La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 es una facultad en tiempos de guerra que permite al presidente detener o deportar a los nativos y ciudadanos de una nación enemiga. Esta ley permite al presidente perseguir a estos inmigrantes sin audiencia previa y basándose únicamente en su país de nacimiento o ciudadanía. Si bien la ley se promulgó para prevenir el espionaje y el sabotaje extranjeros en tiempos de guerra, puede ejercerse, y se ha ejercido, contra inmigrantes que no han cometido ningún delito, no han mostrado signos de deslealtad y se encuentran legalmente en Estados Unidos. Es una facultad excesivamente amplia que puede violar derechos constitucionales en tiempos de guerra y está sujeta a abusos en tiempos de paz.
Por: Katherine Yon Ebright – Brennan Center
La Ley de Enemigos Extranjeros se ha invocado en tres ocasiones, cada una durante un conflicto importante: la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En las dos guerras mundiales, la ley fue una autoridad clave en las detenciones, expulsiones y restricciones dirigidas a inmigrantes alemanes, austrohúngaros, japoneses e italianos basándose únicamente en su ascendencia. La ley es conocida principalmente por su papel en el internamiento de japoneses, un episodio vergonzoso de la historia estadounidense por el que el Congreso, los presidentes y los tribunales se han disculpado.
¿Bajo qué condiciones puede el Presidente invocar la Ley de Enemigos Extranjeros?
El presidente puede invocar la Ley de Enemigos Extranjeros en tiempos de «guerra declarada» o cuando un gobierno extranjero amenaza o lleva a cabo una «invasión» o «incursión depredadora» contra territorio estadounidense. La Constitución otorga al Congreso , no al presidente, la facultad de declarar la guerra, por lo que el presidente debe esperar a un debate democrático y una votación del Congreso para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros con base en una guerra declarada. Pero el presidente no necesita esperar a que el Congreso invoque la ley con base en una invasión o incursión depredadora amenazada o en curso. El presidente tiene autoridad inherente para repeler este tipo de ataques repentinos, una autoridad que necesariamente implica la discreción para decidir cuándo una invasión o incursión depredadora está en curso.
¿ Deben tomarse literalmente los términos invasión e incursión depredadora , o podría el presidente proclamar una invasión retórica?
Como la Corte Suprema y presidentes anteriores han reconocido, la Ley de Enemigos Extranjeros es una autoridad en tiempos de guerra promulgada e implementada bajo el poder de guerra. Cuando el Quinto Congreso aprobó la ley y la administración Wilson la defendió en los tribunales durante la Primera Guerra Mundial, lo hicieron bajo el entendimiento de que los no ciudadanos con conexiones con un beligerante extranjero podrían ser » tratados como prisioneros de guerra » bajo las » reglas de la guerra bajo el derecho de gentes «. En la Constitución y otras leyes de finales del siglo XVIII, el término invasión se usa literalmente , generalmente para referirse a ataques a gran escala. El término » incursión depredadora» también se usa literalmente en escritos de ese período para referirse a ataques ligeramente menores, como la incursión en Richmond de 1781 liderada por el desertor estadounidense Benedict Arnold.
Hoy en día, algunos políticos y grupos antiinmigración instan a una interpretación no literal de la invasión y la incursión depredadora para que la Ley de Enemigos Extranjeros pueda invocarse en respuesta a la migración ilegal y el narcotráfico transfronterizo. Estos políticos y grupos consideran la Ley de Enemigos Extranjeros como una autoridad de deportación sobrealimentada. Sin embargo, la interpretación que proponen de la ley contradice siglos de práctica legislativa, presidencial y judicial, que confirman que la Ley de Enemigos Extranjeros es una autoridad en tiempos de guerra. Invocarla en tiempos de paz para eludir la ley migratoria convencional sería un abuso flagrante.
¿Existe alguna forma en que la Ley de Enemigos Extranjeros pueda utilizarse fuera de la guerra?
Aunque la Ley de Enemigos Extranjeros solo se ha invocado en conflictos importantes, los presidentes Woodrow Wilson y Harry S. Truman continuaron aplicándola tras el cese de las hostilidades en la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918, pero el gobierno de Wilson la utilizó para internar a inmigrantes alemanes y austrohúngaros hasta 1920. Y la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, pero el gobierno de Truman la utilizó para internar y deportar hasta 1951. En su dictamen de 1948 en el caso Ludecke contra Watkins , una estrecha mayoría del Tribunal Supremo confirmó la prolongada dependencia del gobierno de Truman de la Ley de Enemigos Extranjeros, argumentando que no le correspondía al poder judicial cuestionar al presidente en un asunto tan «político» como el fin de una guerra y la expiración de las autoridades en tiempos de guerra.
Si los tribunales confirmaron los usos de la Ley de Enemigos Extranjeros en la posguerra, ¿podemos confiar en ellos para acabar con los abusos de la ley en tiempos de paz?
Los tribunales deberían anular cualquier intento de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros en tiempos de paz, pero la doctrina de la cuestión política podría impedírselo. Esta doctrina advierte a los tribunales que no aborden cuestiones que competen a las funciones constitucionales del Congreso y del presidente y que carecen de estándares de resolución judicialmente manejables. Los tribunales han utilizado la doctrina de la cuestión política para evitar resolver demandas que afectan a cuestiones de guerra y paz, así como otros asuntos delicados de política exterior.
En la década de 1990, se basaron en la doctrina para desestimar las alegaciones de que la administración Clinton estaba permitiendo una «invasión» migratoria, en violación del Artículo IV de la Constitución. En otros casos, los tribunales han sostenido que el reconocimiento presidencial de un gobierno extranjero es vinculante para el poder judicial. Si los tribunales aplicaran el mismo razonamiento en este caso, podrían permitir al presidente invocar la Ley de Enemigos Extranjeros con base en una «invasión» migratoria o una «incursión depredadora» perpetrada por un cártel que presuntamente actúa como un gobierno extranjero de facto.
¿Existe alguna manera de evitar la doctrina de la cuestión política?
Según la opinión de la Corte Suprema de 1962 en el caso Baker v. Carr , que formalizó la doctrina de la cuestión política, los tribunales pueden inmiscuirse en la maraña política para corregir un error evidente o un ejercicio de poder manifiestamente no autorizado. Sin embargo, los tribunales nunca han recurrido a esta salvaguardia, y hay poca claridad sobre cuándo o cómo podría aplicarse.
Pero incluso si los tribunales se niegan a cuestionar si ha habido una invasión o incursión depredadora por parte de un gobierno extranjero, aún podrían considerar impugnaciones constitucionales y otras impugnaciones puramente legales a la autoridad del presidente. Como explica el Centro Brennan en su informe sobre la Ley de Enemigos Extranjeros , la ley plantea serias preocupaciones en virtud de las garantías constitucionales de protección igualitaria y debido proceso. Aunque no es el foco de nuestra investigación, la ley también plantea preocupaciones en virtud de las leyes estadounidenses que implementan el Protocolo de Refugiados de 1967 y la Convención contra la Tortura, así como en virtud de las teorías constitucionales de separación de poderes que limitan la autoridad que el Congreso puede delegar al presidente. Los tribunales podrían anular o limitar la Ley de Enemigos Extranjeros por cualquiera de estos motivos.
El Congreso también podría derogar la Ley de Enemigos Extranjeros para prevenir o detener el abuso. La representante Ilhan Omar (demócrata por Minnesota) y la senadora Mazie Hirono (demócrata por Hawái) ya presentaron un proyecto de ley para derogarlo, la Ley de Vecinos, No Enemigos, en la Cámara de Representantes y el Senado. El Congreso debería aprobar su proyecto de ley sin demora antes de que un futuro presidente intente abusar de la Ley de Enemigos Extranjeros.
¿Cuáles son las preocupaciones del Centro Brennan con respecto a la constitucionalidad de la Ley de Enemigos Extranjeros?
La Quinta Enmienda protege a los ciudadanos estadounidenses y a los inmigrantes contra la discriminación y las violaciones de derechos perpetradas por el gobierno federal. Los tribunales suelen anular las políticas que discriminan basándose en una clasificación sospechosa, como la raza o la ascendencia, y las que vulneran los derechos fundamentales.
La Ley de Enemigos Extranjeros discrimina a los inmigrantes en función de su país de ciudadanía y, más ampliamente, en función de su ascendencia. La amplitud de la discriminación de la ley es evidente en la faz de la ley y en su historia. Por su texto , la Ley de Enemigos Extranjeros cubre no solo a los ciudadanos de un beligerante extranjero, sino también a los «nativos», o individuos que nacieron en el estado enemigo pero renunciaron a su ciudadanía y ya no deben lealtad a ese estado. La aplicación de la ley a los «nativos» aclara el enfoque de la ley en la herencia de nacimiento y su combinación de ascendencia con deslealtad en tiempos de guerra. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando el Congreso y el poder ejecutivo se disculparon por el internamiento de japoneses, alemanes e italianos, reconocieron que los inmigrantes habían sido perseguidos, regulados e internados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros en función de su ascendencia.
La Ley de Enemigos Extranjeros también vulnera el derecho a no ser detenido por tiempo indefinido, reconocido por la Corte Suprema en su dictamen de 2001 en el caso Zadvydas contra Davis . Las detenciones en tiempos de guerra son necesariamente indefinidas, ya que los estados no negocian la duración de sus hostilidades al inicio de un conflicto. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos inmigrantes fueron internados durante más de diez años , a pesar de ser civiles y no haber sido acusados de ninguna actividad ilegal.
En términos más generales, la Ley de Enemigos Extranjeros contradice un tema central del derecho y la ética estadounidenses: el derecho a ser juzgado individualmente, en particular en decisiones cruciales como la detención o la deportación. A lo largo de la historia de Estados Unidos, solo otra ley autorizó las deportaciones basadas en la identidad. Esta ley, la Ley Geary de 1892, se aprobó como parte de la exclusión de los chinos y refleja otro vergonzoso capítulo de la historia estadounidense que ha sido objeto de disculpas del Congreso y del presidente , similar al internamiento bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Estas deficiencias deberían llevar a un tribunal a anular la Ley de Enemigos Extranjeros si se vuelve a invocar, ya sea en tiempos de paz o de guerra. Pero también deberían impulsar al Congreso a derogar esta ley obsoleta y peligrosa, para evitar que la nación repita los errores del pasado.
¿La derogación de la Ley de Enemigos Extranjeros dejaría a Estados Unidos vulnerable en tiempos de guerra?
Cuando el Congreso aprobó la Ley de Enemigos Extranjeros en 1798, Estados Unidos carecía de una ley de inmigración y solo contaba con una legislación penal incipiente. El país carecía de agencias federales de inteligencia o de aplicación de la ley.
Hoy en día, secciones enteras de los códigos de inmigración , penales e inteligencia se dedican a prevenir y erradicar el espionaje, el sabotaje y otras actividades maliciosas, independientemente de la ciudadanía o el origen étnico del perpetrador. Cientos de miles de empleados federales trabajan en agencias dedicadas a proteger la patria y la seguridad nacional. Estas agencias cuentan con herramientas de vigilancia y otras herramientas especializadas para identificar posibles conspiraciones con una potencia extranjera contra Estados Unidos.
En la era moderna, no hay ningún argumento plausible de que sea necesario recurrir a medidas demasiado amplias y basadas en la identidad, como el internamiento o la expulsión conforme a la Ley de Enemigos Extranjeros, incluso en tiempos de guerra.
