la segunda ciudad más grande del Reino Unido.

Los paralelismos entre entonces y ahora son sorprendentes. Los disturbios de la semana pasada fueron provocados por informes falsos de que un inmigrante musulmán era responsable del ataque con cuchillo en Southport. Del mismo modo, los disturbios de Birmingham también fueron provocados por un rumor falso: en este caso, la afirmación de que una joven negra había sido violada por comerciantes asiáticos . El rumor se extendió rápidamente en Internet, a través de estaciones de radio piratas e incluso en medios más convencionales como el periódico negro, The Voice . Los DJ de las estaciones piratas, como Sting FM, pronto llamaron a la venganza violenta. «¡No hay suficientes cobardes en la calle! Esto es entre negros y musulmanes», dijo un DJ en ese momento. En Internet, las salas de chat en sitios web como Blacknet y Supertrax se hicieron eco de este odio. «Espero que las mujeres asiáticas estén siendo degolladas mientras hablamos», se leía en un mensaje.

En aquel entonces, como ahora, muchos comentaristas se apresuraron a culpar a esos rumores maliciosos, a esa «desinformación» en línea, de la violencia subsiguiente. Esto condujo, como siempre ocurre, a llamados demasiado predecibles a la censura para frenar la propagación de falsedades. Pero la censura nunca es la solución. No sólo conduce a la supresión de la libertad de expresión, sino que tampoco hace nada para abordar las razones por las que esos rumores ganan fuerza en primer lugar.

El rumor de que un inmigrante musulmán era responsable de los apuñalamientos de Southport, por ejemplo, se basó en temores y prejuicios preexistentes en los márgenes, alimentados por el escándalo de las bandas de seductores, el terrorismo islamista y los crímenes cometidos por solicitantes de asilo . En el caso de los disturbios de Birmingham, el rumor resonó entre los jamaicanos británicos debido a las tensiones que se habían prolongado durante mucho tiempo entre ellos y sus vecinos británicos paquistaníes, gracias a las crecientes disparidades económicas entre los dos grupos en la zona.

En aquella época, a muchos negros les molestaba que los asiáticos del sur hubieran empezado a apoderarse de los negocios locales, incluidos los que vendían productos de belleza para negros. En el momento de los disturbios, de las aproximadamente 50 tiendas que había en Lozells Road, el 90 por ciento eran de propietarios asiáticos.

Para algunos miembros de la comunidad afrocaribeña, la toma de posesión asiática se sintió como una invasión económica y cultural. Un correo electrónico que circuló en ese momento, recogido por el sitio web Pickled Politics , captó la animosidad. «Los negros», decía , «tienen que darse cuenta de que los indios se están aprovechando de ellos y ahora les suministran la comida que comen, sus cosméticos y su atención médica» (sic).

Por supuesto, no hay ninguna razón inherente por la que las personas de un determinado origen cultural no deban poseer empresas que atiendan principalmente a personas de otros orígenes. De hecho, no hay ninguna razón por la que las personas de un grupo étnico deban ver a las personas de otros orígenes como sus rivales. Pero el problema era que, en Birmingham, en la década de 2000, estos grupos ya se habían enfrentado entre sí en una batalla por los recursos estatales. Esto se debió, en gran parte, a las políticas multiculturales del Ayuntamiento de Birmingham.

Siguiendo el ejemplo de la Autoridad del Gran Londres, el Ayuntamiento de Birmingham había intentado apoyar y comprometer a las minorías como minorías. El Ayuntamiento estaba dividiendo de hecho a la comunidad local en bloques afrocaribeños y del sur de Asia y distribuyendo la financiación sobre esa base. Como lo describió un comentarista en su momento, «en Birmingham, se ven proyectos para los desempleados negros, no para todos los desempleados; para los asiáticos o indios o musulmanes desfavorecidos, no para todos los desfavorecidos». Con grupos que competían de hecho por el dinero del Estado, esto siempre fue una receta para la división y el conflicto.

El autor Kenan Malik resumió bien la situación en su libro, De la fatwa a la yihad : “Las políticas de Birmingham… no respondieron a las necesidades de las comunidades, sino que en gran medida crearon esas comunidades imponiendo identidades a la gente e ignorando los conflictos internos que surgieron de las diferencias de clase, género e intrarreligiosas”.

En resumen, la formulación de políticas multiculturales en Birmingham aportó gran parte del combustible para los disturbios raciales de 2005. Separó a personas, a menudo empobrecidas, en categorías de identidad. Las alentó a pensar en sí mismas en términos de sus identidades raciales y a ver sus problemas a través de una lente racial, a menudo desde la escuela primaria en adelante . Luego enfrentó a estos grupos de identidades cosificadas entre sí en una competencia por el apoyo del Estado. Resultó ser un modo de formulación de políticas increíblemente divisivo, guetizador e incendiario.

Y, sin embargo, parece que no se aprendió ninguna lección. En todo caso, la política identitaria multicultural divisiva de los años 1990 y 2000 no ha hecho más que afianzarse en los años posteriores. De hecho, la política identitaria se ha institucionalizado por completo, en el Estado británico y más allá. Hoy, las instituciones públicas de todo el Reino Unido están obsesionadas con las diferencias raciales, con dividir y servir a las personas en función de sus identidades raciales. Como nos recuerdan las terribles escenas en pueblos y ciudades de toda Inglaterra, esto ha tenido un efecto devastador en la cohesión social.

Sin embargo, nuestras élites políticas y culturales se niegan a ver que no todo va bien en el mundo de la «diversidad». Se muestran celosas y mantienen el debate sobre el multiculturalismo bajo control . Protegen tenazmente la política de identidades de cualquier crítica o cuestionamiento. Y lo hacen a pesar de que para muchos de nosotros ha sido evidente durante años que esto ha rehabilitado y creado nuevas formas de pensamiento racial. Es este pensamiento racial el que ahora ha estallado violentamente en nuestras calles, con bandas musulmanas armadas y matones de extrema derecha haciendo un gran espectáculo de «proteger» a sus respectivos grupos.

Naturalmente, no justifica en modo alguno la existencia de estos disturbios raciales en la política divisiva, multicultural e identitaria de nuestra clase política. Los disturbios son despreciables, pero debemos comprender sus causas. Sólo entonces podremos empezar a trabajar para evitar que escenas tan horribles vuelvan a ocurrir.

Es fundamental que nosotros, como público, podamos participar en debates honestos y abiertos sobre lo que está sucediendo. Esto nos brindaría la oportunidad de escuchar una variedad de perspectivas contradictorias y comenzar a abordar adecuadamente las quejas de la gente. Por sobre todo, necesitamos interrogar a nuestra clase política sobre su compromiso con políticas que han contribuido a crear comunidades profundamente divididas.

Como dijo en su momento un comentarista que informó sobre los disturbios de Birmingham : “El hecho de atar a las personas a identidades particulares las ha llevado a temer y resentir a quienes tienen identidades diferentes, porque esos “bloques” se convierten en competidores por el poder y la influencia”. Los efectos devastadores de esta política de identidades –su resurgimiento y renovación de animosidades raciales y racistas– son ahora demasiado evidentes.