En una comparecencia ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Evan Ellis, profesor investigador de América Latina en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos y asociado senior no residente del Center for Strategic and International Studies (CSIS), advirtió sobre la expansión de la influencia de la República Popular China (RPC) en América Latina y el Caribe, y su impacto sobre los intereses estratégicos de Estados Unidos.

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Ellis señaló que la presencia de empresas chinas en la región supera las 678 transacciones públicas por un valor estimado de 203.400 millones de dólares, mientras que el volumen comercial bilateral con los países latinoamericanos asciende a 499.600 millones de dólares. Según el analista, este vínculo económico ha generado una red de dependencia que reduce la disposición de las élites locales a confrontar públicamente al gobierno chino por sus acciones internas y externas.

“La expectativa de beneficios personales y comerciales derivados de la relación con China ha moderado la voluntad de muchos líderes de priorizar sus intereses nacionales si estos entran en conflicto con los intereses de Beijing”, afirmó Ellis ante el Senado.

Redes de influencia cultural, mediática y académica

El experto subrayó que la estrategia de la RPC no se limita al ámbito económico. En paralelo, China ha desarrollado una serie de redes de influencia interpersonal en la región. Entre ellas, mencionó los 44 Institutos Confucio que operan en América Latina, diseñados para promover el idioma y la cultura china, pero también utilizados como canales para reclutar estudiantes con becas directas del gobierno chino.

Asimismo, destacó el papel de programas como “Seeds for the Future” de Huawei, y los viajes de cortesía organizados para periodistas, académicos, funcionarios judiciales, policías y militares latinoamericanos. Según Ellis, miles de personas han sido invitadas a viajes financiados por la RPC, orientados a construir relaciones favorables y reforzar la imagen del régimen chino entre las élites locales.

En el ámbito mediático, el testimonio mencionó que China ha ofrecido contenido gratuito, imágenes y anuncios pagados a medios regionales como La Jornada en México y La Tercera en Chile, reforzando así su influencia en la opinión pública. Además, ha mantenido vínculos con partidos políticos y organizaciones empresariales a través del Departamento de Enlace Internacional del Partido Comunista Chino, incluyendo caucus parlamentarios pro-China en México y Ecuador.

Participación en infraestructura digital y riesgos en ciberseguridad

La penetración china en el ecosistema digital regional también fue objeto de análisis. Ellis explicó que empresas chinas, en particular Huawei, han suministrado componentes y servicios tecnológicos en América Latina desde los años noventa. Actualmente, estas compañías participan en hasta el 60% de la infraestructura de telecomunicaciones del continente.

El experto alertó sobre los riesgos que esto representa para la soberanía tecnológica y la protección de la propiedad intelectual, en especial a raíz de las leyes de seguridad nacional y ciberseguridad adoptadas por China en 2017 y 2019, que obligan a las empresas chinas a entregar datos a las autoridades cuando se considere de interés para la seguridad nacional.

En el caso de México, Huawei figura como un actor destacado en el sector de servicios en la nube, proveyendo soluciones digitales a empresas privadas y entidades gubernamentales, incluyendo la Oficina de la Presidencia y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de alianzas con Telmex y el Grupo Carso.

Apoyo a regímenes autoritarios en América Latina

Ellis vinculó la estrategia de la RPC en América Latina con el fortalecimiento de gobiernos autoritarios en la región. Subrayó que China ha canalizado más de 60.000 millones de dólares en préstamos a los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, y 13.000 millones al régimen de Rafael Correa en Ecuador, a cambio de recursos naturales y contratos para empresas chinas.

También denunció el suministro de tecnología de control social y represión por parte de empresas chinas. En Venezuela, China proveyó el sistema de la “Tarjeta de la Patria”, que permite al régimen controlar el acceso a alimentos y servicios. Además, vendió vehículos blindados VN-1, cámaras de reconocimiento facial y otros sistemas usados para perseguir opositores.

En Cuba, explicó Ellis, la contratación de infraestructura de telecomunicaciones con empresas chinas permitió al régimen interrumpir las comunicaciones entre manifestantes durante las protestas de julio de 2021 y aislar al país del exterior.

Implicaciones estratégicas en caso de conflicto con China

Finalmente, el investigador alertó sobre los escenarios de riesgo que podrían activarse si estallara un conflicto entre Estados Unidos y China, particularmente en torno a Taiwán. Según Ellis, la creciente presencia económica y tecnológica de la RPC ofrece al Ejército Popular de Liberación (EPL) capacidades para interferir en despliegues militares de EEUU en la región sin necesidad de establecer bases formales.

En tanto, mencionó la existencia de instalaciones de inteligencia chinas en Bejucal, Cuba, y la posibilidad de utilizar instalaciones comerciales en México, América Central y el Caribe para actividades de observación o sabotaje. También planteó el riesgo de que agentes del EPL hayan ingresado de forma encubierta a EEUU entre los más de 30.000 migrantes chinos indocumentados estimados en 2024, con el propósito de ejecutar acciones de sabotaje en caso de guerra.

Vulnerabilidad de infraestructuras estratégicas frente a un conflicto con China

Durante su comparecencia, Evan Ellis también abordó el papel que podría desempeñar la infraestructura controlada por empresas chinas en América Latina y el Caribe en caso de un enfrentamiento militar entre Estados Unidos y la República Popular China (RPC). Afirmó que, en un escenario de guerra, el Canal de Panamá tendría una importancia crítica como ruta logística para el refuerzo militar estadounidense en el Indo-Pacífico.

Según Ellis, el Ejército Popular de Liberación (EPL) tendría un fuerte incentivo militar para provocar el cierre del canal, aunque fuera de forma no atribuible, a fin de retrasar o impedir el paso de buques estadounidenses. Para ello, podría aprovechar su acceso físico, técnico y humano, derivado de la presencia de empresas como COSCO, la China Communications Construction Company (CCCC) y su filial China Harbour Engineering Company, que actualmente construye un nuevo puente en la zona canalera. También mencionó el rol de Hutchison Ports, operador de dos de los cinco puertos en la zona del canal.

Capacidades espaciales de China en el hemisferio occidental

Ellis advirtió que el acceso espacial de la RPC en América Latina representa otro factor de riesgo para las fuerzas estadounidenses. Mencionó que el EPL ha establecido instalaciones y programas con gobiernos políticamente afines como Venezuela y Bolivia, y opera radar y telescopios espaciales en Argentina y Chile.

Estos activos podrían ser utilizados para detectar, interferir o destruir satélites estadounidenses en caso de guerra, con consecuencias graves para las operaciones de defensa y comunicaciones. Además, señaló que la estación de radar profunda ubicada en Neuquén, Argentina, podría ser utilizada para apoyar ataques con armas orbitales hipersónicas, como el vehículo probado por China en 2021.

Control exclusivo del Puerto de Chancay y su potencial uso estratégico

Otro caso que genera inquietud, según el testimonio, es el del Puerto de Chancay, en Perú, cuya operación ha sido concedida de forma exclusiva a la empresa china COSCO. Ellis advirtió que el control total por parte de una entidad vinculada al Estado chino, sumado a una posible falta de supervisión gubernamental peruana sobre las operaciones y cargas del puerto, crea un escenario plausible en el que la infraestructura podría ser utilizada para abastecer fuerzas militares del EPL en el Pacífico Oriental.

También señaló que este riesgo no se limita a Chancay. Existen proyectos portuarios y logísticos similares en Nicaragua y Honduras, países con gobiernos con tendencias antiestadounidenses. Estas infraestructuras podrían facilitar el traslado de materiales bélicos entre las costas atlántica y pacífica mediante corredores terrestres, especialmente si el gobierno hondureño de Xiomara Castro concreta su amenaza de expulsar a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (JTF-B) de la Base Aérea Soto Cano, clave para la proyección regional de Estados Unidos.

Retrocesos diplomáticos de Taiwán en América Latina

En su exposición, Ellis vinculó estas dinámicas a la política exterior de la RPC respecto a Taiwán. De los doce países que aún mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, siete se encuentran en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el número ha disminuido drásticamente en los últimos años.

Desde 2017, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua y Honduras han roto relaciones con Taipéi tras campañas de presión diplomática y promesas económicas por parte de Beijing. Ellis afirmó que estas rupturas están motivadas por intereses económicos de corto plazo, pero tienen consecuencias estructurales negativas para los países involucrados.

Consecuencias comerciales tras el cambio de reconocimiento diplomático

Ellis respaldó su análisis con datos del Fondo Monetario Internacional, mostrando que los países que han abandonado a Taiwán no han experimentado un aumento significativo en sus exportaciones hacia China, mientras que las importaciones chinas han crecido, perjudicando la industria y el empleo local.

En El Salvador, las exportaciones combinadas a Taiwán y la RPC cayeron de 114,6 millones de dólares en 2018 a 74,9 millones dos años después. En Costa Rica, tras romper con Taiwán en 2007, las exportaciones conjuntas cayeron de 933,2 millones de dólares a 457,6 millones en 2023, mientras las importaciones desde China crecieron de 763,3 millones a 3.210 millones de dólares.

En Nicaragua, a pesar del tratado de libre comercio firmado tras cortar lazos con Taiwán, las exportaciones a China fueron de sólo 51 millones de dólares en 2024, frente a 1.020 millones en importaciones. Además, el país ha sido testigo de una proliferación de comercios chinos que desplazan a los comerciantes locales: Bazar Chino, China Mall, Supermercado Chino, La Estrella, Mundo Nica y Nicaragua Electrónica, entre otros.

Casos similares se observaron en Honduras y la República Dominicana, donde las expectativas de acceso privilegiado al mercado chino han sido frustradas por barreras no arancelarias y la falta de competitividad de productos como camarones, frutas y café.

Recomendaciones estratégicas para Estados Unidos

En su testimonio final, Ellis propuso un conjunto de recomendaciones al Congreso para enfrentar la expansión china y reforzar la defensa de Taiwán. Estas incluyen: exigir transparencia en los acuerdos de países latinoamericanos con la RPC; fortalecer capacidades institucionales locales para evaluar contratos y combatir la corrupción; impulsar el papel del sector privado estadounidense y socios democráticos como Japón, Corea del Sur, la Unión Europea y Taiwán; generar datos comparativos sobre el desempeño de empresas chinas frente a sus contrapartes democráticas; aumentar el respaldo militar y diplomático a Taiwán, incluyendo visitas oficiales y venta de armamento defensivo; y apoyar económicamente a países que mantengan relaciones con Taiwán, como Paraguay y Guatemala.

Ellis concluyó que la expansión de la influencia china plantea “el mayor reto estratégico” para Estados Unidos desde la Guerra Fría, y que los próximos pasos serán cruciales para preservar el orden democrático y la autonomía de Taiwán.

Una veintena de jóvenes venezolanos sorprendió este lunes a la Policía Nacional en Barcelona al solicitar asilo tras llegar como parte de un equipo de béisbol supuestamente en gira deportiva por Europa.

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Lo hicieron a primera hora de la mañana, en grupo, en una escena que rápidamente activó los protocolos de extranjería. Entre los solicitantes, se encuentran dos menores de edad. Su vuelo de regreso a Venezuela estaba programado para el mismo día.

Los 19 jóvenes se identificaron como integrantes del Team Guevara, un equipo de béisbol que viajó a España con el argumento de participar en partidos de carácter internacional.

Ingresaron al país a través del aeropuerto de Barajas, en Madrid, y desde allí se trasladaron a Barcelona. Según relataron brevemente a los agentes, su intención era disputar varios encuentros deportivos, uno de ellos en Madrid, cancelado supuestamente por mal tiempo, y otro en Barcelona, aunque no precisaron contra qué rival.

Las condiciones que describieron fueron alarmantes: afirmaron haber dormido varios días en el aeropuerto madrileño y luego en la calle, ya en Barcelona. El lunes debían abordar un vuelo de regreso a Venezuela, pero en su lugar se presentaron en dependencias policiales para solicitar protección internacional, informó el diario El País de España.

El equipo al que pertenecen estos jóvenes fue fundado por Julio Guevara, quien también preside una liga senior latinoamericana Sub-23. Según publicaciones en sus redes sociales, el equipo participa en el tour llamado “Europa 2025”, con el objetivo de “forjar lazos deportivos con clubes internacionales”. En sus propias palabras, el viaje era también “un trampolín para el desarrollo del equipo”, que se prepara para una próxima temporada.

Las imágenes y videos publicados por Guevara en distintas plataformas muestran a los jugadores en aeropuertos, entrenamientos y encuentros en Italia, donde se reunieron con el Módena Baseball Club. Cuatro días antes de la solicitud de asilo, Guevara publicó un video desde Barajas anunciando partidos en Madrid y Barcelona.

Pese a su rol central como fundador y entrenador, Julio Guevara no estuvo presente en el momento en que los jóvenes se dirigieron a la policía. Tampoco se presentó posteriormente. Fuentes policiales sospechan que podría haber regresado a Venezuela, aunque no hay confirmación oficial. Su ausencia plantea interrogantes a las autoridades sobre la naturaleza del viaje.

La Policía Nacional ha activado un procedimiento urgente y ha citado a los jóvenes para entrevistas el próximo jueves, aunque no descarta adelantar el trámite. Según fuentes policiales, el sistema de asilo en España está actualmente colapsado, pero el caso de los venezolanos podría derivar en una acogida por razones humanitarias, una vía frecuentemente empleada ante la dificultad de conceder asilo formal a ciudadanos venezolanos. Esa medida permitiría a los solicitantes acceder a un permiso de residencia y trabajo.

Mientras tanto, los jóvenes han sido derivados a los servicios sociales para garantizarles alojamiento. Las autoridades también buscan opciones temporales donde puedan dormir con dignidad. Los dos menores han sido ingresados en un procedimiento paralelo: al ser migrantes no acompañados, necesitarán una tutela oficial de la Generalitat de Catalunya antes de poder solicitar el asilo formalmente.

El interrogante principal para las autoridades es si la solicitud de asilo fue una decisión improvisada, al verse desamparados en un país extranjero, o si estaba planificada desde el inicio del viaje. La respuesta podría ser clave para determinar el destino legal de los solicitantes. Fuentes cercanas a la investigación no descartan ninguna hipótesis.

​En los últimos años, la migración de venezolanos hacia Europa ha experimentado un notable incremento, siendo España el principal destino debido a los lazos históricos y lingüísticos compartidos. Para julio de 2024, más de 390.000 venezolanos residían en España, con un aumento de 44.000 personas solo en el primer semestre de ese año. Además, en 2024, se registraron 42.000 solicitudes de protección internacional por parte de venezolanos, consolidando a esta nacionalidad como la que más peticiones presentó en el país.

Otros países europeos también han recibido un número significativo de migrantes venezolanos. Por ejemplo, Italia alberga una comunidad notable, con 13.548 venezolanos registrados en 2023. A nivel global, se estima que más de 7,7 millones de venezolanos han abandonado su país, buscando mejores condiciones de vida y seguridad. ​

Un juez federal de California bloqueó este lunes el intento de la Administración de Donald Trump de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350.000 venezolanos que se encuentran en Estados Unidos.

EFE

El juez de distrito Edward Chen, puso en pausa la decisión de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, de retirar ese programa que protege a sus beneficiarios de ser deportados.

“El tribunal considera que la acción de la secretaria amenaza con: causar un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente interrumpidos, costar a Estados Unidos miles de millones en actividad económica, y perjudicar la salud y la seguridad pública en comunidades de todo el país”, reza el documento del juez.

El escrito también detalla que el gobierno no ha podido demostrar que seguir otorgando esta protección temporal a los venezolanos causaría algún daño importante o negativo que justifique el hecho de suspender el programa.

La semana pasada beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela y Haití solicitaron a través de la organización Alianza Nacional del TPS suspender la orden de la Casa Blanca que pone fin al amparo migratorio en los próximos meses y los expone a la deportación.

Esta protección se otorga a ciudadanos de países designados debido a condiciones como conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden el regreso seguro a su lugar de origen.

En marzo de 2021, Alejandro Mayorkas, el entonces secretario de Seguridad Nacional de la Administración de Joe Biden (2021-2025), designó por primera vez a Venezuela para el TPS citando la emergencia humanitaria por la que atravesaba el país bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

Dos semanas antes de que Trump asumiera el cargo, el Gobierno de Biden renovó las protecciones por 18 meses adicionales.

La Alianza TPS, que demandó al Gobierno, se formó tras el primer intento de Trump en 2018 de finalizar el TPS a por lo menos seis países y que fue derrotado en un tribunal federal. 

El Gobierno de Donald Trump está usando un sistema de puntos para valorar la deportación de venezolanos en el país, según denunció en tribunales la Unión de Libertades Civiles (ACLU), que obtuvo una copia de los criterios del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

EFE

La ACLU obtuvo una copia de la ‘Guía de Validación de la Ley de Enemigos Extranjeros’ que supuestamente está usando ICE para deportar a estos inmigrantes, a los que otorga “puntos” de acuerdo con diversas circunstancias para decidir si se trata de un “enemigo extranjero”.

Con ese sistema de puntos, la agencia determina si un venezolano mayor de 14 años no ciudadano o residente permanente es miembro de la pandilla Tren de Aragua (TdA) y por tanto, puede ser deportado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (1798) sin necesidad de presentar evidencia para apoyar esa decisión.

La ACLU expuso el documento, junto con fotos y otros detalles, así como una declaración jurada de su abogado Oscar Sarabia Román, afirmando que la guía se está usando “para determinar si los no ciudadanos venezolanos son miembros del TdA” por lo que pueden ser deportados bajo la vieja ley.

Según la guía, si el venezolano obtiene 8 puntos o más -a discreción del empleado de ICE- se le considera miembro del TdA.

Los que sean deportados, como ha ocurrido con otros inmigrantes, serían enviados a una megacárcel en El Salvador, una acción de momento detenida por un tribunal federal en Washington, aunque hoy el Departamento de Estado informó de que otros 17 inmigrantes fueron enviados a ese destino.

Si el inmigrante acumula menos de los 8 puntos se inicia igualmente el proceso de deportación bajo otras leyes de Inmigración, indica; pero si se trata de 6 o 7 puntos, el empleado debe consultar con un supervisor quien también podría declararle miembro de la pandilla, es decir, “enemigo extranjero”.

De acuerdo con la guía, se otorga 10 puntos a una persona que se identifique como miembro o socio del TdA verbalmente o por escrito ante un agente del orden público, o de manera involuntaria, por ejemplo, a través de la interceptación legal de comunicaciones o si ha hecho llamadas a un miembro de la pandilla.

Además, se acumulan 6 puntos si el inmigrante detenido participa en actividades delictivas (por ejemplo, tráfico de estupefacientes o personas) con miembros del TdA, incluidas reuniones preparatorias e incidentes significativos directamente atribuidos al grupo.

Otros puntajes relevantes son: 4 puntos si tiene tatuajes que según ICE, demuestran lealtad al TdA, o 2 puntos por residir con una persona considerada miembro de la pandilla por ICE, o relacionarse “estrechamente” con esa persona, estar retratados en una foto o publicar juntos en redes sociales.

La ACLU recordó en su presentación al tribunal que la Ley de Enemigos Extranjeros es una autoridad en tiempos de guerra y establece que el presidente puede, después de una proclamación pública, aprehender, restringir y expulsar a ciudadanos de un país extranjero que participe en una “guerra declarada” o “invasión o incursión depredadora” contra EE.UU..

La demanda argumenta que el uso de esta normativa centenaria es “ilegal en tiempos de paz para acelerar las deportaciones masivas, eludiendo los límites de esta autoridad en tiempos de guerra y los procedimientos y protecciones de la ley de inmigración”, según un comunicado.