En retrospectiva, es fácil describir el plan o proyecto inicial del chavismo. Amparado en una retórica redentora que invocaba las glorias de la gesta independentista y la necesidad de acabar con quienes, supuestamente, habían traicionado ese legado, Chávez se dispuso a desmantelar las instituciones de la democracia liberal. Su “revolución bolivariana” se aderezó en el camino con categorías de la mitología comunista que proponían acabar con las reglas de juego que habían impedido al pueblo el disfrute “justo” de la riqueza. Para ello, había que destruir, como fuese, a las fuerzas internas y externas que sostenían tal oprobio. El fin justifica los medios. Condujo, como sabemos, a la conculcación de libertades y derechos, al cierre de medios de comunicación libres, el acorralamiento de la economía de mercado, la confiscación de empresas, la discriminación política y a la transformación del Estado en un instrumento de dominio excluyente de una nueva oligarquía militar y civil, bajo su égida. Con ello, asumieron ser los dueños del país. En ausencia de controles y de la rendición de cuentas, devino en un régimen de expoliación que fue destruyendo a la economía. Añádase el ejercicio de la violencia contra opositores y tenemos al fascismo del siglo XXI. En resumen, su plan “A”, el único hasta la muerte de Chávez.
Humberto García Larralde
El problema, como sabemos, es que, desaparecido Chávez con su carisma, así como la dispendiosa renta petrolera de que disfrutó, se desnudó el empobrecimiento masivo que trajo el modelo. La represión abierta fue la respuesta a la protesta de su sucesor designado, Nicolás Maduro. Procedió a montar una institucionalidad paralela a la de la constitución, bajo su control directo, y a trampear las elecciones en 2018 para hacerse reelegir. Invitó, así, la imposición de sanciones en su contra, aislándose en lo internacional y reduciendo su margen de acción progresivamente. Accedió, por tanto, a un plan “B”.
Ese plan “B” se inició en el plano económico, liberalizando los controles de precio y de tipo de cambio, y permitiendo el uso de la divisa. Ante las enormes distorsiones dejados por el “socialismo del siglo XXI”, que provocó uno de los episodios más agudos de hiperinflación conocidos en América Latina, instrumentó un severo ajuste neoliberal, recortando lo que quedaba de la capacidad operativa del Estado, arruinando los servicios públicos y reduciendo la remuneración de sus empleados a la miseria. Pero no fue suficiente. Había que complementarlo en el plano político. Convino, entonces, en celebrar elecciones confiables en 2024, a cambio del levantamiento de sanciones en su contra. Buscaba ser relegitimado a nivel internacional y que ello le fuese retribuido en financiamientos y posibles aliados.
El riesgo de tal compromiso aparentaba ser bajo. La oposición, debilitada, se la pasaba peleando entre sí. El truco, en todo caso, sería provocar la abstención de los sectores más radicales con la inhabilitación de algunas candidaturas, como con otros abusos, pero sin superar el umbral de la condena internacional.
Lo que se le vino encima a partir de la primaria del 22 de octubre y el fracaso de su movilización patriotera en torno al territorio Esequibo, no estaba, definitivamente, en sus cálculos. Menos todavía, la ascendencia creciente de la candidatura de María Corina Machado, aún con su inhabilitación tramposa, y la creciente unificación de las fuerzas democráticas detrás de su liderazgo. Ahora el Plan B amenazaba con la pérdida del poder. El chavo-madurismo, entonces, buscó intimidar, apresando a opositores con las más estúpidas acusaciones. Pero, peor aún para Maduro, las fuerzas democráticas mostraron estar por encima de la intriga y la provocación, comprometiéndose con forjar una candidatura unitaria, así como con la salida electoral, a pesar de todos los chanchullos con que intentó impedir que cuajara.
Como confesión de que pateaba la mesa, el fascismo lanzó a Nicolás Maduro para ser reelecto. No hay forma que candidatura tan mala triunfase bajo los acuerdos firmados en Barbados. Por tanto, las trampas pasaron al orden del día, su plan A de siempre. Si bien otros candidatos sacarían más votos –Lacava, Héctor Rodríguez- Maduro era quien sostenía el tinglado de alianzas entre los grupos mafiosos y acataba sin remilgos los consejos de la inteligencia cubana y rusa. Se persistió, así, con triquiñuelas para evitar que el liderazgo de MCM quedara representado por una candidatura aclamada por todos. La escogencia de Edmundo González Urrutia, embajador reconocido por su capacidad, experiencia y solvencia profesional y ética, y su aceptación unánime por el liderazgo reunido en la Plataforma Unitaria, terminó de dispararles las alarmas. El núcleo duro decidió, por tanto, sabotear su nueva estrategia (su plan B), incitando al restablecimiento de sanciones y al distanciamiento de quienes han sido sus aliados.
El chavo-madurismo se encuentra actualmente en 3 y 2, como se diría en jerga beisbolera. Sopesa los costos de revertir su proceder al de siempre, represivo, atropellador de derechos (su plan A), pero evitando con ello la derrota electoral, o continuar con el plan B, minimizando sus daños y cosechando sus potenciales beneficios: ser readmitido en el concierto internacional, con las oportunidades que ello pudiera proveer. Por ejemplo, Bloomberg trae como noticia el interés de Maduro en explorar vías para renegociar la deuda pública externa, requisito para romper con su aislamiento financiero. Ahora se torna imposible con la reimposición de sanciones. Su empeño en acentuar la represión hace que los reales para contratar con Rothschild la aclaratoria de cuánto debe y a quiénes, sean a saco perdido.
Empero, con la complicidad de un tsj obsecuente y de una cúpula militar que traicionó sus compromisos con la patria, Maduro puede asegurar su permanencia en el poder. Podrá trampear el proceso electoral, cometer un fraude masivo o, simplemente, posponer los comicios. ¿Pero a qué costo? El mundo está pendiente, ansiosos muchos países de la región de que sea resuelta la situación y así poder librarse del “problema Venezuela”, amparo de bandas criminales y del tráfico de drogas, y fuente interminable de migrantes que ansían una vida más digna, pero que aumentan –en algunos casos, significativamente—la responsabilidad de proveer servicios públicos adecuados. Y, en lo interno, cada atropello, cada trampa para torcer la voluntad popular en las venideras elecciones, consigue aumentar el hastío de los venezolanos con el régimen y fortalecer su convicción sobre el imperativo de un cambio político.
Cobra sentido, en tal contexto, la iniciativa atribuida al presidente Petro, secundada por Lula, de realizar un plebiscito el mismo 28 de julio, día de las elecciones, buscando la aprobación de los venezolanos de que quienes resultasen derrotados no fuesen perseguidos por su posición política. Implícitamente, se aconseja al chavo-madurismo prepararse para su derrota, pero asegurando condiciones que reduzcan al mínimo sus costos de salida. Y es que el prontuario de quienes se han apoderado de la nación es, sencillamente, horroroso. Así lo atestiguan los voluminosos expedientes recopilados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la CPI, la CIDH y por numerosas ONG especializadas en la defensa de derechos humanos. Y luego está el expolio y robo abierto de recursos. Pero, para negociar los convenientes olvidos, el fascismo tendrá todavía el sartén agarrado por el mango, aun perdiendo el 28 de julio. Dispondrá hasta el cambio de gobierno (seis meses), del control del tsj, la cúpula militar, la Asamblea oficialista, numerosas gobernaciones y alcaldías, así como de otras instancias del poder público. Y, como sabemos, no tendrá escrúpulo alguno para desbarrancar el cambio decidido.
De ser cierto que, ante los consejos de Petro y Lula, el chavo-madurismo ha empezado a poner su mira más allá del 28J, no por ello podemos confiarnos en que jugará limpio. No hay garantía alguna de que respete la candidatura unitaria de EGU hasta el final. Fiel a su naturaleza, ha continuado con sus atropellos, apresando dirigentes populares democráticos, inhabilitando arbitraria e ilegalmente a quienes podrán derrotar a sus candidatos en los comicios regionales y locales de 2025, y confiscando Primero Justicia. Sin duda que, para este trance, contar con Edmundo González, negociador versado, representa, junto a Gerardo Blyde, un valioso activo. Pero siempre contando con la fuerza que da el apoyo mayoritario de los venezolanos, movilizados y vigilantes en la defensa de su conquista. El liderazgo de MCM y el apoyo internacional a una transición pacífica serán decisivos en este empeño. Es demasiado lo que está en juego para no asegurar que la negociación sea desde una posición de fuerza.
