Estados Unidos anunció este jueves la imposición de nuevas sancionescontra una red ilícita de comercio de petróleo iraní, que alcanzan a una empresa con sede en China y a otras 19 compañías y buques vinculados a estas maniobras.

Infobae

El Departamento del Tesoro indicó en un comunicado que la firma en cuestión había adquirido, por medio de su “refinería con sede en la provincia china de Shandong”, crudo iraní de barcos vinculados a los hutíes, valorado en unos USD 500 millones. Las instalaciones, sumó, pertenecen a pequeñas empresas de capital privado, que distan de las grandes compañías estatales que suelen encontrarse en el gigante asiático.

Asimismo, el Tesoro estadounidense recordó que los buques involucrados forman parte de la ya denunciada “flota fantasma” que Irán tiene desplegada en los océanos, con cargueros enmascarados bajo banderas occidentales que navegan tras estas fachadas y permiten a Teherán sortear las sanciones internacionales y seguir recibiendo millones de dólares de sus exportaciones de crudo.

Todas estas transacciones constituyen “una cuerda de salvamento fundamental para el régimen iraní, el mayor patrocinador del terrorismo”, apuntó el organismo estadounidense, a la par que el Departamento de Estado recordó que ellas “son posibles gracias a una red de facilitadores que, mediante el engaño, cargan y transportan petróleo iraní para su venta a compradores en Asia”.

“El régimen iraní sigue alimentando el conflicto en Oriente Próximo mientras continúa desarrollando su programa nuclear”, sumó antes de reiterar su compromiso con la interrupción de estas maniobras.

De hecho, como parte de sus esfuerzos, a mediados de marzo Washington había anunciado sanciones contra el ministro de Petróleo, Mohsen Paknejad, al que consideró una pieza clave de esta trama.

Según el Tesoro estadounidense, el funcionario, en el cargo desde agosto de 2024, es el responsable del comercio ilícito de unos 200.000 barriles diarios de crudo, cuyos ingresos anuales ascienden a “decenas de miles de millones de dólares”, que acaban en manos de las Fuerzas Armadas de Irán y la Guardia Revolucionaria y, en última instancia, en poder de los terroristas.

“El régimen iraní sigue utilizando sus vastos recursos naturales para avanzar en sus propios y alarmantes intereses, a expensas de la población”, por medio de “actividades desestabilizadoras” y una agenda “peligrosa”, advirtió entonces el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Por su parte, el presidente Donald Trump, que a su regreso a la Casa Blanca ordenó implementar la política de máxima presión sobre el régimen persa, insistió en que su Administración se mantiene “comprometida con la idea de bloquear todos los ingresos que facilitan que Teherán siga financiando el terrorismo y desarrolle su programa nuclear”.

EEUU anunció una recompensa por datos clave sobre la Guardia Revolucionaria

La víspera, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta USD 15 millones por información relacionada a los mecanismos financieros de la Guardia Revolucionaria iraní y sus diversas ramas, en un intento por detener el envío de dinero a grupos terroristas como Hamas, Hezbollah y milicias en Irak para sus atentados, así como la adquisición de piezas clave para la fabricación de armamento, que acaban en manos del enemigo en frentes como Sudán, Yemen, Rusia, Israel y El Líbano, entre otros.

“Estados Unidos utilizará todos los medios disponibles para exponer e interrumpir el creciente desarrollo y la proliferación de vehículos aéreos no tripulados y misiles de Irán, que desestabilizan el Medio Oriente y más allá. Continuaremos actuando contra los complejos esquemas que Irán emplea para ocultar su adquisición de tecnología sensible para sus programas de misiles y vehículos aéreos no tripulados”, apuntó la portavoz del organismo, Tammy Bruce.

Sairam Rivas, destacada activista venezolana por los derechos humanos y dirigente de la organización CLIPPVE, denunció este jueves que Diosdado Cabello la mencionó nuevamente en su programa de televisión “Con el Mazo Dando”, amenazándola con la Operación Tun Tun.

«Tun Tun» es un mecanismo de represión documentado por organismos internacionales como una forma de persecución contra opositores, líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Rivas, quien fue injustamente encarcelada durante cinco meses en 2014 por su activismo estudiantil, afirmó que las acusaciones en su contra se deben a su labor de acompañar a familias afectadas por las arbitrariedades del régimen, incluyendo madres, esposas e hijas de presos políticos, así como su defensa de Jesús Armas, un opositor detenido hace 100 días en aislamiento prolongado. La activista responsabilizó directamente al gobierno por cualquier acción en su contra o contra sus seres queridos, destacando que estas amenazas forman parte de un patrón sistemático de hostigamiento.

La Operación Tun Tun, reactivada tras las elecciones presidenciales de 2024, ha sido utilizada para allanar viviendas y detener a manifestantes y críticos del gobierno, generando un clima de miedo entre la población, según reportes de organizaciones como Amnistía Internacional. Rivas subrayó que defender los derechos humanos y exigir la libertad de más de mil presos políticos en Venezuela no es un delito, sino un compromiso irrenunciable, y llamó a la comunidad internacional a alzar la voz por la liberación de los detenidos.

Tun Tun

La Operación Tun Tun fue creada y bautizada por Diosdado Cabello durante las protestas de 2017 en Venezuela. Este operativo, descrito por organismos como Amnistía Internacional y la Organización de los Estados Americanos (OEA) como una violación de los derechos humanos, consiste en allanamientos nocturnos realizados por fuerzas de seguridad como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes irrumpen en viviendas sin orden judicial, golpeando las puertas (“tun tun”) para detener a opositores.

Según reportes de prensa internacional, como BBC News y The Guardian, este mecanismo busca generar terror y silenciar la disidencia, utilizando prácticas como desapariciones forzadas y aislamiento prolongado.

Entre las víctimas recientes, tras las elecciones presidenciales de 2024, se encuentran líderes opositores como Freddy Superlano, detenido en agosto de 2024 por supuestos vínculos con protestas, y activistas como Wuilly Arteaga, arrestado en octubre de 2024 bajo acusaciones de “terrorismo”. Organizaciones como Foro Penal estiman que más de 1,000 personas han sido detenidas bajo este operativo, muchos de ellos jóvenes y ciudadanos de sectores vulnerables.

La Operación Tun Tun, reactivada tras las elecciones presidenciales de 2024, ha sido utilizada para allanar viviendas y detener a manifestantes y críticos del gobierno, generando un clima de miedo entre la población, según reportes de organizaciones como Amnistía Internacional.

Rivas subrayó que defender los derechos humanos y exigir la libertad de más de mil presos políticos en Venezuela no es un delito, sino un compromiso irrenunciable, y llamó a la comunidad internacional a alzar la voz por la liberación de los detenidos.

La policía antidisturbios turca disparó balas de goma y gases lacrimógenos mientras los manifestantes protestaban cerca del Ayuntamiento de Estambul por el arresto del alcalde Ekrem Imamoglu, informaron corresponsales de AFP en el lugar.

AFP

El incidente ocurrió en las afueras de la concentración, con varios policías disparando balas de goma, según un corresponsal que vio las armas, las oyó disparar y percibió el característico olor a goma. Otro corresponsal en el lugar afirmó que la policía había utilizado balas de goma y mucho gas lacrimógeno.

La plaza Taksim, el lugar emblemático de muchas de las mayores protestas de Turquía, ha estado bloqueada desde que Imamoglu fue arrestado la madrugada del miércoles, y la policía está en alerta máxima para evitar cualquier manifestación allí.

Al dirigirse a la policía desde un escenario cerca del Ayuntamiento, el líder de la oposición Ozgur Ozel, que encabeza el partido CHP, les advirtió que no provoquen a los manifestantes disparando gases lacrimógenos o balas de goma.

“Si eso sucede, la policía de Estambul tendrá que rendir cuentas”, advirtió.

Miles de personas se manifestaron por segundo día consecutivo frente al Ayuntamiento de Estambul el jueves en apoyo de Imamoglu, quien instó a la nación a tomar una posición contra su impactante arresto en una investigación por corrupción y terrorismo.

“Como nación, debemos oponernos a este mal. Este es mi llamado”, dijo el poderoso y popular alcalde opositor en un mensaje transmitido por sus abogados.

Los jueces y fiscales también deben “ponerse de pie y tomar medidas contra aquellos que están arruinando el poder judicial”, escribió después de su primera noche bajo custodia policial.

“No podéis ni debéis permanecer en silencio”, escribió el hombre de 53 años, principal rival político del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Fue arrestado en una redada policial masiva en su casa antes del amanecer del miércoles en una acción denunciada por su partido, el principal de oposición CHP, como un “golpe” político.

La medida, que se produjo apenas unos días antes de que fuera nombrado candidato del CHP para la carrera de 2028, llevó a miles de personas a las calles, a pesar de una prohibición de cuatro días de las protestas.

Y los manifestantes volvieron a aparecer el jueves, con varios miles de estudiantes marchando por las calles antes de una concentración a las 17.30 GMT en el ayuntamiento, donde Ozgur Ozel iba a hablar por segundo día consecutivo.

“La detención es ilegal, pretende impedir que Imamoglu se convierta en presidente y busca reprimir a los opositores”, declaró a la AFP Basak Cohce, de 24 años, estudiante de la Universidad de Galatasaray.

“Esta no es una protesta de un día, defenderemos nuestros derechos hasta el final”, dijo mientras la multitud aumentaba frente al ayuntamiento.

“Estamos aquí en las calles para hacer oír nuestra voz, los jóvenes como yo no nos quedaremos callados”, coincidió Yavuz, un estudiante de 19 años de la Universidad Técnica de Estambul.

La plaza Taksim y el parque Gezi, ambos famosos por albergar protestas públicas masivas hace más de una década, permanecieron vallados para los manifestantes y hubo una fuerte presencia policial en toda la ciudad.

Las redes sociales y el acceso a Internet también estuvieron restringidos en gran medida por segundo día consecutivo en la potencia económica de Turquía y su ciudad más grande con 16 millones de residentes.

El arresto provocó una caída en picada en los mercados financieros de Turquía y supuso un duro golpe para la lira turca.

El Banco Central de Turquía dijo que recurriría a sus reservas de divisas si fuera necesario para evitar más daños a la moneda, y los economistas dijeron que ya lo había hecho el miércoles.

Apenas unas horas antes del arresto de Imamoglu, la Universidad de Estambul decidió revocar su título, una decisión importante ya que, por ley, los candidatos presidenciales deben tener un título universitario.

Más de 80 personas fueron detenidas en las redadas del miércoles y los investigadores comenzaron a interrogarlas temprano el jueves, dijeron medios locales.

Imamoglu, ya nombrado en una creciente lista de investigaciones legales, quien fue reelegido rotundamente el año pasado, ha sido acusado de “ayudar e instigar a una organización terrorista”, es decir, el prohibido grupo militante kurdo PKK.

También está bajo investigación por “cohecho, extorsión, corrupción, fraude agravado y obtención ilegal de datos personales con fines de lucro como parte de una organización criminal”, junto con otros 99 sospechosos.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, también dijo que 37 personas habían sido detenidas por publicar contenido en línea considerado “provocativo” y que se estaban realizando más investigaciones.

“El único delito de Imamoglu fue liderar las encuestas de opinión”, dijo el líder del CHP, Ozel, en la protesta del miércoles.

Human Rights Watch pidió que el alcalde de Estambul sea “liberado de la custodia policial inmediatamente”, instando al gobierno de Erdogan a garantizar “que el sistema de justicia penal no se utilice como arma con fines políticos”.