El médico del hospital Gemelli que se ha ocupado de Francisco durante su hospitalización, Sergio Alfieri, explica que hubo un momento “en el que se tuvo que decidir entre parar y dejarlo ir o probar con todos los medicamentos y terapias posibles, corriendo un riesgo muy alto”, en una entrevista publicada este martes en el diario “Corriere della Sera”.

EFE

Alfieri, que ya operó a Francisco, de 88 años, en pasadas ocasiones, afirma en esta entrevista que en ese momento “Francisco sabía que podía morir” y “los que estaban a su alrededor tenían lágrimas en los ojos” y él mismo dijo: “Esto es malo“.

El peor momento de los 38 días que el pontífice argentino ha pasado en el hospital por una infección respiratoria que derivó en una neumonía bilateral fue el 28 de febrero, cuando tuvo un episodio de broncoespasmo.

“Por primera vez vi lágrimas en los ojos de algunas personas a su alrededor. Personas que, según he podido entender durante este periodo de hospitalización, lo quieren sinceramente, como a un padre. Todos sabíamos que la situación había empeorado aún más y que existía el riesgo de que no lo lográramos“, desvela Alfieri.

Y explica: “Tuvimos que elegir entre parar y dejarlo ir o forzarlo y probar todos los medicamentos y terapias posibles, corriendo el riesgo muy alto de dañar otros órganos. Y al final tomamos este camino“.

Tomó la decisión, revela el doctor del Gemelli, “Massimiliano Strappetti, su médico personal, que conoce perfectamente los deseos del papa“, quien dijo: “Inténtalo todo, no te rindas. Eso es lo que todos pensábamos también. Y nadie se rindió“.

Señala que el papa se dio cuenta de que podía morir “porque incluso cuando su condición empeoró, estaba completamente consciente”.

“Aquella noche fue terrible, él sabía, como nosotros, que quizá no sobreviviera a aquella noche. Vimos al hombre que estaba sufriendo. Pero desde el primer día nos pidió que le dijéramos la verdad sobre sus condiciones“, añade.

“Durante días corrimos el riesgo de dañar los riñones y la médula ósea pero seguimos adelante, luego el organismo respondió a los tratamientos y la infección pulmonar mejoró“, describe.

Después llegó el segundo episodio en el que el papa estuvo a punto de morir: “Estábamos saliendo del momento más duro, mientras el papa comía, vomitó y aspiró. Fue el segundo momento verdaderamente crítico porque en estos casos, si no se rescata con prontitud, existe el riesgo de muerte súbita además de complicaciones en los pulmones que ya eran los órganos más comprometidos. Fue terrible, realmente pensamos que no lo lograríamos“.

Recuerda Alfieri que hubo un momento particular: “Cuando, en el momento más difícil, me cogió la mano durante unos minutos como buscando consuelo“.

También destaca el buen humor del papa durante toda su estancia en el hospital y cuenta: “En cuanto empezó a sentirse mejor pidió dar una vuelta por la sala. Le preguntamos si quería que cerráramos las habitaciones de los pacientes pero en lugar de eso miró a su alrededor en busca de la mirada de los otros pacientes. Se desplazaba en silla de ruedas, un día salió de la habitación cinco veces, quizá más“.

Y explica que una tarde “le entregó el dinero a uno de los colaboradores y ofreció pizza a quienes lo habían ayudado ese día“.

Sobre el regreso al Vaticano, a su residencia en Santa Marta, Alfieri comenta que una mañana le dijo: “Sigo vivo, ¿cuándo nos vamos a casa?”.

Y sobre los rumores de que había fallecido, explica que el papa “siempre estaba informado de lo que ocurría y siempre reaccionaba con su ironía habitual“.

Respecto a la nueva etapa de convalecencia destaca que “hay prescripciones que se deben observar, como evitar el contacto con grupos de personas o con niños que puedan ser vehículo de nuevos contagios. Cuando se fue conversamos y prometimos no desperdiciar el esfuerzo que habíamos realizado“.

“Pero él es el papa, no somos nosotros los que podemos dictar el comportamiento“, añade. 

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen, aprobó este martes una reforma legal que otorga a Rosario Murillo, esposa del dictador Daniel Ortega, el control directo del Ejército, consolidando el modelo de poder familiar que domina el país desde hace más de una década.

AFP

La medida se da en un contexto de creciente militarización, represión y concentración absoluta del poder en la figura de la pareja presidencial.

La iniciativa modifica el Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Militar y establece que “el Ejército de Nicaragua está bajo el mando de la Presidencia de la República como Jefatura Suprema”.

Desde febrero, Murillo fue elevada oficialmente al rango de “copresidenta” mediante una reforma constitucional que disolvió la figura de vicepresidencia en favor de una presidencia compartida con Ortega. En la práctica, el cambio legal formaliza una situación de poder que ya ejercía de facto desde hace años.

Con esta nueva ley, Murillo pasará a tener mando directo sobre las fuerzas armadas una vez que la norma sea ratificada en segunda votación y publicada en la Gaceta Oficial.

El texto aprobado también amplía las funciones del Ejército, que deberá colaborar con la Policía Nacional –otro brazo del régimen– en tareas de represión interna bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

El artículo establece que el Ejército deberá “coadyuvar con la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y sus actividades conexas”, obedeciendo órdenes directas de la dictadura.

En la práctica, se trata de un paso más en la integración de las instituciones armadas al aparato de represión política del régimen.

La reforma también incorpora un componente simbólico e ideológico: los nuevos miembros del Ejército deberán prestar juramento no solo a la bandera azul y blanca de Nicaragua, sino también a la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que representa el partido de Ortega. Esto marca una ruptura con el principio constitucional de neutralidad política de las fuerzas armadas.

El control del Ejército por parte de Murillo se suma a una lista de medidas impulsadas por el régimen para eliminar cualquier contrapeso.

En los últimos años, el gobierno ha clausurado más de 3.000 organizaciones civiles, ha ilegalizado a todos los partidos opositores, ha cerrado medios de comunicación independientes y ha despojado de la nacionalidad a más de 450 críticos, entre ellos periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y líderes religiosos.

Desde las protestas de abril de 2018, la represión ha dejado más de 300 muertos, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha documentado violaciones sistemáticas cometidas por el Estado.

El régimen sigue calificando aquellas manifestaciones como un intento de “golpe de Estado” promovido por Washington.

El fortalecimiento del rol militar de Murillo consolida aún más el modelo de dictadura dinástica que Ortega ha instaurado desde su regreso al poder en 2007.

Al frente del país junto a su esposa, el dictador ha eliminado los pesos y contrapesos institucionales, neutralizado a la oposición y convertido al Estado nicaragüense en una estructura dominada por la lógica del partido único y la represión sostenida.

La respuesta del Gobierno de Venezuela al nuevo cerco de Estados Unidos ha llegado este lunes dirigida a Donald Trump. En un comunicado de la Cancillería se rechaza la aplicación de 25% de aranceles secundarios al petróleo y gas venezolanos que anunció hoy mismo el presidente de Estados Unidos. Califican la medida de “arbitraria, ilegal y desesperada”. Para el chavismo, se confirma “el fracaso de las sanciones impuestas contra el país”.

Por: Florantonia SInger – El País

En los dos y medios de forcejeos de Trump contra Venezuela, y el mundo entero, el chavismo había mantenido en sus declaraciones un margen para la negociación. El republicano inició su Gobierno enviando a Richard Grenell a conversar con Nicolás Maduro en Miraflores en lo que parecían gestos de acercamiento. Después, las maneras endureciendo la relación con la revocación de la licencia a la petrolera estadounidense Chevron —cuyo plazo para el cese de operaciones ha sido extendido este lunes hasta el 27 de mayo— la deportación de venezolanos a El Salvador y ahora con los aranceles secundarios.

En este comunicado, Venezuela menciona directamente a Trump, pero también dedica unos párrafos a acusar a la oposición venezolana. “Desde hace años, la derecha fascista repudiada por el pueblo venezolano, ha promovido sanciones económicas con la ilusión de rendir a Venezuela”, señala el comunicado. Venezuela argumenta que Trump está violando al menos normas del comercio internacional y que tomará acciones legales para defenderse en organismos multilaterales.

China es el principal cliente del crudo y gas venezolano, seguido de la petrolera hindú Reliance con quien Venezuela ha intentado estrechar aún más sus lazos comerciales. La medida de los aranceles, sumada al eventual cese de operaciones de Chevron, ponen en jaque el repunte de la producción petrolera en Venezuela que estaba por llegar al millón de barriles, después de haber descendido a sus mínimos hace cuatro años. Otros socios de Venezuela son España, que mantiene sus operaciones en el país a través de Repsol a través de cartas de conformidad otorgadas bajo el último tramo del esquema de sanciones establecido por Joe Biden en 2024. También compran petróleo venezolano Cuba, Rusia, Malasia, Singapur y República Dominicana.

Estos aranceles secundarios en sus exportaciones a Estados Unidos a los que podrían estar sometidos países que comercien crudo venezolano remiten a las sanciones secundarias que ya impuso Trump en su primera administración en 2019 en empresas específicas. La rusa Rosneft recibió penalidades de Washington por hacer negocios con el país sudamericano. Por su lado, Venezuela tuvo que construir una costosa estructura subterránea para comerciar con enormes descuentos su petróleo a través de trueques opacos y trasbordos de barriles en altamar en barcos fantasmas.

“Los anuncios imperiales lo que hacen es motivarnos a trabajar más”, dijo Nicolás Maduro este lunes en reacción a la decisión tomada desde la Casa Blanca. Hasta la implementación de estos aranceles, el próximo 2 de abril, que Trump ha llamado en su anuncio en Truth Social El día de la libertad de América, se sabrá qué implicaciones reales tendrá la implementación en las relaciones comerciales de los socios que le quedan a PDVSA.

Un tribunal cubano condenó a siete años de cárcel a un joven por subir a redes sociales videos en los que, según el fallo, «cuestionó el sistema del Estado cubano y atacó al presidente» del país.

EFE

La sentencia 20/2025 de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, a la que Efe tuvo acceso, asegura que Alexander Mario Fábregas cometió por esos hechos un delito de «propaganda contra el orden constitucional» cubano.

El fallo recoge que el condenado realizó varias transmisiones en directo en Facebook en las que abogó por salir a las calles a protestar, aseguró que la desobediencia civil «es un derecho, no un delito» y pidió «apoyar a los presos políticos».

El documento detalla que estas publicaciones tuvieron entre 30 y 22 reacciones, entre 50 y 383 comentarios y que fueron compartidas entre 19 y 167 veces, además de amplificadas por 3 canales de YouTube. En comparación, Cuba tiene cerca de 10 millones de habitantes.

Por todo esto, el tribunal consideró probado que el condenado realizó estas publicaciones «con la intención de estimular a las personas a atentar contra la estabilidad social y el Estado socialista proclamado por la Constitución de la República».

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) calificó en redes sociales la sentencia de «injusta» y «producto de una clara violación de los derechos humanos», fruto de «un tribunal carente de independencia».

Es la segunda sentencia contra Fábregas por acciones de carácter político tras la condena a nueve meses de prisión por un delito de «desórdenes públicos» a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores manifestaciones antigubernamentales de Cuba en décadas.

En los últimos años algunas personas han sido condenadas a prisión en Cuba por expresar su oposición al sistema político en redes sociales, entre ellas algún influencer.

ONG han cuestionado los procesos judiciales en Cuba por considerar que los jueces no son independientes y que no se sigue el debido proceso.

La ONG Prisoners Defenders registró hasta febrero un total de 1.150 presos por razones políticas en Cuba.

El régimen usa a los cuerpos de seguridad para acallar la protesta y sembrar miedo entre la dirigencia, como ocurrió la noche del 24 de marzo, contra el dirigente Carlos Salazar, coordinador nacional de la Coalición Sindical, como ya está sucediendo contra otros luchadores sociales a quienes patrullas de los cuerpos de represión rondan sus viviendas.

Por: Sebastiana Barráez – Infobae

A través de un video grabado desde la ventana de su vivienda, Salazar evidencia la presencia de los funcionarios a las 10 de la noche, con sirenas y armas largas. “Trabajo por la familia trabajadora”, se le oye decir al dirigente en la grabación.

Destaca que ya no se puede hacer protestas en Venezuela, ni siquiera al estilo pacifista de Mahatma Gandhi o de Martin Luther King, quienes se destacaron por sus luchas en defensas de los derechos ciudadanos.

La situación de los trabajadores, así como de los pensionados y jubilados venezolanos, azotados por ingresos que apenas permiten la sobrevivencia, se agrava con la persecución contra aquellos que reclaman o exigen respuestas de los organismos.

Carlos Salazar, quien se encuentra en resguardo, le envía un mensaje a la Organización de Naciones Unidas (ONU) destacando que ha debido correr entre la montaña y por ello graba un video de inmediato para que se conozca el nivel de persecución de la que está siendo objeto.

Relata que se encontraba trabajando con la coordinadora de prensa de la coalición, quien está en silla de ruedas, y en el momento en que realizaban “un trabajo para participar en los proyectos que hacen las embajadas”, se aparecieron las patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), que dirige el general Alexis Rodríguez Cabello, y se estacionaron frente al portón de su casa.

Haciendo un llamado a la ONU y a la Organización de Estados Americanos (OEA), enfatiza que “sigue el asedio, sigue la persecución y nos quieren encarcelar”, enfatizando que se ha convertido en un objetivo para ser detenido.