Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Gonzalo Koncke es una de las personas más cercanas a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Y como jefe de Gabinete del diplomático uruguayo, uno de los funcionarios que más entiende sobre la dura realidad que viven los venezolanos y los manejos fraudulentos que cometió la dictadura de Nicolás Maduro en las últimas elecciones presidenciales. “Parece que nadie tiene las actas”, dijo Koncke en diálogo con Infobae: “Ni siquiera los testigos de mesa del PSUV. Ni el CNE ni el PSUV las han podido producir para presentar. Alucinante y nunca visto realmente. Imagínese el acto de fe que significaría validar el resultado que presenta el CNE sin ninguna evidencia una semana después”.

Por: Román Lejtman – Infobae

A continuación, parte de la entrevista:

– ¿Dónde están las actas del CNE? ¿Por qué no aparecen?

– Dese cuenta que llevamos una semana con el CNE publicando resultados sin presentar la menor evidencia del origen de los mismos, sin indicar de dónde surgen. Estamos ante el caso del apagón cibernético electoral más largo que se conozca. Y estos apagones prácticamente siempre están vinculados a un fraude o a un intento de fraude o manipulación dolosa de los resultados. Es cuando se corta el flujo de información electoral porque es necesario echar mano para “ajustar” los resultados. Habíamos tenido en el Hemisferio apagones de una noche, de 23 horas, en los cuales se ve que había mucho para ajustar. ¡Pero imagínese en el caso de Venezuela cuánto podría haber para ajustar en un apagón de una semana! El tema es que cuando se continúa publicando la información a medida que ingresa, como corresponde, no hay margen generalmente para hacer los “ajustes” a los que me refería, que obviamente tienen que ver con cómo se “arregla” el resultado electoral. Lo raro, al mismo tiempo, es que parece que nadie tiene las actas, ni siquiera los testigos de mesa del PSUV. Ni el CNE ni el PSUV las han podido producir para presentar. Alucinante y nunca visto realmente. Imagínese el acto de fe que significaría validar el resultado que presenta el CNE sin ninguna evidencia una semana después. Por eso, cuando se habla de publicación urgente de las actas por parte del CNE, supongo que se refieren a que se debieron publicar urgentemente el domingo de la semana pasada. ¡Me gustaría ver con qué cara se aparecen ahora diciendo “aquí están las actas”!

– ¿Qué le parece la judicialización de la elección por Maduro?

– No puede tomarse en serio que en el tribunal de la dictadura se decida si la dictadura ganó o perdió la elección. ¿No es acaso el mismo tribunal que ha asegurado la impunidad del régimen para autores de tortura, ejecuciones extrajudiciales? Creo que solamente hay una institución del régimen que podría asegurar más connivencia que el CNE con el propósito de permitir al gobierno madurista un desenlace aún más falto de garantías y ese es el TSJ.

– ¿Qué papel ha jugado la OEA y qué papel debe de seguir desempeñando? ¿Qué espera de los posicionamientos de aliados y no tan aliados?

– La OEA ha hecho en el caso Venezuela más que ninguna otra organización: declaró en 2016 la alteración del orden constitucional de Venezuela como señala la Carta Democrática Interamericana, declaró la ilegitimidad de la reelección de Maduro en el 2018, presentó un Informe con las denuncias de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela que fueron base fundamental para la apertura de la investigación por parte del Fiscal de la Corte Penal Internacional, organizó la primera mesa de donantes para atender la migración venezolana. Y más, mucho más, recuerde por un momento el año 2016, ningún país hablaba en aquél entonces de presos políticos en Venezuela, no se cuestionaba en organismos internacionales la represión, nadie había cuestionado el desconocimiento flagrante de la Asamblea Nacional elegida en 2015, nada de eso sucedía. Y la primera voz institucional que puso en entredicho todos estos atropellos que culminaron con la deslegitimación del régimen fue la de Almagro, desde la OEA y aún antes. No en vano el odio irracional de las autoridades del régimen contra el Secretario General Almagro.

– ¿Está la Secretaría General supliendo las ineficiencias de los órganos deliberativos?

– Para nada. El Consejo Permanente y la Asamblea General han hecho mucho y el tema Venezuela ha estado siempre en la agenda con importantes resoluciones como las que ya señalé.

Lea la entrevista completa siguiendo este enlace a Infobae

“Se habla de que en el interior del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se estaría estudiando la posibilidad de declarar nulas las elecciones, dado que la data pudo haberse corrompido debido al «ataque cibernético» que Maduro quiere utilizar como cortina de humo.»

Iván Duque

¿Por qué este es un escenario estratégico y posible para la dictadura?

  1. El TSJ ordenó al CNE, entre otras cosas, que le suministrara toda la información técnica que dé fe del «ataque cibernético» del cual el CNE afirma haber sido víctima el domingo 28 de julio, razón por la cual no ha podido suministrar las actas.
  2. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugeriría repetir las elecciones para ayudar a Maduro, y se está buscando que México y Brasil hagan lo propio.

Ahora bien, ¿sobre qué elementos probatorios el TSJ daría este dictamen?

El TSJ afirmará que consultó a una o dos empresas especializadas en ciberseguridad y que, tras analizar toda la información técnica suministrada por el CNE sobre el “ataque cibernético”, concluyó que efectivamente ocurrió, y que, como consecuencia, una parte significativa de los datos fue corrompida. Conseguir un informe técnico forense de ciberseguridad de una empresa especializada no les será difícil; dinero no falta, y el dinero lo compra casi todo.

Al estar los datos corrompidos, estos no reflejan con certeza y veracidad la voluntad expresada, lo que justificaría administrativa y legalmente que los boletines emitidos por el CNE fueron basados en información corrompida por el «ciberataque», liberando al Sr. Amoroso y a los rectores del CNE de responsabilidad legal, al no haber intencionalidad de favorecer a uno de los candidatos, sino que su decisión se basó en cifras no reales y corrompidas.

Dirán que especialistas en ciberseguridad así lo confirman. Por lo tanto, decretarán de obligatorio cumplimiento lo siguiente:

  1. Ordenar al CNE desproclamar a Maduro, lo cual disminuiría la presión nacional e internacional.
  2. Ordenar al CNE realizar una nueva elección presidencial para la primera quincena de diciembre de 2024.

Esto permitirá al chavismo salir del rincón donde está arrinconado y reorganizar sus fuerzas. Tendrán un período de cuatro meses para corregir todas las fallas, blindar el sistema y garantizar su triunfo en diciembre.

  1. Ordenar al gobierno garantizar a la oposición las condiciones y garantías para el desarrollo de su campaña electoral.
  2. Ordenar al gobierno la liberación inmediata de todas las personas que fueron retenidas como consecuencia de las manifestaciones, lo cual daría un alivio social.

En definitiva, con esta decisión, el TSJ juega el papel de «policía bueno» y «sabio», cuya decisión produciría de inmediato los siguientes efectos:

A. Congelar la situación, ya que no habría motivos para protestar.

B. Quitar el sesgo de fraude, dado que los datos utilizados fueron alterados por el ciberataque.

C. Complacer a un sector de la “Comunidad Internacional”, garantizando un nuevo proceso y anulando el actual.

D. Dar al régimen cuatro meses para que se blinde y pueda garantizar su victoria en diciembre.

Este plan debe evitarse. Edmundo González es el presidente elegido por el pueblo, como lo demuestra el 82% de las actas publicadas por los valientes testigos electorales de la resistencia democrática. Este resultado evidencia un triunfo abrumador. El veredicto del pueblo debe ser respetado. ¡No más trampas de la dictadura! ¡Venezuela libre!

La libertad es un valor universal. Pueden hallarse diversas opiniones acerca de su contenido, definición y praxis, pero en el fondo, como parte o componente de la naturaleza humana, resulta indivisible y ecuménica.

No hay democracia sin libertad. Algunos podrían darle desviados ribetes legales, (in)formalidades institucionales o baños de legitimidad. Ello sería crear un Frankenstein político o un esperpento constitucional, si caben los términos.

Sabíamos que la situación pre y post electoral en Venezuela no escaparía de las rudezas y de las contraposiciones muy propias de estos tiempos. Incluso, pensábamos que las dificultades en los días previos al 28 de julio podrían ser de mayor magnitud. Muchos advertían que no llegaríamos a celebrar las elecciones. El panorama daba pie para cualquier tipo de premonición, análisis y especulación. En este orden, las cosas sucedieron como muchos lo habían anunciado. Una vez realizada la fiesta electoral y democrática, inmediatamente se iniciaría todo un calvario que -minuto a minuto- se haría más agobiante.

Democracia sin libertad no existe. Esta es un requisito o categoría sustancial de aquella. Por tanto, la libertad de pensamiento, opinión y expresión no pueden ser vulneradas, coartadas y mucho menos desvirtuadas. Hacerlo o intentarlo sería pisotear un elemento tan básico como intrínseco a la misma.

Todos los venezolanos queremos paz; que las cosas transcurran en un clima de entendimiento, legalidad y orden y que, en definitiva, la sensatez y la razón prevalezcan por encima de cualquier atajo político, disparate jurídico y demencia institucional. La gente está harta de diatribas, confrontaciones e imposiciones. Por eso hemos “totalizado” la esperanza. Todos aspiramos un país mejor y verdaderamente democrático.

La democracia tiene su concreción, no solo en el apego y respeto a todo andamiaje jurídico que hemos diseñado, sino también -lo subrayamos- en expresar nuestra voluntad electoral, plena y cabalmente. Insistimos en que no debería haber posibilidad u ocurrencia capaz de torcer la determinación de la gran mayoría de los venezolanos.

No hay democracia sin libertad. Estas, junto a la esperanza, tienen a pesar de estas difíciles circunstancias, su hechura en el voto que depositamos el pasado domingo 28 de julio. No hay vuelta atrás. Recordemos, entonces, a Martin Luther King Jr: “Nadie podrá montársenos encima si no encorvamos la espalda”. Que nos sirva de lección y aviso.

A ocho días de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, Venezuela sigue inmersa en una severa crisis política como consecuencia del incumplimiento por parte del Consejo Nacional Electoral de las atribuciones y obligaciones derivadas de la Ley Orgánica de Procesos Electorales vigente.

La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro ante la demanda popular de que se muestren las actas que sustenten su anunciada reelección ha sido una oleada represiva contra sectores populares y dirigentes políticos, pocas veces vista en la historia de nuestro país.

El clamor por resultados transparentes traspasa nuestras fronteras, al punto de que gobiernos cercanos al de Venezuela, como los de Brasil, Colombia y México, aunque acompañan esa exigencia, están realizando gestiones ante su par venezolano para buscar una solución
a este conflicto, sobre la base del acatamiento de la normativa electoral y el pleno apego al texto constitucional.

Quienes suscribimos, venezolanos(a) que venimos de reconocida militancia en la izquierda democrática, y algunos de nosotros llegamos a tener importantes responsabilidades de estado, de distinto nivel, en el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, hoy queremos agradecer infinitamente y dar un voto de confianza a los presidentes de Brasil, Luíz Inácio Lula Da Silva; de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro, por su iniciativa de promover un acercamiento de posiciones que permitan encontrar una salida cívica, pacífica, democratica y constitucional, a esta grave crisis que amenaza la paz en nuestra nación, con miras a que prevalezca el pleno respeto al veredicto popular expresado el pasado 28 de julio pasado.

Adicionalmente, le solicitamos a los tres mandatarios de estos países hermanos que intercedan para que se ponga fin a la represión y criminalización de la protesta y violaciones a Derechos Humanos ,y sean liberados los cientos de ciudadanos detenidos por expresar su exigencias y reclamos en torno a los resultados dados a conocer por el CNE .

Esperamos que esta gestión de los presidentes Lula Da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, contribuya efectivamente a que los venezolanos podamos superar el conflicto y la violencia, detener la represión, y finalmente, vivir en medio de un ambiente político plural, en concordancia con los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En Caracas, 04 de agosto de 2024.

Antonia Muñoz, Ex Constituyentista y Ex Gobernadora de Portuguesa.

Andrés Izarra, Ex Ministro de Comunicacion.

Rodrigo Cabezas, Profesor de LUZ, Ex ministro de Finanzas.

Oly Millán, profesora UCV, exministra de Chávez e integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

Héctor Navarro, prof. UCV, exministro de Chávez e integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución.

Juan Barreto, Ex Alcalde de Caracas.

Vladimir Villegas. Ex embajador en Brasil y México. constituyente del año 1999.

Juan Luis Sosa. Abogado. Ex Director de Despacho de la Presidencia de la República.

Sergio Sánchez, ex Director de Proyectos Industriales (Min Industrias).

Florencio Porras, ex Constituyentista y ex Gobernador Estado Mérida.

Gustavo Márquez, exministro de Chávez e integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

Damián Alifa, Sociólogo.

Edgardo Lander, profesor UCV e integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución.

Atenea Jiménez, socióloga e investigadora (UCV).

José Jesús Betancourt Sanoja. Ex Alcalde de San Carlos (Cojedes).

Jackson Páez. Legislador del estado Cojedes.

Ana Viloria, integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución.

Eduardo Labrador. Legislador del estado Zulia.

Zenaida Fernández. Legisladora indígena del estado Zulia.

Juan Francisco García. Ex diputado de la AN.

Juan García, miembro creador de Aporrea integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

Santiago Arconada activista político e integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

Wálter Boza. Médico ex diputado Congreso Nacional.

Numa Rojas. Ex constituyente 1999. Ex alcalde de Maturín, Monagas.

Félix Bracho. Ex alcalde de Cabimas. Zulia.

Esluve Sosa. Abogada e Internacionalista. Exgerente de Turismo Social (Venetur) y Exgerente de entrenamiento Comercial (Movilnet).

Emily Da Silva. Politóloga. Movimiento por la Democracia.

Jose Luis Rodríguez. Activista social y político del Estado Lara. Movimiento por la Democracia.

Carlos Molina Graterol. Antropólogo. Ex Súperintendente Nacional de Coopetativas. Ex Vice Ministro.

Juan Carlos Rodriguez Torres. Artista plástico/visual. Movimiento por la Democracia.

José Miguel Avendaño Infante, ex vice presidente Venezolana de Televisión, investigador (UCV).

Manuel Sutherland, Director del centro de investigación y formación obrera Cifon.

La organización Foro Penal reportó este domingo un saldo de 988 detenidos y 11 muertos en el contexto de las protestas en Venezuela que comenzaron el 29 de julio tras el fraude electoral del chavismo en los comicios del pasado domingo 28.

EFE

Según la ONG, 91 de los detenidos son adolescentes.

Estos datos contradicen los números difundidos por la dictadura chavista. Nicolás Maduro anunció este sábado que 2.000 personas habían sido detenidas en la nación caribeña.

“Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para (las cárceles) Tocorón y Tocuyito, máximo castigo, justicia. Esta vez no va a haber perdón, esta vez lo que va a haber es Tocorón”, dijo el dictador frente a simpatizantes chavistas que marcharon este sábado en Caracas.

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) advirtieron este sábado sobre un aumento de la represión tras las protestas.

A través de un comunicado, las ONG alertaron “con preocupación” del aumento de la “violencia y la represión, resultado del accionar de los cuerpos de seguridad del Estado, civiles armados, conocidos como colectivos, y de los grupos que conforman el Sistema Popular de Protección para la Paz”.

El balance publicado por el Foro Penal este domingo por la mañana (Foro Penal)El balance publicado por el Foro Penal este domingo por la mañana (Foro Penal)

Agregaron que, luego de las protestas que se registraron en el país entre lunes y martes, se reportó la participación de “civiles armados, realizando acciones represivas, de intimidación, hostigamiento y control social en coordinación o con aquiescencia de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado”.

El OVCS, prosiguieron, documentó 915 protestas ciudadanas en todo el país entre el 29 y 30 de julio, con un saldo de 138 manifestaciones “reprimidas”, y en las que se “observó la presencia de civiles armados, colectivos, en, al menos, 119″.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos a dar seguimiento a los hechos ocurridos en Venezuela y hacer un llamado al Estado venezolano a garantizar, respetar y proteger el ejercicio de derechos civiles y políticos”, apuntaron.

Este domingo también se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que expresó su enérgica condena a la detención de manifestantes, activistas y periodistas en Venezuela.

En su declaración, la CIDH hizo un llamado urgente al régimen de Maduro para que cese en sus tácticas de represión y libere a todos los detenidos injustamente: “La situación de derechos humanos en Venezuela sigue siendo preocupante, y hacemos un llamado claro para la liberación inmediata de Kennedy Tejeda y Freddy Ferrer, así como de todos aquellos que han sido privados de libertad por ejercer su derecho a la protesta y la libertad de expresión”.

Igualmente, exhortaron a exigir el cese de la actuación de “civiles armados en funciones de control de orden público”, así como que los organismos de seguridad cumplan con los estándares de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, “y proteger los derechos a la vida e integridad de las personas”.

Las protestas comenzaron en varias partes del país el pasado lunes, cuando el CNE declaró ganador a Maduro, un resultado que la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- considera fraudulento, ya que asegura tener más del 80% de las actas electorales que -insisten- prueban la victoria de su abanderado, el exembajador Edmundo González Urrutia.

El resultado fue ratificado este viernes con el 96,87% de las actas escrutadas, según el balance presentado por el CNE, por el que Maduro fue reelegido con el 51,95 % de los votos, mientras que González Urrutia obtuvo el 43,18% de los apoyos.

A una semana del rotundo triunfo de la candidatura de Edmundo Gonzales Urrutia liderada por María Corina Machado sobre Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de Julio (28-J), la libertad de Venezuela se disputa en dos escenarios: el interno, con la prueba documentada de la victoria electoral y movilizaciones populares contra las falsificaciones y la represión criminal; y el internacional, por el reconocimiento del resultado y de González Urrutia como Presidente Electo. Para que Maduro retenga el poder ilegal e ilegítimamente, el socialismo del siglo 21 -bajo mando de la dictadura de Cuba- ha activado su sistema de terrorismo de Estado con envío de grupos de represión en lo interno, y demora y confusión con Lula, López Obrador y Petro en lo internacional.

Por: Carlos Sánchez Berzain – Infobae

El dogma de Fidel Castro en su sistema dictatorial es que “el poder no se entrega”. El poder es definitivo e ilimitado en el concepto dictatorial/criminal del castrismo, que se ha expandido en las Américas como socialismo del siglo 21 o castrochavismo con la alianza hecha pública en 1999 cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela y junto con Fidel Castro y Luis Inácio Lula da Silva pusieron en marcha el grupo antidemocrático con discurso antiimperialista. Hoy controlan como dictaduras a Venezuela, Bolivia y Nicaragua y como gobiernos para dictatoriales a México con López Obrador, Brasil con Lula, Colombia con Petro y Chile con Boric (desmarcado hasta ahora en las elecciones de Venezuela).

Las Américas y el mundo en el siglo XXI no son lo mismo de la segunda parte del siglo XX o de la Guerra Fría en que la dictadura de Cuba irrumpió y ensangrentó la región y el mundo creando guerrillas urbanas y rurales, realizando invasiones e intervenciones sangrientas, organizándose como el primer narcoestado de la región, estableciendo el terrorismo de Estado bajo justificación revolucionaria con presos políticos, torturas, exilio de millones y fusilamientos. Por eso han creado el “sistema de dictadura electoralista en que los pueblos votan pero no eligen”, para aparentar democracia mientras continúan cometiendo los mismos crímenes del castrismo del siglo pasado.

Las elecciones del 28-J en Venezuela, se convocaron y realizaron en el escenario y condiciones de una dictadura electoralista del socialismo del siglo 21, con presos y exiliados políticos, sin estado de derecho, sin separación e independencia de poderes públicos, sin libre organización política, sin ningún elemento esencial de la democracia, con oposición funcional, registro electoral manipulado que impide votar a millones de venezolanos y con autoridades electorales y judiciales títeres. Elecciones en un país cuyo régimen dictatorial operado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino está controlado por la dictadura jefe de Cuba que convirtió a Venezuela -desde la muerte de Chávez- en su principal plataforma o satélite.

Los regímenes del socialismo del siglo 21 no pueden ganar en elecciones libres y limpias, por eso cometen una larga cadena de crímenes para falsificar un resultado que imponen por la fuerza y la violencia. Lo que pasa hoy en Venezuela ya ha sucedido en Bolivia desde la llegada al poder de Evo Morales con la crisis de 2019 y 2020, ya lo vimos en Nicaragua el 2021 y vivió la misma Venezuela. Los dictadores no ganan elecciones porque tienen el repudio popular de alrededor del 80% fundado en la miseria y la desesperación que producen en la gente.

El pueblo venezolano está luchando por la libertad de las Américas, la recuperación de la democracia en Venezuela marca el final de la dictadura de Cuba y la debacle del socialismo del siglo 21. Con la recuperación de la libertad en Venezuela se acaban los financiamientos de campañas electorales espurias y las conspiraciones para debilitar las democracias desde dentro, se termina el soporte para presentar la tortura como acción de liberación de los pueblos, se debilita el crimen organizado que tiene en el territorio venezolano la base más importante de las dictaduras de Rusia, China e Irán y el soporte de las FARC, el ELN y otros para amenazar la paz y seguridad internacionales en el hemisferio.

Los efectos del triunfo del 28-J son vitales para la libertad y devastadores para las dictaduras de las Américas y del mundo, por eso, en lo interno la represión, la violación de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad no tienen límite ni clemencia; y por eso en el ámbito internacional han decidido ganar tiempo para torcer la contundente evidencia en espera de que el respaldo y la movilización popular se debiliten.

Para la operación interna, el envío público a Venezuela de tropas especiales de la represión de Cuba (avispas negras y otros) para sostener el terrorismo de Estado y controlar a militares y policías nacionales son un recurso desesperado cuya efectividad tiene como límite la fortaleza del pueblo y el honor de los hombres y mujeres de armas venezolanos.

En el ámbito internacional los operadores de la “estrategia de demora y confusión” son los presidentes de Brasil Lula da Silva, de Colombia Gustavo Petro y de México López Obrador, (todos integrantes del Foro de San Pablo, del Grupo de Puebla y que deben sus posiciones al socialismo del siglo 21), quienes simulando defender la democracia piden una información que conocen y que es de dominio público mundial, para que mientras tanto la violencia criminal someta las movilizaciones populares y terminen en una mesa de negociación legitimando al dictador que se ha robado las elecciones.

Nada nuevo, es el castrismo, socialismo del siglo 21 o castrochavismo, el crimen organizado trasnacional operando para convertir a los criminales en políticos, a los narcos en empresarios, a los terroristas en líderes sociales, a los reos en ganadores de elecciones y a sus víctimas en acusados y culpables de los crímenes de los tiranos.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

He sido un servidor público de Venezuela toda mi vida, un diplomático de carrera cuyo servicio culminó durante la presidencia de Hugo Chávez como embajador en Argentina.

The Economist

Acepté la candidatura presidencial de Plataforma Unitaria Democrática, una coalición de partidos opositores al régimen actual, con el apoyo de María Corina Machado. La señora Machado fue la clara vencedora de las elecciones primarias celebradas por dicha coalición en octubre de 2023. Sin embargo, se le impidió presentarse a las elecciones presidenciales debido a una inhabilitación inconstitucional. Decidí aceptar la candidatura porque lo consideré un deber con mi país y con mi conciencia de ciudadano que cree que las urnas son el medio por el que el pueblo debe decidir quién le representa y quién le gobierna.

Tras una campaña breve y desigual, marcada por las restricciones y los abusos de poder, el pueblo venezolano participó pacíficamente y en gran número en las elecciones del 28 de julio. El resultado fue claro: obtuve una amplia e indiscutible mayoría. Lo hemos demostrado con los datos emitidos por el sistema automatizado de votación en la inmensa mayoría de los aproximadamente 16.000 colegios electorales del país. Nuestros testigos obtuvieron los resultados individuales de más del 80% de las máquinas de votación del país y están a disposición del mundo en un sitio web. Según este recuento detallado, obtuve el 67% de los votos.

Este resultado concuerda con los resultados de las encuestas más prestigiosas realizadas antes de las elecciones, así como con los sondeos a pie de urna y los recuentos rápidos efectuados el día de las elecciones. Incluso los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela de Nicolás Maduro que estuvieron presentes en los colegios electorales fueron testigos de cómo los ciudadanos de todo el país votaron abrumadoramente a favor del cambio y la libertad.

En mi campaña prometí un traspaso de poderes democrático y ordenado, como exige nuestra Constitución. También prometí un gobierno para todos, respetuoso del Estado de Derecho y dedicado a promover la reconciliación nacional, para resolver la crisis que afecta a la vida de los venezolanos, especialmente de los más vulnerables. Tan grave es esta crisis que unos 8 millones de mis compatriotas -una cuarta parte de la población- han emigrado en la última década.

El régimen dirigido por Maduro ha ignorado el resultado de las elecciones y se ha apresurado a proclamar uno falso e indemostrable. Las potencias occidentales y otras deberían rechazar rotundamente el resultado oficial.

Lo que yo defiendo es el respeto a la voluntad libre y pacífica de nuestro pueblo. Sería contrario a mis principios y a mi trayectoria de toda la vida abogar por cualquier tipo de violencia, y mucho menos por un golpe de Estado. El régimen, por el contrario, parece dispuesto a mantenerse en el poder por todos los medios posibles, incluido el uso de la violencia.

Lo lógico y justo es realizar con urgencia una verificación competente e imparcial de los resultados electorales, como han propuesto los gobiernos latinoamericanos. Sólo a través de la verdad encontrará Venezuela la forma de salir adelante de este momento crítico. Los demócratas del mundo deben defender ese principio al tiempo que impulsan una solución inmediata a la crisis.

Siempre he sido, por vocación y convicción, un hombre de paz. Es en paz que buscaré la manera de que los venezolanos resuelvan esta situación de manera responsable.

Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvieron el viernes 2 de agosto al alcalde del municipio Mejía del estado Sucre, Jordan Sifuentes.

El Nacional

La Alcaldía de Mejía confirmó el arresto con un comunicado oficial. La detención ocurrió en horas de la tarde, cuando el funcionario viajaba en su vehículo por la troncal nueve, en el tramo entre Puerto La Cruz y Cumaná.

Inicialmente se informó que el alcalde estaba en la sede del Dgcim en Cumaná, pero luego fue trasladado a Caracas. Se desconoce de qué lo acusan, así como su situación legal.

“De manera extraoficial, se ha conocido que se encuentra bien de salud. Sus abogados aún no han tenido acceso a poder conversar con él”, se lee en la primera nota de la Alcaldía.

Pidieron a la comunidad de Mejía mantener la calma y esperar los próximos anuncios; así como también orar por la pronta libertad de Jordan Sifuentes.

El fiscal general Tarek William Saab informó el sábado la detención e imputación de Maglen Marin Rodríguez, quien se desempeñaba como fiscal provisoria en Anzoátegui, por presuntamente «omisión intencional» en proceso judicial en contra de cuatro manifestantes.

El Nacional

“Por el delito de retraso u omisión intencional de funciones, la misma omitió procesar a cuatro sujetos (…) Señalados en una investigación llevada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas”, indicó el fiscal general en la plataforma X.

Los manifestantes fueron identificados como Alfenis Jose La Rosa González, José Eduardo Malaver Rondon, Luis Antonio Bericote Malave y Edén de Jesús Naranjo Monasterios.

A las cuatro personas se les acusa de supuesto “terrorismo, financiamiento al terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir”, de acuerdo con Saab.

Tarek William Saab dijo que los cuatro eran parte de los Comanditos de la líder opositora María Corina Machado en el municipio Sotillo. Supuestamente financiaban a motorizados y participaban en protestas, llamadas “guarimbas” por el oficialismo, y “actos vandálicos” después de las elecciones presidenciales.

En Venezuela se ha visto un aumento en las detenciones arbitrarias en contra de manifestantes de la oposición: hay al menos 939 arrestos verificados e identificados por la organización Foro Penal. 90 de esas personas aprehendidas son adolescentes.

¿Qué es la Operación Tun Tun?

Luego de las elecciones presidenciales, la operación Tun Tun ha preocupado en Venezuela, ya que con este operativo se han generado miles de detenciones de forma arbitraria en el país.

Algunos organismos que participan en las aprehensiones son el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

En las redes sociales, estos cuerpos de seguridad han compartido videos o fotos de este operativo, que empezó a sonar en 2017 por parte de Diosdado Cabello.

Algunos defensores de derechos humanos, como Rafael Uzcátegui, han seguido los patrones de persecución en Venezuela que no solo han afectado a ciudadanos que muestren ideas contrarias en redes sociales, sino también los testigos opositores que participaron en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

«Tratamos de obtener todos los datos para hacer la denuncia como patrón de persecución. Estas personas que están delatando a sus vecinos se convierten en cómplices de violación de derechos humanos». Así lo dijo Uzcátegui en una entrevista con VpiTV para alertar que quienes pasen información forman parte de este delito.

Miles de personas salieron este sábado a las calles en marchas y concentraciones en Caracas y otros puntos de Venezuela para protestar contra los resultados de los comicios presidenciales brindados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó ganador a Nicolás Maduro en medio de denuncias de irregularidades y fraude.

Infobae

Las protestas, convocadas por la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), comenzaron en la capital venezolana con normalidad y sin incidentes reseñables, pese a la gran afluencia de personas, tanto a pie como en motocicleta.

Es la segunda manifestación de gran magnitud que se lleva a cabo a instancias de la oposición mayoritaria, que reclama que su abanderado en las presidenciales, Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones por un amplio margen, apoyando su afirmación en el 80% de las actas de votación que asegura tener en su poder y que ha subido a una página web.

Sin embargo, el chavismo insiste en que la documentación puesta a disposición de los ciudadanos por parte de la oposición no es real, mientras el CNE no ha hecho públicas las actas que, asegura, entregará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), si así lo requiere.

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