Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

El régimen venezolano confiscó la vivienda de Laura Acosta, asistente personal de la líder opositora María Corina Machado desde 2004 y miembro de Vente Venezuela, en un acto denunciado como retaliación política.

MFM

Según la denuncia difundida por Vente Venezuela el 25 de febrero, funcionarios no identificados —que llegaron en camionetas sin placas— iniciaron el despojo el 25 de febrero, sacando muebles y enseres de la propiedad en Caracas para ingresar otros nuevos.

Previamente, el 24 de marzo de 2025, siete efectivos forzaron la entrada, retuvieron por ocho horas a la persona que cuidaba la casa (junto a un menor) y colocaron un letrero de “asegurado”.

Acosta, ciudadana estadounidense de nacimiento pero residente y comprometida con Venezuela, enfrentó amenazas graves y una orden de captura desde 2024, lo que la obligó a salir del país en septiembre de ese año.

En un video viral compartido por el partido, Acosta exigió: “Que el mundo vea lo que está pasando. El régimen se siente con derecho a quitarte tu casa por pensar distinto; entonces nadie está a salvo”.

María Corina Machado rechazó la medida, recordando que el régimen “se ha ensañado” durante años con su entorno cercano, incluyendo equipo de trabajo, familia y amigos.

La denuncia ha generado amplio repudio en redes sociales y medios independientes, que la enmarcan en la persecución sistemática contra opositores en el contexto de la crisis política venezolana. Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial del gobierno sobre el caso.

El músico, compositor y director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel recibió reconocimiento tan inesperado como profundamente simbólico: el primer Herb Alpert Honor, un premio honorífico creado por el legendario trompetista estadounidense Herb Alpert y dotado con un millón de dólares.

Caraota Digital

A sus 90 años, el músico californiano crea un nuevo premio de amplia dotación económica que recibe la fundación de su admirado colega, el director de la Filarmónica de Los Ángeles

De acuerdo con lo reseñado por el diario El País, más allá de la cifra, el gesto encierra una historia de afinidades humanas y artísticas que trascienden generaciones, geografías y trayectorias.

Dudamel, nacido en Barquisimeto, en Lara (Venezuela), y actualmente una de las batutas más influyentes del mundo, comparte con Alpert una convicción esencial: la música es una herramienta de transformación social capaz de abrir horizontes a los niños, no para convertirlos en prodigios, sino para darles voz, criterio y sensibilidad.

Según relata el medio, la relación entre ambos músicos se ha tejido a través de largas conversaciones, risas y una admiración mutua que se remonta a la infancia de Dudamel, cuando escuchaba en casa los discos de Alpert gracias a su padre trombonista.

Esa conexión emocional y artística se ha fortalecido con el tiempo, al punto de que Alpert, a sus más de 90 años, decidió crear un premio especial que fuera más allá de los galardones que entrega desde hace tres décadas.

Su objetivo: apoyar a quienes usan la música para inspirar y empoderar a las nuevas generaciones. Y para él, el primer nombre inevitable era el de Dudamel.

“Y pensé que este caballero de aquí era el primer candidato perfecto”, relató en una entrevista concedida al medio español.

El secretario de Estado Marco Rubio, la líder venezolana María Corina Machado y el presidente estadounidense Donald Trump son las tres figuras más populares entre los venezolanos según una reciente encuesta realizada por la firma AtlasIntel y el medio de noticias Bloomberg.

La Patilla

La consulta sobre los líderes políticos está encabezada por Rubio, cuya imagen positiva asciende hasta un 57%, con solo un rechazo de 22%.

La siguiente es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 con un 57% de confianza y solo 28% de desaprobación.

Trump cuenta con 53% de apoyo y solo un 25% de rechazo.

Finalmente, el exdiplomático Edmundo González, ganador de la pasada elección presidencial según más de 25 mil actas de escrutinio oficiales, cuenta con 51% de confianza y comparte con su compañera de fórmula el mismo porcentaje de desaprobación.

Estas valoraciones positivas son resultado directo de la Operación Resolución Absoluta que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, así como de la lucha de Machado y González para concretar una transición democrática en Venezuela.

La sucesora temporal en el Palacio de Miraflores, convenida por la Administración Trump, es Delcy Rodríguez. Según la encuesta de AtlasIntel y Bloomberg, la funcionaria chavista cuenta solo con 29% de aprobación y un abrumador rechazo de 56%.

En el caso de Diosdado Cabello el contraste es todavía más evidente: solo 19% de acogida y 69% de desaprobación. Henrique Capriles está peor, 6% de aprobación frente a un increíble 80% de rechazo.

Un contundente 62,4% de la población venezolana considera que la fuerte influencia de la Casa Blanca sobre el Palacio de Miraflores es un cambio positivo. Un 19,9% se mantiene neutral y solo un 7,4% lo rechaza.

Al menos 51,5% de los venezolanos ven con buenos ojos la caída de Maduro, un 33,1% se mantiene neutral y solo un ínfimo 3,6% la rechaza.

La corrupción es el principal problema del país según 56,7% de los consultados, seguido por un 36,5% que señaló al debilitamiento democrático. El tercer lugar lo ocupa la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades con 34,2%.

El sondeo Latam Pulse Venezuela, realizado entre el jueves 19 al miércoles 25 de febrero, cuenta con una muestra de 2.336 encuestados entre la población adulta del país.

Su metodología consistió en el reclutamiento digital aleatorio y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

Los acontecimientos del 3 de enero, con su carga de fuerza y sorpresa, cerraron un capítulo e inauguraron otro. La intervención del gobierno de Donald Trump depuso a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, y aquella madrugada, condenada por unos pocos y celebrada por una mayoría, sigue siendo la referencia obligada para entender el momento que vive el país. A casi dos meses de aquello, predomina en el ambiente una sensación de alivio, la expectativa de que las cosas pueden encauzarse. Pero conviene no confundir el alivio con la claridad.

Porque si se observa con cuidado, el camino hacia la reinstitucionalización no se ve del todo despejado. Hay movimiento, sí, pero disparejo. En el área petrolera las piezas se mueven con rapidez; en el terreno de los derechos civiles y políticos, en cambio, la marcha es lenta, casi imperceptible. Y mientras tanto, algunos voceros que no esconden su sumisión al régimen, bajo un disfraz de presunta oposición, parecen más interesados en prolongar la estadía de Delcy Rodríguez al frente del Ejecutivo hasta el 2030, que en atender las propias fisuras que ya se manifiestan en las filas del antiguo régimen, donde las críticas a la señora Rodríguez y a su hermano son cada vez menos veladas.

El tiempo, sin embargo, no se detiene. A principios de julio se agota el plazo del artículo 234 de la Constitución al cumplirse los 180 días de esa permanencia que se sostiene en una legalidad precaria. Y el Secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que «Venezuela deberá celebrar elecciones libres como parte del proceso posterior a la intervención militar que en enero derrocó a Nicolás Maduro». A partir de julio, el escenario se complica.

La fuerza que hizo posible el cambio de gobierno no puede seguir siendo el único fundamento de la vida pública, aunque continuará presente como un factor subyacente. Si se insiste en ella, el camino hacia la reconstrucción institucional se bloqueará. Y la salida constitucional, en sentido estricto, no se torna viable: organizar elecciones en los 30 días que establece el artículo 233 puede llegar a ser materialmente imposible si no se emprende desde hoy mismo. Cualquier interpretación judicial que pretenda legitimar la situación actual sería vista, con razón, como un producto de la fuerza. De ahí que esta deba dar paso a la solución política.

El TSJ, que definió la encargaduría de Delcy en la presidencia, puso la pelota en la Asamblea Nacional para definir el juego que sigue. Un espacio propicio para refrendar un acuerdo que no se restrinja a sus integrantes, sino que incorpore la opinión de actores políticos cuya legitimidad supera los muros del Capitolio Federal.

Lo político, como sustituto de la fuerza, exige una propuesta consensuada, con respaldo suficiente para investirla de legitimidad. El objetivo estratégico, por tanto, es la construcción de una ruta democrática que nos devuelva a la vida institucional. Esa ruta debe considerar el interés nacional en la formulación de los cambios, así como una valoración objetiva de los factores y liderazgos políticos que pueden otorgarle legitimidad al proceso. Y alrededor de ella debe darse el debate sobre qué cambiar y cómo hacerlo, en los términos menos traumáticos y más convenientes para el país.

En ese marco, comienza a perfilarse la posibilidad de una Junta de Gobierno con una tarea clara: construir la ruta de reinstitucionalización y retorno a la democracia. Y aquí se abren al menos dos vías: la de elecciones presidenciales, que buscarían un relevo rápido en el poder, o la de una Asamblea Nacional Constituyente, que apuntaría a un proceso más profundo de refundación del pacto social. El debate está abierto.

Personalmente, tiendo a inclinarme por la vía constituyente. No porque sea más fácil, sino porque ofrece un espacio plural más amplio, capaz de incorporar las propuestas que puedan surgir tanto de la propia Junta de Gobierno como de los diversos sectores del país. En una coyuntura tan delicada, la amplitud y la deliberación parecen condiciones necesarias para que lo que se construya tenga raíces más sólidas que las que hasta ahora hemos conocido.

José Luis Farías

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió este viernes la liberación de todos los presos políticos de Venezuela que aún no han sido puestos en libertad tras la amnistía y también la revisión del estado de emergencia.

EFE

«En Venezuela, tomo nota de la liberación de algunas personas que fueron detenidas arbitrariamente e insto a la liberación de las restantes», dijo Türk durante la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.

El alto comisionado determinó que el estado de emergencia en el país «debe ser revisado para asegurar que respete el espacio cívico y los derechos humanos» y subrayó que «la sociedad civil y los grupos de víctimas deben poder participar significativamente en los asuntos públicos».

El pasado 19 de febrero, la Asamblea Nacional (AN), de mayoría chavista, aprobó una Ley de Amnistía concebida en principio para casos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder, pero que se aplicará de forma específica en 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

En esta última semana se han producido 217 excarcelaciones, pero quedan, según registros independientes, más de 500 presos políticos, lo que mantiene a familiares en las afueras de centros de detención a la espera de nuevas liberaciones.

La Embajada de China en Irán ha urgido a sus ciudadanos a reforzar sus medidas de seguridad y salir del país lo antes posible, en medio de las amenazas militares de Washington, que ha realizado el mayor despliegue en la zona desde la invasión de Irak.

EFE

«Dada la actual situación de seguridad en Irán, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada y los Consulados de China en Irán recomiendan a los ciudadanos chinos que no viajen a Irán por el momento, y a quienes ya se encuentran en Irán que refuercen sus medidas de seguridad y evacuen lo antes posible» publicó la representación diplomática en su página web.

La nota menciona que Irán «se ha enfrentado recientemente a un aumento significativo de los riesgos de seguridad externa».

También asegura que las embajadas y consulados de China en Irán y los países vecinos «brindarán la asistencia necesaria a los ciudadanos chinos para su reubicación mediante vuelos comerciales o rutas terrestres».

China, el aliado más poderoso de Teherán

China, el aliado más poderoso de Teherán, ha reiterado que sigue de cerca la situación en ese país y que lo apoya en la «protección de su soberanía», aunque no ha ido más allá del apoyo verbal diplomático en esta crisis.

También es el principal socio comercial del país persa, aglutinando en torno a un 30 % de su total del comercio extranjero y un 90 % de las exportaciones de petróleo, seguido por Rusia e India.

En los últimos años, Pekín y Teherán han profundizado sus intercambios, que incluyen un acuerdo de asociación estratégica firmado en 2021, que establece un marco integral de cooperación en ámbitos económicos, tecnológicos, energéticos y de seguridad.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén autorizó este viernes la salida de Israel de personal no esencial del Gobierno estadounidense y de sus familiares debido a «riesgos de seguridad», informó la propia representación diplomática a través de sus canales oficiales.

El anuncio coincide con la llegada a la costa israelí del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán.

Irán y Estados Unidos concluyeron este jueves su tercera ronda de negociaciones de este año sobre el alcance y desarrollo del programa nuclear iraní bajo las amenazas militares de Washington, que ha realizado el mayor despliegue desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y decenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica.

El encuentro, producido en Ginebra, concluyó con declaraciones de tono positivo por parte de los mediadores y una próxima reunión ya fijada para la semana próxima.

Hacía menos de un mes que el líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán (NSDAP), Adolf Hitler, había sido nombrado canciller, aunque los nazis todavía distaban mucho de ser la fuerza mayoritaria en el Parlamento. No había sido un nombramiento fácil: el presidente Paul von Hindenburg lo había designado a regañadientes el 30 de enero de 1933, presionado por los partidos conservadores que pensaban utilizarlo como instrumento para sus políticas y también como freno frente a lo que veían como un peligroso avance de la izquierda representada por los comunistas. Los nazis habían celebrado esa victoria política con una marcha con antorchas por las calles de Berlín, con Hitler y sus colaboradores observándolos desde uno de los balcones de la cancillería. Sin embargo, todavía distaban de haber logrado la suma del poder, porque solo dos miembros del partido de Hitler integraban el gabinete, aunque sí en posiciones importantes. Una de ellas sería clave en los días que se avecinaban: la de Herman Göring, como ministro sin cartera con control sobre las fuerzas policiales de casi todo el país. Así las cosas, para consolidarse, Hitler necesitaba un hecho resonante que obligara a sus aliados a delegarle todas las funciones. Los historiadores todavía discuten si lo que ocurrió fue una casualidad o una operación de falsa bandera ideada por los propios nazis para precipitar los acontecimientos.

Por: Daniel Cecchini – Infobae

El reloj marcaba las 21.26 de la fría noche del 27 de febrero de 1933 cuando la central de bomberos de Berlín recibió la llamada de un ciudadano alarmado —cuyo nombre no ha pasado a la historia— que avisaba que se estaba quemando el edificio del Reichstag. Cuando llegaron los primeros bomberos, el fuego que se había iniciado en la sala de concesiones ya estaba devorando la inmensa mole de la sede del Parlamento y las llamas y el humo teñían de un naranja sucio el cielo de la capital alemana. Una multitud se reunió para contemplar, atónita, el espectáculo que, al día siguiente, más de una crónica calificaría de “dantesco”, sin saber que también estaba asistiendo a otro infierno, el del principio del fin de la democracia en Alemania y el nacimiento del Tercer Reich.

La policía al mando de Göring actuó con una llamativa rapidez. Esa misma noche descubrió y arrestó de inmediato al presunto autor del incendio: Marinus van der Lubbe, un albañil neerlandés de 24 años recién llegado a Alemania, desocupado y oportunamente comunista, para más datos. La versión oficial señaló que los agentes encontraron a van der Lubbe dentro del edificio y que rápidamente confesó la autoría del incendio. Lo que no se informó fue que el albañil se declaró culpable de iniciar el fuego después de ser brutalmente torturado en las mazmorras de la jefatura de policía de la capital alemana.

La excusa ideal

Hitler y Göring llegaron al edificio incendiado antes de que las llamas se apagaran. “Este es el comienzo de una revolución comunista. Ahora atacan. No tenemos tiempo que perder”, dijo Göring. Poco después, Hitler anunció: “A partir de ahora no vamos a mostrar ninguna misericordia. Quien se interponga en nuestro camino será sacrificado”.

Después de la guerra, el general alemán Franz Halder hizo una declaración jurada ante los aliados. “En un almuerzo con ocasión del cumpleaños del Führer en 1943, las personas alrededor del Führer dirigieron la conversación hacia el incendio del Reichstag y su valor artístico. Escuché con mis propios oídos como Göring irrumpió en la conversación y gritó: el único que realmente sabe sobre el edificio del Reichstag soy yo, porque yo lo prendí fuego. Y diciendo esto, dio una palmada”, relató.

Cierto o no, al día siguiente del incendio, Hitler le arrancó al presidente alemán el “Decreto del Incendio del Reichstag”, que declaraba el estado de emergencia y anulaba la mayoría de las disposiciones sobre derechos fundamentales de la Constitución de 1919 de la República de Weimar.

A partir de allí su escalada hacia el poder absoluto fue tan vertiginosa como imposible de detener. En este clima de intimidación, el 5 de marzo de 1933 —menos de una semana después del incendio— se realizaron las elecciones federales que fueron el paso previo y casi definitivo a instaurar la dictadura nazi. La fecha dejó una profunda impronta en la historia alemana, no solo porque fueron los últimos comicios de la República de Weimar, sino porque serían también las últimas elecciones en las que se utilizó el sistema de representación proporcional por listas, y las últimas realmente competitivas que se realizarían en una Alemania unida hasta las elecciones de 1990, tras la caída del Muro de Berlín.

Goebbels y la manipulación

Para ganar esas elecciones, el canciller Hitler utilizó todos los recursos del Estado que tenía a su alcance, lo que sería determinante para la victoria. La naturaleza de esa maniobra quedó escrita de puño y letra por uno de los hombres más encumbrados del nazismo, Joseph Goebbels —que luego se convertiría en ministro de Propaganda del régimen—, en una anotación de fines de febrero en su diario personal: “Ahora será fácil llevar a cabo la lucha, porque podemos recurrir a todos los recursos del Estado. La prensa y la radio están a nuestra disposición”. Así, el bombardeo “informativo” y propagandístico de los nazis aplastó hasta dejar en silencio a cualquier discurso opositor.

La estrategia surtió efecto a medias. El resultado electoral fue contundente pero todavía insuficiente para que Hitler pudiera manejar a su antojo el país: los nazis obtuvieron el 43,91 por ciento de los votos, que le otorgaron 288 de las 647 bancas en el parlamento, contra el 18,25 por ciento de los socialdemócratas, el 11,25 por ciento del Partido del Centro, y el 7,97 por ciento del Partido Nacional del Pueblo Alemán, mientras que el resto de las bancas se repartió entre partidos minoritarios y regionales. Frente a esta situación, el Gobierno prohibió al Partido Comunista y arrestó a miles de sus miembros.

Para acabar con las últimas resistencias, Hitler dio el siguiente paso. El 23 de marzo, el parlamento dominado por los nazis se reunió con una nueva ley en la agenda, la “Ley del Poder” o “Ley Habilitante”, que le permitía a Hitler promulgar leyes sin interferencias del presidente ni del parlamento durante cuatro años. La votación se llevó a cabo en un clima de fuerte intimidación a los parlamentarios opositores, con el edificio rodeado por miles de camisas pardas de las SA, la fuerza parapolicial de los nazis. Al final del día, la ley que acabó con la democracia en Alemania fue aprobada con 444 votos a favor y 94 en contra. Hitler tenía la suma del poder en sus manos.

El oportuno incendio del Reichstag había sido decisivo para el éxito de ese arrasador avance de Hitler sobre las libertades democráticas de los alemanes. Ya en ese momento, corrió la versión de que las llamas las habían iniciado los propios nazis y que la captura del albañil Marinus van der Lubbe y la acusación contra los comunistas eran parte de un plan cuidadosamente elaborado. La censura del régimen impidió que cualquier medio se hiciera eco de semejante denuncia.

Un vidente imprudente

Hay un hecho poco conocido que roza lo esotérico y que también abona la versión que califica al incendio de Reichstag como un atentado de falsa bandera: la muerte, pocos días después, en un hecho nunca esclarecido, de Erik Jan Hanussen, clarividente, astrólogo y hombre cercano a Hitler y a varios jerarcas nazis, algunos de los cuales lo apreciaban y otros más bien lo contrario. El cuerpo de Hanussen fue descubierto el 7 de abril de 1933 por una cuadrilla de obreros que trabajaba en un bosque, a 19 kilómetros al sur de Berlín y cerca del camino que unía la capital con la ciudad de Baruth. El muerto estaba muy bien vestido, pero su elegancia se veía irremediablemente dañada por dos disparos de pistola en la cabeza y los gusanos que comenzaban a trabajarle la cara.

Cuando los agentes de la policía local le informaron al comisario Hermann Albrecht, policía de la Kriminalrat de Berlín, este ya sabía de quién se trataba, por lo que la investigación no pasó de ser una farsa. Para cumplir con todas las formalidades del caso, el comisario citó al chofer y a otros conocidos del astrólogo para que reconocieran el cadáver. Los procedimientos debían realizarse con total transparencia, porque la pesquisa no iba a pasar de ahí.

El tal Hanussen se llamaba en realidad Harschel Steinschneider y provenía de una familia de artistas judíos, algo que Hitler sabía muy bien, pero hacía la vista gorda porque había sido el hombre que, a principios de la década de los ’20 le comunicó personalmente una profecía que lo tenía como protagonista. Fueron apenas siete palabras que al futuro Führer le sonaron como música en los oídos: “La nación alemana estará a su merced”, le dijo el astrólogo.

Si esa profecía le había valido a Hanussen el favor del líder nazi, fue otra la que le costó la vida. Porque su caída en desgracia tiene una fecha precisa, el 26 de febrero de 1933, y el lugar también puede establecerse con exactitud: el Palacio del Ocultismo. Esa noche, en la llamada Habitación de Cristal del Palacio, en una sesión para solo 12 personas sentadas alrededor de una mesa especialmente preparada para que el vidente emergiera de un agujero en el centro a emitir sus profecías, Hanussen hizo un anuncio que pareció enigmático: “Se producirá un incendio, y un gran edificio se consumirá entre llamas, entonces, los enemigos de Alemania atacarán”, dijo.

Maten al mensajero

Como todas las predicciones, era tan imprecisa que se podía asociar a cualquier acontecimiento, pero en este caso la realidad pareció confirmarla casi de inmediato. Apenas 21 horas después de que el vidente hiciera el anuncio, se produjo el incendio del Reichstag. Cuando la profecía de Hanussen tomó estado público, el edificio ya estaba quemado, y si bien hubo quienes pensaron que el adivino había acertado gracias a sus artes de anticipación o porque algún espíritu le había avisado desde el más allá, en la jerarquía nazi provocó un revuelo muy diferente. Con “los enemigos de Alemania atacarán”, la supuesta predicción de Hanussen parecía señalarlos a ellos como autores del atentado. Y hubo un alto jerarca de las SA que no demoró en concluir que el adivino no había recibido ningún aviso de ultratumba sino un dato muy preciso suministrado por un soplón de carne y hueso.

Empezó entonces una verdadera caza de brujas, o de soplones. El jerarca que sospechó se llamaba Karl Ernst, que de inmediato acusó de responsable de la filtración a su jefe en las SA de Berlín- Brandeburgo y gran amigo de Hanussen, el conde Wolf-Heinrich von Helldorf. Los dos altos oficiales de la fuerza parapolicial de Hitler llevaban meses de sordos enfrentamientos, por lo que Ernst aprovechó la situación para hacer destituir a von Helldorf y quedarse con su puesto. Pero además de desplazar a su antiguo jefe, Ernst pensó que para hacer control de daños era necesario callar a Hannussen, cuya supuesta profecía evidenciaba que estaba al tanto del plan nazi para quemar el Reichstag.

El “vidente” incapaz de ver su propia muerte fue secuestrado por orden de Ernst el 24 de marzo de 1933 y desde entonces su paradero se convirtió en un misterio hasta que, dos semanas después, su cadáver agusanado y con dos disparos en la cabeza apareció en un bosque de las afueras de Berlín. Así quedó garantizado su silencio eterno. A pesar de su cercanía con Hannussen, Hitler no dijo jamás una palabra sobre su secuestro ni propició una investigación seria sobre su muerte.

Göring en Núremberg

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, durante los juicios de Núremberg, Hemann Göring fue interrogado, entre otras cosas, sobre la afirmación del general Halder respecto a sus palabras durante el cumpleaños de Hitler en 1943. Los acusadores incluso le leyeron lo que el militar había dicho en su declaración jurada luego de ser tomado prisionero por los aliados: “Escuché con mis propios oídos como Göring irrumpió en la conversación y gritó: ‘El único que realmente sabe sobre el edificio del Reichstag soy yo, porque yo lo prendí fuego. Y diciendo esto, dio una palmada’”.

Sentado en el banquillo de los acusados, Göring contestó con una frase cargada de obscena ironía: “No tenía razón o motivo alguno para incendiar el Reichstag. Desde el punto de vista artístico no me arrepiento en absoluto de que la Cámara se quemara; tenía la esperanza de construir una mejor. Por lo que sí lo lamento mucho es porque me vi obligado a buscar un nuevo lugar de encuentro para el Reichstag, y al no ser capaz de encontrar uno tuve que renunciar a mi Ópera Kroll. La ópera me parecía mucho más importante que el Reichstag”, dijo.

Al cumplirse una semana de la aprobación de la Ley de Amnistía y casi a la medianoche del viernes las puertas de la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda, se abrieron para darle libertad plena a Pedro José González Cavanier, un comerciante detenido hace poco más de dos meses por emitir una opinión en WhatsApp sobre Nicolás Maduro, tras su captura por parte de Estados Unidos.

EFE

Su hermana se encontraba en los alrededores del penal y salió corriendo a buscarlo justo después de escuchar que alguien gritaba su nombre: «es mi hermano, es mi hermano», repetía.

Al verlo, saltó a abrazarlo y, en seguida, las decenas de mujeres que pernoctan a las afueras de esta cárcel, esperando la salida de sus familiares presos, los arroparon a ambos en otro abrazo.

«Llegaron hasta mi celda, me preguntaron mi nombre, me hicieron un chequeo previo, revisión de todo, tensión, hipoglucemia y, una vez hecha la revisión, me llevaron a piso y me dijeron que procedía mi libertad. Gracias a Dios estoy libre y pronto la libertad de todos», dijo a EFE González Cavanier, de 42 años, a su salida.

Emocionado, llamó por teléfono a su madre, quien llegó al lugar corriendo, luego de haberse retirado unos minutos antes para descansar. Las lágrimas corrieron en la cara de ambos.

González Cavanier además era abordado por los demás familiares del campamento improvisado que preguntaban por el resto de presos en la cárcel. Le mostraban fotos y preguntaban: «¿lo has visto?, ¿cómo está?», a lo que el respondía con un «sí, está bien» o un «no» o entre dudas.

Ahora voy a «disfrutar de mi familia, lo más anhelado es mi familia», añadió el comerciante, quien además estaba sorprendido de que sus parientes estuvieran allí, debido a que su lugar de residencia es en el estado Bolívar, a unos 500 km de Caracas.

El comerciante fue detenido el 21 de enero de este año en Bolívar, luego de ser amenazado por un funcionario de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por emitir una opinión en WhatsApp en contra de Maduro tras su captura, según el partido Vente Venezuela de la líder María Corina Machado y la organización Sin Mordaza.

«A mí se me acusaba de incitación al odio», añadió González, quien dijo que lo que hizo fue enviar un «sticker» de risas a un funcionario que consideraba su amigo.

Un suceso que se mantiene en la memoria de los venezolanos, una “rebelión” que no fue más que el inicio de la destrucción en Venezuela. Han pasado 37 años de un estallido, escenario de uno de los episodios más trágicos en la historia contemporánea de Venezuela.

La Patilla

El 27 de febrero de 1989, Venezuela se vio sacudida por una ola de protestas, disturbios y saqueos que marcaría su historia de forma profunda. El Caracazo, como se conoce este evento, dejó una herida que 36 años después sigue abierta en la sociedad venezolana.

Las causas del Caracazo son complejas y se remontan a años de crisis económica, políticas neoliberales impopulares y un descontento social generalizado. El detonante inmediato fue el anuncio del “Gran Viraje”, un paquete de medidas económicas presentado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez que incluía un aumento del precio de la gasolina, la liberación de precios y la reducción del gasto público.

Las protestas, inicialmente pacíficas, se tornaron violentas en cuestión de horas. Caracas y otras ciudades del país se vieron envueltas en un caos de saqueos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La represión militar fue brutal y dejó un saldo de entre 300 y 3.000 muertos, según las diferentes fuentes.

El Caracazo fue un punto de inflexión en la historia de Venezuela. Dejó al descubierto las profundas desigualdades sociales y la pobreza que afectaban al país. También marcó el inicio de un período de inestabilidad política que desembocaría en la crisis actual.

36 años después, el Caracazo sigue siendo un tema sensible en Venezuela. Las víctimas y sus familiares aún esperan justicia. La herida que dejó este vento sigue abierta y es un recordatorio de los problemas que aún aquejan al país.

El Caracazo es un capítulo oscuro en la historia de Venezuela.

El abogado defensor de Nicolas Maduro se presentó ayer en los tribunales de New York para desplegar una estrategia procesal que sólo apunta a dilatar los tiempos del juicio abierto contra el exdictador de Venezuela.

Por: Román Lejtman – Infobae

Barry Pollack, por cuenta y orden de Maduro, presentó ante el juez Alvin K. Hellerstein una sucesión de escritos que exigen al tribunal que archive la causa contra el exdictador alegando que no hay pruebas en su contra y que la acusación penal viola la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

“El gobierno de los Estados Unidos está ahora impidiendo activamente que contrate a un abogado de su elección y reciba una defensa justa en este Tribunal, en violación de sus derechos bajo la Sexta Enmienda y el Debido Proceso», sostiene Pollack en su escrito de defensa al que accedió Infobae.

El argumento jurídico basado en la Sexta Enmienda, para cerrar la causa contra Maduro, tiene ostensibles debilidades estructurales.

El derecho que sostiene la Sexta Enmienda no es absolutoni acepta el uso de fondos sujetos a sanciones internacionales para solventar a los abogados del reo.

El caso contrario sería un sinsentido: la sanción apunta a evitar que los acusados de los delitos que justifican la medida punitorio no se beneficien de los bienes que obtuvieron de manera ilegal.

Y eso comprende pagar a sus defensores penales.

En este contexto, el abogado Pollack forzó los argumentos del caso Luis v. United States para beneficiar a Maduro, que fue líder de una organización para estatal que se dedicó a cometer delitos trasnacionales durante toda su mandato en el Palacio de Miraflores.

La Corte Suprema en Luis protegió el uso de activos “no contaminados”. Pero esa perspectiva jurídica no es compatible con el régimen la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), ya que los activos del Gobierno de Venezuela dentro de la jurisdicción de Estados Unidos no se consideran simplemente “fondos de un tercero”, sino activos bloqueados por razones de seguridad nacional.

Es decir: un acusado no tiene derecho constitucional a utilizar fondos cuyo origen o transferencia violen las leyes federales de sanciones. El derecho a elegir abogado (Sexta Enmienda) no otorga la facultad de exigir al Gobierno que levante sanciones económicas legítimas para facilitar el pago de honorarios personales.

Pollack adelanta en un escrito presentado ayer que renunciará a la defensa del exdictador de Venezuela, si el tribunal de New York rechaza su estrategia procesal que apunta a cerrar el expediente penal.

Se trata de un argumento que choca con la legislación vigente en Estados Unidos.

Pese a la eventual renuncia de Pollack, Maduro mantiene sus derechos al debido proceso puede ser representado por abogados de oficio si demuestra su insolvencia.

La falta de recursos propios, según el primer alegato que hizo Maduro frente al juez Alvin K. Hellerstein, no es causa eficiente para que se levanten sanciones económicas basadas en normas de seguridad nacional de Estados Unidos.

Tras invocar la Sexta Enmienda para exigir que el tribunal cierre la causa, Pollack trata de argumentar que la ausencia de fondos para pagar sus honorarios es consecuencia de una sucesión de hechos irregulares supuestamente cometidos por la administración Trump.

Desde esta perspectiva, el abogado del exdictador sostuvo en un escrito que presentó ayer:

-“El gobierno de Venezuela, bajo sus leyes, tiene la obligación de pagar los costos de defensa del Sr. Maduro. El gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, otorgó inicialmente una licencia al abogado de elección del Sr. Maduro para aceptar fondos del gobierno de Venezuela para representarlo. Sin embargo, de manera unilateral y sin explicación, la OFAC enmendó posteriormente la licencia de tal forma que ahora impide la recepción de los costos de defensa por parte del gobierno de Venezuela».

La defensa del exdictador venezolano omite que los tribunales han señalado de manera coincidente que la emisión o denegación de licencias por parte de la OFAC son un ejercicio del Presidente de los Estados Unidos.

Donald Trump, a través de la Secretaría del Tesoro, decidió que los fondos opacos del régimen caribeño no sean utilizados para defender a Maduro.

En este sentido, por la jurisprudencia establecida en el caso Caplin & Drysdale, Chartered v. United States, el Gobierno tiene las facultades para garantizar que los activos sujetos a decomiso o bloqueo no sean disipados ante la necesidad de pagar una defensa privada.

Junto a los argumentos basados en la supuesta violación de la Sexta Enmienda y el presunto uso arbitrario de las facultades de la Secretaría del Tesoro al momento de dictar resoluciones de la OFAC, el defensor de Maduro propone una línea argumental que no soporta la jurisprudencia vigente.

“Después de invadir otro país y traer por la fuerza a su jefe de estado soberano a los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos está ahora impidiendo activamente que contrate a un abogado de su elección”, alegó Pollack.

Los conceptos invadir y secuestrar utilizados por Pollack para cerrar la causa contra Maduro, se transforman en una discusión abstracta con la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema en los casos Ker v. Illinois y Frisbie v. Collins.

La doctrina Ker-Frisbie (derivada de Ker v. Illinois, 1886, y Frisbie v. Collins, 1952) establece que los tribunales de Estados Unidos preservan su jurisdicción sobre un acusado independientemente de cómo fue capturado, incluso si fue secuestrado o traído ilegalmente desde el extranjero, sin invalidar el proceso judicial posterior.

Y para cerrar el círculo está el antecedente United States v. Alvarez-Machain. En este caso, la Corte Suprema determinó que el secuestro de una ciudadano mexicano por la DEA para traerlo a Estados Unidos no impedía su juicio.

Es poco probable que el juez Alvin K. Hellerstein conceda la razón al abogado Pollack, quien deberá decidir si permanece como abogado de Maduro o finalmente renuncia a su defensa penal.

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