Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Irán “no está lejos” de conseguir la bomba nuclear, afirmó el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en una entrevista con Le Monde publicada este miércoles, unas horas antes de una visita a Teherán.

AFP

“Es como un rompecabezas, tienen las piezas y algún día podrán unirlas. Todavía falta para eso. Pero no están lejos, hay que reconocerlo”, dijo Rafael Grossi.

Grossi tenía previsto viajar a Irán este miércoles para un encuentro con altos funcionarios.

El OIEA tenía la tarea de supervisar el cumplimiento por parte de Irán del acuerdo nuclear internacional de 2015, que se vino abajo después de que el presidente estadounidense Donald Trump retirara a su país del pacto durante su primer mandato (2017-2021).

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) afirmó este martes que Venezuela se ha convertido en “un lugar hostil” para los trabajadores de la prensa, al tiempo que alertó sobre encarcelaciones “sin condena ni juicio”.

EFE

“En los últimos años, hemos sido testigos de un deterioro alarmante en las condiciones del ejercicio de los periodistas: detenciones arbitrarias, cierres de medios y persecución sistemática”, afirmó el secretario general del CNP de Caracas, Edgar Cárdenas, citado en una nota de prensa.

Cárdenas manifestó su preocupación por lo que consideró “las detenciones arbitrarias” en Venezuela, donde permanecen arrestados 13 trabajadores de la prensa, según un conteo del CNP, a quienes -agregó el secretario general- se les “inventa todo un expediente con falsas acusaciones sin ningún tipo de prueba”.

A su juicio, la represión se intensificó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando se desató una crisis luego de que el Consejo Nacional Electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamara a Nicolás Maduro como ganador, un resultado que la mayor coalición opositora considera fraudulento.

Asimismo, Cárdenas indicó que, entre 2007 y 2025, “más de 400 medios de comunicación” han cerrado en Venezuela y, este año -agregó-, “se han contabilizado 54 ataques a la prensa y registrado casos de intimidación, impedimento de cobertura, amenazas, hostigamientos, cierre de emisoras, robo y decomiso de equipos, agresiones físicas y verbales”.

Por su parte, el coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, instó a las autoridades venezolanas y al Poder Judicial a “cesar la persecución, hostigamientos y agresiones contra los periodistas y defensores de los derechos humanos”.

El CNP pidió la liberación de los 13 periodistas presos, que son Gabriel González, Carlos Julio Rojas, Luis López y Ramón Centeno -arrestados antes de las presidenciales-, así como Nakary Ramos, Rory Branker, Leandro Palmar, Belices Cubillán, Julio Balza, Ronald Carreño, Biagio Pilieri, Víctor Ugas y José Camero, detenidos tras las elecciones.

La Casa Blanca criticó este martes a la jueza que anuló la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para revocar los beneficios migratorios a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que se acogieron al programa de parole humanitario, y aseguró que apelará la decisión.

El Nacional

«Otra jueza distrital rebelde está tratando de bloquear los esfuerzos de deportación masiva del gobierno», expresó la portavoz del gobierno republicano, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa, haciendo referencia a Indira Talwani, de Massachussetts.

Leavitt agregó: «Lucharemos en contra en los tribunales».

La jueza federal señaló en su decisión que el gobierno de Trump no ha demostrado ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a los migrantes a quienes se les concedió el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos por un período específico a salir o a obtener un estatus indocumentado».

“Tampoco es de interés público declarar sumariamente que cientos de miles de personas ya no se consideran legalmente presentes en el país, de modo que no pueden trabajar legalmente en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias”, agregó.

Este fallo detiene temporalmente las intenciones de la administración republicana, que quería eliminar estos beneficios migratorios a partir del 24 de abril, afectando a más de medio millón de migrantes, quienes habrían perdido sus permisos laborales, dejándolos sin estatus legal ni opciones para evitar su expulsión del país.

El gobierno de Joe Biden instauró el ‘parole humanitario’ en 2022 para venezolanos, y en 2023 lo extendió a cubanos, nicaragüenses y haitianos, en un intento de ampliar las vías legales para migrar a Estados Unidos y reducir los cruces fronterizos irregulares.

En octubre de 2024, antes de las elecciones presidenciales, la Administración de Biden anunció que no renovaría el ‘parole’, lo que significaba que los beneficiarios no podían extender su estatus legal más allá de los dos años iniciales.

La anulación del parole fue anunciada en marzo en una notificación publicada en el Registro Federal y vista como parte de una estrategia para asegurar la frontera y romper con el “círculo vicioso” de la inmigración irregular.

La líder opositora de VenezuelaMaría Corina Machado, avisó que Nicolás Maduro, acusado por la mayor parte de la comunidad internacional de fraguar los resultados de la última elección para permanecer al mando de su país, pasa atraviesa una pérdida importante de poder. Según la referente máxima de Vente Venezuela, al chavismo solo le quedan “las armas y el dinero criminal” para continuar frente a la Presidencia.

La Nación

En tanto, advirtió que una “escalada bélica” con Guyana podría implicar el fin de este proceso en Venezuela, convencida de que ni siquiera las fuerzas armadas apoyarían un intento de guerra, si es que Maduro pretende avanzar en ese sentido.

“¿Qué le queda a Maduro? Las armas y el dinero criminal. Dirás: ‘Con eso se han sostenido muchos regímenes durante mucho tiempo’. Pues sí, pero cada vez menos; porque como estructura criminal, cuando le empieza a fallar el dinero, empiezan a cortarse los flujos, las tensiones internas comienzan a hacerse visibles y a potenciarse. Eso está pasando en este momento en las estructuras que le quedaban de apoyo a Maduro“, expuso Machado, en diálogo con Carlos Pagni en su programa Odisea Argentina, por LN+.

“El régimen está más débil que nunca, perdió todo el apoyo, toda la legitimidad, ha sido absolutamente aislado internacionalmente y ahora está la estrategia de presión, recortándole sus ingresos y las complicidades tan oscuras que han tenido durante tanto tiempo… Tenemos una oportunidad real y la vamos a aprovechar, y Venezuela será libre“, enfatizó también la dirigente, que se encuentra en la clandestinidad debido a que es perseguida.

En tanto, Edmundo González, quien fue el candidato opositor en las elecciones ya que Machado quedó impedida de presentarse, está exiliado en España, después de presentar 85% de las actas que significaban una victoria opositora, pese a que el chavismo utilizó su maquinaria para proclamar ganador a Maduro, sin mostrar documentos que lo avalen.

Mientras, Machado se refirió también a la controversia territorial en la zona del Esequibo, una región rica en petróleo y recursos naturales que se disputan Venezuela y Guyana. La tensión aumentó en marzo, cuando el presidente Irfan Ali denunció que un buque venezolano entró en aguas guyanesas y merodeó en las inmediaciones de un barco petrolero de su país.

“Esta incursión es un asunto de grave preocupación”, sostuvo en ese momento el mandatario, en declaraciones que Venezuela repudió “categóricamente”.

Más allá de que planteó que los “derechos históricos” de Venezuela sobre ese territorio están “más que documentados”, Machado comentó que tanto Maduro como el expresidente fallecido Hugo Chávez siguieron “instrucciones” del también mandatario fallecido, en este caso de Cuba, Fidel Castro, y montaron una “actitud de cambio total” a lo que fueron 100 años previos de lucha por ese territorio.

“Esa actitud irresponsable nos llevó a una situación de riesgo real. En la Corte Internacional de Justicia, allí es donde hay que defender [este tema], pero Maduro en su desesperación apela a esa carta nacionalista. No es la primera vez que lo hace. En 2023, justo después de las primarias, convocaron a un supuesto referéndum, una cosa absurda, delirante, que nadie fue a votar. Usaron esa carta nacionalista, pensaron que con eso iban a cohesionar a las Fuerzas Armadas del país, y nadie se comió ese cuento porque la sociedad venezolana aprendió mucho, tenemos muy en claro lo que estamos enfrentando», indicó.

Tras ese análisis, Machado consideró: «Ahora, una escalda bélica, que algunos temen, sería la sentencia de muerte definitiva del régimen y del sistema. Sería terminar de aislarse de absolutamente todo el mundo, hasta de China, que tiene una producción de petróleo que es cuatro veces lo que produce Venezuela en Guyana, en las áreas marinas. Hoy en día tendría en contra a China, a Brasil, a Estados Unidos, a Europa… es un mecanismo de aislamiento terriblemente riesgoso y creo que las Fuerzas Armadas no acompañarían a Maduro en esa locura».

De acuerdo a la líder de Vente Venezuela, las Fuerzas Armadas cumplieron un rol clave en la última elección para que la oposición pueda tener acceso a los telegramas que después mostró, para constatar así un triunfo por sobre el chavismo, que no le fue reconocido oficialmente en su país pero sí por la mayor parte de la comunidad internacional de Occidente.

Segura de que el gobierno de Maduro tiene “cada vez menos” apoyo de este sector, Machado dijo que hubiese sido imposible demostrar la “victoria aplastante” en los comicios, si no hubiesen contado con la cooperación de los miembros de las fuerzas.

Lea la nota completa siguiendo este enlace a La Nación

Un tribunal de Perú condenó el martes 15 de abril a 15 años de prisión por lavado de activos al expresidente Ollanta Humala y dictó igual pena para su esposa, Nadine Heredia, por recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

AFP

Los magistrados de la Corte Superior Nacional sostuvieron que Humala y Heredia recibieron cerca de tres millones de dólares en aportes ilegales para esas campañas por parte de la empresa brasileña y del Gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013).

También fue condenado a 12 años de cárcel por lavado de activos al hermano de Heredia, Ilán Heredia.

Humala llegó al poder en 2011, tras vencer en segunda vuelta a la política derechista Keiko Fujimori.

Nayko Coronado, una de las tres juezas del tribunal, ordenó que los condenados sean encarcelados de inmediato. El expresidente, el único sentenciado que estaba presente, fue rodeado por varios policías, que lo acompañaron afuera de la sala de audiencias.

Humala, un militar retirado de 62 años, escribía y hablaba por su celular. Su esposa, de 48 años, no estaba presente en la sesión y según la defensa siguió la audiencia de forma virtual por estar mal de salud. Ambos estarán en la cárcel hasta el 28 de julio de 2039.

La pareja estuvo presa de forma preventiva entre 2017 y 2018 por pedido de la Fiscalía para evitar una fuga, pese a que ambos siempre asistieron a las audiencias.

Humala es el tercer exmandatario peruano condenado a prisión en casi dos décadas, luego de que en 2024 Alejandro Toledo (2001-2006) fue sentenciado a 20 años y seis meses por corrupción y lavado de activos por recibir dinero de Odebrecht, y el fallecido Alberto Fujimori (1990-2000) recibiera en 2009 tres sentencias por corrupción y otra adicional como autor intelectual de 25 asesinatos.

Heredia es la primera esposa de un mandatario peruano en ser condenada. Ambos tienen tres hijos de 23, 21 y 14 años.

El juicio empezó en 2022 y por él desfilaron 220 testigos. Buena parte de ellos, según la jueza Coronado, negaron haber aportado las sumas de dinero que el partido político de Humala les atribuyó. Incluso algunos dijeron «no tengo ni para comer» como para contribuir con 2.600 dólares a una campaña política, de acuerdo con la magistrada.

La sentencia marca un precedente para otros juicios por lavado de activos en Perú, dijo a la prensa Silvana Carrión, defensora de los intereses del Estado. Uno de ellos es contra Keiko Fujimori, por el presunto lavado de dinero de Odebrecht que utilizó en su campaña presidencial de 2011. La Fiscalía ha pedido 30 años de cárcel para la hija del exmandatario Alberto Fujimori.

Odebrecht admitió en 2016 que pagó millonarios sobornos a políticos de casi toda Latinoamérica a cambio de obtener obras públicas. Las primeras investigaciones fiscales contra Humala empezaron en 2015, un año antes de que Odebrecht comenzara a delatar a los políticos poderosos de todo el continente.

La mayoría de los presidentes que gobernaron Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la Justicia por sus nexos con la constructora brasileña.

Toledo está preso cumpliendo una sentencia, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski está bajo prisión domiciliaria y Alan García, quien gobernó entre 1985 y 1990 y luego entre 2006 y 2011, se suicidó en 2019, minutos antes de ser detenido por una orden fiscal, mientras era investigado por los sobornos recibidos de Odebrecht.

Cada vez más estudiantes que viven en Estados Unidos están postulándose a universidades canadienses o expresando interés en estudiar al norte de la frontera a medida que el presidente Donald Trump recorta los fondos federales a las universidades y revoca las visas de estudiantes extranjeros.

CNN

Los funcionarios del campus de Vancouver de la Universidad de Columbia Británica dijeron que la escuela informó un aumento del 27% en las solicitudes de posgrado a partir del 1 de marzo de ciudadanos estadounidenses para programas que comienzan en el año académico 2025, en comparación con todo el año 2024.

En respuesta a la creciente demanda de programas de posgrado, UBC Vancouver reabrió brevemente las admisiones para ciudadanos estadounidenses para varios programas de posgrado esta semana con planes de acelerar las solicitudes de estudiantes estadounidenses que esperan comenzar sus estudios en septiembre.

La Universidad de Toronto, la universidad más grande de Canadá por número de estudiantes, también informó más solicitudes estadounidenses para la fecha límite de enero para los programas de 2025, mientras que un portavoz de la Universidad de Waterloo informó un aumento en los visitantes estadounidenses al campus y más tráfico web originario de los Estados Unidos desde septiembre.

Las universidades de Toronto y Waterloo no citaron las razones del aumento del interés, mientras que el campus de Vancouver de la UBC atribuyó el aumento a las políticas de la administración Trump.

El gobierno ha congelado cientos de millones de dólares en fondos federales para numerosas universidades, presionándolas para que implementen cambios en sus políticas y alegando lo que considera un fracaso en la lucha contra el antisemitismo en el campus. Ha iniciado procedimientos de deportación contra algunos estudiantes extranjeros detenidos que participaron en manifestaciones pro-palestinas, mientras que se han cancelado las visas de cientos de otros estudiantes, acciones que han suscitado preocupación sobre la libertad de expresión y la libertad académica en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Canadá ha limitado el número de estudiantes internacionales permitidos para ingresar al país por segundo año consecutivo, lo que significa que puede haber menos lugares para estudiantes estadounidenses y de otros países.

El Ministerio de Inmigración de Canadá indicó que espera que las instituciones educativas solo acepten la cantidad de estudiantes que puedan atender, incluyendo opciones de alojamiento. Las provincias y territorios son responsables de distribuir las plazas dentro del límite establecido, indicó el ministerio.

La represión estadounidense

Gage Averill, rector y vicepresidente académico de la UBC Vancouver, atribuyó el aumento de las solicitudes en Estados Unidos a la revocación abrupta de las visas de los estudiantes extranjeros por parte de la administración Trump y al mayor escrutinio de su actividad en las redes sociales .

“Eso, como resultado, y especialmente como resultado de la reciente represión de las visas en los Estados Unidos para estudiantes internacionales, y ahora el desarrollo de un centro que lee las cuentas de redes sociales de los estudiantes extranjeros”, dijo Averill.

La Universidad de Toronto, considerada una alternativa a las escuelas Ivy League de Estados Unidos, está viendo un “aumento significativo” en las solicitudes de aquellos que viven o estudian en Estados Unidos en comparación con los años anteriores, dijo la universidad en un comunicado.

La Universidad de Waterloo, conocida por sus programas de posgrado técnicos y que produce talentos de ingeniería de primer nivel, dijo que algunas facultades, incluida la de ingeniería, han visto un mayor interés y solicitudes de estudiantes de los EE. UU.

“Hemos observado un aumento en el número de visitantes estadounidenses al Centro de Visitantes de la UW en el campus, y el tráfico web con origen en EE. UU. ha aumentado un 15 % desde septiembre de 2024”, afirmó un portavoz de la Universidad de Waterloo.

No se especificó si estos estudiantes eran estudiantes extranjeros que estudiaban en Estados Unidos o ciudadanos estadounidenses.

Averill afirmó que la UBC solo ha experimentado un modesto aumento del 2% en las solicitudes de pregrado para los programas de este año, que cerraron cerca de la toma de posesión de Trump. Sin embargo, el interés parece estar creciendo, con un aumento del 20% en las solicitudes de visitas al campus por parte de estudiantes estadounidenses.

“Estábamos preocupados por las universidades de Estados Unidos, nuestras instituciones hermanas en Estados Unidos, que están bajo una enorme presión en este momento”, dijo Averill, refiriéndose en particular a los esfuerzos de la administración Trump para retener fondos a las universidades que continúan con iniciativas de diversidad y equidad o estudian ciencias del clima.

Según el informe anual de la UBC, Estados Unidos se encuentra entre los tres países con mayor matrícula de estudiantes internacionales. Actualmente, cerca de 1500 estudiantes estadounidenses están matriculados en programas de posgrado y licenciatura en los dos campus de la universidad.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió que la Universidad de Harvard pierda una valiosa exención fiscal, horas después de que su administración anunciara la congelación de más de US$2.000 millones en fondos federales para esta prestigiosa institución.

BBC

La Casa Blanca ha exigido que la universidad más antigua de Estados Unidos implemente cambios en sus prácticas de contratación, admisión y docencia, lo que, según afirma, ayudará a combatir el antisemitismo en el campus.

Desde su regreso a la presidencia en enero, Trump ha impulsado la reestructuración de las mejores universidades de EE.UU., amenazando con retener fondos federales, destinados principalmente a la investigación.

El lunes Harvard se convirtió en la primera gran universidad estadounidense en rechazar las exigencias de su administración, acusando a la Casa Blanca de intentar «controlar» a su comunidad.

En una publicación en redes sociales el martes por la mañana, Trump amenazó con ir más allá de la simple retención de los fondos federales y criticó la exención fiscal de Harvard.

En EE.UU., las universidades, así como muchas organizaciones benéficas y grupos religiosos, están exentas del pago de impuestos federales sobre la renta. Sin embargo, esta valiosa exención fiscal puede eliminarse si los grupos se involucran en actividades políticas o se desvían de sus objetivos declarados.

«¿Quizás Harvard debería perder su estatus de exención fiscal y ser gravada como entidad política si sigue promoviendo la ‘enfermedad’ con inspiración política, ideológica y terrorista?», escribió Trump en Truth Social. «¡Recuerden, la exención fiscal depende totalmente de actuar en interés público!».

Perder la exención fiscal podría costarle a Harvard millones de dólares cada año.

Los cambios radicales exigidos por la Casa Blanca habrían transformado las operaciones de Harvard y cedido gran parte del control de la universidad al gobierno.

Las exigencias de Trump

En la carta que la Casa Blanca mandó a Harvard el pasado viernes, obtenida por el diario The New York Times, se afirmaba que la universidad no había cumplido con las «condiciones de derechos intelectuales y civiles» que justifican la inversión de fondos federales.

La carta incluía 10 categorías para los cambios propuestos, entre ellas:

  • Denunciar ante el gobierno federal a los estudiantes que sean «hostiles» a los valores estadounidenses
  • Garantizar que cada departamento académico tenga «diversidad de puntos de vista»
  • Contratar a una entidad externa aprobada por el gobierno para auditar los programas y departamentos «que más fomentan el acoso antisemita»
  • Investigar al profesorado para detectar plagio

El presidente Trump ha acusado a las principales universidades de EE.UU. de no haber protegido a los estudiantes judíos cuando en los campus universitarios de todo el país se realizaron el año pasado protestas contra la guerra en Gaza y el apoyo de Estados Unidos a Israel.

Al explicar su rechazo a estas demandas del gobierno federal, el presidente de Harvard, Alan Garber, afirmó que la universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales amparados por la Primera Enmienda que protege la libertad de expresión.

«Si bien algunas de las demandas presentadas por el gobierno tienen como objetivo combatir el antisemitismo, la mayoría representan una regulación gubernamental directa de las condiciones intelectuales en Harvard», dijo en su carta de respuesta.

«Un acto vengativo»

Poco después de que Garber enviara esta carta, el Departamento de Educación anunció la congelación inmediata de US$2.200 millones en subvenciones y US$60 millones en contratos a Harvard.

«La declaración de Harvard de hoy refuerza la preocupante mentalidad de privilegios, endémica en las universidades y centros de educación superior más prestigiosos de nuestro país», declaró el Departamento de Educación en un comunicado.

David Armitage, profesor de historia de Harvard, declaró a la BBC que la universidad podía permitirse resistir ante las presiones de Trump, siendo la más rica de Estados Unidos, y que ningún precio era demasiado alto para mantener la libertad.

«Es un acto, como era de esperar, totalmente infundado y vengativo, por parte de la administración Trump, cuyo único objetivo es silenciar la libertad de expresión», declaró.

En marzo, la administración Trump anunció la revisión de aproximadamente US$256 millones en contratos y subvenciones federales a Harvard, y de otros US$8.700 millones en compromisos de subvenciones plurianuales.

Los profesores de Harvard presentaron una demanda en respuesta, alegando que el gobierno estaba atacando ilegalmente la libertad de expresión y la libertad académica.

Harvard, que cuenta con un patrimonio de US$53.000 millones, es una de las varias universidades de élite en la mira del gobierno de Trump.

El expresidente de EE.UU., Barack Obama, instó a otras instituciones a seguir el ejemplo de Harvard y no ceder a las exigencias de Trump.

«Harvard ha dado ejemplo a otras instituciones de educación superior al rechazar un intento ilegal y torpe de reprimir la libertad académica, al tiempo que toma medidas concretas para garantizar que todos los estudiantes de Harvard puedan beneficiarse de un entorno de investigación intelectual, debate riguroso y respeto mutuo», escribió Obama en sus redes sociales.

El mes pasado la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, accedió a una serie de exigencias de la administración Trump después de que la Casa Blanca amenazara con retirar US$400 millones de fondos federales.

Las peticiones incluían la expulsión de estudiantes, la reforma de sus políticas de admisión, la prohibición de llevar prendas que cubran la cara y sirvan para ocultar la identidad, y adoptar y promulgar una definición de antisemitismo.

Columbia también tenía que someter a su Departamento de Estudios de Medio Oriente a la «intervención académica» y la supervisión de un funcionario ajeno a la institución.

Un día antes de expirara el plazo dado por la administración Trump, Columbia claudicó.

Otras universidades en la mira

En los último días se informó que el gobierno federal congeló US$1.000 millones en fondos para la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, y US$790 millones destinados a la Universidad de Northwestern, cerca de Chicago, a la espera de los resultados de una investigación sobre antisemitismo.

La Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, fue informada de que se suspenderían becas de investigación por valor de US$210 millones y la Universidad Brown perdió financiación por valor de US$500 millones.

«Este enfrentamiento se ha gestado durante varios meses y representa otro ataque de la administración Trump a los pilares de la democracia y la sociedad estadounidenses. Y por eso Harvard se ha negado a ser chantajeada y a poner fin a sus programas de diversidad», le dijo a BBC Mundo Dafydd Townley, profesor de política estadounidense y seguridad internacional de la Universidad de Portsmouth, en Reino Unido.

Los expertos coinciden en que los recortes impulsados por la administración Trump pondrán en peligro la viabilidad de importantes programas de investigación planificados por las universidades afectadas desde hacía tiempo, por no hablar de la posible fuga de cerebros.

«Los recortes drásticos que se avecinan obligarán a las universidades a retirarse de la investigación, lo que podría dejar solo a algunos grupos de profesores activos en investigación. Peor aún, podría conducir al colapso total del sistema», escribió Robert A. Brown, presidente emérito de la Universidad de Boston en la revista especializada Times Higher Education.

«El resultado podría ser que solo las universidades más ricas puedan sostener la investigación y las demás se marchiten», añadió.

Estimados miembros de la comunidad de Harvard:
 
Durante tres cuartos de siglo, el gobierno federal ha otorgado subvenciones y contratos a Harvard y otras universidades para financiar trabajos que, junto con las inversiones de las propias universidades, han dado lugar a innovaciones revolucionarias en una amplia gama de campos médicos, de ingeniería y científicos. Estas innovaciones han mejorado la salud y la seguridad de innumerables personas en nuestro país y en todo el mundo. En las últimas semanas, el gobierno federal ha amenazado sus alianzas con varias universidades, incluida Harvard, debido a acusaciones de antisemitismo en nuestros campus. Estas alianzas se encuentran entre las más productivas y beneficiosas de la historia de Estados Unidos. Nos esperan nuevas fronteras con la perspectiva de avances transformadores, desde tratamientos para enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y la diabetes, hasta avances en inteligencia artificial, ciencia e ingeniería cuánticas, y muchas otras áreas de potencial. Si el gobierno se retira ahora de estas alianzas, pone en riesgo no solo la salud y el bienestar de millones de personas, sino también la seguridad económica y la vitalidad de nuestra nación.
 
El viernes por la noche, la administración emitió una lista actualizada y ampliada de demandas, advirtiendo que Harvard debe cumplir si pretendemos «mantener nuestra relación financiera con el gobierno federal». Esto deja claro que la intención no es colaborar con nosotros para abordar el antisemitismo de forma cooperativa y constructiva. Si bien algunas de las demandas del gobierno buscan combatir el antisemitismo, la mayoría implica una regulación gubernamental directa de las condiciones intelectuales en Harvard.
 
Los invito a  leer la carta  para comprender mejor las exigencias sin precedentes del gobierno federal para controlar a la comunidad de Harvard. Estas exigencias incluyen la exigencia de «auditar» las opiniones de nuestro alumnado, profesorado y personal administrativo, y de «reducir el poder» de ciertos estudiantes, profesorado y administradores que han sido objeto de críticas debido a sus ideas ideológicas. Hemos informado a la administración, a través de nuestro asesor legal, que  no aceptaremos el acuerdo propuesto . La Universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales.
 
La prescripción de la administración excede las facultades del gobierno federal. Viola los derechos de Harvard bajo la Primera Enmienda y excede los límites legales de la autoridad gubernamental bajo el Título VI. Además, amenaza nuestros valores como institución privada dedicada a la búsqueda, producción y difusión del conocimiento. Ningún gobierno, independientemente del partido en el poder, debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden desarrollar.
 
Nuestro lema, Veritas, o verdad, nos guía en el desafiante camino que nos espera. Buscar la verdad es un viaje sin fin. Requiere que estemos abiertos a nueva información y perspectivas diferentes, que sometamos nuestras creencias a un escrutinio constante y que estemos dispuestos a cambiar de opinión. Nos impulsa a asumir la difícil tarea de reconocer nuestras deficiencias para que podamos alcanzar la plena promesa de la Universidad, especialmente cuando esta se ve amenazada.
 
Hemos dejado muy claro que no tomamos a la ligera nuestro deber moral de combatir el antisemitismo. En los últimos quince meses, hemos tomado numerosas medidas para abordar el antisemitismo en nuestro campus. Planeamos hacer mucho más. En la defensa de Harvard, continuaremos: 

  • Fomentar una cultura próspera de investigación abierta en nuestro campus; desarrollar las herramientas, habilidades y prácticas necesarias para interactuar de manera constructiva unos con otros; y ampliar la diversidad intelectual y de puntos de vista dentro de nuestra comunidad; 
  • afirmar los derechos y responsabilidades que compartimos; respetar la libertad de expresión y el disenso, garantizando al mismo tiempo que la protesta se lleve a cabo en un momento, lugar y manera que no interfiera con la enseñanza, el aprendizaje y la investigación; y mejorar la coherencia y la imparcialidad de los procesos disciplinarios; y 
  • Trabajaremos juntos para encontrar maneras, conforme a la ley, de fomentar y apoyar una comunidad vibrante que ejemplifique, respete y abrace la diferencia. Al hacerlo, también seguiremos cumpliendo con el caso  Estudiantes por Admisiones Justas contra Harvard , que dictaminó que el Título VI de la Ley de Derechos Civiles prohíbe que las universidades tomen decisiones basadas en la raza. 

Estos fines no se lograrán mediante la imposición de poder, al margen de la ley, para controlar la enseñanza y el aprendizaje en Harvard y dictar cómo operamos. La labor de abordar nuestras deficiencias, cumplir nuestros compromisos y encarnar nuestros valores nos corresponde definir y emprender como comunidad. La libertad de pensamiento e investigación, junto con el compromiso permanente del gobierno de respetarla y protegerla, ha permitido a las universidades contribuir de manera vital a una sociedad libre y a una vida más sana y próspera para las personas de todo el mundo. Todos compartimos el interés de salvaguardar esa libertad. Procedemos ahora, como siempre, con la convicción de que la búsqueda intrépida y sin trabas de la verdad libera a la humanidad, y con fe en la promesa perdurable que las universidades estadounidenses tienen para nuestro país y nuestro mundo.
 
Atentamente,
Alan M. Garber

La Justicia de Argentina ratificó este martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández (2019-2023) en una causa por violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez, dejándolo al borde de enfrentar un juicio oral.

El Nacional

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional concluyó que entre 2016 y agosto de 2024, Fernández habría ejercido violencia física y psicológica hacia Yáñez, en el marco de una relación con una clara desigualdad de poder.

Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah votaron a favor de mantener el procesamiento dictado el pasado 17 de febrero por el juez federal Julián Ercolini, quien instruye la causa. En cambio, el magistrado Roberto Boico votó en contra.

Con esta resolución, el exmandatario quedó imputado por lesiones leves y graves, agravadas por la relación y el abuso de poder, así como por amenazas coactivas, acercándolo a un eventual juicio.

El fallo, citado por el diario Clarín, sostiene que “en un contexto de violencia de género (…) el imputado (Fernández) se habría aprovechado de la especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada (Yáñez)”.

Irurzun señaló que los hechos incluyeron “lesiones y otras formas de violencia de género practicadas por quien mantenía una marcada desigualdad de poder con ella, además de un aislamiento forzado” en la residencia presidencial.

El juez rechaza la defensa de Fernández

El juez Farah, por su parte, rechazó la defensa del expresidente, que argumentaba falta de claridad en la acusación, al afirmar que los hechos fueron “descriptos pormenorizadamente” desde el inicio del vínculo hasta la denuncia en agosto de 2024, momento en que se impuso una orden de restricción contra Fernández.

Ercolini justificó su pedido de procesamiento afirmando que Fernández “no solo fue presidente de la Nación, sino también un actor público con trayectoria y poder simbólico”, lo cual habría profundizado la asimetría alegada por Yáñez.

El documento judicial incluye detalles de violencia psicológica, como acoso, insultos, culpabilización, maltrato verbal, hostilidad, y también agresiones físicas recurrentes.

La defensa del expresidente, encabezada por Silvina Carreira, apeló la resolución de Ercolini, alegando que Fernández nunca ejerció violencia ni restringió la libertad de Yáñez, y afirmando incluso que él habría sido víctima de maltrato.

Con esta resolución, Alberto Fernández se convierte en el primer expresidente argentino procesado por violencia de género, y podría enfrentar una pena de entre 3 y 18 años de prisión si se lo declara culpable en el juicio oral.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, rechazó este martes las declaraciones de Nicolás Maduro quien aseguró que en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ecuatorianas hubo un «fraude horroso».

EFE

«Si el señor Maduro dice que hubo fraude, eso quiere decir que en el Ecuador estamos haciendo bien las cosas. Lo grave hubiese sido que nos felicitara», dijo Atamaint en una entrevista al canal Teleamazonas.

Con más de 90% de las actas escrutadas, Daniel Noboa supera a Luisa González por más de 11 puntos porcentuales, lo que representa más de un millón de votos, según datos del CNE que no acepta la correísta, quien tras publicarse los primeros resultados denunció sin pruebas que se había dado «el fraude más grotesco de la historia de Ecuador».

Atamaint rechazó la denuncia realizada por González y aseguró que el proceso «fue totalmente transparente».

«¿Cómo podemos hablar de fraude cuando las dos organizaciones tuvieron la gran oportunidad de que el proceso sea vigilado por ellos?», se preguntó la presidente del CNE.

Incidió en que durante la jornada electoral hubo 95.000 delegados de ambas fuerzas políticas acreditados para observar el proceso, de los que la mitad eran de un partido y la otra mirad del otro.

Estos representantes estuvieron «mirando en todas las mesas el conteo voto a voto y obteniendo el documento del acta de escrutinio público para que hagan su control electoral«, dijo Atamaint.

«Mínimas» inconsistencias

La presidenta del CNE agregó que, en el caso de haber inconsistencias en las actas, «que serán mínimas», las atenderán, pero que hasta el momento ya se ha cerrado el escrutinio en dieciocho de las veinticuatro provincias, lo que según Atamaint es una prueba de transparencia.

«Y lo han dicho las misiones de observación que estuvieron de desplegadas a nivel nacional, incluso tres meses antes del mismo día de las votaciones», mencionó.

El lunes su movimiento, Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007 – 2017), denunció – sin aportar pruebas – «irregularidades» durante la jornada electoral y exigió una «investigación inmediata e independiente».

«Miles de votos para Luisa González desaparecieron injustificadamente durante el conteo, mientras Daniel Noboa registró incrementos estadísticamente imposibles en numerosos recintos electorales», aseguró la RC.

Sin embargo, Atamaint dijo que los delegados de la RC y de Acción Democrática Nacional (ADN), el partido de Noboa, no solo estuvieron en las mesas en las que se contaron los votos, sino en los sitios donde se escanearon las actas y en las delegaciones provinciales «para ver si hay alguna urna que había que abrir para hacer el recuento».

«Y además esas actas son suscritas con la presencia de ellos y ellos mismos dan fe de que en esa mesa fueron contados correctamente los votos consignados«, explicó.

Sin peticiones para revisar actas

La presidenta del CNE dijo que, hasta el momento, «no hay una sola petición a nivel nacional de una sola acta para que sea revisada» por parte del correísmo, pero que aún podrían hacerlo hasta que se proclamen los resultados.

«Pero hay que tener presente que no se habla de inconsistencias numéricas o de verificar las actas, están hablando de fraude y fraude es un delito. Eso no cae en el campo electoral, cae en la justicia ordinaria», aclaró Atamaint.

«Lo correcto es ir con la documentación que tienen como prueba a presentar ante la autoridad competente y si no lo hacen es totalmente falso, es mentira, y lo que buscan es conmocionar a la gente innecesariamente», señaló.

El correísmo también dijo que se habían realizado «cambios arbitrarios de última hora en recintos electorales», modificaciones que hizo el CNE por afectaciones en los colegios electorales debido a inundaciones ocurridas en los últimos días en zonas rurales del país producto de las lluvias, y que eso había afectado a «miles de votantes identificados con la RC».

Pero Atamaint señaló que fue «todo lo contrario». «La participación subió y ella (González) sigue ganando en esos recintos donde nosotros hicimos los cambios. No ha habido absolutamente nada de afectación con interés político», indicó.

Las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), las dos mayores delegaciones desplegadas en Ecuador, han avalado los resultados del CNE y han rechazado de manera tajante la posibilidad de que se haya dado un «fraude» en el proceso.

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