Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Venezuela parece encaminada hacia un año particularmente crítico, marcado por la persistente incertidumbre política, un panorama externo desfavorable y la pérdida de dinamismo en sectores clave de su economía.

Por: Gastón Calvo – Infobae

Según el “Informe de Coyuntura-Abril 2025″, elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el país caribeño continúa sumido en una contracción económica, concentrada especialmente en la industria petrolera, que es el eje de sus exportaciones y de las finanzas públicas.

El reporte enfatizó en que el enfrentamiento entre el régimen de Nicolás Maduro y la administración estadounidense del presidente Donald Trump intensificó las sanciones, que impactan severamente la producción petrolera y, con ello, los ingresos del país.

Además, similares presiones afectan al comercio internacional y a la sostenibilidad de las políticas fiscales y monetarias internas.

Según el análisis, se proyecta una contracción del PIB real mayor al 2% este año. Esto rompe la recuperación económica incipiente registrada entre 2021 y 2024, que había promediado un crecimiento del 5,25% anual.

Así, la esperanza de estabilización económica se desvanece, mientras los resultados del sector no petrolero y las políticas compensatorias resultan insuficientes para frenar el descenso.

Sanciones petroleras y caída de la producción

El reporte explicó que la reanudación de sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos es el principal elemento que explica la crisis petrolera venezolana. La suspensión de la Licencia General 41 (LG41), que permitió temporalmente a Chevron y otras empresas realizar operaciones limitadas en la nación, ha no solo detenido actividades en varios proyectos conjuntos, sino que también redujo drásticamente las exportaciones de crudo.

El informe estimó que la producción petrolera llegará a los 770 mil barriles diarios (mbd) este año, lo que representa una caída del 11% respecto a 2024. Los ingresos provenientes del sector también disminuirán significativamente debido a los mayores costos operativos y a los profundos descuentos aplicados para colocar petróleo venezolano en mercados alternativos, especialmente en Asia.

El precio promedio de realización del crudo Merey16 podría alcanzar los 63,2 dólares por barril, un descenso del 3% en comparación con el año pasado.

En consecuencia, la disminución de ingresos petroleros, sumada a una balanza de pagos con proyecciones adversas, afectará todos los niveles de la economía. Sin acceso a mercados internacionales y con limitaciones para diversificar exportaciones, Venezuela encara un déficit severo en recursos externos para financiar las necesidades básicas de su economía.

El mercado laboral y las remuneraciones no logran contrarrestar la crisis

En paralelo, los retos en el mercado laboral persisten dado que los sueldos en todos los sectores siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

El salario mínimo nominal del sector público apenas representa el 1,6% del ingreso total de los trabajadores, con la mayor parte de la remuneración dependiendo de bonos discrecionales como el de “guerra económica”. Estos subsidios, aunque indexados al tipo de cambio oficial, no logran compensar el deterioro de la capacidad adquisitiva en un contexto de acelerada inflación que se estima podría superar nuevamente los tres dígitos.

Datos de la Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA) confirman el contraste en las remuneraciones sectoriales. Mientras en el sector industrial un gerente puede recibir un promedio mensual de 1.048 dólares al cierre de 2024, los obreros apenas alcanzan los USD 230.

En comercio y servicios, las diferencias son menos significativas, pero los sueldos también resultan insuficientes para adquirir la canasta alimentaria básica, estimada en 663 dólares para diciembre de 2024.

El empleo informal y las dificultades para implementar políticas sociales resultan en una continua pérdida de bienestar para la población, agudizando la pobreza y la emigración masiva.

Las fallas fiscales y monetarias limitan la capacidad de respuesta

En el ámbito fiscal, los ingresos públicos enfrentan una caída prevista de aproximadamente 6.000 millones de dólares, en gran parte por la disminución en los ingresos petroleros, que representan el 80% de las exportaciones totales. El régimen continuará recurriendo al financiamiento monetario para paliar el déficit fiscal, estimado en un 12,2% del PIB.

Este financiamiento intensificará las presiones inflacionarias, avivadas por la falta de capacidad del Banco Central de Venezuela (BCV) para implementar políticas monetarias correctivas eficaces. La base monetaria podría incrementarse hasta un 257% en 2025, resalta el informe, lo que advierte sobre nuevas depreciaciones del tipo de cambio oficial y un crecimiento exponencial de la inflación interna.

En tanto, el tipo de cambio oficial y paralelo ampliarán sus brechas, impactando directamente en los precios de bienes y servicios. A marzo de 2025, el diferencial entre ambas tasas ya reflejaba las dificultades del BCV para estabilizar el mercado cambiario.

Escenario industrial desalentador

Por su parte, el crecimiento industrial de los últimos años también se desplomará, según el reporte. Aunque el sector manufacturero privado mostró incrementos modestos en producción entre 2023 y 2024, su sostenibilidad está en duda.

Sectores clave como alimentosfarmacéuticos y bebidas han reducido su margen de crecimiento, y los niveles de producción apenas alcanzan el 47% de la capacidad instalada.

Según la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI-IVT24), pese a un reciente repunte en la actividad de pequeños emprendimientos, las expectativas en el sector manufacturero son negativas: solo el 23% de los empresarios prevé que sus ventas aumenten en 2025, frente al 80% que lo esperaba a mediados de 2024.

Proyecciones: un 2025 cargado de pesimismo

El informe del IIES-UCAB destacó que los problemas estructurales de Venezuela, como la limitada diversificación económica, la dependencia de los ingresos petroleros y su reducido margen fiscal para amortiguar choques, hacen que el país enfrente el 2025 con extremas dificultades.

Las perspectivas auguran nuevas contracciones en el mercado interno, un debilitamiento adicional del sistema financiero y un atraso en la necesaria transición económica para afrontar un mercado global más restrictivo.

Si bien se plantean medidas para diversificar el comercio y promover el crecimiento del sector no petrolero, la falta de recursos y el impacto de las sanciones complican cualquier posibilidad de implementación efectiva en el corto plazo. Todo parece indicar que Venezuela profundizará su crisis este año.

La organización no gubernamental Provea alertó este miércoles 9 de abril que Venezuela cumple 1.120 días con el salario mínimo y la pensión más baja de América.

Tal Cual

Señaló que el salario mínimo de 130 bolívares mensuales, equivale a $1,75. La cifra está «por debajo de los $64,50 fijados por la ONU como umbral de pobreza extrema», escribió en su cuenta en X.

La divisa norteamericana se cotizó este miércoles en 74,27 bolívares de acuerdo al Banco Central de Venezuela; mientras que en el mercado paralelo su valor ronda los 106 bolívares.

La Asociación de Profesores Universitarios de la UCV lleva un conteo diario de los días que tienen sin aumento salarial y han organizado protestas para exigir el cumplimiento de las reivindicaciones laborales.

Para este miércoles, la Intergremial Universitaria en Maracay, estado Aragua, convocó a una concentración en defensa de los salarios y la autonomía universitaria, en el marco del plan de luchas y movilizaciones anunciadas recientemente por gremios y sindicatos del sector.

El pasado 17 de marzo, Mauro Zambrano, coordinador de la Red Sindical Venezolana, pidió a los trabajadores de distintos sectores a unirse para exigir a las autoridades un aumento salarial.

«No hay salario en Venezuela, todo es bonificación», dijo Zambrano durante una rueda prensa en la que cuestionó la política de bonos implementada por el Ejecutivo y recordó que estos no tienen incidencia en los beneficios de la ley, como vacaciones y utilidades.

El último aumento salarial decretado por la administración de Nicolás Maduro se realizó en marzo de 2022. El sueldo mínimo se fijó en 130 bolívares, equivalente -en ese momento- a unos 30 dólares mensuales a tasa oficial.

Desde hace tres años, solo se han hecho ajustes a través del pago de bonos que no tienen incidencia en pasivos laborales, ni los reciben todos los trabajadores, entre ellos el Bono de Guerra Económica cuyo monto es de 90 dólares.

De repente, la guerra comercial de Donald Trump está mucho más clara. En lugar de una pelea en todos los frentes contra el mundo, esto ahora parece mucho más como una pelea en el conocido territorio trumpiano: Estados Unidos contra China.

Por: Juan Sudworth – BBC

La pausa de 90 días en los aranceles «de represalia» más elevados impuestos a docenas de países aún deja vigente un arancel universal del 10%.

Pero China –que envía de todo, desde iPhones hasta juguetes para niños y representa alrededor del 14% de todas las importaciones estadounidenses– ha sido objeto de un tratamiento mucho más duro, con una alarmante tasa del 125%.

Trump dijo que el aumento se debió a la disposición de Beijing a tomar represalias con su propio impuesto del 84% sobre los productos estadounidenses, una medida que el presidente describió como una «falta de respeto».

Pero para un político que llegó a la Casa Blanca gracias a un mensaje anti-China, hay mucho más que una simple represalia.

Para Trump, se trata de los asuntos pendientes de su primer mandato.

«No tuvimos tiempo de hacer lo correcto, que es lo que estamos haciendo ahora», dijo a los periodistas.

El objetivo no es nada menos que cambiar por completo un sistema establecido de comercio global centrado en China como la fábrica del mundo, así como la visión ampliamente sostenida que lo sustentaba: la idea de que un mayor volumen de este comercio era, en sí mismo, algo bueno.

Reuters Los trabajadores trabajan en una línea de producción que fabrica productos de navegación de control central para automóviles inteligentes en una fábrica de Beidou Intelligent Connected Vehicle Technology Co. (BICV) en la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología en Suqian, provincia de Jiangsu, China.Reuters
China produce ahora el 60% de los coches eléctricos del mundo, una gran proporción de ellos fabricados por sus propias marcas locales.
Para entender cuán central es esto para el pensamiento del presidente estadounidense, hay que remontarse a la época en que nadie pensaba en él como posible candidato para un cargo, y mucho menos como probable ganador.

En 2012, cuando informé por primera vez desde Shanghai (la capital comercial de China), casi todo el mundo (líderes empresariales mundiales, funcionarios chinos, gobiernos extranjeros de visita y delegaciones comerciales, corresponsales extranjeros y economistas eruditos) consideraba que el aumento del comercio con ese país era algo obvio.

Estaba impulsando el crecimiento global, proporcionando un suministro infinito de bienes baratos, enriqueciendo al ejército chino de nuevos trabajadores fabriles cada vez más integrados en las cadenas de suministro globales, y brindando oportunidades lucrativas a las corporaciones multinacionales que vendían sus productos a sus nuevas clases medias.

A los pocos años de mi llegada, China había superado a Estados Unidos y se había convertido en el mayor mercado del mundo para Rolls Royce, General Motors y Volkswagen.

Había también una justificación más profunda.

La teoría decía que, a medida que China se hiciera más rica, el pueblo chino comenzaría a exigir reformas políticas.

Sus hábitos de gasto también ayudarían a China a realizar la transición hacia una sociedad de consumo.

Pero la primera de esas aspiraciones nunca se hizo realidad: el Partido Comunista gobernante de China no hizo más que reforzar su control del poder.

Y el segundo no se produjo lo suficientemente rápido: China no sólo sigue dependiendo de las exportaciones, sino que planea abiertamente volverse cada vez más dominante.

Su infame plan de políticas -publicado en 2015 y titulado Made in China 2025- estableció una enorme visión respaldada por el Estado de convertirse en un líder global en una serie de sectores manufactureros clave, desde el aeroespacial hasta la construcción naval y los vehículos eléctricos.

Y así fue como más tarde, un outsider de la política lanzó su campaña para presidente de Estados Unidos, argumentando repetidamente durante la campaña que el ascenso de China había vaciado la economía estadounidense, impulsado el declive del Rust Belt y costado a los trabajadores manuales su sustento y su dignidad.

La guerra comercial de Trump durante su primer mandato rompió moldes y destrozó el consenso. Su sucesor, el presidente Joe Biden, mantuvo vigentes gran parte de sus aranceles a China.

Y, sin embargo, aunque sin duda han causado cierto dolor a China, no han hecho mucho para cambiar el modelo económico.

China produce actualmente el 60% de los coches eléctricos del mundo (una gran proporción de ellos fabricados por sus propias marcas nacionales) y el 80% de las baterías que los alimentan.

Así que ahora Trump está de vuelta con esta escalada de ojo por ojo en los gravámenes.

Sería, sin duda, el mayor shock jamás asestado al sistema de comercio global establecido si no fuera por todas las demás medidas arancelarias intermitentes que el presidente estadounidense ha implementado en los últimos días.

Lo que ocurra a continuación dependerá de dos preguntas clave.

En primer lugar, si China acepta esa oferta de negociar.

Y, en segundo lugar, suponiendo que finalmente lo haga, si China está dispuesta a hacer el tipo de concesiones importantes que Estados Unidos está buscando, incluida una revisión completa de su modelo económico impulsado por las exportaciones.

Al responderles, lo primero que hay que decir es que estamos en un territorio completamente desconocido, por lo que debemos tener cuidado con cualquiera que diga que sabe cómo es probable que reaccione Beijing.

Pero ciertamente hay razones para ser cautelosos.

La visión que tiene China de su fortaleza económica —basada en fuertes exportaciones y un mercado interno fuertemente protegido— está ahora estrechamente ligada a su idea de rejuvenecimiento nacional y a la supremacía de su sistema de partido único.

Su férreo control sobre la esfera de la información significa que será poco probable que retire sus barreras ante las empresas tecnológicas estadounidenses, por ejemplo.

Pero hay una tercera pregunta, y es Estados Unidos el que debe responderla.

¿Aún cree Estados Unidos en el libre comercio? Donald Trump suele sugerir que los aranceles son algo positivo, no solo como un medio para un fin, sino como un fin en sí mismos.

Habla sobre el beneficio de una barrera proteccionista para Estados Unidos, con el fin de estimular la inversión doméstica, alentar a las empresas estadounidenses a traer esas cadenas de suministro extranjeras de vuelta a casa y aumentar los ingresos fiscales.

Y si Pekín cree que ese es efectivamente el propósito principal de los aranceles, puede decidir que de todas formas no hay nada que negociar.

En lugar de defender la idea de la cooperación económica, las dos mayores superpotencias del mundo pueden verse enfrascadas en una lucha por la supremacía económica en la que el ganador se lo lleva todo.

De ser así, ello realmente marcaría una ruptura del viejo consenso y un futuro muy diferente, posiblemente muy peligroso.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, informó que hay 218 personas fallecidas, cifra preliminar, producto del desplome de techo de la discoteca Jet Set.

Por: Melanie Cuevas – Listín Diario

Asimismo, indicó que el número de personas rescatadas y trasladadas a centros hospitalarios se coloca en 189.

Señaló que a más de 48 horas del siniestro han reducido la cantidad de brigadistas en la zona, debido a que no es necesario contar con tanto personal.

Conforme a los reportes oficiales, desde el martes a las 3:00 de la tarde, no han rescatado personas con vida.

Respecto a la identificación de los cadáveres señaló que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) es quien procederá a la identificación de los cadáveres.

La tragedia ocurrió la madrugada de este martes, mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba una fiesta en el centro de diversión que albergaba decenas de personas que se encontraban compartiendo.

Por la tragedia la Alcaldía del Distrito Nacional anunció la liberación de 150 nichos en el cementerio Cristo Redentor de manera gratuita para las familias de las víctimas mortales del incidente que lo necesiten.

De acuerdo con la Alcaldía, esta medida fue implementada para facilitar que estas familias puedan darle el último adiós a sus seres queridos de «manera digna».

Indicaron que, para facilitar el proceso, habrá un equipo en las oficinas del mencionado cementerio.

Las bolsas asiáticas repuntaron con fuerza al cierre del jueves, y las europeas abrieron con la misma tendencia, en unos mercados aliviados por la pausa en los aranceles estadounidenses, pese a las incertidumbres que aún pesan sobre China.

AFP

En las primeras operaciones en Europa, la bolsa de Madrid ganó 8,5%, París 6,43%, Fráncfort 7,81%, Londres 5,99% y Milán 7,81%.

En Asia, el índice selectivo Nikkei de Tokio cerró con una subida del 9,12%, en 34.609 puntos, y el índice ampliado Topix subió 8,09% hasta los 2.539,40 puntos.

En Seúl, el índice Kospi ganó 6,6%. La Bolsa de Sídney subió 4,5% y la de Taipei se disparó 9,25% al cierre.

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Tras haber registrado fuertes caídas de la víspera, los mercados asiáticos siguieron el espectacular giro en Wall Street el miércoles, donde el índice Nasdaq se disparó 12% después de que Trump diera inesperadamente marcha atrás en su política comercial.

El presidente estadounidense anunció que reduciría temporalmente al 10% los aranceles impuestos a la mayoría de países si no tomaban represalias, con la notable excepción de China.

Washington deja así en suspenso durante 90 días los masivos aranceles que amenazaban a muchas economías mundiales.

En Asia, los fabricantes de automóviles, cuyas acciones habían caído en picado durante una semana, repuntaron con fuerza, encabezados por Toyota (+7,5%) y Nissan (+9,05%). Pese a que se mantienen los aranceles estadounidenses del 25% sobre las importaciones de automóviles, los mercados tienen esperanza de una posible pausa en el futuro.

Las empresas tecnológicas vinculadas a los chips, que habían sufrido las incertidumbres sobre las líneas de producción electrónica en Asia, también subieron con fuerza: Advantest (+13,7%) en Tokio y SK Hynix (10,2%) en Seúl.

Reprochando a Pekín su «falta de respeto», Donald Trump anunció que elevaría «inmediatamente» al 125% los aranceles sobre las importaciones chinas, después de que Pekín contraatacara declarando que elevaba al 84% sus gravámenes sobre los productos estadounidenses.

Pese a todo, los mercados chinos resistieron de momento: hacia las 06:30 GMT en Hong Kong, el índice líder Hang Seng subía un 2,65% y el índice compuesto de Shanghái ganaba un 1,16%.

La Unión Europea suspende por un periodo de 90 días la entrada en vigor de la primera tanda de «represalias» por los aranceles de Estados Unidos para «dar una oportunidad a la negociación» con Washington.

La Gaceta de la Iberosfera

La decisión llega después de que el presidente, Donald Trump, anunciara el miércoles una tregua con el aplazamiento por el mismo periodo de los recargos del 20% a todas las importaciones extranjeras.

«Tomamos nota del anuncio del presidente de Trump. Queremos dar una oportunidad a las negociaciones», ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un breve comunicado difundido en redes sociales.

El anuncio de Von der Leyen frena la entrada en vigor pero no paraliza el trabajo de preparación de las contramedidas en las que Bruselas trabaja.

El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, ha explicado en una rueda de prensa que este gesto dará también «espacio» a los servicios comunitarios para «analizar» y calibrar la nueva situación en consultas con los Estados miembro y con la industria.

El domingo 6 de abril a la tarde, Donald Trump y Scott Bessent -secretario del Tesoro- viajaron juntos en el Air Force One desde el aeropuerto de Palm Beach en Florida hasta la Base Andrews en Maryland. El presidente de los Estados Unidos ya había anunciado la imposición de las tarifas y Bessent le anticipó que se esperaba un lunes negro en los mercados financieros globales. A solas, el secretario del Tesoro recomendó a Trump abrir una negociación simultánea con los países más cercanos a la Casa Blanca para hacer un rápido control de daños colaterales.

Por: Román Lejtman – Infobae

Trump escuchó con atención a su secretario del Tesoro, y ratificó su decisión de incrementar los gravámenes a todos los bienes que se exportan hacia los Estados Unidos.

Susie Wiles es la jefa de Gabinete de la administración republicana. Tiene toda la confianza de Trump, y vive a su sombraAntes del anuncio presidencial pausando las tarifas recíprocas, Wiles recibió decenas de llamadas de legisladores, lobbistas, inversores y gobernadores sugiriendo una tregua en los gravámenes para evitar un posible colapso de la economía mundial y un deterioro rampante de la figura geopolítica de Trump.

Como sucedió con Bessent, Trump escuchó a Wiles y se mantuvo firme en su ofensiva global.

Howard Lutnick -secretario de Comercio- y Jamieson Greer -titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos- tienen buena relación política y protagonizaron un papel preponderante al momento de diseñar la política arancelaria de Trump.

En las últimas jornadas, Lutnick y Greer habían recibido llamadas de Wall Street alertando sobre la posibilidad de una catástrofe en el sistema financiero mundial. El secretario de Comercio y el titular de la USTR consideraron verosímil la descripción que llegaba desde New York y alertaron al Salón Oval.

A diferencia de Bessent y Wiles, Lutnick y Greer debían batallar con Peter Navarro, asesor comercial de la Casa Blanca. Navarro es un cruzado de la política de aranceles que ejecutó Trump, y tuvo enfrentamientos conceptuales con Bessent y Lutnick.

Trump también oyó los conceptos de Lutnick, Greer y Navarro, pero optó por continuar con la hoja de ruta que había anunciado el 2 de abril en el Jardín de las Rosas, cuando desplegó su arsenal proteccionista para enfrentar las exportaciones masivas de China y Europa a Estados Unidos.

Jamie Dimon es CEO del JPMorgan, uno de los bancos más influyentes del mundo. Dimon no es cercano a Trump, aunque conoce sus costumbres políticas: sabe que el Presidente de Estados Unidos mira la cadena FOX a toda hora, y decidió comparecer en el programa que conduce María Bartiromo.

El miércoles pasado, antes de conocerse la abrupta decisión de Trump, Dimon dialogó con Bartiromo y advirtió que era posible una recesión global como derivación lógica de la guerra comercial que inició la administración republicana. “Nadie la desea, pero espero que, si hay una, que sea breve”, opinó el CEO del JPMorgan.

Y completó: “Creo que arreglar estos problemas arancelarios y comerciales sería algo bueno a hacer”.

Trump estaba viendo el programa que conduce Bartiromo, y desde ese momento empezó a rumiar una posible pausa de 90 días en los aranceles recíprocos.

Al margen de la influencia de Wiles, Bessent, Lutnick, Greer y Dimon, el presidente de Estados Unidos se apoyó en su experiencia en el negocio inmobiliario para anunciar la pausa en la aplicación de aranceles a los bienes que ingresan a los Estados Unidos.

Trump observó desde el lunes 7 de abril como se movían los índices de referencia en Wall Street, y allí asumió que su estrategia proteccionista podía afectar a la economía local. Cuando los rendimientos aumentan, los consumidores estadounidenses enfrentan costos más altos en las tasas hipotecarias para viviendas, por ejemplo.

Durante 72 horas -del lunes al miércoles pasado- los índices de referencia treparon mientras que las acciones de todas las compañías del planeta se destruían como papel mojado.

Trump es pragmático por naturaleza: decidió mantener los aranceles extraordinarios sobre los bienes de China que se exportan a los Estados Unidos, y suspender por 90 días los gravámenes que se aplicaban al resto de los productos que ingresan a territorio americano.

Hoy en Tokio, plena noche en Washington, el Nikkei 225 se disparaba un 8 por ciento.

Una frágil tregua en medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China que recién inicia.

El primer ministro de GuyanaMark Phillips, aseguró este miércoles que la soberanía de su país “permanece seriamente amenazada” por la dictadura de Nicolás Maduro debido a los reclamos sobre la región fronteriza del Esequibo.

EFE

“Nuestra soberanía y la integridad de nuestro territorio permanece seriamente amenazada”, denunció en un discurso durante la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El Esequibo es un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados, rico en petróleo y minerales, que administra Guyana y que Venezuela reclama como propio.

Phillips defendió que Guyana “siempre ha permanecido firme ante los principios de la carta de Naciones Unidas, el Estado de derecho y la resolución pacífica de conflictos”.

También señaló que su país ha cumplido con la Declaración de Argyle, firmada por Caracas y Georgetown en diciembre de 2023 en San Vicente y las Granadinas con el objetivo de rebajar las tensiones.

“Guyana ha cumplido sus compromisos bajo esa declaración y seguirá cumpliéndolos en búsqueda de una coexistencia pacífica y la unidad de Latinoamérica y el Caribe”, subrayó.

Asimismo, Phillips reiteró su posición de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene jurisdicción para resolver la disputa entre ambos países sobre la base del Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece los mecanismos para una solución negociada sobre el Esequibo.

Al respecto, el régimen de Nicolás Maduro manifestó este miércoles que Guyana continúa con su “desesperado e irresponsable” intento de “desvirtuar y desconocer” las “obligaciones” del Acuerdo de Ginebra.

Como esas negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados, Guyana busca una solución a través de la CIJ, luego de que en 2018 interpusiera una demanda contra Caracas ante este órgano para resolver la disputa territorial entre ambos Estados.

Venezuela reiteró que “no reconocerá jamás ninguna decisión” de la CIJ sobre la disputa por el Esequibo y que ese órgano “no tiene jurisdicción para conocer la demanda unilateral de Guyana.

Según el comunicado, “tarde o temprano” Guyana “deberá sentarse en la mesa de negociaciones” para “alcanzar el arreglo” por el Esequibo, aunque por el momento Georgetown ha rechazado una reunión entre Maduro y el presidente guyanés, Irfaan Ali.

El pronunciamiento de Venezuela se da luego de que Guyana afirmara, a través de un comunicado fechado el 2 de abril, que Maduro “se equivoca” al considerar que se violó el Acuerdo de Ginebra cuando Georgetown pidió a la CIJ deliberar sobre el territorio en disputa, ya que -agregó- esta norma “exigía un período de cuatro años de negociaciones” que no fue exitoso, por lo que el conflicto se elevó ante el organismo internacional.

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana británica.

Venezuela reclama la región de Esequibo, alrededor del 70% del territorio de Guyana, incluidas las reservas de petróleo en alta mar, argumentando que el laudo arbitral es nulo y sin efecto debido a que “afectó fraudulentamente 159.500 kilómetros cuadrados del territorio” en disputa.

En las últimas semanas, la tensión entre Venezuela y Guyana ha escalado tras el anuncio de Caracas de elegir un gobernador para las elecciones de mayo en lo que considera es su estado número 24, el Esequibo, pese a que el territorio lo administra Georgetown.

El pasado sábado, Venezuela denunció una “operación de falsa bandera” en el Esequibo, que consistía, según Maduro, en un “ataque” para “bombardear” la plataforma de la petrolera estadounidense ExxonMobil, que opera en aguas que Caracas considera pendientes por delimitar con Guyana.

En un giro que bordea lo tragicómico, Cristina Fernández de Kirchnerex presidente  de la Nación y actual referente del kirchnerismodeclaró  a través de sus abogados que  no puede “subsistir” ahora que carece de las millonarias asignaciones  que percibía por haber ocupado la jefatura de Estado y por ser viuda del también ex presidente Néstor Kirchner.

La Derecha Diario

La presentación fue realizada ante la ANSES en un tono alarmista, denunciando que su mandante “no posee bienes” y que cualquier ingreso a su patrimonio “quedaría automáticamente paralizado” por una inhibición judicial.

“El único ingreso que le permite subsistir”, afirmaron, “es su asignación mensual vitalicia”, a la que calificaron como un derecho de la seguridad social inembargable. Una narrativa que intenta construir una imagen de vulnerabilidad financiera para quien, hasta hace poco, cobraba cifras escandalosas.

$19.645.844,41 correspondientes a su jubilación como ex presidenta, y $15.609.453,32 como pensión por viudez.$35.255.297,73 mensuales.

Como si fuera poco, Cristina Kirchner gozaba también de un “adicional por zona austral”, debido a que declaró domicilio en  Río Gallegos. Solo en septiembre de 2024, ese plus sumó  $5.960.861 adicionales, liquidados en ambas asignaciones.

La decisión del gobierno nacional de suspender  estos pagos —fundamentada en la incompatibilidad del cobro simultáneo de dos beneficios según la  Ley 24.018— desató una reacción inmediata del entorno kirchnerista, que busca revertir la medida mediante acciones administrativas y judiciales. Cabe recordar que esa incompatibilidad aún se encuentra bajo análisis de la Justicia, en una causa abierta desde hace tiempo.

Cristina Fernández de Kirchner elevó un insólito  reclamo judicial alegando que no puede “subsistir” sin sus jubilaciones de privilegio, que en su pico le reportaron más de $21,8 millones netos mensuales.

En abril de 2025, la jubilación mínima en la Argentina alcanza apenas los $285.820,74, a lo que se suma un bono extraordinario de $70.000, totalizando $355.820,74. Incluso los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez o vejez reciben $270.074,44 con el bono incluido. Frente a este panorama de desigualdad brutal, la ex presidenta —procesada por múltiples causas de corrupción— pretende equiparar su situación con la de los sectores más vulnerables del país, utilizando el término  “subsistencia” para defender un privilegio millonario que está hoy bajo la lupa judicial y social.

La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), consideró este miércoles que Nicolás Maduro busca concentrar “aún más poder” con el decreto de emergencia económica, firmado este martes en respuesta a lo que el dictador chavista calificó como una “guerra comercial inédita” ocasionada por la política arancelaria de EEUU.

Infobae

“Denunciamos que esta decisión abre la puerta a abusos y discrecionalidad, alejándose de lo que Venezuela requiere: instituciones legítimas, políticas transparentes y un modelo económico que fomente la producción, el empleo y el bienestar”, afirmó el bloque opositor a través de un comunicado publicado en su cuenta en X.

Para la PUD, este decreto “no resuelve la crisis nacional y busca concentrar aún más poder de forma arbitraria, sin soluciones reales para el pueblo venezolano”.

Además, prosiguió, esta orden fue impuesta “sin transparencia ni participación ciudadana” e “ignora las necesidades del país y golpea duramente a trabajadores, comerciantes y empresarios, profundizando la pobreza, la inflación y la destrucción del sector productivo, especialmente entre los más vulnerables”.

“Es un anuncio que deja más dudas que certezas. Nada plantea Maduro para combatir la inflación ni para mejorar el ingreso familiar”, agregó la PUD, que reafirmó su compromiso con un “país libre y próspero, donde la dignidad de cada venezolano sea lo primero”.

El decreto de emergencia económica otorga a Maduro la potestad de “dictar todas medidas que considere necesarias para garantizar el desarrollo y crecimiento” de Venezuela, según un documento que leyó el dictador chavista.

“Ante las circunstancias internacionales y el impacto de la guerra comercial y económica contra el mundo y contra Venezuela, contra todo nuestro continente, yo apelo a las facultades constitucionales que me da el decreto de emergencia económica para proteger integralmente todos los sectores productivos”, dijo Maduro.

Maduro podrá “dictar regulaciones excepcionales y transitorias” y “suspender con carácter general la aplicación y cobro de tributos nacionales, estadales y municipales”, entre otros poderes.

Además, estará facultado para “concentrar en el tesoro nacional la recaudación de las tasas y contribuciones especiales creadas por leyes y redireccionar los recursos disponibles de todos los fondos existentes”.

De igual forma, tendrá la potestad de “establecer mecanismos y porcentajes de compra obligatoria de la producción nacional para favorecer la sustitución de las importaciones”, así como “adoptar todas las medidas necesarias para estimular la inversión nacional e internacional”, entre otras decisiones.

Este martes, el líder de la PUD, Edmundo González Urrutia, dijo que Maduro pretende “engañar” al país caribeño con la firma de un nuevo decreto de emergencia económica, luego de “25 años de mala gestión”.

En enero de 2016, Maduro aprobó un “estado de emergencia económica” en todo el territorio nacional, con el fin de “proteger al pueblo en función de las amenazas existentes”, según explicaron entonces las autoridades, que achacaban a una supuesta “guerra económica” por parte de la oposición y el sector privado el desabastecimiento, la inflación y la recesión económica.

Venezuela, hoy con niveles de abastecimiento superiores al 90 % y una inflación más controlada, según cálculos oficiales, enfrenta ahora una subida de los aranceles del 15 % por parte de EE.UU., medida que se suma a otras como los aranceles adicionales del 25 % a los compradores de su crudo o gas y el fin de licencias a petroleras para operar en el país caribeño, como la estadounidense Chevron y la española Repsol.

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