Familiares de detenidos en las protestas de Venezuela y varias ONG denunciaron este jueves que el Estado impide que sean asistidos por la defensa privada y tengan contacto con sus familiares, tras ser capturados cuando manifestaban contra el resultado de las presidenciales anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio como ganador a Nicolás Maduro.

EFE

El ente electoral le otorgó la victoria al dictador caribeño, por 704.114 votos de diferencia sobre Edmundo González Urrutia, abanderado de la mayor coalición opositora, cuando faltaban más de dos millones de votos por computar, cuyo destinatario o destinatarios todavía se desconoce cinco días después, y con el sistema de conteo bajo un “ataque cibernético”, según la institución chavistaVenezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

A las afueras de un centro penitenciario al este de la ciudad de Caracas, donde se congregaron familiares y miembros de diversas organizaciones, la coordinadora jurídica de la ONG Foro Penal, Stefania Migliorini, afirmó que a algunos capturados los están presentando “en tribunales de terrorismo” y sin el acceso a una defensa con abogados privados.

Asimismo, mencionó que el Foro Penal registró “más de 250 personas detenidas”, de entre 15 y 65 años, aunque la cifra podría ser mayor, ya que las organizaciones recibieron unos “672 reportes de denuncias de familiares” desde el pasado lunes hasta la mañana de este jueves.

Según Migliorini, unas “75 personas” fueron trasladadas este miércoles a la cárcel Yare III, en el estado Miranda (centro), aunque hay reportes de traslados a otros penitenciarios que no han podido confirmar.

Varios familiares de los arrestados se negaron a dar declaraciones “por la seguridad” de los detenidos, “por temor” a que los vayan “a buscar a la casa” y porque “tienen prohibido dar información”.

Otros, bajo condición de anonimato, dijeron que sus allegados fueron capturados cuando se encontraban en su casa, “caminando” o “regresando del trabajo”, mientras que una parte confirma que fueron detenidos cuando participaban en las manifestaciones.

Por su parte, el codirector de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, denunció que no se les ha permitido que reciban visitas y, “lo más grave”, es que “en muchos casos ya se han superado las 48 horas para la presentación ante un juez”, como lo ordena la ley.

“Exigimos a las autoridades que se respeten las garantías constitucionales y los derechos humanos”, pidió Daniels.

Asimismo, denunció que los detenidos están recibiendo “acusaciones genéricas” y “no individualizadas”, un “patrón” que ya “ocurrió” en las protestas de 2014 y 2017.

“A todos los detenidos se les están imputando los mismos delitos, que son traición a la patria, instigación al odio, asociación para delinquir y (…) obstrucción a las vías públicas”, mencionó el activista.

Este miércoles, Maduro informó que más de 1.200 personas han sido apresadas, una cifra que supera la información previa dada por la Fiscalía, que cifró en 1.062 las detenciones.

Cárceles de máxima seguridad

Nicolás Maduro prometió este jueves aumentar la persecución contra la disidencia y adelantó sus próximos pasos, a pesar de las múltiples denuncias por abuso de la fuerza por parte de los comandos de seguridad chavistas.

Maduro, quien sostiene que en Venezuela se está produciendo un intento de golpe de Estado por parte de la derecha y actores extranjeros, dijo que las fuerzas de seguridad seguirán trabajando para capturar “uno por uno” a estos sujetos, que serán enviados a dos cárceles de máxima seguridad.

“Los ‘guarimberos’, estos criminales, tenemos más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Los vamos a agarrar, los vamos a agarrar a toditos, y no va a haber perdón esta vez. Con mi corazón de hombre de paz y cristiano les digo: Esta vez no va a haber perdón”, sostuvo el chavista, en un intento por justificar los arrestos que sus oficiales llevan a cabo cada día en todo el país

«Máxima unión y movilización popular, militar, policial perfecta».

Eso reclamó el presidente Nicolás Maduro a sus simpatizantes ante la ola de protestas que estalló en Venezuela tras las elecciones del domingo.

Por: Juan Francisco Alonso – BBC News Mundo

Los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, han sido cuestionados por la oposición y también por más de una veintena de países. Según esos números, Maduro ganó con el 51,2% de los votos frente al 44,2% de su rival, Edmundo González Urrutia, con el 80% del escrutinio.

Pasados los días no se han publicado más datos ni las actas que refrenden esos números.

La oposición, por su parte, ha publicado un 80% de las actas conseguidas por sus testigos, con las que han demostrado un claro triunfo de González. El gobierno niega la veracidad de las mismas.

Desde que se anunció el triunfo de Maduro se han registrado unas 300 manifestaciones en 21 de los 23 estados del país, decenas de las cuales fueron reprimidas por las autoridades dejando alrededor de una docena de fallecidos, de acuerdo con datos de organizaciones como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Foro Penal y Laboratorio de Paz.

Asimismo, 1.062 personas han sido detenidas y se enfrentan ahora a la posibilidad de ser enjuiciadas por delitos como “terrorismo” e “incitación al odio”, según el Ministerio Público.

Antes de que estallara la actual crisis ya Maduro prometió «mano de hierro» contra todo aquel que buscara “manchar el proceso electoral” y aseguró que garantizaría “la paz” de Venezuela gracias a la “unión cívico-militar-policial perfecta”.

¿Pero qué este concepto? ¿De dónde salió y qué implicaciones tiene? Para responder estas preguntas BBC Mundo consultó a ex altos funcionarios venezolanos, analistas y activistas de derechos humanos.

Un aliado poderoso

La propuesta de la unión cívico-militar no es algo nuevo para los venezolanos, pues ya el fallecido Hugo Chávez la puso sobre la mesa.

“La Fuerza Armada Nacional (FAN) junto al pueblo es la ecuación perfecta”, llegó a decir en más de una ocasión el fallecido mandatario, que como militar lideró un intento de golpe de Estado antes de llegar al poder de manera democrática.

“Chávez trataba de inspirarse en el pensamiento de (el Libertador) Simón Bolívar, que en algunas cartas, documentos y discursos decía que la Independencia había sido posible porque se construyó una alianza entre las distintas clases que había en aquel momento, y el sector militar”, explicó el periodista y sociólogo Juan Barreto, quien fue el primer vocero del gobierno de Chávez.

Sin embargo, el politólogo Benigno Alarcón considera que el planteamiento lo que buscaba era acabar con la neutralidad de la institución castrense y convertirla en un aliado del gobierno.

“Chávez, que venía de dar un golpe de Estado (el de 1992 contra el presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez), también temía que le pudieran dar un golpe a él, como en efecto ocurrió en 2002; y para ello fue construyendo una FAN leal”, aseguró el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas.

¿Cómo moldeó a la institución castrense el exmandatario? “Colocando a la gente más cercana y de su confianza en puestos claves, al tiempo que comenzó a vigilar estrechamente a la institución mediante los mecanismos de inteligencia proporcionados por Cuba y más recientemente por Rusia”, agregó Alarcón.

Otro mecanismo fue el clientelismo y la posibilidad de que los militares pudieran ganar dinero con otras actividades.

“Buscó darle poder a quienes lo ayudaron a mantenerse en el gobierno y les permitió enriquecerse como compensación al colocarlos en donde se firman los contratos, custodiando una mina, una aduana o una frontera, donde el enriquecimiento (ilícito) puede ser casi instantáneo”, apuntó.

Maduro, por su parte, no solo ha buscado mantener la alianza que Chávez forjó con los militares, sino que ha compartido el poder con ellos, aseguró Barreto.

“El discurso de la alianza cívico militar ha ido degenerando poco a poco en una alianza militar civil, donde el peso del estamento militar en las decisiones del mundo civil es cada vez mayor”, admitió quien fuera diputado y alcalde de Caracas por el partido oficialista.

Prueba de lo anterior es que hoy casi 40% de los ministros del gabinete son militares activos o retirados.

Asimismo, los uniformados han ido incursionando en sectores económicos como el petróleo y la minería, donde cuentan con una empresa propia; y además han llegado a dirigir 60 de las más de 500 empresas estatales, según datos de Transparencia Venezuela.

Un paso más allá

Sin embargo, con Maduro un nuevo actor entró en la alianza: los cuerpos policiales.

Para los analistas consultados esta incorporación se debe al rol que han venido desempeñando en los últimos años los organismos de seguridad en el control social.

«El aparato policial es más grande que el militar, no en capacidad de fuego, pero sí de hombres”, explicó Alarcón, que acusa a la policía de ser el brazo de «represión».

En similares términos se pronunció Barreto, quien dijo: “En la medida en que quienes gobiernan van perdiendo legitimidad de origen el aparato policial va siendo un instrumento fundamental para su sostenibilidad y, por ello, lo incorporan a su nomenclatura, lo meten en el afiche y en la foto para darle peso político a esa fuerza que ahora es influyente, decisiva y que tiene voz propia”.

En las protestas de 2014 y 2017, el rol central lo jugó la Guardia Nacional (policía militarizada). Sin embargo, en las manifestaciones de los últimos días la Policía Nacional Bolivariana, que es un cuerpo policial civil, ha jugado un papel más activo, aseguró a BBC Mundo la periodista Ronna Risquez, quien se especializa en temas de seguridad ciudadana.

¿Por qué este giro? Los cuarteles están menguados por las deserciones y las bajas provocadas por la crisis económica que azotó al país en los últimos años; y, por lo tanto, no hay suficientes tropas, aseguraron fuentes del mundo castrense.

El Ministerio de la Defensa, en su página web, asegura que la FAN está conformada por entre 95.000 y 150.000 uniformados, lejos de los 350.000 que llegó a tener en la década pasada. Por su parte, el Observatorio Venezolano de Violencia estima que hay 175.000 agentes policiales en el país.

Una combinación peligrosa

“Nosotros sabemos hacer lo que vamos hacer”, alertó el martes el diputado y segundo vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello, quien aseguró que con “la perfecta unión cívico militar policial y les vamos a dar (a los opositores) la lección de las lecciones (…) ¡Los vamos a joder!”.

Por las redes sociales han vuelto a circular imágenes de guardias y policías nacionales, junto a miembros de los llamados “colectivos” atacando a manifestantes.

Los «colectivos» son grupos de civiles simpatizantes del chavismo que históricamente han defendido a la llamada revolución bolivariana desde los tiempos de Chávez.

También han surgido informaciones y grabaciones sobre detenciones sin órdenes judiciales de dirigentes opositores como el exdiputado Freddy Superlano, las cuales habrían sido practicadas por los servicios secretos (Sebin y/o DGCIM).

Miembros de todos los cuerpos militares y policiales antes mencionados han sido señalados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para Venezuela como autores de los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país que investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

Las nuevas amenazas de las autoridades y los primeros saldos de víctimas han disparado las alarmas en dicha instancia, desde donde recordaron lo ocurrido en el pasado reciente.

“En varias de las operaciones (contra el crimen y de represión a manifestaciones) donde hemos documentado violaciones a los derechos humanos hubo presencia y la participación coordinada de cuerpos policiales y militares, así como las alegaciones de presencia de civiles armados”, afirmó a BBC Mundo la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.

La jurista portuguesa apuntó que de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos los militares no deberían participar en labores de orden público, más que en casos excepcionales.

“Pero en Venezuela es algo casi cotidiano”, lamentó.

Sin visos de ruptura

La ola de manifestaciones internas y las exigencias de la comunidad internacional para que las autoridades muestren todas las actas de escrutinio de las votaciones del 28 de julio parecen no haber hecho mella en la unión cívico-militar-policial, al menos por ahora.

“Hay un golpe de Estado en marcha para lo cual el presidente Nicolás Maduro se ha puesto en frente para detenerlo y junto a él el pueblo de Venezuela, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional (FAN), y ese golpe de Estado lo vamos a derrotar una vez más”, aseguró esta misma semana el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López.

Esta declaración y las imágenes de militares y policías dispersando manifestaciones con gases lacrimógenos o arrestando a personas confirman la alineación de los militares y de los cuerpos de seguridad con el gobierno, afirmó el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, José Vicente Carrasquero.

“La estructura de mando depende del partido de gobierno. Por eso, en Venezuela hay 2.000 generales y almirantes, un número que es superior a los 900 que tiene Estados Unidos, para tener a una cúpula bien pagada que controle al resto”, explicó el analista.

Asimismo, el experto agregó otro ingrediente para explicar el comportamiento: el miedo.

“Mientras no se rompa ese ciclo de miedo impuesto por la escuela cubana, a través de la cual nadie confía en nadie y donde todos temen que alguien los acuse de traidores o conspiradores para así ascender, es poco probable que haya algún cambio en los cuarteles”, advirtió.

Durante la campaña Maduro dejó en claro de qué lado está la institución armada.

«La FAN me apoya. La FAN es chavista, es bolivariana y es chavista (…) ¿Quién tiene detrás un poder como el que tengo yo?», se preguntó.

Desde que se implementó el sistema electoral, usado en Venezuela, se vendió entre sus bondades que deja unas trazas físicas en papel y otras digitales o electrónicas; que podría ser herramientas usadas en las futuras validaciones o comprobaciones de resultados u operatividad.

Aníbal Sánchez

Podemos partir para esta disertación, de que una vez cerrado el proceso el operador del sistema integrado OSI, imprime el original del acta de escrutinio en la máquina de votación EC-21 la cual una vez revisada y refrendada, por Miembros de la Mesa y Testigos se guarda en el Sobre No1 el cual es custodiado por el plan república, al igual que las máquinas una vez hecha la operación de repliegue, donde incluso de acuerdo al protocolo, se debieron realizar las auditorías de II Fase tanto de verificación en un número sorteado de mesas en 198 Centros 1%.

Continuemos con el tema, impresa el Acta con sus respectivas copias que van a los partidos que obtuvieron las mejores votaciones. El dispositivo máquina/modem envía o trasmite a través de líneas dedicadas y encriptadas con tres capas de seguridad al CTN 1 y 2; los resultados de la votación en esa mesa.

En las salas el CNE se encarga de recopilar y totalizar la información.

Los testigos de los diferentes partidos que se encuentran a la hora del escrutinio reciben sus copias en papel, que emite la misma máquina.

Si la mesa y máquina fue seleccionada para la verificación ciudadana (I Fase), se abre su correspondiente caja de resguardo de las papeletas otra traza en papel sobre el acto de selección de una opción, que realizó cada uno de los electores y se coteja la información digital del acta, una vez verificado el número de participante con respecto al cuaderno, otra traza física, sobre quienes asistieron; así se llega al conteo manual.

Un sistema que incluso antes de archivar el voto en los discos y memorias de la EC-21 contempla una verificación del elector, y archivado el voto una segunda verificación en papel (comprobante) que va a la caja de resguardo “La caja con los votos (papel) solamente queda como respaldo físico”.

Las actas tienen unos elementos de codificación que permiten certificar su veracidad. Por un lado, el número código geográfico que identifica la ubicación y hasta mesa al que corresponden.

En segundo lugar, tienen un código denominado «hash» una especie de firma o algoritmo que es «único, irrepetible, y sirve para identificar el acta en las bases del CNE». También se muestra la fecha y hora en que se emitió el acta. Después tenemos el cuerpo del acta con los candidatos y votos distribuidos por partidos de acuerdo a un orden y código de la organización

En la parte inferior del Acta aparece otro código, que se genera entre la dirección MAC de la máquina, un identificador que corresponde solo a este dispositivo dentro de la red y los datos específicos de la elección.

Tanto el código inferior como el código superior en el acta son los que servirían en una hipotética auditoría a expertos verificar la autenticidad del acta; esto aún sin meternos en las trazas electrónicas en la memoria física o en las removibles (flash cards)

El acta tiene un código QR que al escanearlo muestra el número de la mesa y su ubicación geográfica, más la cantidad de votos recibidos en esa máquina para cada uno de los partidos en el mismo orden que aparecen por escrito arriba en el cuerpo del mismo comprobante.

Si el CNE volviese a imprimir las actas almacenadas en la memoria de las máquinas, tanto el hash como la fecha y hora y la firma digital cambiarían.

Ante la existencia de dos actas con Hash distintos, se verifica con el asentado y respaldo en la auditoría de software y producción; si aparecen dos actas de una misma mesa de votación con igual código hash y firma digital, pero con diferentes datos de cantidad de votos, se pueden revisar las cajas de resguardo de papeletas guardadas en el CNE y realizar el conteo manual de esa mesa

A esto se le suma que un Acta para ser certificada tiene elementos propios como el sello de mesa, la firma y datos de los miembros de Mesa más los datos de los Testigos que estuvieron al momento del escrutinio.

Para tratar de acercarnos a una verdad, se debe partir de:

1. El Sistema de Totalización no suma actas (físico, papel) acá llega un paquete de datos electrónicos
2. Los Comandos si hacen sus cómputos a partir de tabular los datos reflejados en las actas
3. La constatación de de datos, en Acta y Papeletas que se hace en la verificación Ciudadana es clave. De este acto queda una prueba en físico, otra acta, que ha sido poco mostrada
4. La intromisión o ataque al sistema debe probarse e investigarse; a qué nivel fueron en transmisión o a nivel central

Se debería cerrar el ciclo electoral con las auditorías programadas:

1. Telecomunicaciones
2. Datos de Electores “quienes confrontaron el SAi y sus incidencias”
3. Como la verificación ciudadana (1%) “constata acta (1), papeleta, cuaderno, transmisión”

Esto también puede darnos indicios que nos acerque

El ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff,y el abogado Tomás Farini Duggan, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y FADD, pidieron hoy en la Justicia argentina que se ordene la “inmediata orden de detención internacional” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por las desapariciones forzadas de personas y otros delitos de lesa humanidad que el régimen cometió tras las elecciones del domingo pasado.

Infobae

“Los hechos públicos (aquellos que se transmiten todos los días en redes sociales y canales televisivo) que exponen la sistemática ejecución de desapariciones forzadas, amenazas con armas de fuego, lesiones y ejecuciones en la vía pública por parte de funcionarios o adeptos al régimen que dirige Nicolás Maduro Moros desde el día en que se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela, obliga a los suscriptos a requerir la inmediata orden de detención internacional de los imputados en esta causa”, señalaron en el escrito que presentaron y al que accedió Infobae.

El planteo fue hecho ante el juez federal de Comodoro Py, Sebastián Ramos, que tiene bajo su cargo una causa por justicia universal por delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Wolff y Farini Duggan pidieron que “se disponga sus extradiciones, y de esa forma asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley (art. 280 CPPN); es decir, que los imputados rendirán cuenta por los graves delitos de lesa humanidad sistemáticamente ejecutados en contra del pueblo Venezolano”.

La ampliación de la denuncia es por la desaparición forzada de personas en perjuicio de Rafael Sivira, coordinador juvenil en Caracas de la organización La Causa RVe, de Freddy Superlano, dirigente opositor y ex diputado, de 25 estudiantes de la UNES, por 749 detenciones de manifestantes que serán acusados de alteración del orden público, instigación al odio y terrorismo, y por 132 detenciones ocurridas esta semana durante las manifestaciones contra el fraude electoral del gobierno.

“Todos estos hechos, que han sido ejecutados por los órganos de seguridad del Estado Venezolano o por organizaciones paramilitares también armadas y dirigidas por el Estado que encabeza Nicolas Maduro, no solo se encuentran previstos y reprimidos en el artículo 142 ter del C.P. y receptado en la Ley 26.298, sino que son objeto de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual nuestro país y Venezuela son parte”, sostiene la presentación.

La presentación se suma a la causa en la que se investigan distintos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela como secuestros, torturas y homicidios de dirigentes opositores. El juez Ramos ya le tomó declaración a una docena de testigos y libró pedidos de informes no solo a Venezuela, sino también a la Corte Penal Internacional y distintos organismos de derechos humanos.

El expediente ya cuenta con tres informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela que investigó casos de violaciones de derechos humanos desde 2014. Es una fuerza de observación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2019.

El primero de los informes detalló casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y afirmó que altos funcionarios se encontrarían involucrados. Allí se sostiene que esos actos fueron cometidos por dos motivos: para mantener el poder del gobierno y para controlar el crimen común. Las víctimas eran activistas políticos y sociales de alto perfil público. Se documentaron casos de abuso sexual y torturas cometidas por el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), cuerpo que en múltiples oportunidades se negó a liberar a los detenidos a pesar de tener órdenes para hacerlo.

Un segundo informe concluyó que el sistema de justicia sirvió al régimen para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos en el país. “La Misión tiene motivos razonables para creer que las juezas, jueces y fiscales han desatendido su obligación de proteger a opositoras y opositores al Gobierno, reales o presuntos, contra detenciones y arrestos arbitrarios realizados sin orden judicial”, se afirma allí. De las 183 detenciones de personas opositoras o percibidas como tales ocurridas entre 2014 y 2021, 82 personas fueron presuntamente sometidas a tortura.

El último de los informes de la Misión, incorporado a la causa, identifica los patrones de conducta en los métodos de tortura utilizados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), tanto por hombres como mujeres, contra las personas detenidas.

Entre la violencia física aparece “fuertes golpes con bates y objetos punzantes”, “descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo”, “asfixia con sustancias tóxicas y agua”, o “cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas”, entre otros. Hay además casos de abusos sexuales con objetos, desnudez forzada, golpes en los genitales y descargas eléctricas. Y el detalle sobre las condiciones de alojamiento: la “privación de alimentos y agua”, obligarlos a comer en el suelo en medio de heces, falta de aseo personal y violencia psicológica.

Nicolás Maduro afirmó que mantendrá otros seis años en el poder después de una elección disputada, lo que resultará en otra ola migratoria y consolidará a Venezuela como centro regional del crimen.

InSight Crime

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, afirmó que Maduro ganó las elecciones del 28 de julio con el 51,2% de los votos escrutados, en una “tendencia aplastante e irreversible”.

El anuncio fue inmediatamente desmentido por María Corina Machado, líder opositora.

“Ganamos, y la victoria ha sido tan contundente, tan enorme, que ganamos en todos los estados del país”, dijo en rueda de prensa .

Es poco probable que los resultados sean reconocidos a nivel internacional. Las consecuencias penales de la continuidad del régimen de Maduro son mucho más seguras y predecibles.

Después de estas elecciones, suponiendo que el aparato de seguridad se mantenga leal a Maduro y sea capaz de aplastar cualquier resistencia civil, el aislamiento internacional de Venezuela empeorará y se esperan más sanciones. Este aislamiento va a profundizar la crisis financiera de Venezuela y la dependencia de Maduro de redes criminales y rentas ilegales para mantener a flote su régimen falto de efectivo.

Maduro ya preside un Estado híbrido criminal, en el que se apoya en actores criminales en una relación simbiótica. Permite que ciertos grupos criminales operen sin ser molestados e incluso apoyados en territorio venezolano, a cambio de que estos grupos compartan los ingresos delictivos con actores políticos y militares leales y aplasten a la oposición política en sus áreas de influencia. Este Estado híbrido criminal se consolidará ahora aún más, y con él, la importancia de Venezuela en el panorama criminal regional.

“Creo que el control del crimen organizado sobre los recursos y la apropiación de rentas crecerá, y la gobernabilidad puede ser tan difícil que [el régimen de Maduro] tendrá que recurrir a grupos irregulares nacionales y extranjeros para ejercer control político”, dijo Roberto Briceño-León, profesor universitario y director del Observatorio Venezolano de Violencia.

InSight Crime tiene siete predicciones sobre las consecuencias de esta elección en el panorama criminal regional:

1. Una nueva ola migratoria 

Venezuela ya ha visto a hasta 8 millones de sus ciudadanos huir del país en busca de oportunidades en el extranjero. Ante otros seis años de gobierno de Maduro, estancamiento económico y represión, más venezolanos seguramente optarán por buscar pastos más verdes. Este éxodo sin precedentes del país ya ha impulsado la evolución de sofisticadas redes de tráfico y trata de personas , que explotan y reclutan a algunos de los refugiados más vulnerables y se alimentan de las diásporas venezolanas en América Latina y el Caribe. Una de las estructuras criminales más notorias que ha surgido a raíz de la crisis migratoria y ha establecido presencia en diferentes partes de América del Sur es el Tren de Aragua . 

2. Más migración a Estados Unidos y, con destinos cambiantes, una nueva evolución del crimen organizado transnacional venezolano 

Sudamérica ya ha absorbido a millones de venezolanos y cada vez hay menos oportunidades para los inmigrantes. Esto ha alimentado, especialmente en los últimos dos años, una ola de migrantes que se dirigen hacia el norte, a los Estados Unidos, una tendencia que seguramente continuará. Es poco probable que bandas venezolanas como el Tren de Aragua establezcan raíces fuertes en América Central, como lo han hecho en América del Sur. Esto se debe a que América Central ya tiene un paisaje criminal abarrotado, así como rutas migratorias establecidas que operan desde el comienzo de las guerras civiles que asolaron la región desde fines de la década de 1970 hasta la década de 1990. Sin embargo, hay indicios de que los delincuentes venezolanos están estableciendo puntos de apoyo en los Estados Unidos, insertos en las diásporas venezolanas, especialmente entre los migrantes cuyo estatus legal es incierto, lo que los hace muy vulnerables a la explotación por parte del crimen organizado.

3. Mayor dependencia de los intermediarios petroleros internacionales ilegales 

Venezuela cuenta con algunas de las reservas de petróleo más extensas fuera de Oriente Medio y, si bien la incompetencia y la falta de inversión han obstaculizado la producción, que en su momento superó los 3 millones de barriles de petróleo al día, el país todavía produce hasta 800.000 barriles al día. Hace tiempo que se aplican sanciones a la industria petrolera venezolana, pero aun así, el régimen ha logrado mover cantidades significativas de crudo, primero recurriendo a aliados como Irán, Rusia y China, y luego a diversas redes criminales internacionales capaces de eludir las sanciones.

4. Mayor dependencia de las redes de contrabando de oro 

Al igual que el petróleo, Venezuela tiene importantes depósitos de oro, y el régimen de Maduro ha recurrido a actores criminales para extraer el oro y a redes de contrabando internacionales para venderlo en los mercados internacionales, ocultando su origen y eludiendo así las sanciones.

5. Creciente participación en el tráfico mundial de cocaína 

Venezuela tendrá que encontrar otras formas de obtener divisas que necesita desesperadamente, y el comercio de cocaína ofrece ingresos significativos. El tráfico de cocaína a través de Venezuela no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo es la evolución del país no sólo como nación de tránsito, sino como productor. Las plantaciones de coca están apareciendo a lo largo de la frontera con Colombia, con cultivos registrados en al menos tres estados venezolanos, y los rebeldes colombianos han establecido una sofisticada infraestructura de tráfico de drogas en esas áreas, con la bendición del régimen de Maduro. Una participación más profunda en el creciente comercio mundial de cocaína podría ofrecerle a Maduro un salvavidas económico, así como inundar de drogas a un Estados Unidos hostil.

6. El debilitamiento fatal de la estrategia de paz de Colombia

El presidente de Colombia y aliado de Maduro, Gustavo Petro, ha elaborado un ambicioso plan para poner fin al conflicto civil que dura seis décadas, convirtiéndolo en una de sus iniciativas emblemáticas. Bautizado como Paz Total, Petro está negociando con dos grupos que tienen profundas raíces en Venezuela, el Ejército de Liberación Nacional ( ELN ) y Segunda Marquetalia , un grupo disidente nacido de las ahora desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC ). Ambos grupos tienen una parte significativa de la membresía en Venezuela, junto con una crucial infraestructura logística y de recaudación de ingresos. Con la perspectiva de otros seis años de protección del régimen de Maduro, es poco probable que estos dos grupos firmen un acuerdo de paz con el gobierno colombiano a menos que se acuerden términos muy generosos (y por lo tanto políticamente inaceptables). Por lo tanto, es probable que veamos no solo una presencia continua de estos grupos en el panorama criminal colombiano, sino su fortalecimiento.

7. Mayor regulación gubernamental de las economías criminales y de los actores que las gestionan

El resultado de lo anterior será no sólo la consolidación del Estado híbrido criminal venezolano, sino una mayor regulación de los grupos criminales en lo que el destacado periodista y analista de seguridad Javier Mayorca calificó como una forma de “pax criminal”. 

“Esto significa que Maduro, en un posible nuevo mandato, tendría que continuar con esa línea [de pax criminal], rechazando a aquellos grupos que abiertamente utilizan la violencia… y buscando una cierta normalización”, dijo.

Esta “normalización” podría implicar una delincuencia organizada cada vez más integrada por el Estado, que regule y dirija las economías ilegales desde dentro del régimen de Maduro, buscando maximizar las ganancias delictivas para sostener una administración carente de opciones legales.

Una transición política en Venezuela puede ocurrir incluso después de una elección fraudulenta seguida de represión, donde los resultados son disputados y quienes están en el poder se niegan a ceder el control. Históricamente, el régimen no ha hecho concesiones voluntarias y ello no va a cambiar. La pregunta clave es cómo proporcionar incentivos, dentro de los límites del Estado de derecho, a quienes podrían facilitar un cambio desde el sistema político represivo vigente hacia el desafiante camino a la democracia.

Por: Tamara Taraciuk Broner – Infobae

Las elecciones presidenciales del domingo han atraído la atención global hacia el país después de un período prolongado de “normalización” de una situación que dista mucho de ser normal. Si bien enfocarse en la elección es importante, es insuficiente. Aunque estas elecciones representan un momento político único, una transición hacia la democracia y una solución a las crisis simultáneas que las y los venezolanos han enfrentado durante años —la represión de la disidencia, una emergencia humanitaria y un éxodo masivo— no serán posibles sin negociaciones sobre el futuro de Nicolás Maduro y otros miembros de su gobierno.

Después de la medianoche del domingo, el presidente del Consejo Nacional Electoral informó verbalmente que Maduro había ganado las elecciones presidenciales con el 51% de los votos, basándose en los resultados del 80% de los recintos electorales, después de que un supuesto “ataque terrorista” retrasara el anuncio. El candidato opositor Edmundo González supuestamente terminó en segundo lugar, con el 44%. No hay evidencia creíble que respalde estos resultados. De hecho, toda la evidencia disponible, incluidas las encuestas de boca de urna y las boletas electorales a las que tuvieron acceso los testigos de la oposición, indican una victoria abrumadora de González, incluso en zonas tradicionalmente favorables al gobierno. El Centro Carter, que llevó a cabo una misión de observación electoral en el país, concluyó que las elecciones no cumplieron con estándares internacionales de integridad electoral y que no se pudo verificar ni corroborar los resultados electorales oficiales.

Sin embargo, la historia no termina aquí. El régimen necesita legitimidad internacional, en parte para acceder a mercados clave, y estos resultados electorales ciertamente no la proporcionaron. El compromiso democrático de la oposición, por otro lado, ha contribuido a su legitimidad internacional. Por esa razón, el fraude electoral del domingo debe verse como un punto de partida para una negociación política inevitable que tendrá lugar entre ahora y enero, cuando está programado que asuma el próximo gobierno.

Por ello, incluso en medio de protestas cada vez más intensas y la represión que se desató, es importante reenfocarse en las condiciones que podrían llevar a un acuerdo político duradero, incluidas las posibles garantías para las personas que están o podrían estar sujetas a procesos penales y podrían desempeñar un papel en una transición hacia la democracia.

En términos generales, funcionarios venezolanos, jueces, fiscales, policías y militares están implicados en dos categorías de delitos cometidos en los últimos 25 años: violaciones de derechos humanos —que en algunos casos pueden constituir crímenes internacionales, incluidos crímenes de lesa humanidad— y corrupción, tráfico de drogas y lavado de dinero.

Los abusos cometidos en Venezuela, incluidos aquellos cometidos durante las brutales represiones de las protestas en 2014 y 2017, llevaron a la fiscalía de la Corte Penal Internacional a iniciar la primera investigación sobre crímenes de lesa humanidad en América Latina. Estas acusaciones incluyen detención ilegal, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, y persecución política. La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU ha documentado la complicidad del poder judicial y ha denunciado que la represión continúa. Dada la falta de independencia judicial en el país, los mecanismos de responsabilidad internacional son la principal vía para que las víctimas busquen justicia. La represión actual contra opositores y ciudadanos de a pie por ejercer derechos fundamentales simplemente está añadiendo más pruebas al historial criminal del régimen.

Además, activistas anticorrupción informan que más de 200 investigaciones en 29 países involucran a altos funcionarios venezolanos acusados de malversar millones de dólares, entre otros actos de corrupción. Estos casos afectan diversos sectores, incluida la industria petrolera, el sistema de salud, las fuerzas de seguridad y el poder judicial. Si bien la mayoría de las investigaciones están concentradas en Estados Unidos, también hay casos en Argentina, Brasil, Colombia y España.

La amenaza de encarcelamiento fuera de Venezuela es real para aquellos implicados en estos casos, pero no es inevitable para todos los involucrados. Aunque ambas categorías de delitos —violaciones de derechos humanos y corrupción— han sido generalizadas, existen más individuos implicados en delitos relacionados con corrupción. Esto ofrece una oportunidad.

El derecho internacional exige la investigación y enjuiciamiento de la corrupción, el lavado de dinero y el tráfico de drogas, pero también otorga a los Estados una amplia discreción sobre cómo hacerlo. Los fiscales, incluso cuando tratan con delitos graves, tienen la opción de ofrecer penas reducidas a cambio de cooperación. Esta cooperación puede incluir la aceptación de responsabilidad individual, la asistencia en la identificación de otros involucrados o la ayuda en la recuperación de activos. Estos beneficios ya se han otorgado en Estados Unidos en muchos casos, y los fiscales podrían hacer lo mismo en otras jurisdicciones para apoyar una transición política en Venezuela.

En Estados Unidos, además, el presidente tiene la discreción de otorgar medidas de clemencia, que pueden exonerar a individuos condenados o bajo investigación por delitos relacionados con la corrupción, el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Tales medidas de clemencia podrían eximirlos de la responsabilidad penal o conmutar sus penas a cambio de su cooperación con las investigaciones judiciales y un compromiso político por parte del individuo para contribuir al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Con este fin, cualquier persona que aspire a tales beneficios debería comprometerse a tomar medidas concretas entre la elección y la inauguración de un nuevo gobierno. Esto incluye acciones para persuadir al régimen de que ponga fin a la represión, acepte los resultados electorales y facilite una transición pacífica del poder.

Estos beneficios legales podrían complementarse con el levantamiento de sanciones individuales por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, así como con una estrategia para proporcionar garantías sobre la viabilidad política de un movimiento chavista democrático como fuerza de oposición tras una transición de poder.

La discusión sobre cómo lidiar con individuos acusados de violaciones de derechos humanos es más complicada. El derecho internacional prohíbe eximir de responsabilidad penal a quienes cometieron los crímenes internacionales más graves, incluidos los crímenes de lesa humanidad. Esto es especialmente evidente, aunque no exclusivamente, en el caso de individuos en el nivel más alto de autoridad. Aunque muchas personas han cometido violaciones de derechos humanos en Venezuela, incluidos altos funcionarios, miembros de las fuerzas de seguridad y del poder judicial, el umbral legal para cometer un crimen internacional, como los crímenes de lesa humanidad, es alto.

Las personas de alto nivel implicadas en crímenes internacionales nunca recibirán garantías de impunidad duradera. Podrían enfrentarse a enjuiciamientos por parte de la Corte Penal Internacional o tribunales nacionales de países extranjeros bajo jurisdicción universal. Su mejor opción para evitar la persecución penal es que gobiernos que no se adhieren a principios democráticos y normas de derechos humanos les ofrezcan refugio.

En contraste, para los responsables de violaciones de derechos humanos que no constituyen crímenes internacionales, es legalmente posible ofrecer amnistías, indultos, penas de prisión reducidas o alternativas a la prisión a cambio de una participación sustancial en el proceso de establecimiento de un registro histórico de abusos, reconocimiento de responsabilidad individual y apoyo a una transición democrática. En ese caso, sería importante establecer medidas de reparación para las víctimas, garantizar la no repetición y asegurar una consulta exhaustiva con las víctimas durante el proceso.

Estas decisiones, que involucran tanto a actores internacionales como nacionales, requerirían negociaciones complejas con miembros del régimen. Incluso en medio de la reacción burda de las altas autoridades de aferrarse al poder mediante la fuerza, una negociación política es posible si se basa en un sólido marco legal que ofrezca incentivos viables y sostenibles en el tiempo. También debe contar con el respaldo de una oposición política unificada y sus aliados internacionales, incluidos Estados Unidos, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México y Uruguay, así como Noruega, Alemania, España, Suiza y el Reino Unido.

Una amplia gama de individuos —desde altos funcionarios hasta aquellos en rangos medios y bajos— no está hoy en una lista negra, y no tienen por qué estarlo. Con incentivos adecuados, muchos miembros de las fuerzas de seguridad, del poder judicial y de las autoridades electorales podrían vislumbrar un futuro mejor para sí mismos en una transición hacia la democracia en Venezuela si cesan la represión, respetan la voluntad popular de las y los venezolanos expresada en las urnas y evitan seguir ciegamente órdenes de violar derechos humanos y garantías constitucionales. Dado que el poder dentro del régimen de Maduro no es monolítico, esta fragmentación ofrece una oportunidad para ampliar el apoyo a la transición de Venezuela hacia la democracia.